Crónica

Una marcha para recordar a los caídos

por Helena Carpio, Indira Rojas, Luisa Salomón y Ricardo Barbar

Elvira Lovera y Dexy González, madres de jovénes asesinados en 2017, junto al Movimiento Estudiantil. Caracas, 12 de febrero de 2019. Fotografía de Natacha Trebucq | RMTF

TEMAS PD
13/02/2019

Juan Guaidó vio a Derek Redman junto a las escaleras de la tarima y le sonrió. El señor de 82 años estaba de pie entre jóvenes del Movimiento Estudiantil y varios fotógrafos apiñados al pie de la tribuna. Un agente de seguridad le prohibió subir. El presidente de la Asamblea Nacional se acercó al custodio y le pidió que lo dejara pasar: “Él está conmigo”.

El señor Redman marchó el martes 12 de febrero de 2019 por su hijo, Robert Redman. Cinco años antes, también un Día de la Juventud, el piloto de 31 años recibió un disparo en la cabeza en la avenida Arturo Uslar Pietri de Chacao, en Caracas. Falleció en el acto. Eran cerca de las 9:00 de la noche.

Fotografía de Mauricio López | RMTF

El hermano del señor Redman lo llamó y le dijo que Robert estaba herido y debían ir al Hospital Dr. Domingo Luciani​, en Petare. Se fueron con otros dos familiares. “En el camino me dijeron que a Robert lo habían matado, que le dieron un tiro”. Cuando llegaron al hospital, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas se había llevado el cadáver. El señor Redman y su familia se perdieron en el viaje hacia la morgue de Bello Monte. Llegaron, pero no fue hasta el día siguiente que pudo ver a su hijo. Su sobrino insistió en que se quedara con ellos a dormir. Él solo quería irse a casa. “Yo vivía con mi hijo y allí es donde quería estar. Subí a mi casa y lloré. Estaba solo”. Todavía conserva los trofeos que Robert ganó en varios maratones. También su bitácora de piloto. A veces duerme en su cama. Robert Redman fue la tercera víctima en las protestas de 2014. El Ministerio Público, dirigido entonces por Luisa Ortega Díaz, registró 43 entre febrero y julio de ese año, desde estudiantes hasta oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana.

Pasaron cinco años.

Aún no hay órdenes de aprehensión contra ningún sospechoso. El señor Redman dejó de ir al Ministerio Público. No recuerda cuándo fue la última vez que se reunió con el fiscal del caso, el abogado Miguel Hernández. “No hubo ningún resultado”. Cree que el culpable le disparó a Robert desde una moto de alta cilindrada, en la que viajaban dos personas vestidas de negro. “Todavía tengo una pequeña esperanza. Cuando llegue el cambio y haya un nuevo fiscal general, se hará una investigación de verdad y se podrá saber quiénes estaban allí esa noche”.

Fotografía de Mauricio López | RMTF

El 12 de febrero de 2019, el señor Redman escuchaba las palabras de Guaidó en la tarima, a unos 600 metros del lugar donde cayó su hijo. A su derecha estaba Janeth Frías, madre de Bassil Da Costa, el primer estudiante asesinado en 2014. Recordaron que aquel 12 de febrero, Robert fue uno de los que cargó el cuerpo de Bassil. A su izquierda, la esposa de Guaidó, Fabiana Rosales, les sonreía. El señor Redman la abrazó y le preguntó si estaba emocionada.

Un joven lo sujetó por los hombros y le dijo: “Pusimos bien bonita la placa de su hijo para que sepa que no nos olvidamos de él”. El señor Redman no conocía al muchacho. Dio las gracias y sonrió. “Me pasa muchas veces. Hay gente que se me acerca, se toman fotos conmigo, y no sé quiénes son”. La placa en la cancha Látigo Chávez, a unos metros del lugar donde murió su hijo, estaba rodeada por papeles y pancartas. “Robert, hermano, tu lucha no fue en vano”. “Honor y gloria a nuestros caídos”. El señor Redman leyó los mensajes. Continuó su camino.

Dos meses después del asesinato de Robert Redman, los vecinos del municipio Chacao descubrieron una placa en el lugar donde cayó. El martes 12 de febrero de 2019, la placa estaba rodeada de flores y mensajes en su honor. ​Fotografía de Mauricio López | RMTF

Se sentó en un banco a comerse un raspadito de colita y dos señoras lo invitaron a hablar. Magaly y Sonia, vecinas de Chacao, lo conocieron en 2014 cuando rezaban rosarios para Robert. Sonia recordó que su hijo Andrés vio una ráfaga de disparos antes de que Robert cayera al piso. Andrés se agachó y no resultó herido. Magaly interrumpió la historia:

—Viejo, ¿Robert era tu único hijo?

—Sí.

—¡Qué dolor! ¿Sabes qué? Mis nietos serán tus nietos.


Tiros largos


Elvira Lovera y José Gregorio Pernalete marcharon casi dos años después de la muerte de su hijo Juan Pablo Pernalete Lovera. Iban junto a Dexy González, la mamá de Rubén Darío González, uno de los
128 muertos que contabilizó el Ministerio Público en las protestas de 2017. Elvira llevaba puesta la gorra que su hijo tenía el día que murió. También su bandera, que extendió con Dexy a lo largo de la marcha. José Gregorio sostuvo una pancarta hecha con fotos y rótulos del nombre de su hijo y dos frases escuetas: “No estoy dispuesto a perder”, de Juan Pablo. “Es necesario vencer”, de José Félix Ribas.

Juan Pablo creía que los tiros largos marcaban la diferencia en el básquetbol. En medio de un partido en su colegio, su equipo perdía por tres puntos y faltaba poco para que acabara el juego. Era la final de la Copa Cumbres. Hizo un tiro de media cancha cuando quedaban tres segundos. Encestó y ganaron la copa.

Cada mañana, lo primero que hacía después de levantarse, era practicar tiros de larga distancia en el aro que tenía en su casa.

El día que lo asesinaron, un guardia nacional lo alcanzó con un proyectil a seis, ocho, metros de distancia. Juan Pablo, en principio, resistió, pero iba con el corazón reventado y se desplomó. Los tiros largos marcaban la diferencia, pero él pensaba como atleta, no como verdugo. Minutos después murió. Llevaba su bandera amarrada al cuello; en el bolso, una gorra, dos camisas, unos lentes y el Salmo 91.  

Elvira Lovera y José Gregorio Pernalete retratados por Natacha Trebucq | RMTF

Los padres de Juan Pablo se detuvieron frente a Plaza Francia, en Altamira. A unos pocos metros la Avenida Juan Pablo Pernalete, llamada así en su honor, luego de su muerte el 26 de abril de 2017. Elvira y José Gregorio iban junto a los líderes del movimiento estudiantil. Alumnos de la Universidad Metropolitana, donde Juan Pablo se había ganado una beca por excelencia deportiva e iba a estudiar Contaduría, lideraban el grupo.

Elvira recordó a su hijo y a los demás caídos en protestas y continuó hacia la Av. Libertador. Cerca, estaba Jean Liz, amiga de la familia y una de las últimas personas que vio a Juan Pablo antes de morir. Lloraba. El día que lo mataron, Jean Liz marchaba con su hijo. Vio cómo se llevaron a Juan Pablo en una moto. Luego se enteró que estaba muerto: “Mamá, lo bajamos de la moto pero no reacciona”. Jean Liz llamó a Elvira. No fue capaz de replicar el mensaje. Le dijo que a Juan Pablo lo habían herido.

Elvira y José Gregorio salieron muy rápido. Había mucho tráfico. Iban rezando. Gritaban desesperados.

—Quédate quieta —le decía José Gregorio—. Él es un atleta. Seguro le dieron en un brazo o en una pierna. Le echamos Dencorub y nos lo traemos para la casa.

El tráfico no avanzaba. José Gregorio le pidió a un motorizado que pasaba por el lugar que llevara a Elvira a Salud Chacao. Cuando ella llegó, vio que había mucha gente. El alcalde de Chacao de ese entonces, Ramón Muchacho, salió de una oficina y le dijo que debía ser fuerte porque Juan Pablo estaba muerto. Tenía 20 años y era su único hijo. Elvira gritó tanto que Jean Liz la escuchó desde afuera. Elvira buscó en los cubículos hasta que encontró a su hijo en una camilla de aluminio. Lo sujetó. Le pidió que por favor se levantara. Le revisó el pecho. Tenía una herida redonda en el tórax que coincidió con el cartucho de una bomba lacrimógena, según pruebas que hizo el Ministerio Público. Llamó a su esposo y le avisó que Juan Pablo estaba muerto.

Cuando José Gregorio llegó y vio a su hijo, la tensión le subió. La alta y la baja estaban casi iguales. Waldemar Núñez, su primo, y el que después sería el abogado del caso, llegó al lugar. Desde ese día no se separó de ellos. El 1 de diciembre de 2018 fue arrollado y murió. Nadie sabe qué pasó.

Los padres de Juan Pablo Pernalete, Rubén Darío y David Vallenilla marcharon para recordar a sus hijos asesinados en 2017. Fotografía de Natacha Trebucq | RMTF

Desde 2017, Elvira y José Gregorio van todas las semanas al Ministerio Público a hacer seguimiento al caso. Hicieron dos denuncias: una por el asesinato de Juan Pablo y otra contra algunos dirigentes del gobierno por daños morales en su contra. Ernesto Villegas, entonces ministro de Comunicación, y Delcy Rodríguez, quien era la titular del ministerio de Relaciones Exteriores, dijeron que a Juan Pablo lo mataron con una pistola de perno cautivo. Luisa Ortega Díaz declaró en su condición de fiscal, en julio de 2017:

“De acuerdo a nuestra investigación, la muerte del estudiante Juan Pernalete se produce por shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax. Él fue impactado con un objeto como este:” —Luisa Ortega Díaz alza en sus manos una bomba lacrimógena.

Ortega Díaz huyó de Venezuela el 18 de agosto de 2017. La sustituyó Tarek William Saab, designado fiscal por la asamblea nacional constituyente. Elvira y José Gregorio dijeron que desde que cambiaron al titular de la Fiscalía hay obstrucción al proceso judicial. Que juegan al desgaste, a cansar a los padres para que no sigan yendo a preguntar sobre el caso de sus hijos. El Ministerio Público ha asignado tres fiscales al caso. Los padres de Juan Pablo comparecieron en una audiencia pública en la OEA el 16 de noviembre de 2017. Allí dieron testimonio ante un panel de expertos que concluyó, el 9 de mayo de 2018, que existía fundamento suficiente para considerar que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad desde el 12 de febrero de 2014. Recomendaron a Luis Almagro, secretario de esa organización internacional, que remitiera el informe y la evidencia recopilada a la fiscal de la Corte Penal Internacional. El 26 de abril de 2018, José Gregorio viajó a Ginebra para presentar una denuncia ante el Comité Internacional de Derechos Humanos de la ONU.

Elvira y José Gregorio juran, junto al movimiento estudiantil, hacer cumplir los ideales de su Juan Pablo. Fotografía de Natacha Trebucq | RMTF

José Gregorio cree que nunca podrá perdonar.

—Estamos trabajando primeramente en la justicia para que haya paz. Cuando tengamos paz quizá podamos empezar a pensar en el perdón. Pero ahorita no. Cuando vamos a misa, dicen que hay varias puertas que tenemos que ir abriendo para pasar al cielo. Y hay una que es el perdón. Yo le digo a Elvira que por esa puerta no voy a poder pasar.

Su esposa quiere hacerlo.

—Sé que mi hijo perdonó y yo quiero llegar a hacerlo como él. Pero ahorita no puedo.

En el discurso de cierre de la marcha, Guaidó recordó a Juan Montoya, Robert Redman y Bassil Da Costa, asesinados el 12 de febrero de 2014. También al concejal Fernando Albán, quien murió en custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el 8 de octubre de 2018; a Neomar Lander, fallecido durante una protesta el 7 de junio de 2017; a Óscar Pérez, asesinado en un operativo policial y militar el 15 de enero de 2018; y a César ‘Cesita’ Pereira, dirigente juvenil de Voluntad Popular, asesinado durante una protesta en Lechería el 28 de mayo de 2017. También recordó al diputado Juan Requesens, encarcelado en la sede del Sebin en El Helicoide desde el 7 de agosto de 2018.

Mientras Guaidó se tomaba un selfie en tarima, Derek Redman y Janeth Frías aplaudían detrás del podio. Fotografía Gaby Oráa | RMTF

Después enfocó su discurso en la ayuda humanitaria. Dijo que el martes 12 de febrero empezó el acopio de insumos en el estado fronterizo de Roraima, en Brasil. El primer punto lo instalaron el 8 de febrero en Cúcuta, Colombia. Abrirán dos puntos más. Juramentado como presidente encargado de la República el 23 de enero de 2019, dio una “orden directa” a la Fuerza Armada para que permita el ingreso. Dijo que la ayuda entrará al país “sí o sí” el 23 de febrero, cuando se cumple el primer mes de su juramentación.


Los que no marcharon


Un vecino de Julieta Ovalles prendió la radio y subió el volumen. Se escuchaba en toda la cuadra. Ese 23 de enero de 2019 muchos salieron a marchar en San Cristóbal, estado Táchira. Julieta se quedó con su madre en casa, pero su hijo de 24 años, Luigi Ángel Guerrero Ovalles, salió a manifestar por primera vez. Luigi no pensaba ir a la marcha pero esa mañana cambió de opinión. Quería que el mundo viera mucha gente en la calle pidiendo un cambio. Se preparó un sándwich, su desayuno de costumbre, y agarró el termo de agua que se llevaba a La Z, la montaña que subía los fines de semana. Llamó a su novia para que lo acompañara, pero ella debía ir al trabajo. Se unió a vecinos que bajaban a la Séptima Avenida y se despidió de su madre. “Dios me lo bendiga y me lo guarde”, le respondió Julieta.

A las 4:00 de la tarde, Julieta escuchó una noticia que anunciaba disturbios en el centro de la ciudad: ocho heridos y dos muertos. Se asomó a la calle. Luigi no estaba. No podía contactarlo porque dejó el celular en casa. Le habían robado cuatro teléfonos y ahora, por su trabajo, no podía perder el que tenía. Las empresas online para las que trabajaba le escribían por Whatsapp. Julieta fue al Hospital Central de San Cristóbal a buscarlo. Revisaron la lista de heridos y muertos pero su hijo no aparecía. Julieta sabía que él no llevaba la cédula, entonces insistió. En la entrada de la emergencia, una enfermera le comentó que uno de los muertos no llevaba documentos, pero no era Luigi. Lo habían identificado como Wilmer Zambrano. En el pasillo, otra señora le dijo que había más muertos y que los estaban pasando directo a la morgue. Julieta fue y preguntó por su hijo. Necesitaba corroborar que no estaba allí. Un muchacho le preguntó si su hijo tenía brackets. Ella contestó que sí. En los dientes de arriba y de abajo. Después preguntó por tatuajes. Julieta dijo que sí otra vez. Dos en la pierna. Entonces Julieta pensó que las preguntas eran demasiado específicas. Pero el muchacho continuó. ¿Y cicatrices? Sí. La de la apendicitis.

El muchacho pidió paciencia a Julieta y salió a hablar con dos oficiales. Los tres bajaron la voz. La veían. Comenzó a sospechar que algo pasaba. Se acercaron y le pidieron el número de cédula de Luigi. “Vamos a mostrarle una foto de los tatuajes de uno de los que está ahí en la morgue y que llegó sin identificación”, le dijo uno de ellos. Luigi se tatuó un paisaje de montañas y pinos, porque le gustaban mucho los Andes de Táchira, y otro de una flor que crece cerca de su casa. Julieta se acercó a la pantalla del celular y vio el paisaje. Parecía el de Luigi. Pero a veces los muchachos se hacen los mismos tatuajes, pensó. Entonces le pidió ver una foto de la cara. Ojos castaños y pequeños, pelo marrón enredado, cejas delgadas y piel blanca. No era Wilmer, era Luigi. No era el hijo de otra, era el suyo.

El médico forense le dijo a Julieta que el cadáver de su hijo llegó “fresquito” a las 2:00 de la tarde. Tenía menos de dos horas de muerto. Un proyectil de arma de fuego le perforó el costado izquierdo del pecho y el brazo. Sufrió una hemorragia interna tan aguda que su corazón no tenía suficiente sangre para bombear al cuerpo. También tenía moretones en la cara y raspones en las piernas. Julieta cree que lo golpearon antes de matarlo. Un testigo señaló a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana.

Fotografía Gaby Oráa | RMTF

Las FAES es una división que inició acciones en un acto transmitido por Venezolana de Televisión el 14 de julio de 2017, cuando terminaba la ola de protestas de ese año. El general Alexis Escalona, viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, anunció que serían un organismo para “apoyar a las unidades de orden público en situaciones hostiles”.

Se desplegaron en todo el país para contener las protestas que estallaron en zonas populares contra Nicolás Maduro en enero de 2019. También hicieron allanamientos después de las manifestaciones. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social estimó que ese mes hubo 2.573 protestas en todo el país, que dejaron 35 personas asesinadas. Catorce de las muertes ocurrieron el 23 de enero. Todos con heridas de bala. El Observatorio, Provea, Redes Ayuda y el Foro Penal, responsabilizaron por las muertes a las FAES, la Guardia Nacional Bolivariana y civiles armados agrupados en “colectivos”.

Un día antes de la marcha del Día de la Juventud, un conocido llamó a Julieta para dejarle un recado. Le mandaron a decir que se quedara quieta, que no investigara más la muerte de su hijo ni hablara con los medios. Si seguía así, le podían pasar cosas malas. La podían matar. “Pero yo no tengo miedo, quiero justicia”, le contestó Julieta. “Ahora, por amenazarme, voy a hablar más. Ya mataron a mi hijo, ¿qué más me pueden hacer?”.

Julieta salió a marchar el 2 de febrero por Luigi. El 12 se quedó en su casa por la oposición, la prensa y la sociedad civil. Se siente desmotivada porque a nadie le importa realmente la muerte de su hijo. Los políticos le dijeron que no lo olvidarían y ahora ni lo mencionan. Los periodistas que la entrevistaron en el funeral le dijeron que la llamarían y nunca sonó el teléfono. Para ellos es uno más. Para Julieta, era su único hijo.

Todos los días se levanta y cree que es mentira. Tiene que pasar por el cuarto de Luigi y verlo vacío para recordar que no está.

Luigi estudiaba cuarto año de Comunicación Social en la Universidad de Los Andes. Se iría del país a Colombia o a Chile después de graduarse. Siete de sus mejores amigos ya se habían ido. Se sentía solo. Le gustaba escribir, tomar fotos, escuchar Pink Floyd y leer libros con finales “ácidos” que no son felices, pero que son reales. Su ensayo favorito era El arte de amar de Erich Fromm. Se lo recomendó varias veces a su madre. Luigi decía que leyéndolo aprendió lo que realmente es el amor: “No es un sentimiento, sino todo lo bueno que uno puede hacer por una persona”.

A veces eso es marchar. Otras, es quedarse en casa.

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