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Detención de gerentes o criminalización de la empresa privada

por José Ignacio Hernández G.

Fotografía de RONALDO SCHEMIDT / AFP

05/10/2018

En las últimas semanas los medios de comunicación han informado sobre la detención de gerentes y trabajadores de supermercados, en el marco de fiscalizaciones relacionadas con el control de precio.

Estas detenciones no sólo violan los derechos humanos. Además apuntan a una política de criminalización de la empresa privada, lo que contribuirá a agravar –más todavía– la colapsada economía venezolana.

Los empresarios privados: enemigos del pueblo

Para comprender el contexto en el cual estas detenciones se están practicando, debemos recordar cuál es su origen: la promulgación de leyes que consideraban a los empresarios privados “enemigos del pueblo”.

Es una tendencia comenzó en 2007, cuando se dictó la llamada Ley especial de defensa popular contra el acaparamiento, la especulación, el boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos o productos sometidos a control de precios. Dicha ley estableció diversos ilícitos económicos relacionados con el control de precios, y habilitó a los consejos comunales para realizar inspecciones en establecimientos.

Posteriormente, en 2009, se dictó la Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios, que amplió los controles e ilícitos económicos, incluyendo la expropiación como sanción.

Finalmente, este modelo de control evolucionó hasta la Ley de costos y precios justos de 2011, en la cual se impuso el control centralizado de costos y precios, junto a un amplio catálogo de delitos económicos que consideraron a los empresarios privados “enemigos del pueblo”, tal y como se lee en su exposición de motivos:

“Los abusos flagrantes del poder monopólico en muchos sectores de la economía han originado que la base de acumulación de capital se materialice en los elevados márgenes de ganancia que implica el alza constante de precios sin ninguna razón más que la explotación directa e indirecta del pueblo”.

Los empresarios, como explotadores del pueblo, debían quedar sometidos a un drástico sistema de controles y delitos penales. Tales fueron los principios que quedaron recogidos en la vigente “Ley orgánica de precios justos” de 2015.

Delitos penales económicos y el Derecho penal del enemigo

La vigente Ley orgánica de precios justos establece un amplio catálogo de delitos asociados al incumplimiento de los diversos controles administrativos que se han venido imponiendo. Por ejemplo, quien comercialice bienes a un precio superior al que el Estado considera justo, o quien restrinja la venta de bienes, podría sufrir prisión de hasta 10 años.

Esta pena se aplicará en su límite máximo cuando el empresario haya “desestabilizado la economía”. Asimismo, quien transporte productos sin cumplir con los controles administrativos podría sufrir penas de hasta 18 años de prisión. En todos esos casos, la ley excluye la posibilidad de acordar cualquier beneficio penal.

Este tipo de legislación –que podemos también encontrar en el Código orgánico tributario y en la Ley orgánica del trabajo– coincide con el llamado Derecho penal del enemigo. Estos delitos económicos no se basan en graves violaciones a principios y valores que deben ser protegidos, como la vida o la seguridad, sino simplemente en la posición que ocupa el supuesto agente culpable: explotar al pueblo con prácticas especulativas.

Delitos económicos y crisis humanitaria

Las detenciones de trabajadores y gerentes amparadas en las leyes que desarrollan el Derecho penal del enemigo no solo violan los derechos humanos asociados al debido proceso, sino que además crean mayores obstáculos que contribuyen a restringir, más todavía la oferta de bienes.

En efecto, la progresiva criminalización de ilícitos administrativos, al margen del derecho al debido proceso, incrementa el riesgo de los proveedores de bienes y servicios, todo lo cual tiende a reducir la oferta, en especial de alimentos.

Es por ello que estas detenciones arbitrarias, muy probablemente, generarán una consecuencia completamente distinta a la inicialmente esperada: lejos de favorecer el derecho de acceso de los consumidores a los alimentos, tales detenciones –junto a los demás controles arbitrarios que se siguen manteniendo, ahora en el marco de los precios acordados– podrían desestimular la comercialización de alimentos y, con ello, agravar los efectos de la crisis.

Lo anterior crea condiciones para un círculo vicioso que agravará la crisis humanitaria en Venezuela: mientras mayores y más arbitrarias sean las detenciones a gerentes, mayores restricciones existirán para comercializar bienes; todo lo cual agravará la crisis y llevará a mayores detenciones, y así sucesivamente, hasta que no queden ya más gerentes que detener.


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