Del punitivismo carcelario a la matanza sistemática

En el año 2016, murieron de manera violenta en nuestro país 21.752 personas y la tasa de homicidios se ubicó en 70 por cada cien mil habitantes. Se trata de la tasa más elevada que hemos tenido históricamente, y la mayor de la región si exceptuamos a El Salvador, país cuya tasa se ubicó en los 81 homicidios por cada cien mil habitantes ese mismo año [1]. Ahora bien, en esas casi veintidós mil muertes, las fuerzas del orden fueron responsables de 4.667; esto quiere decir que el Estado fue el autor del 21% de las muertes violentas en nuestro país.

En este texto quisiera argumentar que para comprender el aumento reciente de la violencia en Venezuela, y específicamente en Caracas, en el período pos-Chávez, tenemos que colocar en el centro del análisis los discursos y las prácticas de un actor privilegiado como lo es el Estado en un contexto de colapso de los precios petroleros. Propongo que esta inusitada violencia puede ser comprendida por la mutación o, más bien, por la yuxtaposición dentro del histórico proceso de militarización de la seguridad ciudadana, de un punitivismo carcelario que viene dando paso a una práctica de matanza sistemática extralegal, constituyendo al Estado en un actor fundamental de la violencia letal en el país.

Del histórico punitivismo carcelario

La violencia policial y la histórica ascendencia de esquemas militares en la policía venezolana han sido consideradas un problema de muy antigua data en el país, como ha sido ampliamente documentado. Desde los años ochenta, el trabajo de Tosca Hernández develó la arbitrariedad de la actuación policial en las detenciones masivas implicadas en los operativos “extraordinarios” que se fueron haciendo rutinarios. Tales operativos, amparados por la derogada ley de Vagos y Maleantes, fueron instrumento para encarcelar a la población masculina pobre. Se constata así que el punitivismo carcelario tiene un antiguo arraigo en el país.

El uso excesivo de la fuerza y la implicación de agentes policiales en crímenes, fueron temas clave para el proceso de reforma policial iniciado en el año 2006 en Venezuela durante la Revolución Bolivariana. La Comisión Nacional para la Reforma Policial, luego de un amplio proceso de consulta plural, propuso un nuevo modelo policía. Así, en el año 2009 se constituye la nueva Policía Nacional Bolivariana, junto con la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad que garantizaría la profesionalización de la labor policial.

Sin embargo, frente al recrudecimiento de los crímenes y el aumento de los homicidios, paralelamente a la fundación de una policía civil, se inició una nueva fase de respuestas militarizadas que mostraron una mayor magnitud y uso de la fuerza, acompañándose adicionalmente de una profusión de discursos de guerra y encarcelamiento de hombres jóvenes de sectores populares.

Esta nueva fase masiva de operativos militares se inauguró en el año 2010, con el lanzamiento del operativo Dispositivo Bicentenario de la Seguridad, seguido del operativo Madrugonazo al hampa, en el año 2011. Estos planes consistieron en invasiones masivas a barrios y la detención intensiva de jóvenes varones pobres. Precisamente, en el marco de este operativo, el funcionario responsable, general Antonio Benavides, declaró: “El destino final de todo delincuente es la cárcel o bajo tierra” [2], proclamando explícitamente el curso de acción de este plan y, sobre todo, el giro que presenciaríamos en el futuro de un punitivismo carcelario a una práctica de matanza sistemática por parte del Estado.

El avance de este punitivismo carcelario se advirtió en el intenso incremento de la población penitenciaria en un corto período de tiempo: la población en prisión se duplicó entre 2009 y 2011, pasando de 30.483 privados de libertad a 50.000. De hecho, el ministro de Interior y Justicia Tareck El Aissami comentó, él mismo sorprendido, en Twitter: “La situación es compleja, durante el año 2010, el sistema penitenciario alcanzó la población privada de libertad más alta de la historia”, develando precisamente el avance de la zancada del estado penal en período de revolución socialista [3].

Este rápido incremento de la población en prisión originó a su vez nuevos problemas sociales como la crítica situación carcelaria, las recurrentes reyertas en las prisiones y, finalmente, la evidencia de una pérdida de control de las autoridades estatales de las prisiones frente a la sofisticada organización interna y autónoma de los privados de libertad (ver Antillano, Pojomovsky, Zubillaga, Sepúlveda y Hanson ) [4].

Después de cuatro años de operativos militarizados masivos, los homicidios no disminuyeron y, al contrario, aumentaron: en el año 2010, se tenía una tasa de homicidios de 45 por cada cien mil habitantes; en el año 2014, la tasa de homicidios aumentó a 62 por cada cien mil habitantes [5]. Y, como en El Salvador, múltiples evidencias estarían revelando que uno de los efectos de esta avanzada militar, en período de intensa penuria económica y social, sería la reorganización y alianza de las redes criminales para contrarrestar esta declaración de guerra por parte del gobierno y para responder a la precariedad económica del contexto.

Hacia una práctica sistemática de muerte

En la madrugada del 13 de julio del año 2015, el barrio caraqueño Cota 905 se vio sorprendido por una irrupción militarizada espectacular en la que murieron 14 personas y más de 200 fueron detenidas por la Guardia Nacional Bolivariana. Horas más tarde, el presidente Nicolás Maduro anunció el nuevo operativo militarizado —ya era el cuarto, en estos últimos cinco años—. Se denominó Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP). El presidente Maduro afirmó en la tarde:

«Con estos cuatro operativos de arranque (…) tenemos elementos en la mano para demostrar que el paramilitarismo colombiano, el narcotráfico colombiano y toda esa conspiración ha venido a apoderarse, a contratar, a controlar y a instaurar un modelo» [6].

La OLP evidencia entonces el exceso de la militarización, en tanto expansión de la lógica bélica; la creación del estado de excepción local, en tanto suspensión de derechos y ciudadanía en una comunidad; la conformación local del estado de sitio, en tanto toma militar de los barrios para recuperar la soberanía, y, finalmente, la matanza. Así, estos patrones implicados en la OLP, que se extienden al resto de los procedimientos policiales —y que son muy evidentes en el accionar actual de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB)—, constituyen, a nuestro entender, el indicador del giro de la política punitiva tradicional a una práctica sistemática de muerte en un contexto de deterioro extremo de legitimidad estatal (ver también Antillano y Ávila, 2017) [7].

Esta nueva fase queda explícitamente expresada en una entrevista que sostuvimos con un agente policial, a quien le preguntábamos con indignación el porqué de tanta matanza en el marco de esta nueva fase de operativos militarizados:

Vz: “¿Pero cuál es la justificación? ¿Por qué no meterlos en la cárcel? ¿Por qué? ¿Por qué asesinarlos así?”

Agente Policial: “¿Qué pasa?, que la filosofía de los funcionarios es decir: si los mandamos a la cárcel, bueno, ¡eso es como un hotel!, ¡eso es una residencia para ellos de cinco estrellas! Entonces empiezan a delinquir desde allá dentro y coordinan los secuestros, las extorsiones, los robos. Todo lo que sea desde allá dentro y es más complicado todavía. ¡Las cárceles están abarrotadas! Es decir, ¡todos esos cabecillas, a estos tipos complicados hay que eliminarlos! Entonces empezamos a ¡eliminar!, ¡eliminar!, ¡eliminar! Así, para limpiar, sobre todo los sectores populares, ¡la población pues! Porque en realidad sí ha disminuido. Reconozco que lo que hizo el Estado de tomar esta opción de violar los derechos humanos ¡y acabar con, con los delincuentes!, ¡de eliminarlos!, ha hecho que disminuya la delincuencia, ¡pero han matado bastante!”.

Un año y ocho meses después de haber lanzado el operativo, el 31 de marzo de 2017, el mismo día en que la Fiscal General de la República declaró que estábamos presenciando la ruptura del hilo constitucional por la usurpación de funciones de la Asamblea Nacional por parte del Tribunal Supremo de Justicia —declaración que marcó el inicio del ciclo de protestas que duraron cuatro meses—, ese día, la Fiscal también denunció, como dijimos al principio, que en el año 2016 fueron asesinadas en Venezuela 21.752 personas. De éstas, precisó en esa alocución, murieron 4.667 personas a manos de las distintas fuerzas del orden. En otras palabras, ese día, la Fiscal reveló que, en el 2016, el Estado venezolano, en las distintas incursiones de las fuerzas del orden, fue responsable del 21% de las muertes violentas que sucedieron en nuestro país. Asimismo, en un informe del Ministerio Público sobre la actuación de las fuerzas del orden en el marco de las OLP, en el que se registraron investigaciones por 505 personas fallecidas, se reveló que la mayoría (65%) eran jóvenes menores de 25 años [8].

Para fines de ese año, en diciembre de 2017, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, al dar sus declaraciones sobre “el descenso” de crímenes durante su gestión, también reveló que murieron al menos 4.389 personas [9] en manos del Estado. De nuevo, por segundo año consecutivo, como también denunció recientemente K. Ávila, el Estado sería el responsable del 26% de las muertes violentas en nuestro país (ver Ávila, 2018) [10].

Para que se tenga una idea de la magnitud de la matanza, resulta indicativo señalar que tradicionalmente la policía de Brasil, específicamente la de Río de Janeiro, ha sido considerada como una de las más violentas del mundo [11]. Pues bien, en el año 2016, en un país con 207 millones de habitantes, las fuerzas policiales fueron responsables de 4.219 muertes, esto es el 7% de las muertes violentas en ese país [12]. En Venezuela, un país con 31 millones de habitantes, ese mismo año, las fuerzas del orden mataron a  más personas (4.667), constituyéndose el Estado en el responsable del 21% de las muertes violentas, una proporción tres veces más elevada que en Brasil, que tiene casi siete veces más población que Venezuela.

Y, obviamente, el contraste de las tasas de muertes perpetradas por las fuerzas del orden es también revelador: mientras que en Brasil la tasa de muertes ocasionadas por las fuerzas del orden es de 2 por cada cien mil habitantes, en Venezuela esta tasa es casi ocho veces más alta, 15 muertes por cada cien mil habitantes [13]. Y de igual magnitud ha sido el aumento en el tiempo en nuestro país, tomando como referencia los casos de “Resistencia a la autoridad”, los cuales reúnen, sobre todo, las muertes perpetradas por la policía en presunto enfrentamiento (conversación personal con el Jefe de la División de Estadísticas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en el año 2010). Aquí se evidencia que, en 1990, la tasa era de 2 por cada cien mil habitantes, que ya era elevada; para 1999, era de 3 por cada cien mil habitantes, y, en la actualidad, como vimos, se multiplicó por cinco (15 muertes por cada cien mil habitantes), lo que revela la cuantía del incremento de la letalidad policial.

Estas magnitudes revelan, sin duda, un presunto patrón en el cual el Estado venezolano estaría extendiéndose sistemáticamente en el uso de la fuerza legal, “transgrediendo sus propias restricciones legales sobre el uso de la fuerza, y tolerando la implicación extralegal, como parte de las estrategias de sus representantes para reclamar legitimidad y ejercer la autoridad territorial”, como señala el sociólogo J.M. Cruz (2016) [14] para denunciar la violencia estatal extralegal en el Salvador.

Estas dimensiones estarían develando esta práctica de muerte de la que hablamos. Así, en este contexto de escasez y colapso del sistema de salud pública, pero también de la economía formal devastada, en el que se evidencia un excedente de la población que no puede insertarse en la economía -sobre todo jóvenes varones de sectores populares-, estamos viviendo tiempos ya no de encarcelamiento masivo, sino de la expansión de la matanza sistemática.

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[1] http://contrapunto.com/noticia/fiscal-general-dio-las-cifras-oficiales-de-homicidios-en-2016-128994/  Instituto Igarapé: http://homicide.igarape.org.br/

[2] Comandante del Core 5. Canal Venezolana de Televisión el 6 de septiembre de 2010.

[3]Declaraciones realizadas por el Ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, en su cuenta de Twitter, @TareckPSUV, el 8 de febrero de 2011.

[4] https://www.academia.edu/19107291/The_Venezuelan_Prison_from_Neoliberalism_to_the_Bolivarian_Revolution

[5] Ministerio Público. (2015). Informe Anual. Caracas: Ministerio Público.

[6] http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/provea-operativo-en-la-cota-905-sugiere-uso-excesi.aspx

[7] https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3040360

[8] Ministerio Público (2017). Ministerio Público. Informe: Actuaciones del Ministerio Público Relacionadas con las OLP en Venezuela (Julio 2015-Marzo 2017). Caracas: Ministerio Público.

[9] http://efectococuyo.com/principales/ministro-reverol-homicidios-en-venezuela-se-redujeron-152-en-2017

[10] http://issuu.com/amnistia/docs/cifras_delictivas_de_venezuela_an__?e=1057477/58584001

[11] https://www.amnesty.org/en/documents/amr19/2068/2015/en/

[12] Ver: http://www.forumseguranca.org.br/estatisticas/tableau-ocorrencias/

[14] https://www.researchgate.net/publication/308271701_State_and_criminal_violence_in_Latin_America