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Venezuela: la matanza sistemática oculta en la resistencia a la autoridad
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Fotografía de Alejandro Cegarra
El 26 de noviembre de 2018, el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, ofreció declaraciones a la prensa sobre el balance de Seguridad Ciudadana. En esa ocasión aportó datos sobre la reducción de delitos asociados a lo que denominó como la “política estructural” desarrollada por la Revolución Bolivariana.
El ministro comenzó su comunicación afirmando que “algunas ONG que se prestan de manera inescrupulosa para utilizar como arma política la seguridad ciudadana, y algunos expertos académicos (…) pretenden utilizar cifras de incidencia delictiva de manera no oficial, no vinculante, para desacreditar al Gobierno” [1].
El ministro denunció que estas ONG y académicos incluyen “en los Homicidios, lo que es resistencia a la autoridad, o lo que es muertes por determinar juntos, para seguir descalificando la política estructural que ha venido cabalgando la Revolución Bolivariana en materia de seguridad ciudadana. Y que, por supuesto, nosotros la excluimos, como lo establece la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que es la muerte por intervención legal, así lo define la ONU, lo que es igual en Venezuela, a la resistencia a la autoridad”.
Finalmente, el ministro comunicó que hubo una reducción de homicidios de 27.7% en comparación con el año anterior; también declaró que resistencia a la autoridad incrementó casi en un 7% (6,8%) y evitó dar cifras sobre las muertes por determinar, que históricamente han sido elevadas y que se ubican sobre las 3.000 muertes. Este año, de acuerdo a sus declaraciones, hasta noviembre 2018, se cometieron en Venezuela 9.675 homicidios y se contaron 5.000 casos de resistencia a la autoridad, de los cuales la gran mayoría son muertes perpetradas por agentes de las fuerzas del orden.
En este artículo queremos destacar una vez más la repetida operación discursiva realizada por los altos funcionarios policiales que consiste en banalizar y justificar las muertes perpetradas por agentes del orden [2].
La novedad este año y el pasado constituye en apoyarse y descontextualizar las nomenclaturas técnicas de agencias como las Naciones Unidas. Pero queremos, sobre todo, recalcar, y en ello nos enfocaremos en este artículo, que por tercer año consecutivo, desde el año 2015 que se inició la intervención militarizada masiva en barrios pobres -conocida como Operación de Liberación del Pueblo-, el Estado Venezolano en la era post Chávez ha sido responsable, cada año, de al menos cuatro mil muertes. Esto significa que, en los últimos tres años, agentes del Estado pudiesen ser los responsables de más de doce mil muertes, constituyendo así una de las fuerzas del orden más letales del mundo.
En primer lugar, llama la atención cómo el funcionario se apropia de las categorías de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito para segregar las muertes y, en este sentido, encubrir que se trata de muertes violentas. Como si las Naciones Unidas alentara a que unas muertes son necesarias para preservar a los “ciudadanos decentes” en el marco de una “política estructural de seguridad ciudadana”. Para tomar las palabras del funcionario: unas muertes se justifican -las ocasionadas como producto de la “muerte por intervención legal”– y otras muertes son las que cuentan, y cuentan para medir la eficacia de la “política estructural”.
No se trata de vidas perdidas, duelos abiertos; no constituyen nada trágico. De allí lo “inescrupuloso” que constituye el hecho por parte de las ONG y los académicos de sumar las muertes violentas como si éstas fueran iguales; como si se tratara, a fin de cuentas, de vidas perdidas. La cuantía de vidas así perdidas devela el fracaso de la promesa y política estructural de inclusión hacia los jóvenes varones de la Revolución Bolivariana y, todavía más, revelan que lo que el ministro denomina “política estructural de seguridad ciudadana” es en realidad una política de eliminación sistemática de jóvenes excluidos.
En segundo lugar, actuando de modo escrupuloso y apegado al derecho a la vida, en efecto, si sumamos las muertes violentas hasta noviembre 2018 (sin olvidar que diciembre es uno de los meses en el que cíclicamente aumenta este tipo de muertes en Venezuela y no están sumadas en la declaración oficial), nos da un total de 9.675 homicidios; y, de los 5.000 casos contabilizados como resistencia a la autoridad, asumimos que el 80% son muertes (no todos los casos registrados como resistencia a la autoridad son muertes, pero sabemos por anteriores investigaciones que una altísima proporción lo son, al menos en un 80%), al menos 4.796 muertes.
Tenemos que en nuestro país hubo un total aproximado de 14.471 muertes violentas, de las cuales el 33% de éstas fueron perpetradas por agentes policiales. Esta proporción es extremadamente elevada. Ya en marzo del año 2016, la fiscal general de la República, quien debió huir del país, había denunciado que ese año, un año después de haber sido lanzado el Operativo de Liberación del Pueblo, los homicidios se habían elevado a 21.752, de los cuales 4.667 fueron realizados por agentes policiales. Aquel año, el 21% de las muertes violentas fueron entonces ocasionadas por funcionarios.
Que el Estado venezolano esté siendo responsable de la tercera parte de las muertes violentas en el país, con la tasa de muertes violentas más elevadas de América del Sur, se refleja en el informe producto del monitoreo de víctimas en las principales morgues de la ciudad realizado por la organización social Caracas Mi Convive, con los periodistas del noticiero digital Runrunes y la colaboración de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia REACIN [3].
En sus primeros 13 meses de recolección de datos (entre mayo 2017 y mayo 2018), el Monitor de Víctimas registró y describió un total de 1.739 casos de muertes violentas en Caracas. El primer y fundamental hecho a destacar de este informe es que una elevada proporción de dichas muertes, el 37,4% (651 casos), según los informantes, fueron perpetradas precisamente por funcionarios de las fuerzas policiales y militares del país.
Otro hallazgo central constituye el perfil de víctimas particulares que fallecen a manos de las autoridades, que se diferencian de las que mueren por acciones de victimarios civiles. La edad promedio de las víctimas de las fuerzas del orden es de 25 años, en contraste con la edad promedio de 29 años de las víctimas de la totalidad de los casos registrados. Se trata, pues, de víctimas más jóvenes y en evidencia más vulnerables, todas ellas ubicadas en sectores céntricos y pobres de la ciudad. Esto constituye un indicio seriamente revelador de la devastación por parte del Estado venezolano hacia la población masculina joven y pobre.
La sistemática acumulación de muertes violentas perpetradas por agentes del Estado, como decíamos, sólo en los últimos tres años pudiese ascender a doce mil. Coincide con la época en la que ha avanzado el colapso económico por el descenso de los precios petroleros y la pésima gestión económica estatal. Entre la población más afectada, una inédita cantidad de población ha emigrado y otra, como la población masculina juvenil, ha sido expulsada a economías informales y/o ilícitas de sobrevivencia, y en consecuencia, encarceladas o asesinadas extrajudicialmente en operativos militarizados.
Se trata, pues, para hablar como el filósofo camerunés Achille Mbembe [4] de una necropolítica contra un sector de la propia población, a la que se somete a un estado de excepción y de enemistad que se haya en la base de la práctica estatal del derecho de matar.
Precisamente, se intenta justificar que estas muertes, clasificadas como resistencia a la autoridad, no deben ser entendidas como homicidios, sino que, en un malabarismo discursivo y utilizando como recurso los criterios de las Naciones Unidas, deben ser definidas como “la manera venezolana” de las intervenciones legales. Esto revela cuán arraigado se ha internalizado “el derecho a matar” y el estado de excepción rutinario al que se somete a la población. Las magnitudes de las muertes y la lógica de los operativos militarizados revela con vehemencia que se trata de una práctica sistemática.
La dimensión de la matanza plantea un enorme desafío en el horizonte: movilizar a la ciudadanía ante la matanza de población masculina joven y pobre, aunada a las muertes en manifestaciones políticas de jóvenes varones estudiantes. Tal desafío exige con urgencia la complejidad de establecer una Comisión de la Verdad en nuestro país, en el marco de un proceso de Justicia Transicional que abarque todas las víctimas del Estado y que, probablemente, como en Guatemala, necesite del apoyo de las Naciones Unidas [5], esta vez no para utilizar su nomenclatura para justificar las muertes, sino para establecer la verdad y la justicia.
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[1] https://youtu.be/Dr739IQTN5c
[3] https://miconvive.com/noticias/2-publicaciones-2-angulos/?fbclid=IwAR1xPdgQTQugqB5oE5lwF_SFOt6C24THAHpoTp6o3TyMZcUN3IccjTYbv0M
[4] Achille Mbembe, Ob.Cit.
[5] https://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2018/08/08/no-fragmentemos-la-busqueda-de-la-verdad/
Verónica Zubillaga
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