Carlos Trapani: “La violencia promovida por el Estado cambia la dinámica de una familia”

La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela publicó su primer informe el 16 de septiembre de 2020. Una semana después, lo presentó ante el Consejo de Derechos Humanos. Un grupo de tres especialistas, junto a su equipo técnico, investigó las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014. Seis defensores venezolanos de derechos humanos explican el impacto del documento, qué significa para las víctimas y su relevancia internacional. En esta cuarta entrega habla el abogado Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap. Esta ONG venezolana trabaja desde 1984 en la promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez y adolescencia.

Los delitos de lesa humanidad también afectan a los niños, niñas y adolescentes. El informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela da cuenta de asesinatos de niños y adolescentes en Venezuela por fuerzas policiales y militares. Señala que, fuera del contexto de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), pudieron contar 4.681 muertes en ejecuciones extrajudiciales. La mayoría eran hombres, de los cuales el 6% tenían menos de 18 años. La Misión también registra la muerte de un adolescente en 2016, en Miranda, tras ser trasladado a una base militar.

Hay múltiples casos de detenciones de adolescentes. Hay un capítulo que te habla del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional que hace referencia a tres adolescentes que fueron golpeados. Uno perdió un ojo debido a las agresiones.

Sobre las OLP, la Misión cita primero a las fuentes oficiales. Dice que en las investigaciones del Ministerio Público se identificaron al menos 505 personas muertas durante los operativos, entre los que se incluyen 27 adolescentes. La Misión examinó 140 casos, en los que se contaron 413 personas asesinadas. Dieciséis eran niños y adolescentes. La información recogida por la Misión sugiere que “las fuerzas de seguridad utilizaron fuerza letal contra la víctima cuando no era estrictamente necesario para proteger vidas”. La Misión apunta un caso de un adolescente, en el barrio Jardines del Valle, en Caracas, que fue visto vivo por última vez por su familia “en su cama en ropa interior, rodeado de agentes de policía”.

La violencia del Estado afecta a las familias

Otra de las cosas que llama la atención del informe sobre la actuación de las OLP es que señala que hubo prácticas de privación temporal de libertad de los familiares de las víctimas, donde predominaron mujeres y niños, como mecanismos de presión y para evitar la presencia de testigos en los asesinatos. Los sacaban de sus casas. Y no son casos aislados o que ocurrieron esporádicamente, el informe plantea que representa un patrón. Las preguntas que sigues al leer esto es: ¿En qué condiciones se hizo esto? ¿Cuál es la afectación a la integridad física, moral, o psicológica de los niños? No puedes, en función de la seguridad ciudadana, causar temor a una comunidad entera. Porque así se cometen excesos y abusos. No sólo en función de la muerte de una persona, sino en función de los daños colaterales.

Los niños y niñas también son afectados de manera indirecta. La violencia promovida por el Estado cambia la dinámica a una familia. Nos preocupan los niños que perdieron el cuidado de sus padres y de otros familiares como consecuencia de estos hechos violentos. No se trata de violencia por el hampa. Llama la atención que altos funcionarios tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo. 

Además, el Estado genera una doble victimización en los niños. No solo porque hay funcionarios que actúan en nombre del Estado y asesinan a personas que son padres y madres de niños venezolanos. Además de la impunidad, no hay programas ni mecanismos de apoyo para los niños y niñas que sufren estas pérdidas. Quedan a la deriva. ¿Qué pasa con esa generación de niños y adolescentes que perdieron a sus padres producto de este tipo de violencia? Se genera una sociedad en el corto y mediano plazo profundamente herida, que confunde la venganza con la justicia. 

Hay una generación de niños, niñas y adolescentes que no sólo les tocó vivir una pandemia, protestas prolongadas por 6 meses y apagones masivos, sino que también les ha tocado vivir una violencia desenfrenada desde el propio Estado. Ahí creo que hay un punto que nos tiene que llamar a la reflexión. ¿Qué entendemos por seguridad? ¿Qué entendemos por democracia? ¿Qué entendemos por protección? Creo que desde las más altas autoridades esos conceptos se distorsionaron.

El informe refleja la debilidad y la ruptura de las instituciones democráticas, lo que implica que cada venezolano está a la deriva bajo la lógica del sálvese quien pueda. Esta ruptura compromete la independencia judicial y aumenta la vulnerabilidad del venezolano. 

Otros de los aportes del informe de la Misión es que contribuye a la memoria social. La documentación de casos de violación de derechos humanos permite reconstruir lo sucedido. El informe también facilita a las víctimas romper el silencio y, sobre todo, desafiar el aislamiento que genera la violencia. Aporta elementos para elaborar el duelo en un contexto adecuado, en la medida en que como víctima o como familiar de una víctima veo que mi historia es contada y se reconoce que hay responsabilidad. Creo que, en paralelo, el informe de la Misión ayuda a exigir justicia, verdad y reparación.

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