Carlos Ayala Corao: “El informe debería apoyar el avance del examen preliminar de la fiscalía en la Corte Penal Internacional”

La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela publicó su primer informe el 16 de septiembre de 2020. Un grupo de tres especialistas, junto a su equipo técnico, investigó las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014. Seis defensores venezolanos de derechos humanos explican el impacto del documento, qué significa para las víctimas y su relevancia internacional. En esta segunda entrega habla Carlos Ayala Corao, abogado constitucionalista, especialista en Derecho Público y derechos humanos. Fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relator sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de las Américas, presidente de la Comisión Andina de Juristas y vicepresidente de la Comisión Internacional de Juristas.

«Este informe tiene una importancia suprema. Es la primera vez que Naciones Unidas realiza un informe respecto a Venezuela con una metodología de investigación que identifica las características de los crímenes de lesa humanidad, que define las circunstancias, los hechos concretos, autoridades y funcionarios presuntamente responsables e incluye las líneas de mando determinantes en la comisión de esas atrocidades.

Este informe solicitado por el Consejo de Derechos Humanos permite dar cuenta que esas violaciones de derechos humanos que han ocurrido en Venezuela configuran delitos de lesa humanidad bajo los estándares más altos, como el Estatuto de Roma.

Los crímenes de lesa humanidad no solamente ofenden a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad en la cual ocurren, son crímenes que ofenden a la conciencia de la humanidad. Hay un consenso universal de que ese tipo de delitos están terminantemente prohibidos».

La jurisdicción universal

«La recomendación del informe dirigida a otros países [para que consideren abrir investigaciones sobre los hechos en Venezuela] se da porque varios países han desarrollado la jurisdicción universal, que permite que los delitos de lesa humanidad sean perseguidos por otros Estados. Hay distintas razones por las cuales un Estado pueda firmar la jurisdicción universal: porque está ejecutando un tratado internacional, porque considera que el orden público internacional ha sido gravemente violado, porque el presunto perpetrador se encuentra en su territorio o porque un nacional de su país fue víctima de esos delitos. Los códigos penales de distintos países en América Latina y Europa, también en países africanos y asiáticos, tienen elementos de conexión que permiten la apertura de la jurisdicción universal.

Hemos visto diversos ejemplos: Bélgica y Francia juzgaron crímenes cometidos en Ruanda. España ha juzgado y condenado a militares responsables por genocidio y desapariciones forzadas durante las dictaduras en Argentina o Chile. Hace tres meses inició el juicio en España por el asesinato de unos sacerdotes jesuitas en El Salvador. España abrió el caso contra Augusto Pinochet por delitos de tortura contra tres nacionales españoles. Pinochet era senador en Chile y había viajado a Inglaterra con pasaporte diplomático, pero igual fue arrestado. No tienen que ser cientos o miles de víctimas. Un solo acto de tortura puede constituir un delito internacional. Cuando es una persecución sistemática a un sector de la población civil, hay elementos agravantes de delitos de lesa humanidad».

La investigación desde el extranjero

«Es un informe muy completo, metodológicamente cubierto en todos sus extremos. No es un juicio penal, pero da unas líneas que puede profundizar quien siga la investigación.

El Estado venezolano impidió el ingreso de esa misión al país por una decisión arbitraria y sin fundamento, aunque la misión fue decisión del Consejo de Derechos Humanos del cual, irónica y contradictoriamente, forma parte Venezuela. Si el Estado venezolano les hubiera abierto las puertas y la cooperación, pero la misión no hubiera venido a Venezuela porque no les dio la gana o no hubiera tomado en cuenta los documentos que suministró el Estado, entonces tendría sentido el argumento en contra de la investigación. Pero si la misión no vino porque no la dejaron entrar, eso hace ilegítima la excusa del Estado.

La fiscalía de la Corte Penal Internacional, por ejemplo, va a seguir sus procesos independientemente de que la dejen entrar a Venezuela. Actualmente está en la etapa de examen preliminar. Si admite el caso y lleva a cabo acusaciones, no se va a detener por no entrar al país.

No puede excusarse a los responsables de un delito de lesa humanidad porque el gobierno no dé permiso a las autoridades que investigan, sería una forma de conseguir impunidad muy fácilmente. La Corte ha iniciado procesos en Sudán, aunque no los han dejado entrar».

Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos

«Cuando se creó, la idea era integrar el Consejo de Derechos Humanos con Estados que fueran un ejemplo en el cumplimiento de esta materia. Desafortunadamente la realpolitik internacional ha permitido que se cuelen algunos países, si bien no es la regla.

El Consejo de Derechos Humanos tiene competencia para crear este tipo de cuerpos de investigación independientes. Hay una violación de las normas de Naciones Unidas al no haber colaborado y cooperado, al no implementar sus recomendaciones. Al no cumplir con sus decisiones, se pone en evidencia la ilegitimidad de la pertenencia del régimen de Nicolás Maduro en el Consejo de Derechos Humanos».

Las expectativas

«Este informe tiene una gran incidencia en la conciencia universal de los crímenes de lesa humanidad que están ocurriendo en Venezuela. Creo que influye en la política internacional y las percepciones de la naturaleza del régimen que existe en Venezuela. También podrá tener incidencia en la apertura de eventuales procesos bajo los conceptos de jurisdicción universal por distintos Estados.

Debería tener un efecto de apoyar y avanzar con mucha más rapidez en el examen preliminar que está llevando a cabo la fiscalía de la Corte Penal Internacional, que antes de que termine el año debería terminar con el Examen Preliminar y comenzar a preparar las investigaciones de las acusaciones.

Una expectativa razonable es que se renueve el mandato de esta Misión Internacional por dos años y que la alta comisionada Bachelet siga haciendo actualizaciones de sus informes cada seis meses, para que se siga fortaleciendo la documentación en aras de prevenir violaciones, que no se vuelvan a repetir, buscar justicia y se repare a las víctimas de manera integral».

Las reparaciones

«Debe haber una reparación a la víctima que no depende del patrimonio de la persona condenada. Hay fondos a nivel internacional para esto. Por ejemplo, hay un fondo de Naciones Unidas para las víctimas de tortura. En el caso de los acuerdos de paz de Colombia, tienen fondos de reparaciones integrados por el Estado y cooperación internacional.

En la situación de Venezuela, las violaciones de derechos humanos están vinculadas con delitos de corrupción masiva, transnacional. Hay grandes fortunas de miles de millones de dólares que están siendo retenidas por los países que investigan. Hay que reclamarlas para que sean administradas en un futuro por la democracia venezolana y para reparar a las víctimas de todas estas violaciones».

Las víctimas y la memoria histórica

«Todo este esfuerzo debe estar centrado en las víctimas. En las miles de personas que han sido detenidas arbitrariamente, torturadas, ejecutadas o han sufrido desapariciones. Este informe es un acto de justicia para darles visibilidad, un recuento oficial de que esos hechos ocurrieron y tienen unos rostros, de las víctimas y de sus familiares. Este informe es un paso adelante a su dignificación como personas.

Las respuestas de la comunidad internacional no siempre son las más rápidas, pero la justicia no es un acto único. Es un proceso. Es una lucha vital y no hay que descansar hasta conseguirla».

Reconstruir para que no vuelva a suceder

«Todos los informes y sentencias sobre Venezuela en el sistema interamericano, las organizaciones no gubernamentales, los informes de la alta comisionada Michelle Bachelet y de su predecesor, Zeid Ra’ad al Hussein, incluso en este informe de la Misión Internacional se ve que las violaciones venezolanas ocurren porque hay una ruptura institucional, una violación masiva de toda la Constitución. Es un sistema donde no hay jueces, ni magistrados, sino funcionarios públicos que reciben instrucciones. Los fiscales igual. En lugar de servir de freno, de control, de sanción al poder, son simplemente coautores y en muchos casos validadores de las acciones del poder.

Hay que comenzar por muchos lugares, pero el plan más importante que puede tener el Estado venezolano una vez que comience la transición para los próximos 25 años es la construcción de un sistema de justicia independiente, imparcial y efectivo para la protección de los derechos».

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