Liliana Ortega: “Lo que refleja el informe es el dolor de las víctimas”

La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela publicó su primer informe el 16 de septiembre de 2020. Una semana después, lo presentó ante el Consejo de Derechos Humanos. Un grupo de tres especialistas, junto a su equipo técnico, investigó las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014. Seis defensores venezolanos de derechos humanos explican el impacto del documento, qué significa para las víctimas y su relevancia internacional. En esta tercera entrega habla la abogada Liliana Ortega, fundadora de la ONG Cofavic y profesora de Derechos Humanos en la Universidad Católica Andrés Bello. Desde 1989, Cofavic realiza acompañamiento psicojurídico a víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos.

No hay antecedentes en Venezuela de una Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos. Solo se hace en situaciones de extrema gravedad en casos de violaciones de derechos humanos y el mandato proviene del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En Ginebra, el Consejo nombró en diciembre de 2019 a los tres miembros de la Misión: Marta Valiñas, Paul Seils y Francisco Cox. A su vez, ellos tienen un equipo técnico numeroso para llevar a cabo las investigaciones. La Misión es un mecanismo paralelo al mandato específico que tiene la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Es importante decir que no suple las funciones que tienen los tribunales nacionales o internacionales.

Uno de los alcances más importantes que tiene el informe de la Misión de determinación de los hechos es la calificación de crímenes de lesa humanidad, que da un largo aliento a la esperanza de justicia de las víctimas. También reconoce el valor del testimonio que entregan las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en Venezuela. Les otorga un sentido y reivindica su lucha por la búsqueda de justicia y de verdad.

Establece claramente la falta de cumplimiento de obligaciones básicas del Estado venezolano. También representa el inicio de la individualización de posibles responsabilidades en el ámbito del derecho penal internacional y, realizando una valoración más general, pone a la sociedad y a la comunidad internacional en la obligación de continuar acompañando a las víctimas porque los crímenes de lesa humanidad constituyen una afrenta contra todos.

Metodología rigurosa 

La investigación de la Misión sigue criterios estandarizados por Naciones Unidas. La búsqueda de información es muy rigurosa porque apunta hacia la determinación individual de responsabilidad penal internacional. Deben verificar que la información que les aportan es creíble y que se puede sostener. Realizan entrevistas confidenciales, revisan documentos confidenciales y expedientes de casos, y también analizan información que es de dominio público. Por ejemplo, ellos pueden entrevistar al familiar de una víctima y con eso no es suficiente. Podrían pedirle desde el acta de defunción hasta información judicial del caso. También hablan con testigos. Es decir, tienen múltiples fuentes de información. Una fuente privilegiada que no tuvieron en esta caso fue el Estado y tampoco pudieron venir al país. No entran todos los casos que llegan a las manos del grupo de la Misión y de su equipo técnico. Eso es lo que le da solidez a un sistema como Naciones Unidas y al propio sistema interamericano, y es lo que convierte al informe en un insumo muy importante en materia de derechos humanos que puede ser utilizado por distintas instancias.

Cofavic tiene una larga trayectoria en el acompañamiento de familiares de víctimas y sobrevivientes en instancias internacionales. Hemos sido la ONG que más casos ha litigado sobre Venezuela en el ámbito internacional. En ese sentido, para nosotros es importante este informe porque determina una impunidad sistemática, especialmente en los casos de ejecuciones extrajudiciales que se han cometido en el desarrollo de mecanismos de seguridad ciudadana. Estos casos ocurrieron en su mayoría en sectores muy vulnerables. El informe es muy doloroso. Lo que refleja es el gran dolor de un número muy importante de víctimas. 

Insumos para llegar ante la justicia 

El camino que establece hacia la justicia está en las recomendaciones finales. Las más amplias van dirigidas a las instancias venezolanas. Por lo tanto, el camino, tomando en cuenta que siempre el sistema internacional es subsidiario, es que las instancias nacionales se ocupen de estos crímenes y produzcan resultados creíbles y constatables, que sean determinantes y que permitan el cumplimiento de la obligación del Estado de la reparación integral de las víctimas. También tiene recomendaciones para la comunidad internacional de cara a la aplicación de la jurisdicción universal y al examen preliminar que está en la fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Para comprobar que un Estado tiene o no voluntad y capacidad de hacer justicia se hacen exámenes de los expedientes. Revisan la documentación de cada caso y ven cuáles han sido los resultados en las instancias internas. Todos los organismos internacionales son organismos subsidiarios, lo que implica que entran en funcionamiento cuando las instancias nacionales no han dado resultados. Ellos hacen análisis caso por caso, verifican cuál es el estatus actual y cuál ha sido la línea de investigación en las instancias competentes internas y cuáles han sido los resultados en un periodo de tiempo razonable.

Los sistemas internacionales son sistemas complejos, con una rigurosidad técnica muy importante. La fortaleza en la documentación es siempre una clave definitiva de los resultados que se puedan obtener. Creo que el informe de la Misión de determinación de los hechos también apunta a eso. Si la Misión vio posibilidades de establecer crímenes de lesa humanidad en algunos casos fue porque estos contaban con fuerza documental, que además determinó que había una violación sistemática de los derechos humanos y tenía los elementos jurídicos de derecho penal internacional que nos ayudan a saber si estamos o no frente a un crimen de lesa humanidad.

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