Alí Daniels: “Me sorprende que se hable de los derechos humanos como si se tratara de la gasolina”

Los elementos que conforman una emergencia humanitaria compleja siguen presentes —casi todos— en Venezuela. “Utilizar la emergencia como un elemento de control político y de control social e impedir que la ayuda llegue al país es, en mi opinión, un crimen de lesa humanidad”. Es el criterio de Alí Daniels*, director de la ONG Acceso a la Justicia.

Daniels, abogado y profesor de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos en la UCAB y la UNIMET, sostiene su opinión en lo que establece el literal K del art. 7 del estatuto de Roma, que habla “de otros actos inhumanos de carácter criminal que causen intencionalmente grandes sufrimientos”. Hemos puesto el foco en “las torturas, en las ejecuciones extrajudiciales, en las detenciones arbitrarias, pero sin duda, lo más masivo que hay en Venezuela son las violaciones a los derechos sociales y económicos, que le impide a los venezolanos tener una vida compatible con la existencia, los pacientes de cáncer, de enfermedades crónicas, la gente que muere por desnutrición. Ésas son las mayores víctimas de los crímenes que se cometen en Venezuela, pero lamentablemente no ha habido, a nivel internacional, una condena por violación masiva de derechos económicos y sociales”.

Las ONG ya enfrentaban una situación muy difícil, pero todo indica que seguirá agravándose debido a las acciones que recientemente ha tomado el Gobierno que preside Nicolás Maduro. ¿Cuál es su apreciación?

Para nosotros, el escenario actual es de arrase. Una vez que el Gobierno (en agosto de este año) acabó con los partidos políticos, ilegalizando a los más importantes, quedaba claro que a nivel de disidencia lo que quedaba eran las ONG. Si tomamos en cuenta cuáles han sido las acciones que, durante este año, han deteriorado significativamente la imagen internacional del Gobierno, han sido dos. El Informe de Determinación de Hechos de Naciones Unidas y, más recientemente, la declaración de la fiscal de la Corte Penal de La Haya, en la que ratifica que hay serios indicios para creer lo que se afirma en el informe. Esto es que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. En ambas situaciones, son las ONG de la sociedad civil las que han llevado el caso ante la Corte o han puesto en contacto a las víctimas con la misión de la ONU. El escenario se ha vuelto confrontacional. Nosotros tenemos miedo de que aquí suceda lo que ya ocurrió en Nicaragua, donde el Gobierno ilegalizó a las ONG, negándoles la personalidad jurídica, y eso se hizo después de ilegalizar al segundo partido político más importante de la oposición. Además, los bienes de las ONG pasaron a manos del Gobierno. Es decir, hubo una confiscación. Aquí se podría repetir el guión nicaragüense. Ya se hizo con los partidos políticos.

¿Cuáles son los derechos políticos y sociales que se están restringiendo a raíz de lo que está ocurriendo con las ONG?

El más afectado al día de hoy es el derecho a la asociación. Y pongo un ejemplo, si Provea quiere hacer un cambio en su junta directiva y llevarlo al registro para que otras personas firmen en las cuentas bancarias, allí se lo van a negar. A partir de 2017, la constitución de nuevas ONG, el registro de nuevas juntas directivas o la modificación de estatus sociales están completamente paralizadas. Se trata de una persecución un poco sofisticada, pero que, al final, está rindiendo sus frutos. Si la persona que maneja las cuentas bancarias, por ejemplo, falleció o se fue del país, no hay manera de que otra persona pueda manejar esas cuentas. Si la razón social de una ONG era la defensa de los derechos humanos, la mandaban a un registro en Los Chorros, ahora eso se acabó. Simplemente no existe ese tema. Es una forma de impedir el trabajo de estas organizaciones. En segundo lugar, se afecta el derecho a la libertad de expresión cuando en el programa Con el mazo dando se estigmatiza y se criminaliza cualquier denuncia que haga una ONG. Los casos más relevantes han sido Provea, Cofavic y, por supuesto, Foro Penal. Si a uno de sus voceros, cada vez que habla, se le señala como traidor a la patria, obviamente, estamos ante una violación a la libertad de expresión, entre otras cosas, porque lo están coaccionando para que no diga esa información.

¿Ése no es el guion que le aplicaron a las universidades autónomas? Y lo digo porque al impedir que se realicen elecciones para renovar autoridades, cualquier integrante del cuerpo rector que fallezca o se vaya del país es sustituido por una persona designada por Consejo Nacional de Universidades. Valga decir, por el Gobierno.

Así es. También se está violentando, por debajo de la mesa, el derecho a ejercer la actividad económica de mi preferencia y el derecho al desarrollo de mi propia personalidad. Si yo quiero ser defensor de derechos humanos, ¿por qué me lo vas a impedir? Sí yo quiero llevar adelante un programa de alimentación para niños mediante donaciones, ¿por qué me lo vas a impedir? Eso no es ilegal.

Varias ONG han sido objeto de «visitas policiales». En otros casos, son sus directivos los que han denunciado hostigamiento por parte de organismos de seguridad. ¿Qué es lo que se está configurando con todo esto? 

El tema de las ONG dedicadas a la ayuda humanitaria es el típico caso de alguien que ocasiona un daño y después utiliza la misma situación que ocasionó a su favor, en este caso, el quiebre, el saqueo del país que originó la emergencia humanitaria que estamos viviendo y que ahora se utiliza para controlar a la población y aplicar mecanismos de control social. Las ONG que llevan adelante programas de asistencia en materia de salud o alimentación no podrían hacerlo sin ayuda exterior. Caritas Alemania, por poner un ejemplo, tiene el perfecto derecho de enviar a Venezuela un aporte de 500.000 dólares y decir que ese dinero sólo puede ser utilizado para comprar alimentos para los niños de Petare. Eso no es un delito ni es algo ilegal ni es algo contrario a ninguna norma jurídica. Pero en la medida en que el Gobierno toma nota del éxito de esos programas, ellos están claros de que lo mejor sería que los manejaran ellos directamente. Allí hay un elemento importante. Asumir que la ayuda humanitaria sólo la puede dar el Gobierno. Entonces, no solamente es un tema de control, sino de quién maneja los recursos. En ese sentido hay que aclarar que la asistencia y la ayuda humanitaria son un derecho y un deber de las ONG y que el Gobierno no tiene por qué interferir.

¿No es curioso que el Gobierno pida rendición de cuentas cuando el presupuesto nacional ni siquiera pasa por el parlamento? Aquí nadie sabe cuánto se invierte en salud, en defensa o en educación.  

Yo estoy seguro de que ninguna organización se va a negar a dar información de los programas que ejerce. Justamente, como son donaciones, están sometidas a muchos controles. Esto no es «toma el dinero y después me cuentas». Esto tiene unos controles muy rigurosos. El hecho de que el Gobierno esté tomando como objetivo a las organizaciones de temas humanitarios, lo que pone en evidencia no es tanto que al Gobierno le preocupe la emergencia que estamos viviendo sino que estas organizaciones manejan un flujo de recursos, un flujo de dinero que, en su criterio, deberían manejar ellos. Pero no es el caso. Yo creo que si a Caritas Alemania —para continuar con el ejemplo— le dicen que ahora el dinero que va a donar no es para una ONG sino para el Gobierno, va a decir no. «Yo decido quién utiliza mi dinero», entre otras cosas, porque existe una gran sospecha de que esos recursos van a ir a la corrupción y no para que llegue a quienes tienen que llegar.

Los programas sociales del Gobierno —y particularmente el CLAP— no son para todo el mundo, no se trata de un programa universal. Hay estrechos vínculos con organizaciones electorales del chavismo y con las comunas. Entonces, sí es un problema de control.  

Adicionalmente, pero con este Gobierno yo he aprendido que de lo primero que hay que hablar es del dinero, ¿no? Y el control, por supuesto, sigue siendo una prioridad. Pero el tema de los recursos no es ajeno a esta situación. Claro, al Gobierno le interesa controlar el tema de la emergencia humanitaria, porque afecta su imagen. Así ellos pueden decir cuál es la emergencia que enfrenta el país y de qué tipo. Que en estos momento alguien diga que en Petare tenemos tantos niños con desnutrición aguda a ellos no les interesa. Obviamente, al tema económico hay que adicionar el tema del control. Y eso queda en evidencia cuando el señor Diosdado Cabello dice que «quien no vaya a votar no come».  En esos programas (de las ONG), además, se maneja información sensible que al Gobierno no le interesa que trascienda internacionalmente. Los números que maneja Susana Raffalli sobre desnutrición infantil, por ejemplo, ponen en evidencia que los programas de asistencia alimentaria del Gobierno no tienen la eficacia que ellos señalan.

Los venezolanos no tenemos acceso a la información pública y tenemos que acudir a los registros que procesan y sistematizan organizaciones de la sociedad civil, para tener una idea de lo que ocurre. No voy a demeritar el esfuerzo que hacen esas organizaciones, todo lo contrario. Pero el hecho es que no tienen los recursos ni la infraestructura para cubrir todo el territorio nacional. Entonces, ¿nos vamos a quedar sin la única referencia que tenemos? Aquí hay un problema porque vivimos en medio de un apagón informativo. ¿Qué comentario tiene alrededor de este planteamiento? 

Justamente, de eso se trata el Informe de Determinación de Hechos de la ONU y el informe que elaboró la señora Bachelet. Esa información salió a la luz pública gracias a las ONG. Y en el caso humanitario, tenemos la encuesta Encovi que hacen las principales universidades del país. Ahí está la información que el Gobierno no quiere que se sepa. ¿Cuánto es el número de personas pobres en Venezuela? ¿Cuánto es el número de personas que no tienen cubierto los requerimientos mínimos para sobrevivir? Ese esfuerzo de la sociedad civil no le conviene al Gobierno, entre otras cosas, porque los números no están mejorando sino empeorando. El hecho de que haya una organización (Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos) que cuenta el número de apagones que hay, el número de personas que no tienen agua corriente o que no tienen gas doméstico, obviamente, al Gobierno no le interesa.

Alí Daniels retratado por Karina Aguirrezabal | RMTF

¿Por qué los partidos políticos no se ocupan de estos asuntos?

Lo ven como algo ajeno o tienen a uno o dos voceros que se ocupan de esos temas. No es un tema que ellos hayan trasversalizado. Y eso es parte del problema.

Los derechos humanos son universales y los partidos políticos no sólo deberían tener injerencia sino una actitud más proactiva, más diligente, con relación a estos temas.

Si vemos, por ejemplo, el caso de Chile —bajo el Gobierno de Pinochet— fueron los partidos políticos los que tomaron la bandera de los derechos humanos y la utilizaron para luchar contra la dictadura. En ese sentido, a mí me sorprende que el tema de los derechos humanos sea como hablar de la gasolina o de la inflación. Es decir, como un tema muy acotado del cual sólo hablan dos o tres voceros de los partidos políticos. Ellos, que son objetos de persecución, que son encarcelados, ven los derechos humanos como un tema para especialistas, cuando en realidad es un tema trasversal a la actividad que hacen. Entonces, tenemos el reto de hacerles entender que los derechos humanos deberían ser parte de su quehacer político. Y no lo que están haciendo. Tristemente es la realidad.

Las fuerzas de seguridad del Estado son responsables del 20 por ciento de los homicidios que se cometen en Venezuela. Esa acción, violatoria del más elemental de los derechos humanos —que es el derecho a la vida— se concentra en jóvenes pobres de los barrios. Pero también en los sectores populares llega el CLAP, llega el bono. Es la típica política del garrote y la zanahoria. Y lo curioso es que allí tampoco llega la política. 

Efectivamente, en los barrios de las grandes ciudades de Venezuela existe una idea de tejido social, de construcción vecinal y de liderazgo social. Pero esos liderazgos no tienen ni la capacitación ni el alcance que podrían tener, precisamente, porque no tienen apoyos institucionales. Existen ONG que trabajan con esa idea, con ese tejido social, pero no cubre todo el país. ¿Qué ha hecho la organización vecinal? Y esto hay que verlo de forma positiva. Ha utilizado las estructuras sociales que ha creado el Gobierno —particularmente las comunas— para que sirvan de medios de representación para canalizar las demandas y las aspiraciones de la gente. Entonces, el Gobierno se ha negado a ejecutar el modelo de Estado comunal, porque se dio cuenta de que esas organizaciones estaban siendo utilizadas por las propias comunidades para velar por sus intereses y tratar de resolver sus problemas. En ese sentido es una paradoja que el Estado comunal no se haya podido ejecutar, entre otras cosas, porque las comunidades han asumido su propia representación y eso se ha hecho sin ningún tipo de liderazgo particular que lo haya dirigido. Han sido las comunidades las que han entendido que tienen que utilizar cualquier medio —en este caso las comunas— para decir: «Mire, aquí no hay agua, aquí no hay luz» y eso es la parte positiva. Pero de cualquier manera ha sido infravalorada, infrautilizada porque, efectivamente, los medios de solución los tiene el Gobierno. Y, lamentablemente, también los utiliza como elementos de control social.

El ingreso de los venezolanos ha sido pulverizado por la hiperinflación y han sido organizaciones como Acción Solidaria, Cáritas y la Cruz Roja las que han suministrado medicamentos que de otra forma no llegarían a pacientes con enfermedades de base o crónicas. También está el caso de Alimenta la Solidaridad que sirve 25.000 almuerzos a niños venezolanos. Lo preocupante es que sean, precisamente, Acción Solidaria y Alimenta la Solidaridad las ONG las que sean objeto de acoso policial. ¿Cómo se entendería la política del Gobierno frente a la emergencia humanitaria compleja que estamos viviendo?

La posición del Gobierno ha sido negar que en Venezuela hay una emergencia humanitaria compleja. Lo que han dicho es que se necesita ayuda humanitaria, pero no dicen por qué. Por eso fue tan importante el papel que jugó la Cruz Roja Internacional, que sirvió de mediador para que el Gobierno finalmente aceptara que tenía que abrir canales para que llegara la ayuda humanitaria. El tema es algo disociado, porque se acepta la ayuda humanitaria, pero nunca se hace referencia al hecho de que estamos en medio de una emergencia humanitaria compleja. Y por otro lado, están las organizaciones que utilizan los medios a su alcance, como es una modalidad de ticket de alimentación para los habitantes de Petare. El Gobierno, en vez de facilitar las cosas para que la ayuda llegue, lo que ha hecho es criminalizarla.

¿Cuál es la figura legal que sustenta ese señalamiento?

La legitimización de capitales, digamos, es el cargo que se le imputa a esas organizaciones. Y sobre eso quiero decir lo siguiente: la legitimación de capitales supone dos cosas muy importantes. Primero, que usted tiene un dinero mal habido; que usted es un narcotraficante, un corrupto y quiere lavar ese dinero, lo quiere legitimar. Y para ello utiliza una serie de operaciones legales para dar la apariencia de que ese dinero fue obtenido legalmente. En este caso, el dinero no es ilegal porque, insisto, son donaciones de instituciones internacionales en la mayoría de los casos y excepcionalmente de personas naturales. ¿Por qué razón tendría una ONG que legitimar un dinero que no tiene origen ilegal? Y luego, ese dinero —sometido a controles y auditado— se gasta en medicamentos y alimentos u otros beneficios que las personas necesitan. Segundo, el dinero no regresa a manos de quien lo utiliza, sino que termina en la ayuda que necesitan los beneficiarios. Entonces, no se da ninguno de los dos supuestos de la legitimación de capitales. Y, sin embargo, ésa es la imputación que el Gobierno está haciendo. Lo que pone en evidencia que no se trata de la persecución de un delito, sino de la persecución de esas organizaciones.