Sobre “Paren de parir”: ¿por qué el control de natalidad vulnera los derechos de las mujeres?

En su última columna para el diario El Tiempo, publicada el miércoles 12 de junio, la periodista colombiana Claudia Palacios pidió a las migrantes venezolanas que “paren de parir”. Palacios escribió:

“Queridos venezolanos, acá no es como en su país, y qué bueno que no lo es, pues a punta de subsidios el socialismo del siglo XXI convirtió en paupérrimo al más rico país de la región. Así que la mejor manera de ser bien recibidos es tener conciencia de que, a pesar de los problemas internos, Colombia se las ha arreglado como ningún país para recibirlos, pero si ustedes se siguen reproduciendo como lo están haciendo, sería aún más difícil verlos como oportunidad para el desarrollo que como problema”.

En el mismo artículo, también sugirió que el gobierno colombiano “debe hacer del control de la natalidad en venezolanos una prioridad de su estrategia migratoria”.

Al día siguiente, la etiqueta #BienvenidasVenezolanas pasó en una hora del puesto 29 al segundo lugar de los trending topic de Twitter en Colombia. El Movimiento Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva de ese país tuiteó que estaba “en total desacuerdo” con la columna de Palacios. Incluso, lamentaron “haber facilitado la investigación para su libro sobre empoderamiento femenino” y retiraron su apoyo. Daniel Samper Ospina, columnista de la revista colombiana Semana, dijo que el texto promovía la xenofobia. Palacios respondió que usó cifras oficiales para mostrar “la necesidad de garantizar acceso a planificación familiar para migrantes”, y agregó en otro tuit que “lo elemental y deseable es que cualquier persona que quiera tener hijos, primero tenga su propia subsistencia resuelta”.

Pero hablar de control de natalidad no es hablar de planificación familiar. De hecho, el concepto de control de natalidad está obsoleto porque implica la imposición de políticas públicas por encima del derecho de cada individuo a tener hijos y formar una familia, según Luisa Kislinger, internacionalista y directora de la ONG Mujeres en Línea. “Nadie habla del control de la natalidad hoy en día. Esta terminología fue superada en el momento en que se comprendió que era un tema de derechos humanos, porque las personas deben estar empoderadas para poder tomar decisiones libres con respecto a sus cuerpos y a su reproducción ”.  

El punto de partida fue la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo, realizada en 1994. En esta Conferencia se acordó que “asegurar la habilidad de las mujeres de controlar su propia fertilidad” es una de las “piedras angulares de las políticas de población y desarrollo”. Más de 180 Estados participaron en las negociaciones para diseñar el Programa de Acción, que “se concentra en responder a las necesidades de los individuos ―en el marco de las normas de derechos humanos universalmente reconocidas―, en lugar de lograr sólo metas demográficas”.

Con el cambio de perspectiva se comenzó a utilizar una nueva terminología: la autonomía reproductiva de las personas. “Este es el derecho de mujeres y hombres a decidir cuántos hijos tener y en qué momentos tenerlos, y también el derecho a contar con todos los insumos, información, asistencia y servicios para poder ejercerla”, explicó Kislinger. Aclaró que aunque el Programa de Acción de El Cairo no es un acuerdo, y por lo tanto no es de obligatoria observancia para los Estados, el documento es un referente en materia de autonomía y derechos reproductivos porque “las conferencias se convierten en estándares y son fuente de derecho internacional con la que los Estados se pueden guiar”.  

Magdymar León, psicóloga y coordinadora ejecutiva de Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), explicó la diferencia entre garantizar los derechos reproductivos e imponer controles de natalidad:

“El Estado debe garantizar a la población los servicios, la educación y los métodos para que las personas puedan tomar decisiones libres y responsables en torno a su sexualidad. El control de natalidad se refiere a imponer límites coercitivos que indican hasta dónde puedes llegar o cómo deberías reproducirte, como en China, donde se regula el número de hijos por familia. O como ocurrió en Perú, con el caso de las esterilizaciones masivas durante el gobierno de Fujimori”.

El caso de Perú es un ejemplo extremo de cómo, usando el control de natalidad, el Estado se impuso sobre los derechos reproductivos de las mujeres. En 1995, en la Cuarta Conferencia sobre la Mujer en Pekín, el presidente peruano Alberto Fujimori presentó el programa de anticoncepción quirúrgica voluntaria. En la práctica, fue un plan de esterilización forzada aplicado principalmente a mujeres indígenas, pobres y que habitaban lugares remotos. Para justificarlo usó la frase “las mujeres peruanas deben ser dueñas de su destino”.

Palacios dijo en su columna:

“Cada vez que veo un venezolano en las calles pidiendo dinero con un bebé en sus brazos, me pregunto por qué las personas con el futuro absolutamente incierto, con un presente de mera supervivencia, traen hijos al mundo a padecer peor que sus padres, pues los niños quedan más expuestos a sufrir secuelas para siempre si aguantan hambre, frío, calor, discriminación, etc.”

León aprovechó el ejemplo del caso peruano para señalar que “no puedes decirle a una mujer que como tiene cinco hijos no puede tener más, o que no puede ser madre porque es pobre. Es lo mismo para las mujeres migrantes”. El embarazo de las migrantes venezolanas no puede tratarse como una “irresponsabilidad individual porque detrás hay un problema de vulneración de derechos. Es cierto que en Venezuela hay mujeres cada vez más jóvenes con varios hijos y embarazadas. Pero detrás de eso, ¿qué hay? No han recibido educación, mucho menos educación sexual. No tienen elementos para tomar decisiones informadas. Hay dificultades para acceder a los anticonceptivos, con un 80 por ciento a 90 por ciento de escasez, y tenemos ausencia de servicios”.

Colombia es el primer receptor de migrantes venezolanos. Acoge alrededor de 1,3 millones, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), seguido por Perú, con 768.000; Chile (288.000) y Ecuador (263.000). Según Migración Colombia, entre abril y junio de 2018, se registró la entrada de 8.209 mujeres venezolanas embarazadas, 6.304 (76.7%) de ellas sin control prenatal.

El informe Migración desde Venezuela a Colombia, del Banco Mundial, advierte que “la atención a la población migrante de Venezuela ha generado una presión sobre las ya precarias finanzas de varios de los hospitales públicos, particularmente en aquellas ciudades con mayor flujo migratorio”. En mayo, el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, reclamó más recursos para atender la crisis migratoria venezolana porque solo han recibido 21% de los fondos a los que se comprometieron los organismos internacionales. Afirmó que las mujeres embarazadas que atiende el sistema de salud son más del 20% del total de los pacientes atendidos.

Son muchas las embarazadas que cruzan la frontera colombo-venezolana y los recursos se agotan, pero decirles “paren de parir” o sugerir controles de natalidad son planteamientos que «culpabilizan a las mujeres y coartan sus derechos humanos”, advirtió León. “Los derechos humanos no están condicionados por la nacionalidad. Trasladarse a otro territorio no las hace personas de segunda categoría. No existen personas de primera ni de segunda categoría”.   

“El conflicto venezolano dejó de ser solo venezolano cuando las personas comenzaron a cruzar la frontera”, señaló Kislinger. Para mejorar las condiciones de las migrantes, sugirió en primer lugar programas de educación sexual y planificación familiar para impulsar decisiones informadas, recordando que “los hombres también tienen derecho a la autonomía reproductiva” y deben ser incluidos. En paralelo, se les debe garantizar el acceso a métodos anticonceptivos. “No vale de nada decirles cómo pueden protegerse si no tienen los insumos para hacerlo”.

Sin embargo, los programas de atención no deben dirigirse únicamente a la prevención, también deben garantizar una maternidad sin riesgos. “No pueden seguir una sola línea. Debe ser una política amplia, integral, que incorpore el acceso a los servicios, incluyendo los servicios de interrupción del embarazo que en Colombia son legales bajo diferentes causales”, dijo la activista. Añadió que el gobierno no solo debe pedir más recursos, también asistencia.

“Hay que recordar que la sexualidad humana no tiene únicamente un fin reproductivo”, dijo León, en defensa de los derechos sexuales. “También se trata de afecto y de placer, y a las migrantes no se les puede quitar el derecho al disfrute sexual”. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que “para que todas las personas alcancen y mantengan una buena salud sexual se deben respetar, proteger y satisfacer sus derechos sexuales”, que a su vez abarcan otros derechos humanos como la igualdad y la no discriminación, la educación, y el derecho a formar una familia.