Sobre la propuesta de dolarización de Francisco Rodríguez

Francisco Rodríguez ha recomendado responder con una dolarización a la actual hiperinflación venezolana. No estoy de acuerdo. Ya he expuesto algunas de mis razones en respuesta a Steve Hanke y Francisco Zallez -publicadas por Prodavinci-, pero,como la propuesta de Francisco Rodríguez es más precisa, entonces puedo ampliar mis comentarios e insistir en torno a la idea que para mí es central: el problema a resolver no es la hiperinflación, sino el desorden fiscal. La hiperinflación ha sido su consecuencia y no su causa. La dolarización, entendida como sustitución de monedas (y, por tanto, eliminación de la moneda nacional), no puede corregir el actual desorden fiscal. Menos aún cuando una de las cargas del gasto público es el pago de una pesada deuda externa. La dolarización podría agravar una situación ya muy difícil al añadir costos transaccionales en una economía desorganizada. La dolarización, además, destruiría un instrumento de política económica que otros países del mundo conservarían y que podrían utilizar a su favor. A continuación, algunos comentarios específicos.

¿ Por qué una historia de fracasos no justifica la dolarización?

Comparto con Francisco una de sus premisas: «La viabilidad de un programa de estabilización esencialmente depende de la credibilidad de la promesa del gobierno de mantener el gasto bajo control». Sin embargo, no creo que baste afirmar que «en un país que no ha visto inflación de un dígito en 34 años (de los cuales 19 estuvieron gobernados por el chavismo), este compromiso es difícil de vender». Tampoco creo que dolarizar resuelva los problemas del control de gastos que, además de la determinación del monto, incluyen los de negociación, asignación, contraloría y financiamiento.

Si se aceptara que 34 años de inflación y 19 de chavismo son pruebas de una condena histórica, no podría esperarse que sus efectos desaparecieran como consecuencia de un cambio de moneda. Luego de dolarizar, seguiría siendo cierto que «la autoridad del Estado para decidir la asignación de recursos escasos en moneda extranjera crea enormes incentivos para la corrupción». Y seguiría siendo imposible que, a pesar de ser Venezuela «un país sujeto a una alta volatilidad en los términos de intercambio», ésta pudiera tener «un fondo de estabilización macroeconómica que permita ahorrar durante períodos de términos de intercambio favorables y gastar esos ahorros en períodos de shocks adversos». Tampoco podría constituirse un fondo de «tamaño razonable», ni lograrse que la administración macroeconómica fuese «la adecuada para tener un buen acceso a los mercados financieros internacionales». Por tanto, tampoco se podría implementar una dolarización confiando en una inmediata redención de los pecados históricos que permitiese encarrilarla «en el contexto de reformas estructurales que lleven a Venezuela de vuelta a una economía de mercado funcional», luego de las cuales estuviesen «dadas las correctas políticas macroeconómicas».

Cambiar de moneda no cambiaría la historia venezolana. Mucho de lo que Francisco apunta como condiciones para una dolarización exitosa fue propuesto sin éxito en el pasado. Por ejemplo, la ley del BCV de 1960 incluyó un Fondo Anticíclico que desapareció de la ley en 1974 para permitir la creación del Fondo de Inversiones de Venezuela. La propuesta, que ya había sido hecha en la década de los 40, no regresó a las leyes del país hasta un cuarto de siglo más tarde. Y, aunque se consagrara un fondo de estabilización en la Constitución de 1999, se constituyera y se recibieran aportes hasta el 2003, éste fue rápidamente vaciado e ignorado por el Ejecutivo desde entonces. Suponiendo que la historia condiciona de modo inexorable, la idea de un fondo de estabilización no podría -tampoco hoy- «venderse» de forma creíble, independientemente de la moneda legal del país. Tampoco una «vuelta a una economía de mercado funcional», ya que podría argumentarse que no hay a dónde regresar teniendo en cuenta los controles de cambio y de precios que hubo en Venezuela entre 1983 y 1988, entre 1994 y 1996 y desde el 2003. El esfuerzo hecho entre 1989 y 1993 por instaurar una economía de mercado (entre varias posibles) no llegó a ser funcional ni logró mantenerse en el tiempo. Hay que tener en cuenta que se reconoció que la definición de «economía de mercado» no se limita a la libertad de precios, por lo cual las leyes de entonces restringieron derechos de propiedad por razones de promoción de la competencia, protección del ambiente, regulaciones laborales, disposiciones tributarias, entre otras.

Parece contradictorio que dolarizar pudiese contribuir a impedir errores y abusos históricos sólo si alcanzar sus objetivos dependiera de que luego no se cometiesen. Es preferible suponer que las lecciones que logren extraerse del pasado puedan ser aprovechadas por esta generación o las siguientes, en lugar de abandonar toda esperanza.

Credibilidad, recesión y política cambiaria

El argumento que me parece central para Francisco es el siguiente: «El beneficio de adoptar un anclaje irreversible en este momento es que detendría en seco la hiperinflación, evitando el alto riesgo de la contracción que podría producirse si el gobierno desea estabilizar la economía y mantener la moneda». El beneficio no se encontraría sólo en parar la hiperinflación, dice Francisco, sino en hacerlo sin contracción.

Esta contracción ocurriría como consecuencia de la  «credibilidad imperfecta [:] si la gente no está segura de que el proceso será exitoso, la primera inclinación de las empresas será continuar subiendo sus precios. Para bajarlos, el Banco Central debería subir las tasas de interés y restringir el crecimiento de la liquidez. En otras palabras, el costo de la credibilidad imperfecta durante un proceso de estabilización es atravesar una recesión que podría llegar a ser profunda».

Aunque pudiera compartirse la preocupación sobre el riesgo descrito, no queda claro cómo la dolarización lo contrarrestaría. Suponiendo una dolarización súbita y sin costos transaccionales, el déficit fiscal actual y las dificultades para la gobernabilidad de una estabilización se mantendrían. Cerrar de inmediato una brecha que el gobierno reconoció del 17% del PIB en 2016 para el sector público le obligaría a incrementar ingresos y recortar gastos súbitamente. Dolarizar sin considerar primero cómo hacer los ajustes dejaría al gobierno con el mismo problema y un instrumento de política menos para resolverlo. Y si la solución del problema fiscal se diseñara y pusiera en marcha antes de dolarizar, ¿para qué dolarizar?

Por otra parte, la dolarización podría provocar también un incremento de tasas de interés, añadiendo a los temores de Francisco el de una mayor vulnerabilidad del sistema bancario. Ya no sería el BCV quien eleve las tasas, sino los mismos bancos. Obligados a facilitar transferencias inmediatas de fondos o compras por medio de tarjetas de crédito en cualquier país del mundo, los bancos venezolanos tendrían que compensar los riesgos políticos del país para evitar que sus clientes migrasen a otros bancos. Mayores tasas incrementarían la morosidad de quienes hoy están sobreendeudados (porque aprovecharon tasas de interés reales negativas) y podría reducir la demanda de créditos. Dolarizar primero y luego ordenar un «corralito» para proteger bancos encogidos por la hiperinflación y las restricciones patrimoniales tendría efectos indeseables sobre la credibilidad. En consecuencia, la dolarización no sólo no impediría una recesión por encarecimiento del crédito, sino que pondría en riesgo al sistema bancario y estimularía la salida de una porción de las divisas puestas en circulación.

Evitar la recesión por medio de una dolarización no es seguro. No parece obvia una inmediata solicitud de préstamos en bancos de otros países para invertir en Venezuela, ni el uso masivo de fondos propios. La credibilidad de «la gente», que no sólo influye sobre decisiones de precios de las empresas, puede perderse rápidamente ante una dolarización frustrante. Sin embargo, tal como afirma Francisco, «es cierto que Venezuela pagaría costos a largo plazo al sacrificar su capacidad de determinar su propio tipo de cambio y política monetaria». Este sería «un importante costo», porque perdería «su capacidad de ajustar sus tipos de cambio a los impactos en los términos de intercambio». Esta limitación es perjudicial incluso porque deja indefensa a la economía ante deliberadas políticas de empobrecimiento del vecino, como las que China a pesar de las quejas de Estados Unidos. Perder permanentemente, y con certeza, «una herramienta de política» sin haber corregido desequilibrios fiscales ni evitado una recesión en el corto plazo, no parece una buena idea.

Reservas y otros dólares

Francisco sugiere que «con sólo $3 mil millones – un tercio de las reservas internacionales depositadas actualmente en el Banco Central – Venezuela podría cambiar la totalidad de los depósitos y dinero circulante en la economía por dólares a un tipo de cambio de 68 mil bolívares por dólar, muy por debajo de la tasa no oficial de 237 mil bolívares», lo que supondría «cambiar los bolívares de la población por casi cuatro veces la cantidad de dólares que se podrían comprar con esos mismos bolívares en el mercado negro». Según su cálculo, a la tasa no oficial, con los bolívares disponibles «la población» podría adquirir cerca de 860 millones de dólares en el mercado negro. Tengo algunas objeciones sobre este punto.

1. ¿Hay 860 millones de dólares disponibles en el mercado paralelo?

Gracias a Prodavinci, he publicado mis dudas sobre la naturaleza del mercado paralelo y sus marcadores. Una de ellas se refiere a la procedencia y magnitud de la oferta y demanda de divisas a cambio de bolívares en Venezuela. Entre 2010 y 2013, se aceptaba como marcador del paralelo el resultado de dividir la liquidez monetaria entre las reservas internacionales. Sin embargo, las reservas no eran la oferta de divisas en el mercado paralelo. No podían serlo por definición, porque eran justamente la cantidad de dólares que el BCV no había vendido y conservaba bajo su responsabilidad. Entre 2013 y 2016, se utilizó el dólar Cúcuta. En este caso, la oferta de dólares utilizada para cálculos indirectos era la de Colombia, con la cual se determinaba el precio del dólar en pesos. No era la oferta de dólares en Venezuela. A partir de 2016, luego de la aparición del curioso dólar Instagram, las referencias para su cálculo se hicieron aún más opacas. No es pública la información sobre la oferta de dólares en el paralelo, ni tampoco sobre las nuevas reglas de determinación aceptadas para calcular su marcador. La descripción de las mesas de dinero hecha para Prodavinci por Asdrúbal Oliveros y Jean-Paul Leidenz comienza advirtiendo que «la mayoría de estos esquemas son poco conocidos, pues utilizan herramientas sofisticadas de ingeniería financiera y son bastante selectivos con los clientes que operan», lo que supone una importante posición de dominio de un grupo de intermediarios relativamente pequeño y anónimo, a quienes puede favorecer la asimetría de la información en la determinación de márgenes de precios de compra y venta de divisas.

Por esta razón, me pregunto si todos los que quisieran comprar dólares podrían conseguir a alguien que se los vendiese al marcador del paralelo utilizado por Francisco. Y, un detalle que no es menor, si todos los que desean bolívares a cambio de dólares, también pueden hacer sus transacciones al marcador del paralelo. Porque, si no es el caso, el marcador no es un precio de mercado, sino una referencia para transacciones bilaterales. Y no es lo mismo. Como no es lo mismo el precio para un precio-aceptante que el precio de equilibrio en un sistema de mercado, ni es lo mismo equilibrio competitivo que equilibrio de Nash, ni se definen igual racionalidad y oportunismo. En cualquier caso, sea marcador o precio, lo sería tanto para el dólar como para el bolívar. Porque no puede ser cierto que el bolívar no vale nada si alguien está dispuesto a comprar bolívares con sus dólares.

También me pregunto por la diferencia entre la velocidad de circulación de bolívares y la velocidad de circulación de dólares en Venezuela. La primera debe ser mayor que la segunda y es relevante tenerlo en cuenta. El bolívar conserva sus funciones de unidad de cuenta y medio de cambio, aunque el sistema de precios esté severamente distorsionado y comience una deriva hiperinflacionaria. Precisamente, por conservar su función de medio de cambio, su velocidad de circulación se acelera. No porque nadie quiera bolívares, porque, de ser el caso, nadie los recibiría y su velocidad de circulación sería nula, sino porque todos los que quieren bolívares los necesitan para convertirlos en bienes o servicios, antes de que suban de precio.

Los bolívares siguen siendo medios de cambio. Los dólares pueden comenzar a serlo para compras costosas entre clientes y proveedores con niveles de ingresos o ahorro relativamente altos, pero es posible que su velocidad de circulación sea menor. Para quienes hoy los atesoran, por ser reserva de valor, su velocidad de circulación es nula. Cuando son vendidos al paralelo, es justamente porque sus tenedores necesitan bolívares. Por eso mismo, si hubiera 860 millones de dólares disponibles en el paralelo, sería porque, contra la idea de que el bolívar no vale nada, hay quienes necesitarían comprar bolívares a la tasa del marcador.

La inexistencia de un sistema cambiario transparente, con participación documentada del sistema bancario y de casas de cambio (además de la del Banco Central), no permite saber cuál es la oferta de divisas disponibles en Venezuela para hacer transacciones a cambio de bolívares, ni ofrece mecanismos de intercambio formales al alcance de todos los interesados en hacerlas. Por esta razón, es difícil sostener que haya 860 millones de dólares inmediatamente disponibles en el paralelo comparables con los 3.000 millones de reservas a los que Francisco se refiere. Pueden ser más o menos y además su monto puede variar significativamente si cambian los incentivos para atesorar, importar o emigrar.

El origen y ubicación de la oferta de dólares a cambio de bolívares en el mercado paralelo es relevante. Una parte debe estar en efectivo dentro del país y otra en cuentas en el exterior. Al caer las exportaciones de petróleo en 2012, también lo hizo la asignación directa de divisas para importaciones, viajes o compras de internet a través de CADIVI. Es posible que una parte de los dólares vendidos hoy en el paralelo sean, en buena medida, una fracción (cada día menor) de los mismos acumulados hasta 2012, reciclados dentro de una economía cada día más aislada de sus socios comerciales. Es difícil estimar cuánto del monto transferido como remesas a familiares es nuevo. Y, puesto que no sabemos cuál es la oferta de divisas en el paralelo, tampoco sabemos si los vendedores de dólares en mercados informales influyen con sus decisiones sobre el marcador o sólo aceptan seguirlo, sin tener en cuenta su existencia. Sin embargo, no contribuiría a aumentar la oferta de dólares circulando dentro Venezuela (una dolarización de hecho) si son convertidos a bolívares y depositados en cuentas venezolanas.

2. ¿Por qué 3.000 millones de dólares?

En sentido estricto, los dólares de las reservas son activos del Banco Central y la liquidez monetaria un pasivo del sistema bancario completo que incluye más que los pasivos monetarios del Banco Central. Ajustar los estados financieros de todos estos organismos no es una tarea menor, pero no me detendré en ella. Me interesa más comentar la sugerencia de tomar una fracción de las reservas para dolarizar, sin considerar el total de activos en moneda extranjera que declara el Banco Central (que desaparecería como ente emisor luego de una dolarización) ni la posición de inversión internacional del sector público.

Para el 30 de noviembre de 2017, el Balance del Banco Central registraba Bs. 452.784 millones como activos de reserva y Bs. 92.650.471 millones como otros activos en divisas. Es decir, los otros activos, expresados en bolívares, representaban el 99,51% del total. De dicho total, el 96,79% correspondió a activos diversos en divisas y el 2,7% a títulos valores públicos en divisas, los cuales representaron 5,5 veces el monto de los activos de reserva. Aunque suele ser un lugar común repetir que las reservas respaldan la moneda nacional, conviene resaltar que por, cada bolívar de activos de reserva, el BCV tenía para noviembre de 2017 Bs. 145,3 de base monetaria.

Esto no siempre fue así. Hasta el 2013, las reservas constituían prácticamente la totalidad de los activos externos del emisor. La situación se invirtió radicalmente en dos años, llegando a una virtual eliminación del peso de las reservas. Por otro lado, puede notarse que la composición de activos y pasivos monetarios del emisor también tuvo una modificación significativa entre 2002 y 2016. Si en el 2002 podían contarse casi 3 bolívares de activos externos (todos en reservas) por cada bolívar de base monetaria, en el 2016 sólo se contaba la mitad de un bolívar en activos externos (casi ninguno en reservas) por cada bolívar de base monetaria.

Comentar las causas y consecuencias de la recomposición de los balances del BCV alargaría en exceso este comentario, pero tenerla presente motiva una pregunta: ¿por qué utilizar sólo los activos de reserva en una propuesta de dolarización que acabaría por disolver al Banco Central, cuando el total de activos en divisas es significativamente superior?

Para no limitarnos a las distorsiones contables que generan las distorsiones cambiarias aceptadas por el BCV, examinemos las notas al Balance del Banco Central  al 30 de junio de 2017. En ellas se informa, por ejemplo, que para entonces el emisor tenía US$ 699,8 millones en disponibilidades de efectivo “depositadas en sus bóvedas y a la vista en instituciones financieras del exterior, calificadas de primera línea”. También cuenta entre sus activos US$ 775 millones en valores públicos en divisas, US$ 5.611 millones por DEG y cuota de subscripción en el FMI y, especialmente, US$ 32.241 millones en activos diversos en divisas. El detalle de esta última cifra se ofrece a continuación:

Determinar cuánto de estos activos es inmediatamente líquido y cuánto pudiera serlo debería ser relevante cuando se pretende sustituir con dólares los pasivos monetarios del Banco Central y del sistema bancario en general. Si con US$ 3.000 millones la tasa de sustitución de monedas sería de Bs. 68.000 por dólar según los cálculos de Francisco, entonces con US$ 6.000 millones, por ejemplo, sería de Bs. 34.000 por dólar y el salario mínimo sería de US$ 24 y no de US$ 12. ¿Por qué sólo dolarizar con un tercio de las reservas internacionales actuales?

Por otro lado, antes de dolarizar, no sólo deberían tenerse en cuenta los activos en divisas del Banco Central, sino también los activos y pasivos externos del país. La posición de inversión internacional, cuyas actualizaciones el emisor dejó de publicar en el tercer trimestre de 2015, registra que los activos externos netos del sector público alcanzaron un máximo en el tercer trimestre de 2008 y cayeron luego hasta  1.000 millones de dólares, tendiendo a anularse al final del período publicado. Entretanto, la posición neta del sector privado se mantuvo creciendo hasta casi alcanzar los 150.000 millones de dólares en el exterior.

Los activos netos del sector privado no estarían disponibles de inmediato luego de una dolarización para inversión, importaciones o pagos de deudas. Tampoco lo estarían en caso de crearse una nueva moneda, aun siendo parte de un conjunto de políticas macroeconómicas coherentes entre sí. Su uso en iniciativas vinculadas con Venezuela dependería de oportunidades de inversión y de consumo dentro del país, en comparación con las de otros países, como ocurre con tenedores de divisas de cualquier parte del mundo. Y ya está visto que disponer de recursos naturales no basta para atraer inversionistas y retener consumidores.

Con los activos netos privados, por tanto, no puede contarse de inmediato, sólo con los públicos. Como puede notarse, a partir del 2007, las reservas internacionales dejaron de ser la partida de activos de mayor peso, mientras crecía la de otra inversión. La brecha entre ambas, resultado, entre otras cosas, de las transferencias hechas al FONDEN por el BCV, se incrementó al mismo tiempo que crecieron los pasivos externos públicos por inversión de cartera (IC) y otra inversión (OI).

La acumulación de pasivos ya había hecho negativa la posición pública neta de otra inversión (OI) en el tercer trimestre del 2015. Y la suma de los activos de reserva más los activos netos por inversión directa prácticamente igualó el monto de pasivos netos adquiridos por el sector público en inversión de cartera (IC).

El peso de préstamos, bonos y pagarés entre los pasivos del sector público debe destacarse, puesto que deberán pagarse durante los próximos años. La salida de divisas por esta causa está programada, pero el ingreso de divisas no. Éste dependerá de las exportaciones y de inversiones directas, una vez que deje de recibirse asistencia financiera de organismos y gobiernos que tengan interés en impulsar actividades económicas en Venezuela. Y si la entrada es menor que la salida de divisas, la contracción del circulante dentro de una economía dolarizada se sumaría a las restricciones de importaciones que impone desde hace tiempo el servicio de la deuda.

Es necesario insistir en un punto: desde el 2008, en plena bonanza petrolera, la evidente indisciplina fiscal del gobierno fue convalidada por los prestamistas y bonistas que le ofrecieron crecientes volúmenes de deuda por medio de sus instrumentos en dólares. Fue esa deuda, y no la expansión monetaria para pagar gastos en bolívares, el mecanismo principal de financiamiento de déficits públicos. Hoy, esa expansión, que es una causa de hiperinflación, es la pésima respuesta que da el gobierno a las necesidades de gasto que se ha impuesto, entre ellas el pago de su deuda externa. La abundancia de dólares hizo atractivo prestarle al gobierno de Venezuela, a pesar de sus evidentes debilidades institucionales. Si Venezuela hubiese estado dolarizada entonces, es difícil asegurar que no hubiera ocurrido lo mismo.

3. Efectivo y costos transaccionales

La insuficiencia de efectivo genera graves costos transaccionales. En Venezuela hay ejemplos recientes que evidencian el mal desempeño de las funciones del emisor de la moneda nacional. En Zimbabue hay otros que, después de una dolarización, se sumaron a los perjuicios que ya había causado la hiperinflación. Sustituir monedas es algo más complejo que una reconversión monetaria, en la cual los bancos ajustan sistemas informáticos para eliminar ceros a la moneda nacional y el Banco Central ordena la emisión de billetes y monedas en las denominaciones necesarias, pudiendo establecer un lapso indefinido para el retiro de circulación de las denominaciones anteriores. También es más complejo que crear una nueva moneda nacional. En una sustitución de monedas, el Banco Central debería disponer en efectivo de todas las denominaciones del dólar para cambiar el efectivo de los no bancarizados y suministrar a los bancos suficiente efectivo para responder a la demanda de sus clientes, que pudiera presumirse alta si se desconfía del éxito de la dolarización. Los perjuicios que ha causado el mal manejo del efectivo durante los últimos años por parte del BCV ofrecen un pálido ejemplo de los problemas que generaría dolarizar sin contar con suficientes dólares en efectivo.

Por otro lado, suele afirmarse que al suprimir los costos transaccionales que impone el control de cambio, la dolarización acabaría con un campo fértil para la corrupción. Como indica Francisco, tener «su propia moneda» ha permitido «a los grupos de interés capturar rentas muy significativas de la administración del sistema cambiario, acumulando grandes excedentes privados en divisas a costa de déficits públicos crónicos y una inestabilidad macroeconómica generalizada». Sin embargo, eliminar el bolívar no disolvería los grupos de interés, sino que sólo eliminaría un mecanismo de enriquecimiento sin afectar inicialmente la distribución del poder. Los grupos de interés podrían conseguir nuevos mecanismos de enriquecimiento, legal o ilegal, luego de una dolarización.

Salarios en dólares y otros espejismos

Para Francisco, «no hay muchas dudas de lo que responderían los venezolanos si se les preguntase si prefieren mantener su moneda actual o en cambio prefieren ser remunerados y mantener sus ahorros en dólares». Sin embargo, conviene apuntar que el marco en el que se hace una pregunta podría condicionar las respuestas, como sugieren George A. Quattrone y Amos Tversky en su «Contrasting Rational and Psychological Analyses of Political Choice» [The American Political Science Review, Vol. 82, No. 3 (Sep., 1988), pp. 719-736]. Si se pregunta a los mismos venezolanos si están de acuerdo con incrementar sustancialmente el precio de la gasolina, es posible que tampoco haya muchas dudas sobre la respuesta de la mayoría. Quizás, si se les preguntase si aprobarían recibir un ingreso suficientemente alto (independientemente de la moneda) para pagar por todos los bienes y servicios que desean consumir, con tal de aceptar pagar la gasolina a su costo de producción, tampoco habría muchas dudas. Igualmente, si se consulta a los tachirenses sobre su apoyo a un sistema cambiario que permita comprar dólares con bolívares a una tasa de cambio estable y a su alcance, en lugar de dolarizar (o pesificar) la economía. Preguntas que sondean miedos, anhelos o limitaciones cognitivas generalmente tendrán respuestas anticipables. Sin embargo, la expresión de deseos no basta para asegurar su satisfacción, ni su conveniencia, independiente de condicionantes y efectos colaterales.

Con las preferencias por la dolarización, ocurre algo similar. Según Francisco, «el salario mínimo mensual a la tasa del mercado negro equivale actualmente a sólo $3 [y] tomando en cuenta nuestra conversión hipotética de 68 mil bolívares por dólar, éste subiría a $12». Un trabajador podría preferir un salario mínimo cuatro veces mayor al que recibe si cree que los precios de los bienes no se multiplicarán también por cuatro o más. Sin embargo, como advierte Francisco, «este nivel seguiría siendo apenas una fracción del sueldo mínimo promedio latinoamericano de $356» y en un tiempo no especificado y condicionado a reformas que «lleven a Venezuela de vuelta a una economía de mercado funcional, los salarios en dólares aumentarían continuamente hasta converger con los de los países vecinos». Si el salario mínimo en Venezuela fuese 3,4% del salario mínimo promedio de América Latina, que posiblemente ha sido calculado en relación con los precios promedio de alguna canasta básica alimentaria, la dolarización no necesariamente mejoraría el poder de compra de los votantes.  Hoy no todos los precios están indexados al paralelo. Si luego de dolarizar, los precios igualan súbitamente los de otros países de la región, la situación de algunos entusiastas dolarizadores sería de inmediato peor. Dolarizar crearía una esperanza primero y luego una frustración.

No es lo mismo indexación y sustitución de monedas. Que los precios en bolívares  de algunos bienes o servicios se indexen siguiendo el marcador del paralelo no significa que estas transacciones se hagan en dólares. Por ello, tomar como referencia un salario mínimo de $3 al paralelo puede ser algo confuso. La confusión se agrava al utilizar promedios, puesto que no se tienen en cuenta diferencias resultantes de la desigual distribución de los bolívares. Como afirmé previamente, no es cierto que el bolívar no vale nada en Venezuela. El problema es, como siempre, para quien no tiene suficientes bolívares (en efectivo, depósitos o créditos) para pagar lo que quiere comprar a los precios a los que los oferentes quieren vender. Para estas personas o empresas, la posibilidad de importar bienes, el interés en invertir para producir, la capacidad para consumir alimentos y medicinas no serán necesariamente mayores si, en lugar del bolívar, la moneda de curso legal en Venezuela fuese el dólar. Si persisten el desequilibrio fiscal, el ocultamiento de cifras oficiales y alguna forma de gobierno cleptocrático, ninguna moneda bastará para incentivar exportaciones, atraer préstamos y reducir la escasez.

Sachs en Bolivia, desde Venezuela

En el 2012, Sachs publicó una útil comparación de sus recomendaciones al gobierno de Bolivia (entre 1985 y 1986) con las que luego hizo a los gobiernos de Polonia y Rusia al comienzo de sus transiciones postcomunistas. En lugar de proponer una dolarización para frenar la hiperinflación, sugirió dos «fuertes acciones fiscales»: renegociar la deuda externa, incluso oponiéndose al parecer del FMI, e incrementar el precio de la gasolina. El objetivo era reducir el déficit fiscal que entonces el gobierno boliviano cubría con emisión monetaria. A estas recomendaciones sumó la creación de un Fondo Social de Emergencia, que con el apoyo del Banco Mundial financió proyectos de construcción de escuelas, clínicas e infraestructura para aliviar localmente la pobreza de las comunidades afectadas por los shocks macroeconómicos. Esto se hizo al mismo tiempo que se aprobaron impuestos a los grandes terratenientes que antes no habían pagado y que el gobierno estaba decidido a obligarles a pagar antes de la llegada de Sachs.

Una vez contemplado el ejemplo ecuatoriano, sugiero que continuemos con el boliviano durante la hiperinflación de 1985. Sachs se sintió obligado a reiterar en el 2012 que frenar la hiperinflación no era suficiente para alcanzar un desarrollo económico de largo aliento. Sin embargo, detenerla, corregir desequilibrios fiscales para impedir su regreso y contrarrestar sus peores efectos redistributivos eran los primeros pasos indispensables para dar viabilidad a cualquier intento posterior. Una dolarización no hizo falta para eso. Tampoco hace falta en Venezuela.

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Ronald Balza es Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello