¿Qué se dijo sobre Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU?

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas comenzó el 14 de septiembre el tercer periodo de sesiones ordinarias de este año 2020. Como parte de la agenda, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, presentó una actualización oral sobre la situación de los derechos esenciales en Venezuela el viernes 25 de septiembre de 2020.

La Oficina del Alto Comisionado monitorea las violaciones a los derechos humanos en el país desde 2014. En 2019, Bachelet visitó Venezuela por tres días y desde entonces puede tener personal de su Oficina en el terreno, lo que no significa que este brazo del sistema de las Naciones Unidas tiene una presencia oficial en el país.

La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela también presentó esta semana las conclusiones de su informe, el miércoles 23 de septiembre de 2020. Por mandato del Consejo de Derechos Humanos, la Misión debía investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014 en Venezuela. En diciembre de 2019, el Consejo designó a los abogados Marta Valiñas, Paul Seils, y Francisco Cox como miembros de la Misión de determinación de los hechos. Valiñas fue designada como presidenta. Es experta en derechos humanos y en justicia penal internacional y, más específicamente, en delitos sexuales y de género.

La Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU y la Misión de determinación de los hechos trabajan de forma independiente. “La Misión investiga la sistematicidad de las violaciones y comienza a identificar quiénes pueden ser los entes y las personas responsables. Esta es la diferencia principal con el mandato de la Oficina de la Alta Comisionada”, explica Feliciano Reyna, fundador de la Asociación Civil Acción Solidaria en Venezuela, CIVILIS Derechos Humanos y Codevida.

¿Qué dijo Michelle Bachelet sobre la situación de Venezuela?

1. Sobre los derechos humanos en pandemia

La alta comisionada señaló que «la pandemia se ha sumado a otras emergencias pre-existentes, como la alimentaria». Citó las últimas cifras de Cáritas, que revelan que la tasa de desnutrición aguda infantil alcanzó el 15% en julio de 2020. «También reportó que un mayor número de familias acuden a estrategias de sobrevivencia, incluso dejar de comer para que otro familiar pueda hacerlo».

Dijo que las asociaciones profesionales han informado que 33% de las muertes por covid-19 corresponden a personal de salud, «debido sobre todo a la carencia de equipos de bioseguridad y de agua en los hospitales».

La alta comisionada reconoció que las autoridades venezolanas han dirigido esfuerzos en la pandemia hacia los migrantes venezolanos que retornan al país. Sin embargo, expresó: «Me preocupa el discurso estigmatizador de algunas autoridades que responsabilizan de introducir la COVID-19 en Venezuela, a los que retornan por cruces irregulares».

También reconoció que se han implementado medidas de bioseguridad en los centros de detención, pero reiteró el llamado a «mejorar las condiciones de salud, acceso a agua, alimentos y medicamentos, y garantizar contactos regulares con los familiares y abogados, bien física o telefónicamente, así como de explorar medidas alternativas a la privación de libertad».

Sobre las sanciones adicionales a las exportaciones de diésel, dijo que estas «pueden agravar aún más la ya crítica escasez de gasolina y obstaculizar la distribución de ayuda humanitaria y bienes esenciales. Quisiera reiterar mi llamado de levantar las sanciones económicas para facilitar la asignación de recursos durante la pandemia».

2. Sobre la represión en las protestas

La Oficina de la alta comisionada documentó casos de represión de protestas durante la pandemia. Se incluyen «las detenciones de manifestantes protestando por los bajos salarios y pensiones, las deficiencias de servicios públicos y la escasez de gasolina». Agregó que su Oficina registró «la muerte de dos manifestantes en Anzoátegui y Zulia, presuntamente cometida por fuerzas de seguridad».

La ONG Provea publicó en Twitter el 25 de julio de 2020 que lamentaba “el asesinato, presuntamente por efectivos de la GNB, de Carlos Chaparro en Aragua de Barcelona estado Anzoátegui”. Chaparro se encontraba en una cola de personas que esperaban distribución de gasolina. En otro tuit, Provea agregó: “Estaríamos ante un nuevo asesinato por uso excesivo de la fuerza por parte de este componente de la Fuerza Armada en el mes de julio. El 17 fue asesinado presuntamente por la GNB Joe Albornoz, en Isla de Toas, Zulia”.

3. Sobre las violaciones a la libertad de expresión

La Oficina de la alta comisionada registró restricciones a la libertad de expresión, entre las que se incluyen “la aplicación de la legislación en contra del odio, ataques en contra de defensores de derechos humanos y agresiones y detenciones de periodistas». 

4. Sobre los derechos electorales

Bachelet dijo que le preocupaban los cambios del sistema electoral y de la composición de la Asamblea Nacional realizados sin consulta previa. 

«Me preocupan las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que obstruyen la libertad de selección de los representantes de siete partidos políticos y el nombramiento no consensuado de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), así como la modificación por parte de este Consejo del mecanismo de selección de representantes indígenas para la Asamblea Nacional, de los cambios al sistema electoral y a la composición de la Asamblea Nacional sin un proceso inclusivo de consulta previa».

5. Sobre las violaciones de derechos en operativos de seguridad

La alta comisionada mencionó que siguen muriendo jóvenes de zonas vulnerables en operativos de seguridad. «Basado en un análisis de fuentes abiertas, mi Oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2.000 muertes desde enero de 2020».

Bachelet consideró positivas las detenciones de cinco miembros de las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), presuntamente responsables de la muerte de dos personas en Zulia el 21 de agosto. Sin embargo, dijo que las declaraciones sobre este caso del Fiscal General, Tarek William Saab, “muestran un patrón similar” al documentado por la Oficina de la Alta Comisionada. “Tras ejecutar a las víctimas ya neutralizadas, los cuerpos de seguridad las roban y manipulan la evidencia para presentar los hechos como un enfrentamiento”. 

¿Qué dijo Marta Valiñas sobre el informe de la Misión de determinación de los hechos?

La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela publicó su primer informe el miércoles 16 de septiembre de 2020, después de un año de investigaciones.

Marta Valiñas presentó el informe en un diálogo interactivo el miércoles 23 de septiembre de 2020. Señaló que las conclusiones del grupo coinciden con los reportes de la Oficina de la Alta Comisionada sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, sin embargo la Misión logró identificar motivos razonables para creer que algunos casos son crímenes de lesa humanidad. Valiñas insistió en el propósito y el alcance de la misión, y repasó la metodología utilizada para la recolección de información.

1. Sobre los crímenes de lesa humanidad 

Valiñas dijo que los miembros de la Misión y el equipo técnico determinaron que 223 casos investigados son crímenes de lesa humanidad:

“Nuestro análisis completo y minucioso de los 223 casos que hemos investigado –48 de los cuales están documentados en más detalle en nuestro informe– complementado por un análisis legal, nos llevó a tener motivos razonables para creer que estas violaciones fueron cometidas como parte de una línea de conducta generalizada y sistemática, y de conformidad con políticas de Estado, y que, por esa razón, constituyen crímenes de lesa humanidad”. 

Sobre la responsabilidad de las violaciones de los derechos humanos, insistió en que, como se indica en el informe, “el estándar de prueba bajo el cual Misiones como la nuestra formulan sus conclusiones –’motivos razonables para creer’– es más bajo que aquel necesario para condenar a una persona en un proceso pena”. Por esta razón, “le corresponde a las autoridades judiciales competentes determinar responsabilidades individuales”. 

2. Sobre la metodología de la investigación 

Valiñas explicó que el informe se realizó a partir de “la recopilación de información directa de las víctimas y testigos, expedientes judiciales y otros documentos, material audiovisual debidamente analizado y verificado, e información proporcionada por integrantes de fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia del Estado, así como por miembros de órganos judiciales”. 

Aseguró que la recolección de la información se realizó de forma segura  y confidencial. Se incluyeron fuentes que se encuentran aún dentro de Venezuela. 

3. Sin respuesta del Estado

«La única razón por la cual no hemos realizado actividades de investigación in situ en Venezuela fue porque el Gobierno de Venezuela no lo quiso y no nos permitió hacerlo», precisó la presidenta de la Misión. Detalló que el grupo envió seis comunicaciones al gobierno venezolano entre enero y septiembre de 2020 y no se recibió respuesta. 

“En estas comunicaciones solicité no sólo realizar una visita al país, también sostener reuniones con autoridades dentro o fuera del país. Igualmente, solicité datos oficiales e información sobre los casos que estábamos investigando. Ofrecimos también enviar al Gobierno nuestro informe para sus comentarios antes de publicarlo. No recibí respuesta alguna. Lamentamos profundamente que esta haya sido la ruta escogida por el Gobierno”.

4. Independencia para actuar

Valiñas señaló que la Misión actuó «con total independencia»:

«Lo digo claramente: una de estas recomendaciones es que el Estado venezolano coopere con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Así como con cualquier otro órgano establecido por este Consejo. No existe antagonismo, ni real ni supuesto, entre estas labores (…) Hemos actuado con total independencia e imparcialidad. Por ello, sostenemos todos los resultados de las investigaciones y las conclusiones formuladas en nuestro informe».

Agregó que es imperativo “prevenir que éstas [las violaciones a los derechos humanos] se repitan, y sobretodo, brindar justicia a las víctimas”.

Vea el discurso completo de Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela:  

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Lea también:

• 20 claves del informe de la Misión de determinación de los hechos sobre Venezuela
• Feliciano Reyna: “El objetivo es evitar que persistan los hechos que dañan la dignidad de las personas”
• Carlos Ayala Corao: “El informe debería apoyar el avance del examen preliminar de la fiscalía en la Corte Penal Internacional”
• Liliana Ortega: “Lo que refleja el informe es el dolor de las víctimas”
• Marino Alvarado: “Cuando hay delitos de lesa humanidad se puede aplicar la jurisdicción universal”
• Carlos Trapani: “La violencia promovida por el Estado cambia la dinámica de una familia”