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¿Qué está pasando con los venezolanos en Ecuador?

por Indira Rojas

Fotografía de Rodrigo Buendía | AFP

22/01/2019

Un hombre mató a su novia embarazada frente a un grupo de policías que permanecieron inmóviles. El femicida era un inmigrante venezolano. La noche del sábado 19 de enero, asesinó a Diana Carolina Ramírez Reyes en una vía pública de la ciudad de Ibarra, al norte de Ecuador. La llamada Ciudad blanca es la capital de la provincia de Imbabura. Está en medio de dos provincias —Carchi y Pichincha— declaradas desde agosto de 2018 en emergencia de movilidad humana, debido al aumento del flujo de migrantes provenientes de Venezuela.

Los ibarreños enfurecidos gritaban frente a parques, albergues y hostales: “¡Fuera venezolanos! ¡Fuera!”. Así pasaron las noches del sábado 19 y del domingo 20 de enero. Lenín Moreno, presidente de Ecuador, emitió un comunicado en el que condenó el femicidio de Diana, pero como solución a largo plazo solo prometió controles migratorios más rigurosos.

Según la Organización Internacional para las Migraciones, Ecuador es el tercer país con el mayor número de inmigrantes venezolanos. Alberga más de 250.000. Durante 2018, un promedio de 2.600 venezolanos ingresaron a diario y alrededor del 20% decidió quedarse en Ecuador. El resto va de paso, y sigue su camino hacia Perú o Chile. “En 2018, por primera vez el número de solicitantes de asilo venezolanos, con casi 7.000, es mayor que el de colombianos, que ronda los 3.800”, destacó la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

En 2018, Filippo Grandi, Alto Comisionado de la Acnur, elogió a Ecuador “por su larga tradición de asilo” y por su gestión en movilidad humana. En agosto, Ecuador abrió un “corredor humanitario”. Dejó de exigir pasaportes temporalmente para acelerar el paso de los migrantes venezolanos a Perú. En Quito se celebraron dos reuniones internacionales sobre la entrada de venezolanos en las Américas y se convocó una tercera, nuevamente en la capital ecuatoriana, para abril de 2019.

¿Qué pasó el sábado 19 de enero?

A las 8:30 de la noche hora local, la Policía Nacional de Ecuador recibió la alerta de que un hombre había agredido a una mujer en una calle de Ibarra. Las unidades se trasladaron al lugar y rodearon al atacante, Yordy Rafael L.G., quien amenazaba con matar a su pareja embarazada, de 22 años. La sujetaba por el cuello rodeándola con su brazo, mientras que en otra mano sostenía un cuchillo.

El boletín policial asegura que “ante este escenario los uniformados comenzaron a tomar el procedimiento aplicable a la circunstancia; sin embargo, de forma súbita y hostil el referido ciudadano desencadenó una agresión a la víctima”. La actuación de los agentes sería luego criticada por la Ministra del Interior, María Paula Romo, y el vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner.  

Un grupo de policías acorraló a Yordy. Algunos lo apuntaban con armas de fuego. Intentaron mediar con palabras. “¡Lo voy a hacer, lo voy a hacer! ¡Si se acercan lo voy a hacer!”, gritaba el agresor. Pasaron 90 minutos. Los funcionarios dieron un paso al frente para acercarse más. Entonces, el agresor apuñaló varias veces a su novia.  

Los uniformados se abrieron paso entre la gente, que intentó lincharlo. Aprehendieron al asesino y trasladaron a Diana a un centro de salud. Murió minutos después por las heridas recibidas en el tórax.

La fiscal general de Ecuador, Ruth Palacios, aseguró en una rueda de prensa que el caso no quedaría impune.“Esta persecución se hará de forma implacable hasta obtener el máximo de la pena con todos sus agravantes asumiendo la acusación como femicidio”. También investigará “la presunta responsabilidad de los agentes de la policía”, criticados por no neutralizar al agresor. La ministra del Interior dijo que cuando “se trata de defender una vida” tienen el deber de usar la fuerza:

La gobernadora y jefe de la Policía Nacional fueron destituidos.

¿Cómo respondió el gobierno de Ecuador?

El presidente Lenín Moreno publicó en Twitter un comunicado en la tarde del domingo, condenando el femicidio de Diana, y también anunció:

“He dispuesto la conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera. Analizamos la posibilidad de crear un permiso especial de ingreso al país. Les hemos abierto las puertas, pero no sacrificaremos la seguridad de nadie”.

Cinco meses antes, Moreno recibió en el Palacio de Gobierno en Quito a una docena de venezolanos. “Tenemos claro que ninguna persona puede ser discriminada por su condición migratoria”, dijo el mandatario.

El vicepresidente de Ecuador informó en cadena nacional que de ahora en adelante se pedirá a los inmigrantes venezolanos “la presentación del pasado judicial apostillado”. Pero también advirtió, después de un fin de semana de ataques xenofóbicos en Ibarra, que al ser el agresor un ciudadano extranjero, “podría provocar una generalización que sólo traerá más violencia”. Casi al terminar su mensaje agregó: “Quiero insistir en que la violencia machista no tiene nacionalidad”.

¿Cómo se relacionan la nacionalidad y las violencias de género?

No tienen relación. “El femicidio es el asesinato de una mujer por su condición de mujer. Esto tiene que ser visto en un contexto más amplio de cómo cultural y socialmente vivimos con el patriarcado. Las relaciones de poder entre hombres y mujeres son desiguales. Lo masculino y el hombre es valorado desde una perspectiva positiva y lo femenino y la mujer están subordinados a él”, explica Luisa Kislinger, internacionalista venezolana y fundadora de la ONG Mujeres en Línea.

El sistema de las Naciones Unidas en Ecuador emitió un comunicado el lunes 21 de enero que disipa cualquier generalización sobre la condición migratoria y el femicidio: “La violencia contra mujeres y niñas es una pandemia global que no entiende de nacionalidad ni fronteras”.

La organización internacional no solo condenó el crimen del sábado 19 de enero, sino que se refiere en plural a “los brutales actos de violencia contra mujeres ocurridos en los últimos días en el país”. Añade que las violencias de género “afectan a una de cada tres mujeres en el mundo, constituye la primera causa de muerte para mujeres de 15 a 44 años en la región y afecta a 6 de cada 10 mujeres en Ecuador”.

La última encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador muestra que cada tres días una mujer es asesinada en ese país. El informe policial publicado después del femicidio de Diana también ofrece un dato: “En Ecuador más del 53% de los homicidios que se provocaron el año 2018 corresponden a violencia interpersonal, es decir aquella vinculada a las relaciones de familia, pareja y sociedad”.

La Defensoría del Pueblo de Ecuador exhortó al gobierno “a que las medidas que se tomen en respuesta a este hecho no generen criminalización y xenofobia”.

Kislinger considera que en el caso de Diana “hubo un manejo político para ocultar la verdadera responsabilidad del Estado”:

“La violencia contra la mujer, en este caso el femicidio, trasciende las culturas, los países, las religiones. El tema de la xenofobia sirvió como una cortina de humo para ocultar la incompetencia del Estado ecuatoriano y de las fuerzas policiales en prevenir un acto de violencia contra la mujer”.

La activista agrega que el discurso xenofóbico “es profundamente irrespetuoso, pero también demuestra poco conocimiento y valoración de la temática de violencia y del femicidio por parte del presidente de Ecuador, el gabinete ministerial, y los consejeros”.

La actuación de los policías también revela “que el Estado no está cumpliendo con su obligación conforme a estándares internacionales, particularmente la Cedaw (por sus siglas en inglés). La Convención para la Eliminación de todas formas de Discriminación Contra la Mujer establece que los estados deben actuar diligentemente y proporcionar entrenamiento a sus agentes”.

¿Qué agresiones xenófobas fueron registradas?

Durante la tarde y la noche del domingo 20 de enero, varios migrantes venezolanos fueron perseguidos y golpeados por residentes de Ibarra.

Los ibarreños marcharon el domingo y realizaron lo que denominaron una “limpieza social”. Los manifestantes recorrieron la ciudad gritando “¡Fuera venezolanos, fuera!”. En la noche, rompieron las puertas de hostales y residencias donde se alojan migrantes venezolanos. También intentaron entrar al albergue municipal, pero la policía les impidió el paso.

El diario ecuatoriano El Universo reseñó que en la madrugada del 20 de enero varios residentes de la ciudad acudieron a los parques centrales para “desalojar a los extranjeros que duermen en lugares públicos”. La nota agrega que “quemaron las pertenencias de los extranjeros y realizaron una persecución hasta el norte de la urbe para que abandonen la ciudad”.

Los videos de los ataques xenófobos de esa noche se viralizaron en las redes sociales. Una de las filmaciones difundidas muestra tres agresiones. En la primera, una multitud corre en el terminal terrestre de Ibarra y se escucha a un hombre que grita: “¡Fuera venezolanos!”. Luego, aparecen por unos segundos imágenes de una concentración, y finalmente se ve a un hombre perseguido por otros cuatro en una avenida. Dos de ellos lo alcanzan y comienzan a golpearlo.

Otros registraron la manifestación en Ibarra. Se escucha a los residentes gritar: «¡Se ve, se siente, Ibarra está presente!». «¡Fuera venecos, fuera!»

Egleth Noda, médico cirujano y presidenta y fundadora de la organización Chamos en Ecuador, dijo en una rueda de prensa junto a otras cuatro organizaciones que cuarenta inmigrantes venezolanos abandonaron Ibarra el domingo. Diez se refugiaron en Quito, a 100 kilómetros de allí. Los que se quedaron en la ciudad no quieren salir de sus hospedajes ni residencias. Ni siquiera para ir al trabajo. Temen ser agredidos.

En marzo de 2018, la Acnur emitió las orientaciones para que los gobiernos abordaran adecuadamente la situación de los inmigrantes venezolanos, cada vez más numerosos en los países de Latinoamérica. En el último punto del documento, hace un llamado a los Estados para que “tomen las medidas necesarias para combatir el racismo, la discriminación y la xenofobia, sobre todo a la luz de una serie de incidentes que afectan gravemente la vida, la seguridad y la integridad de los venezolanos”.


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