¿Financiamiento ilegal? El escándalo político amenaza la gobernabilidad de Petro

Fotografía de Juan Barreto | AFP

Cuando Gustavo Petro, senador, economista y exguerrillero, resultó electo a los 62 años y se convirtió en el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, prometió  “un  cambio real” en su primer discurso como mandatario. A 10 meses de su toma de posesión de la presidencia, un quiebre en su círculo cercano ha desencadenado un escándalo de grandes proporciones, que ya ha tocado directamente a miembros e instituciones del gobierno, y cuyos efectos se siguen propagando rápidamente, con revelaciones que abarcan desde el robo de un maletín con dólares en efectivo, escuchas telefónicas ilegales, audios filtrados de conversaciones con insultos, chantajes y amenazas entre funcionarios públicos, hasta un presunto sucicidio.

En medio del escándalo, el Consejo Nacional Electoral de Colombia abrió el pasado lunes 5 de junio una investigación a la campaña presidencial de Gustavo Petro por presunta financiación irregular. Una acusación que se desprende de audios filtrados de conversaciones telefónicas entre el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, y la exjefe de gabinete de la presidencia, Laura Sarabia, donde Benedetti amenaza con revelar las verdaderas fuentes del financiamiento por cerca de 3.5 millones de dólares a la campaña de Petro, y asegura que de hacerlo podrían ir “todos a la cárcel”.

En las grabaciones, hechas públicas por la Revista Semana, Benedetti insulta y amenaza repetidamente a Sarabia, quien se desempeñó como Jefa de Gabinete de Petro hasta su destitución el pasado viernes 2 de junio, como resultado del escándalo en el que tanto ella como el exembajador se han visto directamente implicados. También alude a una supuesta fuente ilegal de financiación de la campaña presidencial, apuntando a que los recursos provendrían de dinero del narcotráfico.

«Laura, (…) nos hundimos todos. Nos acabamos todos. Nos vamos presos (…) Con tanta m… que yo sé, pues nos jodemos todos. Si ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes», dice el ex embajador Benedetti en las grabaciones filtradas.

Armando Benedetti le reclamó a Laura Sarabia por el espacio político que, según él, siempre le negó el gobierno Petro. Con palabras soeces, se quejó del trato que supuestamente recibió.

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— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 6, 2023

Benedetti, un experimentado político tradicional que militó con el Partido Liberal, El Partido de La U y el Partido Colombia Humana, fue una ficha fundamental de la campaña presidencial y la victoria electoral de Gustavo Petro en 2022. Sin embargo, tras el ascenso de Petro al poder, fue designado como embajador de Colombia en Venezuela y enviado a Caracas, donde ha permanecido al margen de las decisiones y el poder político, como él mismo lo sugiere en sus conversaciones con Sarabia, en las que se queja de que lo hayan dejado por fuera, y reclama, entre insultos y amenazas, que no le hayan dado un cargo público de la categoría que le habían prometido.

Benedetti formó parte del círculo interno del presidente, hasta que el escándalo de los audios le costó su designación como embajador. El presidente Petro le solicitó la renuncia el pasado 2 de junio, el mismo día que destituyó de su cargo a Laura Sarabia por el escándalo de los audios filtrados.

Sarabia y Benedetti habían sido citados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para rendir declaraciones el 13 de junio, en el marco de la investigación en curso por el presunto financiamiento ilícito de la campaña presidencial de Petro. Pero la citación a ambos ex funcionarios fue suspendida temporalmente luego de que el magistrado del CNE, Álvaro Hernán Prada, solicitara a la máxima autoridad electoral la acumulación de expedientes de la investigación actual con otros procesos abiertos en contra de la campaña que actualmente cursan su trámite en la entidad.

De acuerdo con reportes de varios medios colombianos, la pretensión de Hernán Prada, quien es cercano al Centro Democrático, el partido de los ex presidentes Álvaro Uribe e Iván Duque, que hoy hace oposición al gobierno de Petro, es que la investigación de los audios filtrados pase a sus manos, ya que él mismo es quien ha venido liderando, desde antes de las elecciones presidenciales de 2022, otras investigaciones en curso en el CNE, también por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña electoral de Petro.

El CNE informó que mantendrá suspendidas las citaciones a Sarabia y a Benedetti hasta que se decida definitivamente quién llevará la investigación.

El escándalo de las grabaciones Benedetti-Sarabia también hizo eco en el Congreso, donde David Racero, presidente de la Cámara de Representantes y miembro de la coalición de gobierno, el Pacto Histórico, declaró que las discusiones sobre los proyectos de ley de las reformas laboral, pensional y la salud, impulsadas por el gobierno del presidente Petro, quedarían congeladas hasta que fuera posible «reconstruir la coalición de gobierno», que el mes pasado perdió el apoyo del Partido de la U y el Partido Conservador, lo que ha complicado aún más el panorama político para el gobierno.

En reacción a la suspensión de los debates legislativos, sindicatos y centrales obreras llamaron a una protesta masiva que tuvo lugar el pasado miércoles 7 de junio, en respaldo a las reformas promovidas por Petro y la bancada del Pacto Histórico. En un discurso pronunciado en la Plaza de Bolívar, frente a los manifestantes, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado al Congreso para que levantara la suspensión de las discusiones y solicitó acelerar la aprobación de sus proyectos de reforma.

“Les solicitamos con todo el respeto, les solicitamos de nuestra propia humildad, les solicitamos desde nuestras ganas de justicia y de paz, que aprueben las reformas que le garantizan al pueblo colombiano sus derechos”, expresó el presidente, frente a una multitud de sus seguidores durante la jornada de protesta.

A pesar de las declaraciones de Racero, las discusiones legislativas se reanudaron nuevamente el miércoles 7 de junio, cuando se debatió en sesión plenaria de la Cámara de Representantes el proyecto de Reforma a la Salud. La Reforma Pensional, cuya discusión en la Comisión Séptima del Senado también estaba prevista para ese mismo día, no se realizó por falta de quórum, ante la ausencia de cerca de la mitad de los senadores que la integran.

Por ahora la agenda legislativa continúa, mientras los ciudadanos colombianos siguen de cerca el curso de los eventos que día a día se desenvuelven alrededor de este escándalo que ha sumido al gobierno de Petro en una profunda incertidumbre política y que mantiene al país en vilo, todavía con más preguntas que respuestas.

Antecedentes: el caso de la niñera y el maletín robado

El complejo escenario político que enfrenta Colombia comenzó a entretejerse desde comienzos de año, puntualmente el 29 de enero de 2023, cuando Laura Sarabia, entonces jefe de gabinete de la Presidencia, denunció el robo de un maletín con 4 mil dólares que habría desaparecido misteriosamente de su residencia.

Al día siguiente, Marelbys Meza, quien trabajaba como niñera en el domicilio de Sarabia, fue conducida al sótano del edificio Galán, un edificio gubernamental adscrito a la Presidencia y ubicado frente al palacio presidencial de la Casa de Nariño, donde fue sometida a un interrogatorio policial con polígrafo, según Meza le contó posteriormente a la revista Semana.

En su relato, Meza, de 51 años, aseguró que fue intimidada y amenazada repetidamente por los funcionarios que la interrogaron, quienes la acusaron de haber cometido el robo del dinero y le aseguraron que iría “directo a la cárcel”. También la despojaron de sus pertenencias, como su celular, y permaneció incomunicada durante más de cuatro horas en el sótano del edificio Galán, donde además no existe ningún registro de su ingreso en el sistema de visitantes, ya que el personal de seguridad de Sarabia, que la transportó al lugar, ingresó al edificio directamente por el estacionamiento, sin pasar por los controles de seguridad y registro de acceso que son habituales para todos los ciudadanos que ingresan a cualquier edificio gubernamental en Colombia.

Días después del interrogatorio, Meza fue despedida de su trabajo en la residencia de Laura Sarabia, aunque nunca le entregaron los resultados de la prueba del polígrafo.

Luego de que Marelbys Meza  hiciera su denuncia viral, el presidente Gustavo Petro se expresó en contra de las alegaciones de la exniñera en Twitter . «Hoy fue un día lleno de mentiras», comentó tras compartir el comunicado de la Presidencia sobre las denuncias  de Meza contra Laura Sarabia y el interrogatorio que experimentó.

Hoy fue un dia lleno se mentiras https://t.co/FYcz5yitKD

— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 27, 2023

El comunicado de la presidencia de Colombia se refirió a las denuncias de maltrato que hizo Meza en las que afirmó sentirse “secuestrada y maltratada psicológicamente” tras ser llevada a un sótano de un edificio adscrito a la Casa de Nariño. “Rechazamos versiones sobre supuestos abusos de poder, mal uso de recursos públicos y maltrato a personas indefensas. Los procedimientos se efectuaron en las dependencias de la Jefatura para la Protección Presidencial, visibles, debidamente identificadas y dispuestas en esa misma ubicación desde hace muchos años atrás”, se lee en el comunicado.

El escándalo cobró nuevas dimensiones a finales del mes de mayo, cuando se descubrió que Marelbys Meza había sido víctima de escuchas ilegales de sus conversaciones telefónicas por parte de la Policía Nacional. La revelación se produjo cuando la Fiscalía General, en medio de la investigación al robo del maletín con dinero de Laura Sarabia, solicitó intervenir, a través del debido proceso legal, la línea telefónica de Meza. La sorpresa fue que para entonces esta línea telefónica ya estaba incluida en la plataforma de interceptaciones de la Policía Nacional.

La orden para intervenir el teléfono de Meza había sido dada por un fiscal en el departamento del Chocó, quien explicó que dio su autorización al recibir un informe de la Policía Nacional en el que la niñera aparecía identificada como un miembro del conocido grupo armado narcotraficante Clan del Golfo. Tras conocerse la información, el Fiscal General Francisco Barbosa declaró que se trataba de un informe falso, fabricado por la Policía Nacional para justificar las escuchas ilegales a Marelbys Meza por las sospechas en su contra en el caso del robo del maletín.

La Fiscalía ahora se encuentra investigando para determinar si estas escuchas ilegales a Marelbys Meza habrían sido ordenadas directamente por Laura Sarabia. En el marco de esa investigación, comisiones de la entidad han realizado ya dos inspecciones a la sede de la presidencia, una de ellas el pasado 7 de junio, cuando incluso llegaron hasta un edificio aledaño a la Casa de Nariño, donde opera la sede del Grupo Anticipativo de Seguridad del presidente, es decir, las avanzadas de escolta de Gustavo Petro.

Allí, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizó un allanamiento, autorizado por un fiscal anticorrupción, en busca de evidencia de que allí se instaló una unidad de interceptación improvisada que presuntamente habría realizado una copia espejo del teléfono de Marelbys Meza, el mismo día que le realizaron el interrogatorio con polígrafo y decomisaron su celular por varias horas. Durante la inspección estuvo presente el jefe de seguridad de avanzadas del presidente, coronel  Óscar Darío Dávila Torres, quien comandaba la unidad de seguridad presidencial operativa en esta sede.

Dos días después, el viernes 9 de junio, cerca de las 6 de la tarde, el coronel Óscar Dávila apareció muerto en un carro cerca de su casa, en lo que hasta el momento ha sido catalogado por las autoridades colombianas como un suicidio, sin embargo la investigación no ha concluido.

La Dirección de Inspección de la Policía Nacional abrió el miércoles 14 de junio una investigación preliminar al subinspector Javier Galeano Arango, conductor y escolta del fallecido coronel Óscar Dávila.

Una de las preguntas que se están planteando es por qué Galeano dejó su arma reglamentaria dentro del vehículo cuando fue por una botella de agua para el coronel Dávila. Informaciones no confirmadas apuntan a que fue con esta arma con la que Dávila pudo haberse quitado la vida, aunque aún está pendiente el informe final de Medicina Legal sobre la causa de su muerte.

Las acusaciones de Benedetti hacen eco del proceso 8000

Mientras el Congreso reanuda sus actividades legislativas, las secuelas del escándalo Sarabia-Benedetti salpican la agenda de reformas sociales del partido de gobierno, que debe pactar con otras bancadas para poder llevar adelante su agenda.

Forjar nuevas alianzas no será tarea fácil. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizó siete cambios en su gabinete el pasado 27 de abril, rompiendo la coalición con los partidos tradicionales, con la que intentó gobernar al inicio de su mandato.

Uno de los funcionarios destituidos es José Antonio Ocampo, cuya distinguida formación académica y enfoque moderado de la política monetaria le habían ganado la confianza de los mercados internacionales. Su remoción planteó dudas sobre la capacidad del Gobierno para mantener la estabilidad y la credibilidad, especialmente en materia económica. Ocampo desempeñó un papel crucial en la gestión de la reforma fiscal del año pasado, la única reforma que la administración de Petro ha logrado aprobar hasta ahora.

En la Cámara de Representantes cursan 3 denuncias en contra de la campaña “Petro Presidente” por acusaciones de posible financiamiento con dinero procedente del narcotráfico vinculados a los audios del escándalo de los ex funcionarios del gobierno de Petro: Laura Sarabia y Armando Benedetti.

“En el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la costa, yo sé que es esa mondá, tú que no sabes un c… de historia, lee cómo empezó el hijueputa (proceso) 8.000 y por qué empezó, ahí está la clave de todo lo que te va a pasar (…)”, se escucha decir a Benedetti en uno de los audios publicados por Semana.

Las acusaciones de financiamiento ilegal en la campaña de Petro evocan el caso del «Proceso 8000», un procedimiento judicial que se llevó a cabo contra el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, quien gobernó de 1994 a 1998, y fue acusado de recibir financiamiento proveniente del narcotráfico para su campaña, lo que resultó en un período de ingobernabilidad que marcó su presidencia y casi acaba con ella.

El senador Miguel Uribe Turbay, el representante Miguel Polo Polo, ambos del partido de oposición Centro Democrático, y el excandidato presidencial por el mismo partido, Federico Gutiérrez, presentaron denuncias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara con el objetivo de solicitar la apertura de una investigación preliminar contra el presidente debido a posibles actos delictivos en los que estaría involucrado por la presunta financiación ilegal de su campaña.

Las denuncias ahora forman parte de un expediente designado a tres congresistas como investigadores: Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta, ambos del partido de gobierno, Pacto Histórico, y a Wilmer Carrillo, del partido de La U, quien es el presidente de la Comisión. Diversos voceros han denunciado que por motivaciones políticas y su cercanía al presidente, los legisladores del Pacto Histórico no avancen con las investigaciones como corresponde.

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes ha sido objeto de críticas en el pasado debido a su falta de avance en las investigaciones sobre las denuncias que recibe, las cuales en su mayoría terminan archivadas.

Hasta el momento existen dos investigaciones en curso a la exjefe de gabinete Laura Sarabia, y otros funcionarios del gobierno de Petro. Una la avanza la Procuraduría por presuntas irregularidades en torno a la prueba del polígrafo practicada a Meza, y otra que adelanta la Fiscalía, a Laura Sarabia quien deberá testificar el próximo jueves 22 de junio, con el fin de determinar si se cometieron los delitos de abuso de autoridad, peculado por uso y otros posibles cargos vinculados al caso.

El resultado de este escándalo y las investigaciones en curso en el Congreso, la Procuraduría y la Fiscalía, podrían tener profundas implicaciones en el gobierno del presidente que alcanzó el poder con la promesa del cambio. El Presidente Petro no cuenta con una coalición legislativa que le dé la mayoría, lo que dificulta su ambicioso paquete de reformas: laboral,  salud y pensiones, que ahora parecen pender de un hilo, poniendo en duda la capacidad del Gobierno para cumplir con su programa.