España: el precio de una investidura

El Congreso español se reunirá para tener la primera votación de investidura, el próximo 27 de septiembre. Siguen las negociaciones para definir al próximo presidente del gobierno, posición que disputan Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular (PP) y Pedro Sánchez, candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), luego de que ninguno alcanzara una mayoría clara para hacerse con el poder en las elecciones generales del 23 de julio. El PP de Feijóo logró 137 diputados, mientras que el PSOE consiguió 121.

Pese a haber sido propuesto por el Rey Felipe VI de España, hasta la fecha, las negociaciones que avanza Feijóo para forjar una coalición gobernante, no han logrado obtener el apoyo necesario, lo que pone en duda su posible investidura. Todas las miradas están puestas sobre las negociaciones entre Sánchez y el partido separatista catalán, Junts, el cual ha puesto como condición una ley de amnistía que suprima los delitos independentistas de 2017 que llevaron a Carles Puidgemont, fundador de Junts, a huir con rumbo al exilio. 

Si Feijóo no logra la investidura, Pedro Sánchez tendría dos meses a partir del 27 de septiembre para lograr sellar el pacto con las minorías independentistas que podría darle la continuidad al frente del gobierno de España. En caso de que ningún candidato haya obtenido la confianza del Congreso, en noviembre el Rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones con el visto bueno del presidente del Congreso.

Ley de Amnistía, exigencia separatista para ungir a Sánchez

La ley de amnistía, que Carles Puigdemont exige como moneda de cambio para dar su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, ha centrado el debate político en las últimas semanas. 

La portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, advirtió que el partido no cederá «ni un milímetro» en las reivindicaciones de Junts y ha recordado a Pedro Sánchez que una primera instancia para demostrar esa firmeza se produciría al reformar el reglamento que permite el uso del catalán, el euskera y el gallego en el Congreso,cosa que ya es un hecho. Tal solicitud espera también respuesta de la UE, a petición del gobierno español para que estas lenguas sean oficiales en las instituciones europeas.

Para cumplir el compromiso que permitió la elección de Francina Armengol, parlamentaria del PSOE, como presidenta del Congreso de los Diputados, la cámara se dotará de auriculares y cabinas de traducción para el uso de tres lenguas cooficiales, junto al castellano en el nuevo Congreso.

El acuerdo, que propició el nombramiento de la parlamentaria del PSOE como presidenta del Congreso, ha significado un aumento de costos operativos para la institución. Los gastos estimados sólo en material ascienden a unos 53.000 euros, según han declarado miembros del parlamento y los traductores que han trabajado anteriormente para el Senado facturarán sus horas de trabajo como profesionales autónomos.

El líder del partido socialista, Pedro Sánchez, ha afirmado que tiene una clara determinación: su objetivo primordial es mantener un gobierno progresista en La Moncloa. Y para lograrlo, “buscará votos hasta debajo de las piedras». 

En respuesta a la cuestión de la amnistía, el Partido Popular (PP), encabezado por su presidente Alberto Núñez Feijóo, ha convocado a una manifestación el 24 de septiembre en Madrid, en la que subraya que la amnistía atenta contra el Estado de Derecho. Estos principios incluyen la autoridad exclusiva del poder judicial para celebrar juicios y ejecutar sentencias, la igualdad en la aplicación de la ley y la seguridad jurídica. Simultáneamente, en la propia Cataluña, Societat Civil Catalana ha programado una protesta contra la amnistía y la autodeterminación para el 8 de octubre.

En un reciente artículo publicado en el diario ABC, Sergio Macián, diputado en el Parlamento catalán en representación de Vox, hacía un llamamiento a todos los españoles comprometidos con la defensa de la unidad de España, la legalidad constitucional y la igualdad entre los ciudadanos españoles. Les instó a participar en la próxima manifestación unitaria organizada por Societat Civil Catalana el 8 de octubre en Barcelona bajo el lema «No en mi nombre, ni Amnistía ni Autodeterminación».

En una entrevista publicada en La Vanguardia, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno español en funciones, afirmó que «las acciones unilaterales no son compatibles» con un acuerdo de amnistía. Enfatizó que cuando una parte entra en negociaciones, ya está renunciando a la opción de actuar unilateralmente.

A lo que Carles Puidgemont respondió horas después a través de su cuenta de Twitter: “Creo que alguien se confunde. No somos nosotros quienes necesitamos apoyos para ir a la investidura. A ver si nos entendemos: las condiciones no las pone quien te pide ayuda. Es al revés”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha instado a los ciudadanos a salir a la calle y «manifestar su oposición a la amnistía» durante las protestas de Madrid y Barcelona convocadas por el PP y Societat Civil Catalana. 

En su intervención en el Foro EL MUNDO, el pasado lunes 18 de septiembre, Díaz Ayuso criticó fuertemente la propuesta de amnistía en negociaciones entre Sánchez y Junts. 

«La amnistía representa un engaño generalizado contra España, la democracia, el Estado de Derecho, la Constitución, el poder judicial, el marco legal, la verdad, la igualdad de los españoles ante la ley y la libertad», dijo Ayuso. «Con el 1,6% de los votos, Puigdemont ha puesto de rodillas a Pedro Sánchez y le habla como a un siervo”. 

Durante la presentación de sus memorias, «La rosa y las espinas», en el Ateneo de Madrid, el pasado miércoles 20 de septiembre, Alfonso Guerra, figura histórica del PSOE, exvicepresidente del Gobierno desde 1982 hasta 1991, se manifestó junto a Felipe González, expresidente de España, contrario a la amnistía que negocia Sánchez con Junts, el partido separatista catalán. 

“Uno defiende lo que su organización defiende: su secretaria general y su presidente (…) Sin embargo, mientras tanto, el otro ha cambiado (…) y resulta que me encuentro con que el otro está defendiendo algo no diferente, sino contrario”, dijo Guerra refiriéndose a las recientes negociaciones de amnistía entre su partido, el PSOE y Junts. 

Las declaraciones de Alfonso Guerra y Felipe González, figuras prominentes del PSOE, abogando por la preservación de los principios básicos del partido, y en abierto desacuerdo con la actual dirección, erosionan potencialmente el pragmatismo del que ha hecho gala Sánchez para volver a ser investido y mantenerse en el poder. 

Sus declaraciones advierten de que los principios de un partido político no deben sacrificarse pragmáticamente para alcanzar objetivos a corto plazo, por lo que instan al partido a explorar vías en las que pueda preservar su integridad ideológica. 

“Hablando de la amnistía, yo estoy con los juristas que dicen que no cabe en la Constitución. Pero me preocupa más que la amnistía hace desaparecer el delito, borra el delito. No es que perdona al delincuente, sino es que lo borra”, dijo Felipe Gónzalez. “No puede haber amnistía porque no cabe en la Constitución ni políticamente es aceptable. No podemos dejarnos chantajear por nadie”.