El dilema de TikTok en Estados Unidos

El presidente Joe Biden firmó el miércoles 24 de abril una ley que obliga a la empresa de origen chino ByteDance, propietaria de la popular red social TikTok, a vender la plataforma en un plazo máximo de un año o, de lo contrario, enfrentar una prohibición total de su uso en Estados Unidos. 

La ley que exige a ByteDance la venta de su red social TikTok es parte de un paquete más amplio de leyes para otorgar ayuda financiera a Ucrania e Israel. El paquete legislativo se debatió en ambas cámaras del Congreso durante el mes de abril, hasta su aprobación final por parte del Senado, el pasado martes 23 de abril. 

Tras conocerse la decisión del Congreso, la compañía propietaria de TikTok, ByteDance, anunció que introducirá una demanda legal en contra de la medida, a la que calificó como “inconstitucional”. Por su parte, el CEO de TikTok, Shou Zi Chew, también se pronunció rápidamente para transmitir un mensaje de calma, afirmando que por ahora no habrá interrupciones en los servicios de la aplicación. 

“Tengan la seguridad de que no nos vamos a ninguna parte. Los hechos y la constitución están de nuestro lado, y esperamos prevalecer una vez más”, aseguró Chew. 

La medida que afecta a TikTok se produce luego de un período de varios meses en el que funcionarios del gobierno de Estados Unidos, incluyendo legisladores de ambos partidos y miembros de las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia, han expresado preocupación en torno a los riesgos potenciales que representa la plataforma para la seguridad nacional. 

En particular, a las autoridades estadounidenses les preocupa que el gobierno chino pudiera obligar a ByteDance a entregar datos de los 170 millones de usuarios que actualmente utilizan TikTok en Estados Unidos. Esta preocupación se deriva de un conjunto de leyes de seguridad nacional chinas que obligan a las organizaciones a colaborar en la recopilación de datos de inteligencia, una normativa a la que ByteDance probablemente estaría sujeta en caso de ser requerida por el gobierno de China. 

Los legisladores y algunos funcionarios gubernamentales también han expresado su preocupación por la posibilidad de que el gobierno chino pueda dirigir o influir, a través de ByteDance, en acciones para suprimir o impulsar contenidos de TikTok favorables a sus intereses. 

TikTok, por su parte, niega toda posibilidad de que su red social pueda ser utilizada como una herramienta del gobierno chino, y asegura que nunca ha compartido datos de usuarios estadounidenses con las autoridades chinas y que no lo hará si se lo piden.

Una prohibición nacional de TikTok en Estados Unidos podría tener importantes consecuencias económicas, en particular para los creadores de contenidos y las pequeñas empresas. TikTok sirve como fuente de ingresos para muchos creadores a través de pagos directos basados en las visualizaciones, regalos virtuales y contenidos patrocinados. 

De acuerdo con un estudio realizado por el Oxford Internet Institute de la Universidad de Oxford, TikTok se ha convertido en una vía crucial para que las pequeñas empresas estadounidenses se relacionen con los grupos demográficos más jóvenes a través de contenidos patrocinados, y se calcula que 7 millones de empresas actualmente utilizan la plataforma para llegar a los consumidores. Solo en Estados Unidos, la plataforma de comercio electrónico de TikTok, TikTok Shop, ha facilitado la generación de ingresos que alcanzaron los 1.100 millones de dólares en 2023. 

En el marco de la discusión legal alrededor de la medida, TikTok argumenta que la prohibición nacional de su plataforma atentaría en contra de la libertad de expresión de los miles de usuarios de la red social, así como también de la empresa, derechos protegidos por la Primera Enmienda de la constitución de Estados Unidos. 

A mediados de abril, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (en inglés: American Civil Liberties Union o ACLU), una organización sin fines de lucro de Estados Unidos dedicada a defender y preservar los derechos y libertades individuales, emitió una carta abierta dirigida a la Cámara de Representantes del Congreso, expresando sus reservas frente a la ley que ahora exige a ByteDance la venta de TikTok. 

La carta sostiene que la ley promulgada por el Congreso confiere al presidente de Estados Unidos una autoridad excesiva para prohibir otras plataformas de medios sociales en función de su origen nacional, y considera que vulnera la libertad de difundir y acceder a la información sin intervención gubernamental, estableciendo un peligroso precedente legal. 

Según Patrick Toomey, subdirector del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU, la prohibición de TikTok afectaría la libertad de expresión y restringiría el acceso público a una plataforma que se ha convertido en una fuente importante de información e intercambio de contenidos para miles de personas en Estados Unidos. 

El precedente legal sentado por el caso de Montana contra WeChat, y una demanda de 2020 iniciada por usuarios en respuesta a una orden ejecutiva de la administración Trump que buscaba prohibir la aplicación china de mensajería WeChat y TikTok, ofrecen una idea de cómo el poder judicial podría percibir una nueva contienda legal alrededor de TikTok en 2024.

El año pasado, Montana promulgó una ley para prohibir TikTok, medida que fue rápidamente frenada por un juez federal. El juez de distrito Donald Molloy declaró que la ley amenazaba las libertades de la Primera Enmienda de la base de usuarios de TikTok, y también refirió como un factor importante a considerar el impacto adverso de la prohibición en las oportunidades económicas de los creadores y empresas que utilizan la red social para fines de negocio. 

Por otro lado, la prohibición de WeChat propuesta por Trump en 2020 pretendía obligar a Apple y Google a expulsar de sus tiendas de apps la aplicación WeChat, un servicio de chat y pago por móvil especialmente popular entre los estadounidenses de origen chino. La administración Trump citó la preocupación por potenciales vulneraciones a la seguridad nacional como el motivante principal detrás de la medida. 

“La difusión en Estados Unidos de aplicaciones para móviles desarrolladas y propiedad de empresas de la República Popular China sigue amenazando la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos”, escribió Trump en 2020, cuando anunció las órdenes ejecutivas contra WeChat y TikTok. 

Sin embargo, la orden de prohibición de WeChat fue detenida por la jueza Laurel Beeler, del Tribunal de Distrito de EE.UU. del Norte de California, quien dictó una medida cautelar alegando preocupaciones relativas a la libertad de expresión, a raíz de una demanda presentada por usuarios de WeChat.

En la demanda, los usuarios de la aplicación sostuvieron que la plataforma sirve como un centro de comunicación vital para la comunidad chino-estadounidense y de habla china en los Estados Unidos., comparándola con una plaza pública. La sentencia de la juez Beeler hizo hincapié en la posible vulneración de los derechos de los usuarios a la libertad de expresión, protegidos por la primera enmienda, si se restringía el acceso a este espacio digital.

No es la primera vez que TikTok está en la mira del gobierno federal de Estados Unidos.  Ya en 2020, el Departamento de Comercio, bajo la directiva de Trump, había anunciado su intención de inhabilitar la red social de origen chino, pero pospuso la acción para después de las elecciones presidenciales de ese año, en las que Trump perdió frente a Joe Biden. 

Tampoco es Estados Unidos el primer país que ha tomado la decisión de prohibir TikTok por motivos relacionados con la seguridad nacional. En 2020, India prohibió el uso de la plataforma debido a la preocupación por la seguridad de los datos de sus ciudadanos y los posibles efectos de una creciente influencia extranjera a través de las redes sociales. 

Otros países como Reino Unido, Australia, Canadá, Francia y Nueva Zelanda también han implementado restricciones de TikTok, aunque con un enfoque más moderado, prohibiendo o limitando el uso de la plataforma en dispositivos gubernamentales.