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El entorno internacional y la situación política en Venezuela 2018

por Mariano de Alba

De derecha a izquierda: Danilo Medina / Fotografía de Erika Santelices, AFP; Donald Trump / Fotografía de Mark Wilson / Getty Images North America / AFP; Federica Mogherini / Fotografía del Parlamento Europeo; Luis Almagro / Fotografía de la OEA

19/12/2017

La presión de una parte considerable de la comunidad internacional por la resolución de la grave crisis que vive Venezuela fue una de las realidades objetivas del año 2017. Por primera vez puede hablarse de una consolidación de la atención internacional, producto del agravamiento de la situación y su impacto en otros países.

Este año se caracterizó por discusiones y acciones en organizaciones internacionales, el desconocimiento de un buen número de países de la llamada “constituyente”, sanciones a funcionarios y asociados, restricciones a la capacidad de endeudamiento del Estado y PDVSA, la constitución de un grupo especial para monitorear la crisis (Grupo de Lima), y el acompañamiento de cinco países a la negociación en República Dominicana.

Las eventuales elecciones presidenciales en 2018 pondrán a prueba la capacidad del hemisferio occidental de presionar para asegurar la transparencia de unos comicios en donde estará en juego la consolidación categórica del autoritarismo en Venezuela. En cualquier caso, sin una dirigencia y ciudadanía opositora organizada alrededor una estrategia precisa, la capacidad de influencia internacional seguirá siendo limitada.

Un breve resumen del año 2017

El inicio del año estuvo marcado por la incertidumbre generada por la toma de posesión de Donald Trump. Gracias a la influencia de legisladores del Partido Republicano, la crisis venezolana se convirtió en uno de los temas más importantes de la política exterior del nuevo inquilino de la Casa Blanca.

La primera señal se vio en febrero con la prohibición de entrada y congelación de activos Al vicepresidente Tareck El Aissami y un empresario cercano por supuestos vínculos con el narcotráfico. Las mismas medidas fueron sucesivamente replicadas contra magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, rectores del Consejo Nacional Electoral y decenas de funcionarios del Estado por la violación de las garantías democráticas. En el mes noviembre, ya eran más de 40 los funcionarios sancionados. No obstante, fue en agosto cuando el gobierno estadounidense impuso la medida que más ha complicado al régimen de Nicolás Maduro, prohibiendo, con limitadas excepciones, la posibilidad de financiamiento al Estado venezolano o a PDVSA.

En el campo diplomático, el accionar estadounidense ha sido menos relevante, y el Secretario de Estado, Rex Tillerson, no participó en ninguna instancia de la reunión de cancilleres de la OEA. La falta de coordinación estrecha entre Estados Unidos y el resto de América Latina se hizo patente cuando en agosto, Trump mencionó la posibilidad de una respuesta militar, generando rechazo en la mayoría de los gobiernos de la región. De tal manera que Estados Unidos ha optado por actuar aisladamente, mientras el esfuerzo –de momento infructuoso– por una coordinación internacional efectiva fue liderado por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro.

Desde marzo, Almagro buscó dar un impulso a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, recomendando que la presión se volcara en la concreción de unas elecciones generales, la continuación de sanciones, la liberación de los presos políticos y la apertura de un canal humanitario. A pesar de la evidente ruptura del orden constitucional con las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia a finales de ese mismo mes, la decisión de la mayoría de los países de la región fue optar por una vía más diplomática, elevando la discusión a una reunión de cancilleres. Incluso ante esta opción, el régimen de Maduro respondió abruptamente, anunciando que abandonaba la OEA. La reunión de cancilleres –celebrada en medio de la ola de protestas que vivió el país durante cuatro meses– fue incapaz de aprobar un documento, dejando en evidencia la división en la región y la efectividad de la diplomacia oficialista en el Caribe.

Esta incapacidad para acordar una respuesta mayoritaria a nivel de cancilleres terminó por paralizar a la OEA. Una vez concretada la elección de la fraudulenta constituyente, la región reaccionó de forma descoordinada. Sólo ocho países (entre los que destacan China y Rusia) reconocieron los resultados de esa elección, mientras que, dado el rechazo de Europa en pleno, 46 la desconocieron.

Días después, en Perú, surgió el Grupo de Lima, compuesto por apenas 12 países de la región, instancia a la que no se ha sumado Estados Unidos o algún otro país de la región. MERCOSUR, por su parte, terminó concretando la suspensión de Venezuela invocando la ruptura del orden democrático. La Unión Europea, que siempre ha promovido una solución negociada, en noviembre decidió optar por sanciones, imponiendo un embargo sobre la venta de equipos militares, y acordando un marco legal que probablemente a principios de 2018 le permitirá sancionar a altos funcionarios del régimen venezolano. En la ONU, Estados Unidos trató de llevar en dos oportunidades la crisis a la agenda del Consejo de Seguridad, algo que por ahora parece muy poco probable salvo que Donald Trump logre convencer a Xi Jinping y a Vladimir Putin.

Internacionalmente, el año cierra con desconcierto ante las divisiones en la oposición, muy patentes luego de las elecciones regionales y municipales. El acompañamiento internacional –especialmente de Chile y México – en República Dominicana ha sido relevante para aumentar las expectativas de un acuerdo negociado y diferir temporalmente la imposición de medidas adicionales. Incluso, Estados Unidos publicó un comunicado destacando que las sanciones no tienen que ser permanentes y que para ser levantadas debe concretarse un regreso a la democracia.

Da la impresión de que durante los últimos días de 2017 habrá una especie de pausa, pero si la negociación fracasa, es probable que veamos a una parte considerable de la comunidad internacional buscando presionar de forma más activa. Al igual que en el ámbito interno, la atención de muchos países del mundo comienza a estar centrada en las elecciones presidenciales.

Las tareas pendientes de la comunidad internacional

Si el deseo es que la democracia regrese a Venezuela en el año 2018, un buen número de países deberá ejercer un rol más diligente y ágil frente al que tuvieron este año. Incluso si se llegara a concretar un acuerdo en República Dominicana, su implementación sería bastante accidentada sin una presión continua. El gobierno ha logrado establecer un sistema clientelar con fines electorales y controla férreamente las instituciones del Estado. La dirigencia opositora se encuentra fragmentada y no parece tener claro un plan de acción. Aun reconociendo las limitaciones del ámbito internacional, son numerosas las tareas pendientes para el próximo año, así como las lecciones a partir de 2017.

Presión sobre la oposición. Sin una oposición que logre concretar un acuerdo para erigirse como una alternativa real de cambio, será muy difícil que exista la presión interna requerida para concretar el regreso a la democracia. Dado que diversos países de la comunidad internacional se han erigido en aliados y cuentan con el respeto de la mayoría de la dirigencia, estos deben recomendar enfáticamente que se concrete un compromiso mínimo sobre cómo abordar la crisis y las elecciones presidenciales. Los mecanismos y detalles deben ser decididos internamente, y poco puede hacer la comunidad internacional si los actores internos no ponen de su parte. Si persiste la descoordinación, será muy difícil que la presión externa aumente. En cualquier caso, es dañino si la comunidad internacional toma partido ante las diferencias internas opositoras. Los dirigentes exiliados y la diáspora deben buscar coordinar y apoyar a los actores internos, quienes son los que finalmente tienen la posibilidad real para concretar un cambio.

Coordinación, mensaje y consecuencias. Una de las áreas donde hará falta una mejoría sustancial con respecto a lo visto en el 2017 será en la coordinación de los esfuerzos internacionales. No hay razón de peso para que Latinoamérica, Estados Unidos y la Unión Europea no puedan actuar mancomunadamente. El mensaje debe ser que es inaceptable la deriva autoritaria del gobierno de Nicolás Maduro y en consecuencia debe haber una restauración de las garantías democráticas. Aunque esto es evidente, aún no ha sido transmitido de forma frontal y continua. Para ello, bien haría un grupo amplio de países en apelar también al simbolismo, buscando transmitir recurrentemente mensajes, incluso a través de reuniones entre jefes de Estado o aprovechando la plataforma de alguna organización internacional. A efectos internos, estas acciones son necesarias para demostrar contundencia y generar esperanza en los venezolanos. Más allá del mensaje y las advertencias (que ya tienen efectos prácticamente nulos sobre el gobierno venezolano), lo crucial es que el mayor número de países demuestre que la violación de las garantías democráticas tiene consecuencias. Si el régimen no observa que su conducta autoritaria tiene implicaciones reales, difícilmente cambiará su conducta.

Sanciones e incentivos. Uno de los grandes errores del hemisferio occidental en 2017 fue el haber obviado las incontables irregularidades e incluso instancias de fraude en las elecciones regionales y municipales sin que se concretaran posteriormente sanciones específicas a nivel internacional. Para las presidenciales, no sólo hay que transmitir las condiciones electorales que deben estar presentes para que pueda considerarse un reconocimiento de resultados, sino que también deberán advertirse medidas adicionales que podrían tomarse si los comicios no se efectúan con el debido respeto a las garantías democráticas. Ahora bien, aunque puede ser difícil, la comunidad internacional debe también buscar un equilibrio entre las sanciones y los incentivos, ya que la señal no debe ser que las sanciones perdurarán hasta que haya un cambio de gobierno, sino que son suficientemente flexibles para ser levantadas si hay un cambio de conducta. Una implementación efectiva de este mensaje podría incluso lograr algunas fracturas en la coalición de gobierno.

Preparación ante las consecuencias de la crisis. Más allá de los efectos internos, la crisis económica y social que seguirá enfrentando Venezuela en el año 2018, hace muy probable que haya un aumento exponencial de sus efectos internacionales. Los países deben evaluar y prepararse para una migración sin precedentes, el impago de deuda y un incremento sostenido de la influencia y relevancia de países como Rusia. La crisis venezolana ya se ha tornado muy compleja y en la medida en que haya una mejor preparación para las inevitables consecuencias que se sentirán en otros países, mayor será la capacidad de coadyuvar al cambio de la grave situación interna.

Capacidad de influencia. Naturalmente, en la medida que un sector de la comunidad internacional ejerce presión y adopta sanciones, el régimen busca reducir su dependencia y vínculos con esos países. Por ende, el paso del tiempo acrecienta una pérdida de la capacidad de influencia sobre el gobierno venezolano. Es por esto que el papel de la comunidad internacional ya no puede ser circunstancial, sino que debe partir de una estrategia integral, incluyendo el rol específico que deben jugar distintas organizaciones internacionales como Naciones Unidas. Por ejemplo, la creación del Grupo de Lima no debe ser necesariamente contradictoria con la existencia de la OEA, y los países deben retomar sus esfuerzos en ese foro, el cual además tiene la capacidad técnica para responder al escenario electoral. La dependencia todavía existe y el hemisferio occidental debe aprovecharla, porque está disminuyendo.

Considerando la situación interna, por ahora la presión internacional luce insuficiente. Está en el interés de los países de la región y Europa redoblar sus esfuerzos. No será fácil dado el ciclo electoral que vivirá la región y el clima de inestabilidad que existe en otros países. Pero sin mayor presión, no sólo se consolidará una nueva dictadura en América Latina, sino que los efectos y consecuencias de la desgracia que vive Venezuela se sentirán con más fuerza en otras fronteras.


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