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¿Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU?

por Mariano de Alba

Fotografía de Fabrice Coffrini | AFP

14/09/2019

El 26 de septiembre de 2018 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó su primera resolución sobre Venezuela. El documento es producto de un esfuerzo de años realizado por organizaciones no gubernamentales (ONGs) dedicadas a documentar y denunciar violaciones a los derechos humanos, así como del trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la voluntad de una mayoría de 27 de los 47 países que conformaban el Consejo.

La resolución expresa que Venezuela vive “graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de una crisis política, económica, social y humanitaria”, exhorta al régimen de Nicolás Maduro a aceptar “la asistencia humanitaria”, y solicitó a la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, que preparara “un informe exhaustivo por escrito sobre la situación de los derechos humanos”. Dicho informe fue publicado el pasado mes de julio luego de la visita oficial de Bachelet a Caracas. 

Actualmente, once organizaciones de derechos humanos han instado al Consejo que establezca una “comisión de investigación sobre Venezuela”. También es posible que Venezuela sea electa como miembro del Consejo por un período de tres años a partir del 2020. Conviene entonces repasar el funcionamiento del Consejo y su relevancia ante la grave situación que atraviesa el país.

¿Qué es el Consejo de Derechos Humanos?

Es el principal organismo intergubernamental de la ONU dedicado a los derechos humanos. Busca fortalecer la promoción y la protección de los derechos humanos y actuar cuando ocurren violaciones en cualquier parte del mundo. En líneas generales, existen violaciones de derechos humanos cuando un Estado no cumple con sus obligaciones, por acción u omisión. Es decir, los estados no sólo están obligados a respetar los derechos humanos; también a garantizarlos, por lo que deben prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier violación a los derechos de sus ciudadanos.

El Consejo se reúne en tres períodos de sesiones anuales. Usualmente ocurren en marzo, julio y septiembre. También puede celebrar reuniones de emergencia. El Consejo realiza recomendaciones a los Estados sobre cómo respetar y garantizar los derechos humanos. También puede establecer comisiones de investigación y misiones de determinación de hechos. Entre los sus mecanismos principales está el Examen Periódico Universal, el cual evalúa sistemáticamente la situación de los derechos humanos en cada país y el Método de Denuncias que permite a individuos y organizaciones presentar quejas.

¿Cuál es la relación del Consejo con la Oficina del Alto Comisionado?

El Consejo es un órgano político compuesto por países. Sus miembros pueden adoptar sus decisiones por consenso o mediante el voto. Para adoptar un proyecto de resolución mediante el voto hay que contar con el apoyo de una mayoría simple. Las decisiones no son vinculantes, sino que constituyen recomendaciones. Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado forma parte de la Secretaría de la ONU y cuenta con un Alto Comisionado que debe ser independiente. El Alto Comisionado es nominado por el Secretario General y aprobado por la Asamblea General.

La Oficina del Alto Comisionado no está estrictamente subordinada al Consejo o viceversa. Ambas instituciones responden a la Asamblea General. La Oficina del Alto Comisionado provee apoyo sustantivo, logístico y administrativo al trabajo que realizan los mecanismos de derechos humanos de la ONU, incluyendo al Consejo y otros órganos creados por disposición de tratados de derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado también puede proveer asistencia a gobiernos a través de técnicos en las áreas de derechos humanos, administración de justicia, reformas legislativas y procesos electorales.

¿Cómo son electos los países para formar parte del Consejo?

Los países miembros del Consejo son electos mediante el voto secreto de mínimo una mayoría de la Asamblea General de la ONU, donde cada uno de los 193 Estados miembros tiene derecho a un voto. Aproximadamente un tercio de los 47 puestos se renueva cada año. El número de países miembros está dividido por regiones. África ha sido adjudicada con 13 puestos, Asia y el Pacífico 13 puestos, Latinoamérica y el Caribe 8 puestos, Europa del Este y otros países occidentales 7 puestos y Europa del Este 6 puestos.

Los países de Latinoamérica y el Caribe que todavía no han formado parte del Consejo en sus 13 años de existencia son: Colombia, República Dominicana, Honduras, Jamaica, Haití, Belice, Guyana, Trinidad y Tobago, Surinam, Antigua y Barbuda, Dominica, Barbados, Granada, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y San Vicente y Nieves.

¿Cómo es posible que un Estado cuestionado por violaciones a DDHH sea parte del Consejo?

La resolución de la Asamblea General de la ONU que creó el Consejo decidió que cualquier Estado podía ser elegido como miembro. Al momento de la elección, los Estados reunidos en la Asamblea General deberían tener en cuenta la contribución de los países candidatos a la promoción y protección de los derechos humanos. En teoría, los países que son parte del Consejo deben adherirse a los estándares más altos sobre derechos humanos, cooperar plenamente con el Consejo y someterse al mecanismo de Examen Periódico Universal. Sin embargo, la decisión sobre si un país es parte del Consejo es política, y depende de que el país candidato consiga la mayoría de votos en la Asamblea General.

El único recurso previsto por la Asamblea General es la posibilidad de suspender el derecho de participación de un país que sea parte del Consejo por graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en su territorio. Esa decisión nuevamente es netamente política, y requiere una mayoría de dos tercios de los países miembros de la ONU reunidos en la Asamblea General.

Desde sus primeros años de funcionamiento, el Consejo ha sido objeto de críticas porque países donde existen gravísimas violaciones a los derechos humanos son electos miembros. En 2018, por ejemplo, la elección de Filipinas y Eritrea generó una gran indignación. En junio de ese año, Estados Unidos decidió renunciar a su puesto en el Consejo alegando que el Consejo es protector de abusadores de derechos humanos y tiene prejuicios políticos en contra de Israel. En algunas regiones ha sido usual que se presenten sólo el número de países que puede ser elegido, anulándose cualquier posibilidad de competencia.

La solución a los problemas que enfrenta el Consejo es concretar la voluntad política para adoptar reformas. Debería realizarse un trabajo diplomático para que los países reunidos en la Asamblea General cambien algunas dinámicas. Por ejemplo, la mayoría de dos tercios para suspender el derecho a la participación de un país que viole los derechos humanos es sumamente alta y difícil de alcanzar. Sólo Libia durante el gobierno de Muamar el Gadafi ha sido suspendida. También debería haber una exigencia para que cada región tenga que presentar el doble de candidatos en comparación con las plazas disponibles, logrando así fomentar la competencia por tener un mejor récord en derechos humanos. Por último, pudiese requerirse que antes de cualquier elección, cada país candidato rinda cuentas de la situación de los derechos humanos en su territorio.

¿Es posible que Venezuela sea electa?

A pesar que el Consejo ha dicho que en Venezuela existen “graves violaciones de los derechos humanos” y el informe de la Alta Comisionada Bachelet concluyó que en la última década se ha “puesto en marcha una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”, la elección de Venezuela es muy probable. 

La situación actual es que sólo existen dos candidatos para las dos plazas sujetas a elección por Latinoamérica y el Caribe. Esos dos candidatos son Brasil y Venezuela. En consecuencia, una mayoría simple de la Asamblea General de la ONU podría elegir que Venezuela vuelva a ser parte del Consejo luego de haber sido miembro entre 2016 y 2018. La elección tendrá lugar el 16 de octubre de 2019. Sólo si otro país de la región es candidato podría surgir la posibilidad que Venezuela no sea electa y una mayoría de los países de la ONU manifiesten al régimen de Nicolás Maduro que la situación de los derechos humanos hace inaceptable que Venezuela sea parte del Consejo. Países como Jamaica, Belice, República Dominicana o Colombia, que no han sido miembros aún del Consejo, podrían tener una buena opción de ser electos.

¿Habrá una comisión de investigación sobre Venezuela?

Once ONGs de derechos humanos solicitaron recientemente al Consejo que establezca una comisión de investigación sobre Venezuela durante su actual periodo de sesiones, el cual finaliza el próximo 27 de septiembre. Por ahora, la evaluación de la propuesta no figura en la agenda del período de sesiones por lo que, salvo sorpresa, no es muy probable que sea acogida. Nada obsta para que esa decisión sea adoptada en una reunión de emergencia o en la próxima sesión ordinaria de marzo 2020.

Una comisión de investigación, que operaría fuera de Venezuela si el régimen de Maduro no permite su entrada, podría investigar denuncias específicas de derechos humanos, promover la rendición de cuentas y otorgar una legitimidad reforzada a la información recabada. Eso luego podría servir para que otros organismos como la Corte Penal Internacional o los propios países avancen en sus esfuerzos de adoptar medidas para presionar por una resolución a la crisis.

En cualquier caso, el estatus actual de la solicitud planteada por las ONGs demuestra que todavía queda espacio para hacer un trabajo diplomático que permita aumentar la vigilancia y acción internacional ante la grave crisis de derechos humanos que sufren millones de venezolanos. 


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