¿Qué está pasando con Venezuela y el TIAR?

Fotografía de @OEA_oficial

El 11 de septiembre de 2019, 12 países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) aprobaron una resolución que “constituye provisionalmente” la reunión de cancilleres de los países parte del tratado y convoca a un primer encuentro “para la segunda quincena del mes de septiembre”.

Los doce países que votaron a favor fueron: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, República Dominicana y Venezuela. Cinco países se abstuvieron: Costa Rica, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay. Según la página web de la OEA, que sirve como la organización internacional depositaria del tratado, sólo hubo un país ausente: Bahamas. Cuba sigue siendo formalmente parte del TIAR, pero decidió no participar.

Según la resolución, “la crisis en Venezuela tiene un impacto desestabilizador, representando una clara amenaza a la paz y a la seguridad en el Hemisferio”. En consecuencia, los cancilleres deberán discutir y acordar las medidas que consideren convenientes.

Las posibles medidas

El texto del TIAR prevé cuáles son las medidas que los cancilleres podrían adoptar. Específicamente el artículo 8 prevé que se trataría de “una o más de las siguientes”: 

– Retiro de embajadores.

– Ruptura de relaciones diplomáticas.

– Ruptura de relaciones consulares.

– Interrupción parcial o total de las relaciones económicas.

– Interrupción parcial o total de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, telefónicas, radiotelefónicas o radiotelegráficas.

– Empleo de la fuerza armada.

No existe orden de aplicación, por lo que la decisión de qué medidas adoptar depende de la propuesta de cualquier país miembro del TIAR y la respectiva decisión de los cancilleres. 

Existen algunas limitaciones a tener en cuenta. En primer lugar, el artículo 17 del tratado establece que las decisiones de la reunión de cancilleres deben darse por el voto de dos tercios “de los Estados signatarios que hayan ratificado el Tratado”. Si se cuenta a Cuba, harían falta 13 votos. De lo contrario, como parece ser el criterio implícito en la reunión del 11 de septiembre, serían 12 votos.

Por otro lado, el artículo 20 del tratado prevé que la aplicación de las medidas “serán obligatorias para todos los Estados” parte del tratado, “con la sola excepción de que ningún Estado estará obligado a emplear la fuerza armada sin su consentimiento”. 

En ese sentido, el artículo 10 del TIAR establece que “ninguna de las estipulaciones de este Tratado se interpretará en el sentido de menoscabar los derechos y obligaciones de las Altas Partes Contratantes de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas”. Esto significa que el propio TIAR limita su aplicación al cumplimiento de la Carta de la ONU. Por ende, legalmente y según el Capítulo VII de la Carta de la ONU, el uso de la fuerza armada sólo es admisible con autorización del Consejo de Seguridad o en ejercicio de la legítima defensa “individual o colectiva, en caso de ataque armado”. Adicionalmente, el Capítulo VIII de la Carta, relativo a acuerdos regionales, prevé que “no se aplicarán medidas coercitivas en virtud de acuerdos regionales o por organismos regionales sin autorización del Consejo de Seguridad”. La relevancia de esta limitación fue confirmada cuando el pasado 11 de septiembre, en la resolución aprobada, los países miembros del TIAR también decidieron “informar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del texto de la presente resolución y de todas las actividades relacionadas con este asunto”.

Teniendo esto en cuenta, lo que se puede esperar de la reunión de cancilleres prevista para la segunda quincena del mes de septiembre son probablemente medidas diplomáticas y económicas de rasgo sancionatorio.

La discusión por el uso de la fuerza armada

Durante la sesión del 11 de septiembre, Chile, Costa Rica y Perú solicitaron que se incluyera en la resolución un compromiso para restaurar la democracia en Venezuela de forma pacífica, “excluyendo aquellas medidas que impliquen el empleo de la fuerza armada”. Esa propuesta no prosperó. La incertidumbre sobre cómo puede desarrollarse la crisis, y ante los señalamientos de los vínculos entre el régimen de Maduro y grupos insurgentes, una mayoría de países miembros del TIAR prefirió no descartarla de plano.

Sin embargo, en los últimos días, tanto el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, como el presidente de Colombia, han destacado que no se está contemplando el uso de la fuerza y que la estrategia sigue siendo aumentar la presión diplomática y económica. Dentro de esa categoría, los países podrían incluso evaluar una interrupción de las comunicaciones marítimas y aéreas, lo que significaría que ninguna embarcación o avión que tenga como origen o destino Venezuela podría circular por el espacio marítimo o terrestre de los países miembros del TIAR.

El desafío que genera la discusión sobre medidas más categóricas, por el riesgo que conllevan, es cómo evitar mayor fragmentación entre el grupo de países que han estado presionando por una resolución de la tragedia que vive Venezuela. Esto en momentos cuando la voluntad política existente a nivel global indica que lo más factible es apostar por un aumento de las medidas sancionatorias, y muy especialmente por parte de la Unión Europea. Es el carácter multilateral de cualquier medida lo que puede aumentar su eventual efectividad.