2024: pronóstico reservado

Comparados con los años de la hiperinflación y el confinamiento en Venezuela, los trimestres siguientes parecieron mejores, según algunos criterios. Aparte de las consideraciones del gobierno, algunas cifras ofrecidas por Ecoanalítica, el Observatorio Venezolano de Finanzas, Conindustria y la UCAB, por ejemplo, describieron crecimiento de la producción, reducción de la pobreza y relativa estabilidad cambiaria. La aparente reactivación económica fue relacionada con una “dolarización de facto, espontánea y desordenada”, desigualdad en el consumo y efectos políticos apaciguadores. La aparición de nuevos establecimientos y servicios, como bodegones, restaurantes, oficinas, conciertos y transporte de bienes y personas hicieron atractivas expresiones como “pax bodegónica” y “Venezuela se arregló”. Sin embargo, las cifras publicadas por organizaciones privadas, las evidencias anecdóticas y los discursos del gobierno no bastan para hacer análisis detallados del movimiento de recursos públicos y privados. Durante la última década, el Banco Central de Venezuela (BCV), el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), Petróleos de Venezuela (PDVSA), la Contraloría General, los ministerios y otros órganos y entes del Estado retrasaron o dejaron de publicar informes y datos, llegando en algunos casos a retirar desagregaciones históricas, previamente alojadas en sus páginas web. Esto es algo que, de por sí, tiene valor informativo. En 2024, por ser un año electoral, este valor informativo debe resaltarse. Para hacerlo, en las próximas líneas haré comentarios a partir de tres puntos. Primero, las consecuencias de interrumpir la publicación de las estadísticas oficiales sobre el ejercicio de derechos políticos y la elaboración de predicciones independientes. El segundo, la presentación de enunciados del gobierno como “consensos de la Venezuela del siglo XXI”: consolidación de un nuevo modelo económico, suspensión de las sanciones, preservación de la paz, recuperación del estado de bienestar y, posteriormente, defensa del Esequibo. El tercero, algunas limitaciones para diseñar y ejecutar propuestas presidenciales alternativas, como “Venezuela Tierra de Gracia”, de cara a las elecciones de 2024.

Política e información oficial

La rendición de cuentas de los representantes es un derecho político de electores y electoras, según el artículo 66 de la Constitución. La transparencia es mencionada seis veces en la Constitución, en relación con los órganos de administración de justicia y del Poder Electoral, de la administración pública, de la gestión fiscal y de la rendición de cuentas. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha eximido a los poderes públicos de la publicación del presupuesto, información oficial y rendición detallada de cuentas en repetidas ocasiones. En 2015, el TSJ declaró inadmisible una demanda por abstención contra el presidente del BCV “por no publicar datos de importancia vital para la economía del país”, después de haber afirmado en 2014 que el BCV dejaría de publicar el índice de escasez porque sólo “lo debe tener el Gobierno, no es un índice político”. Entre 2016 y 2020, luego de declarar en desacato a la Asamblea Nacional electa para el período, el TSJ no requirió la publicación de información oficial al declarar la constitucionalidad de decretos de emergencia económica. La Asamblea Nacional electa para el período 2021 a 2025 ha recibido y aprobado el presupuesto, sin publicarlo, durante tres años, por lo que debe suponerse que lo considera secreto según el régimen transitorio (de duración indefinida) sobre “reserva, confidencialidad y divulgación limitada de información” establecido por la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (2017-2020).

Al presentar el presupuesto de 2024 ante la Asamblea Nacional, el Ejecutivo se refirió al ejercicio como uno “profundamente político”, no administrativo. Sin embargo, a pesar de la trascendencia política de las elecciones presidenciales de 2024, la publicación de información oficial se omitió en los acuerdos de Barbados. Dedicados a la protección de intereses vitales para la nación y a la promoción de los derechos políticos y garantías electorales, los acuerdos hicieron mención expresa a CITGO, los activos en el exterior y la Guayana Esequiba, pero no a PDVSA ni a los activos y pasivos de la República ni al Arco Minero del Orinoco. La publicación del presupuesto de 2024 y todas las estadísticas requeridas para evaluarlo debió tratarse como derecho político y garantía electoral, porque son necesarias para preparar los programas de candidatos presidenciales. Sin información oficial suficiente y comisiones de enlace bien dispuestas, la toma de posesión de un nuevo gobierno, de ganar las elecciones de 2024, podría ocurrir en medio de problemas administrativos que agraven severos inconvenientes políticos, económicos y sociales. Tiene un significado profundamente político que la presentación de las leyes de presupuesto y endeudamiento de 2024 sea la octava hecha sin conocimiento previo ni posterior de los electores. 

Factibilidad de programas de gobierno

Para electores y potenciales aliados, evaluar la factibilidad de los programas de gobierno requiere considerar el origen y monto previsto de los recursos públicos, así como objetivos, medios e impactos esperados. Un punto de partida común debe ser el presupuesto, puesto que este debe elaborarse con visión de conjunto, indicando compromisos difícilmente modificables e iniciativas por continuar, cancelar o incorporar.

Por su parte, el gobierno vinculó el gasto presupuestado con la recuperación del estado del bienestar. Los recursos necesarios se relacionan con la consolidación de un nuevo modelo económico post petrolero y el levantamiento de las sanciones. Con respecto al nuevo modelo, el gobierno ya había anunciado que cobrará impuestos y armonizará tributos a unos, pero ofrecerá a otros incentivos fiscales y protecciones arancelarias en zonas económicas especiales, favoreciendo a los productores nacionales y extranjeros cuyas actividades interesen al gobierno. Suspendidos los controles de cambio y precios y las amenazas de expropiación, el gobierno ha restablecido relaciones con gremios empresariales privados y ha reconocido como un problema la inexistencia de un plan de financiamiento, sin hacer referencias al encaje bancario ni a la regulación de la intermediación en divisas, ni a los potenciales aportes del sector público. Los acuerdos de Barbados permitieron el otorgamiento de licencias temporales y condicionadas a garantías electorales sobre actividades generadoras de recursos públicos, previamente sancionadas por el gobierno de Estados Unidos. Aunque observadores externos han estimado el posible impacto del alivio sobre la producción de hidrocarburos, sigue desconociéndose el efecto neto estimado por el mismo gobierno de recaudar impuestos, otorgar incentivos fiscales y levantar sanciones sobre el crecimiento de actividades económicas e ingresos públicos.

Por otra parte, el programa “Venezuela, Tierra de Gracia”, propuesto por María Corina Machado y su equipo, apunta como principales fuentes de recursos públicos la recaudación de mayores ingresos fiscales (provenientes del crecimiento de la producción petrolera y del resto de actividades económicas), así como de la privatización masiva y transparente de empresas públicas, la renegociación de la deuda y la ayuda para atender la crisis humanitaria. El programa se propone reducir el déficit fiscal al mismo tiempo que eliminar impuestos distorsionantes, participar en inversiones de infraestructura con el sector privado y atender a los más vulnerables en áreas de salud, educación, atención materno-infantil y seguridad social. Una condición esencial para el éxito del programa es, a la vez, una de sus principales promesas: crear un ambiente propicio para la inversión privada. Entre los requisitos para alcanzar este objetivo se encuentran el apoyo de multilaterales, la credibilidad de proyectos de privatización y la aprobación conjunta de poderes públicos independientes entre sí. Los tres requisitos enfrentan obstáculos para su satisfacción inmediata. La disposición de los poderes públicos a facilitar el desarrollo de este programa no es evidente, teniendo en cuenta la opacidad fiscal y la inhabilitación impuesta por la Contraloría a Machado, entre otras cosas. El Directorio Ejecutivo del FMI sólo puede celebrar reuniones informativas informales sobre Venezuela, puesto que a la fecha la consulta del Artículo IV se encuentra demorada 203 meses. PDVSA ha firmado nuevos compromisos con Chevron, Shell, NGC, Repsol y RdK , entre otras empresas que aprovechan las licencias para explotar hidrocarburos, aunque sean temporales y PDVSA haya dejado de publicar informes desde 2016, está endeudada, sometida a investigaciones por corrupción en Venezuela y sea, según Machado, uno de los “negocios personales” de quienes tienen el poder. Sin contar con detalles sobre la gestión fiscal, los nuevos contratos y las investigaciones sobre corrupción en curso, “Venezuela, Tierra de Gracia” requiere de planes contingentes explícitos para establecer lazos confiables y transparentes con todos los interesados, sin los cuales sus grandes objetivos pueden parecer inviables.

Predicciones independientes y prejuicios

No contar con información detallada dificulta hacer predicciones independientes sobre las variables económicas habituales. Se pierde la oportunidad de identificar patrones observables examinando cifras compiladas con una metodología común. No es posible contrastar hipótesis utilizando la gran variedad de teorías y técnicas estadísticas disponibles. Se corre el riesgo de presumir causalidades entre variables observadas, sólo porque fueron sugerentes en el pasado. No es posible cuantificar la importancia relativa de  variables omitidas. Sin embargo, el aspecto más relevante es que no publicar las cifras es una más de las decisiones tomadas por el gobierno, cuyas decisiones afectan el comportamiento de todas las variables relevantes. Las limitaciones para comprender problemas complejos hacen posible la manipulación de unos por otros, incluso teniendo acceso a información significativa. Ocultar información da ventajas adicionales a quien lo hace. En Venezuela, el gobierno ha podido cambiar prioridades y canales de transmisión sin conocimiento inmediato de todos los afectados, y aprovecharse de sus prejuicios para influir en sus perspectivas de un modo que le convenga. A continuación, algunos ejemplos de lugares comunes discutibles.

a. “La hiperinflación podía ser derrotada”

Si el BCV no hubiera incrementado la emisión monetaria a una velocidad y por un tiempo suficientes, no hubiera existido hiperinflación en Venezuela. Reduciendo la velocidad habría podido detenerla, y de hecho lo hizo tres años después de comenzar. Así como la inició con una aceleración no explicada en la emisión monetaria, la detuvo desacelerando sin explicación. Mientras tanto, los bolívares emitidos por el BCV a nombre de PDVSA fueron utilizados en Venezuela, donde podían comprar bienes, servicios y activos mientras se incrementaban aceleradamente sus precios. La diferencia entre quienes recibían muchos bolívares y quienes recibían pocos, fuese por el mecanismo que fuese, pudo servir al gobierno con propósitos redistributivos. Estos propósitos eran desconocidos por observadores que esperaban un cambio de gobierno, o un improbable cambio de políticas (como una dolarización plena) o el final de las sanciones, como medios para “vencer” a la hiperinflación. Nada de eso ocurrió. La hiperinflación no fue derrotada, sino detenida, y sus efectos no fueron empobrecedores para todos. 

b. “El bolívar no vale nada”

Aunque el destino de los bolívares recibidos por PDVSA todavía es desconocido, es claro que primero fueron gastados por el gobierno y después se mantuvieron en circulación permanente en Venezuela. Esto contrasta con frases como “el bolívar no vale nada”, “nadie quiere bolívares” y “el bolívar fue pulverizado”, porque si nadie los hubiera aceptado no tendríamos tipos de cambio para el bolívar, ni precios en bolívares para bienes y servicios, ni podrían usarse dólares y bolívares para transacciones hechas en el territorio nacional. Sin embargo, el mismo gobierno que hizo uso privilegiado del poder de compra del bolívar aprovechó la idea de que estaba dejando de usarse para justificar dos políticas no relacionadas: la eliminación de seis ceros a la moneda nacional y la extensión del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) a las transacciones en dólares. Conviene recordar que por décadas se recomendó en Venezuela ahorrar en dólares y hacer transacciones en bolívares, por lo que los bolívares siempre han sido la moneda con mayor velocidad de circulación en el país. Las transacciones directas en dólares no reflejan el desuso de bolívares, sino la menor capacidad de ahorro de los residentes, por lo que el IGTF no puede estimular el uso de la moneda con mayor velocidad de circulación pechando el uso de las que tienen una reserva de valor más duradera. 

Fotografía de Federico Parra | AFP.

c. “Todo está dolarizado, menos el salario”

Una asociación incompleta entre bolívares, dólares, salario y pobreza hizo atractivas las propuestas de dolarizar el salario o, incluso, de eliminar el bolívar. Recurrir al sueldo del “ciudadano común” como justificación para dolarizar plenamente la economía y poner al gobierno una “camisa de fuerza” se hizo con frecuencia. Sin embargo, es incorrecto afirmar que todos los asalariados que recibían pagos en bolívares estuvieran en peores condiciones que quienes los recibían en dólares. Bastaría recordar que, a pesar de la inflación y el pago en bolívares, durante la bonanza petrolera el poder de compra promedio de las remuneraciones de los asalariados se incrementó por varios años, registrando el BCV diferencias significativas al desagregar por sector, rama de actividad económica y grupo ocupacional. 

El énfasis en la relación entre el ingreso y la moneda desatendió la desigualdad en ingresos y en riquezas, y sobreestimó el poder del dólar para disciplinar la política fiscal. Al hacerlo, se desatendieron los conflictos derivados de las políticas tributarias, las asignaciones de gasto, los niveles de endeudamiento y la necesidad de rendición de cuentas. 

d. “La dolarización de facto fue espontánea y desordenada”

Al terminar la bonanza petrolera cayeron los aportes de PDVSA y el BCV a la oferta de dólares. Otros pudieron incrementarse, como los provenientes de lavado de dinero, remesas, aportes de otras empresas y desahorro. Aunque no es posible conocer las proporciones de cada concepto, el desahorro provocado por el colapso pudo ser significativo, como en Grecia pocos años antes. El ahorro privado en Venezuela se había incrementado sustancialmente durante la bonanza. La compra de dólares en efectivo y cheques de viajero y la apertura de cuentas en el exterior era posible desde Venezuela, antes del control de cambios que comenzó en 2003. Luego fue posible desde otros países, facilitada por un gobierno que vendió bonos en bolívares denominados en dólares y asignó hasta 2014 cupos de viajero y otros a través de CADIVI. Hasta entonces, las tarjetas de crédito emitidas por bancos venezolanos pudieron usarse para comprar dólares desde Venezuela y en cualquier país conectado por Visa, Mastercard u otras empresas relacionadas. La suspensión del control de cambios en 2018, en medio de la hiperinflación (sin efectivo ni créditos bancarios en bolívares y con fallas de electricidad y conectividad), redujo los costos transaccionales de un sistema multimoneda preexistente, aunque ilícito en Venezuela. Desde 2018 se pudieron utilizar la difusión inmediata del marcador del paralelo por internet (prohibida durante más de una década) y aprovechar la organización y avances tecnológicos desarrollados por la banca nacional e internacional. El uso extendido y complementario del efectivo, pago móvil en bolívares y del Zelle en dólares, por ejemplo, sugieren que la llamada “dolarización de facto” no fue espontánea ni desordenada, sino tolerada (y aprovechada) por el gobierno y organizada por los usuarios. 

e. “Una corrección cambiaria está por venir”

Durante y después de la hiperinflación han coexistido las llamadas “dolarización de facto” y la “inflación en dólares” en Venezuela. Al superar la inflación a la depreciación, la apreciación real resultante fue interpretada en algunos casos como consecuencia de un rezago en una inminente “corrección” cambiaria. Sin embargo, es posible que tal rezago no haya existido. 

El desahorro, más que las exiguas reservas internacionales del BCV, podría explicar que la depreciación se mantuviera por debajo de la inflación. Ahorro y cantidad de dólares en circulación varían en dirección contraria. Los ahorristas compran dólares y los sacan de circulación, lo que presiona el tipo de cambio al alza. Al desahorrar, ponen en circulación dólares y presionan el tipo a la baja. Desde 2018, los dólares previamente ahorrados y puestos en circulación debieron ser más que los retirados para nuevos ahorros, en medio del colapso y la hiperinflación. 

Vale destacar que la “dolarización de facto” más que un cambio de moneda puede interpretarse como una entrada de recursos que antes estaban fuera de circulación. Esto pudo contribuir más al crecimiento de algunas ramas de actividad económica que a darle término a la hiperinflación.

f. “El gobierno aumentará los salarios y desestabilizará la economía”.

Es frecuente leer que los salarios del sector público son pagados con emisión monetaria “sin respaldo” y que, por tanto, aumentar salarios incrementaría la inflación y la depreciación del tipo de cambio. Afirmarlo pasa por alto que el gobierno tiene ingresos ordinarios y extraordinarios, que hace otros gastos al mismo tiempo que paga salarios y que no rinde cuentas. El gobierno puede recomponer sus gastos totales en secreto, a favor o en contra de las remuneraciones. Con respecto a las remuneraciones, lo ha hecho en público, reduciendo sostenidamente la participación de los salarios a favor de los bonos desde el último aumento del salario mínimo, decretado en marzo de 2022.

El gobierno saca ventajas de los prejuicios de sus críticos cuando estos aceptan conclusiones no verificables porque, por decisión del mismo gobierno, desconocen detalles sobre la entrada de recursos privados y la orientación de los gastos públicos. Este punto es de especial relevancia al tratar de anticipar  el efecto del levantamiento parcial o total de las sanciones en 2024. El crecimiento en algunas regiones y actividades económicas es algo verosímil. Atribuirlo a un gasto público mayor y potencialmente desestabilizador, hecho para atraer votos en las elecciones de 2024, no es necesario. Sin rendir cuentas sobre ingresos y gastos, el gobierno podría ahorrar ingresos potencialmente extraordinarios y reordenar sus gastos, aumentando salarios sin perturbar la relativa estabilidad de precios y cambios que siguieron a la hiperinflación. 

El Esequibo y la paz

La defensa del Esequibo fue incorporada como quinto consenso dos meses antes de un referéndum que no consultó detalles específicos sobre el plan de acción a seguir. Requirió de los votantes apoyar cualquier medida “conforme a derecho” para proceder a tal defensa, excluyendo del derecho a la Corte Internacional de Justicia y a cualquier instrumento jurídico distinto del Acuerdo de Ginebra. También requirió apoyo para crear un nuevo estado en el territorio en reclamación, incluirlo en el mapa de Venezuela y desarrollar un plan “acelerado” de atención integral para sus pobladores. En ningún caso se identificaron responsables, plazos ni costos ni obligación de rendición de cuentas. A pesar de la abstención y de la omisión de la publicación de los resultados locales de la consulta, muy necesarios para reforzar la credibilidad del CNE antes de las elecciones presidenciales de 2024, el gobierno recibió los resultados como una “transferencia de poder”, incondicional e indefinida, como una prueba de “unidad inquebrantable” alrededor de sus decisiones.

Aunque antes y después del referéndum el gobierno de Venezuela no reconociera su jurisdicción, la Corte Internacional de Justicia tiene previsto recibir en abril de 2024 su respuesta a un proceso iniciado por Guyana en 2018, requiriendo confirmación del Laudo arbitral de 1899. La decisión de la Corte ocurrirá mientras se acumulan casos de violaciones de derechos humanos en el mundo por guerras y ataques terroristas, algunos relacionados con el control de un territorio, como entre Rusia y Ucrania y entre Israel y Hamas, con impacto en distintos países del mundo. Estos conflictos no sólo involucran directamente a los órganos de las Naciones Unidas, sino también a los Estados Unidos y a los países de la Unión Europea, que tendrán elecciones presidenciales y parlamentarias, respectivamente, en 2024. La relación de estos países con China, las frecuentes amenazas nucleares de Corea del Norte y las tensiones del Medio Oriente contribuyen a crear un contexto difícil para la más que centenaria controversia entre Venezuela y Guyana, reavivada desde 2015 al descubrir la ExxonMobil hidrocarburos en la zona. La iniciada flexibilización de las llamadas “medidas coercitivas unilaterales” contra el gobierno de Venezuela podría ser revisada a la luz de su política exterior durante 2024, dependiendo de las recomendaciones que haga la Corte Internacional de Justicia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de ser el caso. 

La preservación de la paz ya era uno de los “consensos” promovidos por el gobierno, antes de acusar a Guyana de tocar tambores de guerra. La preocupación manifiesta de Trinidad y Tobago por la continuidad del proyecto de desarrollo gasífero con PDVSA, la NGC y la Shell y movimientos militares de Brasil y Estados Unidos en la región, precedieron a la Declaración de Argyle, promovida por la CELAC, el CARICOM y Brasil con participación de representantes del Secretario de las Naciones Unidas y gobiernos de otros países. La Declaración estableció como primer acuerdo, sin ningún condicionante y redactado en términos mandatorios, que “Guyana y Venezuela, directa o indirectamente, no se amenazarán ni utilizarán la fuerza mutuamente en ninguna circunstancia, incluidas las derivadas de cualquier controversia existente entre ambos Estados”. Pocos días después, el envío por parte del gobierno del Reino Unido de un barco de guerra a las aguas en disputa fue respondido con una acción militar conjunta por parte del gobierno de Venezuela. No es claro el rumbo que pueda seguir la controversia. 

Pronóstico reservado

La total discrecionalidad en el uso de los recursos, incluyendo la información, tiene efectos difícilmente previsibles. Ejercer a la vez la diplomacia de paz y la fase defensiva de una acción militar durante un año electoral, sin rendición de cuentas, deja al arbitrio del gobierno decisiones que pueden alterar las predicciones de todos y restringir la discusión de planes de gobierno, con todas sus implicaciones. Antes de la convocatoria del referéndum consultivo, había sido advertido ante la Asamblea Nacional que desacuerdos con las decisiones del gobierno sobre la defensa del Esequibo podrían considerarse traición a la patria, delito por el cual el Ministerio Público anunció órdenes de aprehensión contra opositores presuntamente involucrados en una trama de financiamiento y conspiración relacionada con la ExxonMobil. La reunión con representantes de gremios empresariales hecha en el Consejo Nacional de Economía Productiva en Unión Nacional, días antes del referéndum, vinculó estrechamente los anuncios sobre el nuevo modelo económico con las decisiones del gobierno con respecto al Esequibo. Inmediatamente después del referéndum, la Asamblea aprobó en primera discusión una Ley Orgánica para la Defensa del Esequibo, previamente desconocida por los convocados al referéndum.

Sin el riesgo de un conflicto armado, un gobierno que controle el poder dentro del país (al punto de no rendir cuentas) podría beneficiarse de la flexibilización de sanciones y sus alianzas con gobiernos y empresarios privados. Sin embargo, una posible “escalada belicista” entre Guyana y Venezuela podría contribuir a fortalecer alianzas secretas entre gobiernos y agentes privados de distintos países, a favor o en contra del gobierno de Venezuela. La movilización diplomática y militar de varios gobiernos añade incertidumbre a la planificación del futuro, algo que podría retrasar, e incluso inhibir, las inversiones a mediano y largo plazo de quienes no reciban información privilegiada y creíble.  

Es indispensable recordar que, durante la última década, Venezuela ha sufrido el colapso de la producción, hiperinflación, migraciones, empobrecimiento, crisis humanitaria y pérdida del control de territorios, sin haber pasado por guerras ni guerrillas tras más de medio siglo. Comparados con los años de la hiperinflación y el confinamiento, los trimestres siguientes al inicio de un conflicto armado podrían parecer peores, mucho peores, según algunos criterios.

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