La economía venezolana 2024: colgando de Barbados

Tenemos por delante un complejo bienio político-electoral íntimamente ligado al devenir petrolero del país. Más aún, puede decirse que nuestro devenir petrolero está íntimamente ligado al político-electoral.

La economía venezolana es pequeña y la actividad económica está sumida en un letargo, donde los pocos impulsos que hay, tienen efectos efímeros. Un ejemplo fue el corto aliento del estímulo que provino de la gradual descriminalización de la dolarización formalizada a través del convenio Cambiario Nº1 en septiembre 2018 y la flexibilización de los controles en 2019.

Tras la debacle impuesta por la pandemia de covid, esa flexibilización dio un impulso importante a la actividad económica desde 2021, pero fue rápidamente metabolizado, y luego truncado con la reforma al Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) en 2022, el cual vino a gravar los pagos en divisas, poniendo arena en los engranajes de la economía, haciendo más complejas y costosas las operaciones de pago.

La venezolana es también una economía frágil, que se descarrila con facilidad y es muy susceptible a los cambios de expectativas. La muestra más reciente de ello fue la evolución del año 2022, que comenzó en entusiasta ascenso y con estabilidad del tipo de cambio. La actividad económica perdió fuelle y abruptamente pasó a ser un año inestable e inflacionario con el grave desajuste cambiario de agosto y los efectos que fue causando en el mercado cambiario la corrupción de envergadura (denunciada meses después por el gobierno) que pusieron en evidencia la fragilidad de una estrategia inflacionaria muy dependiente de la disponibilidad de divisas.

El tipo de cambio y la inflación se dispararon dando al traste con la meta oficial de cerrar la inflación por debajo de 100% y causando una violenta caída del poder adquisitivo que llevó al desplome del consumo en 2023 y la consiguiente “parada de máquinas” que caracterizó al menos la primera mitad de este año que está a punto de concluir.

La atracción de capitales es lo medular para salir de este largo ritornello de control monetario fuertemente recesivo en el que está sumido el país, para salir de una inflación alta y llegar a una inflación promedio más moderada de 30% anual, como la que se registró entre 1983 y 2012 o, mejor aún, una de 3% como la que disfrutamos hasta 1983.

No puede haber inversiones ni ahorro nacional si no se recupera la demanda de dinero. Ese es el desafío más grande de cualquier gobierno que tenga las riendas del país y, desde el viernes negro de 1983, la demanda de dinero prácticamente se desvaneció. Las expectativas de largo plazo y la confianza no han logrado converger desde entonces. Por el contrario, la demanda de dinero sigue por el piso. Los agentes económicos mantienen bolívares en el mínimo necesario para manejar las transacciones del día a día, y no hay exceso alguno de bolívares que no busque rápidamente refugio en el dólar. Sin el rescate de la demanda de dinero no habrá entrada de capitales ni inversiones relevantes. Ambas requieren la misma medicina.

Desde hace años se intenta aupar iniciativas de inversión, las cuales se suceden a escala insignificante, desde el punto de vista macroeconómico. Es conocida la larga lista de razones que inhiben la inversión y el financiamiento internacional. Están presentes desde hace años y, más recientemente, fueron reforzadas por las sanciones. Las enumeraremos hoy una vez más.

No hay respeto al derecho de propiedad, la protección de la propiedad es incierta. No hay rendición de cuentas. Ni sobre el desempeño de la economía, ni de la situación de la sociedad, ni sobre las finanzas públicas. No se presenta ni explica el presupuesto nacional y sus parámetros, ni tampoco los resultados de su ejecución. Tampoco hay una presentación profesional de planes y programas, sólo presentaciones mediáticas. Las leyes siguen sin adaptarse a la muy lenta y poco explícita flexibilización de los controles que viene ocurriendo desde 2019. Las contribuciones fiscales y parafiscales son muy elevadas y promueven la informalidad. El sistema de trámites y registros es engorroso y turbio. Es pobre el historial en materia de cumplimiento de los acuerdos internacionales de garantía de inversiones. El proyecto de modernización de una ley clave como lo es la Ley de Hidrocarburos está engavetado desde hace años.

Mucho por hacer, pero nada que no hayan hecho países vecinos que hoy compiten mejor que nosotros en la atracción de inversiones y en la obtención de financiamiento internacional.

$7.500 millones adicionales en 2024

El 2024, y más allá, estarán marcados por la permanencia de la flexibilización de sanciones petroleras lograda con la emisión de la Licencia General 44 (LG 44). Esta licencia general, que rige hasta el 18 de abril del 2024, permite a Pdvsa comercializar petróleo y gas a cualquier destino, siempre que no involucre a Rusia o empresas rusas. La renovación de la licencia en el próximo mes de abril está sujeta al cumplimiento del Acuerdo de Barbados por parte del gobierno venezolano.

Los beneficios de esta licencia derivan esencialmente de la formalización de las exportaciones petroleras comercializadas por Pdvsa, las cuales, hasta octubre de este año, se realizaban a través de vías oscuras que facilitaron la corrupción a gran escala.

Desde las sanciones de enero 2019 esas exportaciones se estuvieron colocando a descuentos enormes (superiores al 40% sobre el Brent), con altos costos de envío a los mares de Asia y un flujo irregular de ingresos a Venezuela. El provento llegaba, y en gran medida sigue llegando, a cuentas en el exterior que no son reflejadas en las reservas internacionales ni en otros registros de activos externos del gobierno venezolano. Vendiendo en mercados transparentes, con un Brent promedio en $90, cada barril de petróleo venezolano colocado en EE.UU. o Europa será vendido a $74 en lugar de ser vendido a $54.

Asumiendo un promedio del Brent a $90 en 2024, con la producción llegando a los 900.000 barriles diarios en diciembre y exportando un promedio de 800.000 barriles, el valor de las exportaciones petroleras sería $20.400 millones, es decir, $7.500 millones más que el valor estimado de 2023 ($12.800 millones). De hecho, este será el nivel más alto de exportación en siete años. Esta proyección infiere que el redireccionamiento de las exportaciones a destinos más rentables (EE.UU. y Europa) no es instantáneo ni total. Asimismo, asume que China National Petroleum Corporation (CNPC), la empresa estatal china, importará directamente desde Venezuela mientras rija la LG 44.  Y finalmente, asume que los socios minoritarios europeos, atendiendo a este incipiente estímulo, comenzarán a operar bajo condiciones similares a las de Chevron.

El 43% ($3.200 millones) del aumento en el valor de las exportaciones derivará del redireccionamiento de los embarques, que permitirá cobrar mejores precios; en otras palabras, es directamente imputable a la LG 44. Un 40% provendrá del aumento en el volumen exportado (152.000 barriles adicionales), en el cual predomina el empuje de la gestión de Chevron bajo el amparo de la Licencia General 41 (LG 41) de noviembre del 2022. Finalmente, estará el efecto del aumento de $6 en el precio promedio del crudo venezolano, a $70, que acarreará una mejora en los ingresos de $1.400 millones.

Desglose del incremento en las exportaciones
$US millardos

Algo más de gasto, algo más de inflación y algo de crecimiento 

El enfoque de las autoridades económicas en 2024 muy probablemente será el mismo de los últimos años. El foco continuará sobre el control de la depreciación del bolívar, mientras lentamente tratan de reducir el ventajismo exacerbado en el tratamiento de las importaciones de bienes finales e imprimir sensatez a un sistema tributario que inhibe la formalización económica. Para ello buscará mitigar la creación de dinero y mantendrá a raya el financiamiento bancario, dosificando el gasto público en la medida de lo posible, manteniendo el énfasis en la recaudación de impuestos y vendiendo divisas para lograr lo que las iniciativas anteriores no puedan lograr.

Eso es lo que avizoramos para un año electoral, probablemente extendido al bienio electoral 2024-2025: elevado gasto público con una política económica muy dependiente de la disponibilidad de divisas para darle soporte a la estrategia de contención del tipo de cambio y evitar que la inflación se dispare.

Estimamos que en 2024 la oferta de divisas canalizadas al mercado cambiario a través de la banca local llegará a $7.600 millones, superando los $5.100 del 2023. Esas divisas serán provistas por el BCV ($5.200 millones, de los cuales $4.300 serán directamente en efectivo) y por los Socios B de las empresas mixtas ($2.400 millones). En el 2023 la cifra será $5.200 millones, con $4.000 provistos por el BCV ($3.000 millones en efectivo y el resto en dólares electrónicos autorizados a la banca) y $1.100 millones vendidos por Chevron en las mesas de cambio de la banca.

Aún con esta mayor disponibilidad de divisas, el efecto del más acelerado crecimiento del gasto público no logrará ser suficientemente mitigado y la inflación subirá a 250% desde el 200% que estimamos será el cierre de este 2023.  El gasto público crecerá un 325% (desde 313% en 2023) y el gasto real aumentará 58%, en contraste con la caída de 4% que estimamos para 2023.

El poder motorizador del gasto público es bajo, pero no es nulo. El gasto público es capaz de generar un rápido (aunque breve) empuje en el consumo masivo de bienes esenciales. Comparado con el 2023, el 2024 será menos malo. La actividad económica en conjunto crecerá un 7,4% (2,7% en el 2023), recogiendo una recuperación de 7,0% en el sector no petrolero (0% en 2023) y un crecimiento estable de 10% en el sector petrolero, afectado por el debilitamiento de la refinación.

La apreciación real de la moneda continuará siendo la rémora que acompaña este enfoque de gestión. La depreciación del bolívar continuará en rezago frente a la inflación: el tipo de cambio subirá 150%, en tanto que la inflación será 250%, con lo cual se requeriría en el año un aumento adicional de 40% en el tipo de cambio para corregir ese desfase que implica una pérdida de poder adquisitivo del dólar en el mercado venezolano.  Un factor de empuje de los costos en dólares.

Fotografía de Yuri Cortez | AFP

¿Y si en lugar de estar colgando de Barbados, cayéramos?

Si en abril 2024 perdiéramos el espacio que da la LG 44, el país sufriría un deterioro relevante en 2024 y más allá. El deterioro de expectativas será importante y abrupto, generando volatilidad en el ámbito cambiario, temiendo que disminuya la capacidad de defender el bolívar, deteniendo el avance de decisiones en proyectos públicos y privados. Perderemos ingresos petroleros (algo más de $2.000 en el mismo 2024) y, como el gasto público será probablemente igual de fuerte, es de esperar mayor emisión de dinero por parte del BCV, acicateando la inflación que, de suyo, verá reforzado el pass through con la mayor depreciación.

La consideración interesante es si el gobierno va a valorar apropiadamente que, en los años subsiguientes, Venezuela nuevamente venda el 80% de sus exportaciones perdiendo (dejando de cobrar) $20 por cada barril vendido. Esto implicaría aproximadamente $3.600 millones por año. En otras palabras, sería mantener al país peligrosamente cerca de la recesión y la hiperinflación. Advertencia: el precio del petróleo también puede bajar.

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