“Soy por quienes no pueden ser, estoy por quienes no pueden estar”

Dexy estira el brazo para mostrar el papel que muestra los votos de su mesa de votación durante las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. 

—No se lee mucho, pero esta es el acta de mi mesa —dice y muestra otros papeles alargados, sus pancartas.

Dicen: “Ganamos por paliza”, “Seguimos hasta el final”. 

—Eso nadie lo va a cambiar.

Alrededor los manifestantes sostienen actas electorales de todos los tamaños y formas. Pequeñas e ilegibles, pegadas sobre cartones, plastificadas para protegerlas, enormes afiches pegados sobre paredes. Las descargaron del sitio web del comando opositor, que publicó más del 83% de las actas electorales de la elección presidencial del pasado 28 de julio, recopiladas por la red de testigos de mesa y voluntarios de totalización. Hoy las actas son las protagonistas: son las pruebas. Este sábado 17 de agosto de 2024, cientos de venezolanos se agrupan a las afueras del centro comercial Líder en la avenida Francisco de Miranda, en Caracas, en decenas de ciudades de Venezuela y en más de trescientas ciudades en todo el mundo. 

Fotografía de Helena Carpio.

Dexy, jubilada, de 72 años, dice que ella y su esposo han estado en todas las convocatorias desde que se inició la campaña electoral, pese a los dolores de columna de él y las rodillas desgastadas de ella. Afirma haber protestado desde hace 25 años, haber sido siempre opositora y que hoy protesta por el resultado electoral, pero también por la represión que ha ocurrido desde entonces. Dice tener “la piel dura” desde el 11 de abril de 2002, cuando vio morir manifestantes en el centro de Caracas. 

—No me deja vivir la angustia, la frustración de no poder reivindicar a todos esos niños que murieron protestando. Todos los días los lloro como si fueran mis hijos —dice y sonríe con tristeza. 

Sus hijos no están con ella. Desde hace casi veinte años viven en Inglaterra y Portugal. Ya se casaron e hicieron sus vidas. Dexy y su esposo los apoyaron cuando decidieron irse, cuando ya la crisis era notable. No los empujaron a salir, pero les abrieron la puerta. Hoy también están protestando en sus ciudades. 

—Estoy convencida de que este es el momento de llegar al final. 

Sus hijos son parte de los más de 7.77 millones de venezolanos que, se estima, están fuera del país. Por ellos, la jornada del sábado empezó cuando todavía era viernes en Venezuela: con una protesta de venezolanos en Auckland, Nueva Zelanda. La migración venezolana alcanza casi un tercio de su población. La protesta mostró la magnitud que implica, qué tan lejos ha llegado el gentilicio y la bandera: Tokio, Kuala Lumpur, Seúl, Riga, Uganda, Omán, Taipei, Madagascar, Gaza; también demostraron cuán grandes son las comunidades de venezolanos, con multitudinarias manifestaciones en ciudades mucho más cercanas, geográfica y culturalmente, como Madrid, Santiago de Chile y Buenos Aires. 

La migración fue el principal mensaje de la campaña opositora: las familias separadas, los anhelos de reunificación. Una hija de la líder opositora María Corina Machado estuvo en la concentración en Nueva York, una hija del candidato opositor Edmundo Gonzalez Urrutia estuvo en la de Madrid.

“¿Qué creen, que hay ocho millones de venezolanos que salieron a hacer turismo por el mundo?”, preguntaba el viernes Washington Abdala, el embajador de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos, en una sesión en que el Consejo Permanente aprobó por consenso una resolución para pedir que el Consejo Nacional Electoral publique de inmediato las actas electorales y permita la verificación imparcial de los resultados. Ese mismo día, los gobiernos de la Unión Europea y otros quince países americanos hicieron el mismo reclamo de publicación de actas y su verificación independiente. 

Fotografía de Helena Carpio.

—Mi hija me dijo que tuviera mucho cuidado. Yo le dije que estuviera tranquila, que solo estamos ejerciendo un derecho —dice Yelitza, 41 años, administradora. 

Sostiene impresa el acta de su centro de votación en Carúpano, en el estado Sucre. Viajó para votar y desde que regresó ha estado en las movilizaciones. Aunque trabaja como administradora, Yelitza en realidad estudió Educación integral, pero abandonó la carrera por los bajos salarios. Su hija también está en la protesta, pero no aquí. Vive en Bogotá desde hace siete años, cuando emigró con solo 17. 

—La he visto porque he viajado, pero desde hace siete años mi hija no ha venido. Estoy acá por ella y por mi mamá, para que lleve una vejez tranquila. 

Las actas electorales son los comprobantes de mesas de votación. Parecen largas facturas, con distintos códigos únicos de identificación, y contienen los resultados de cada máquina electoral, incluyendo los votos totales y los votos de cada candidato, distribuidos por partido político. Las actas se imprimen antes de iniciar la transmisión de los datos. Son firmadas por los testigos y miembros de mesa, y comprueban la votación de cada mesa. La noche de la elección, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dijo que sufrió un hackeo durante la transmisión, pero no ha mostrado pruebas y suspendió tres auditorías posteriores a la elección que pudieron aclarar lo ocurrido. Las actas, al ser previas a la transmisión, son prueba de los resultados. Sin embargo, un día después de la elección se proclamó a Nicolás Maduro. 

Los manifestantes alzan muchas y distintas pancartas: “Nos robaron la pensión y también la elección”, sostiene un anciano. “Aquí están las pruebas”, dice un cartón con varias actas pegadas. “Soy la verdad y la vida”, escrito sobre distintas actas que se mecen con el viento. “Soy por quienes no pueden ser, estoy por quienes no pueden estar”, dice el cartel que un joven sostiene en la esquina. 

Fotografía de Helena Carpio.

Un grupo desenrolla tres grandes papeles. Parecen actas, pero de cerca se ve que no tienen votos ni los nombres de los candidatos. En su lugar, hay una larga lista: los nombres de los más de 2500 presos políticos venezolanos. “Liberen a los presos políticos”, “Cierren los centros de tortura”, dicen las pancartas que la rodean.

—Coño, ¿son tantos? —pregunta una voz que se abre paso para tomar una foto. 

En una pared de zinc, veinticuatro grandes actas están pegadas en la pared: una por cada fallecido en las protestas postelectorales. 

—Claro, estas son las actas donde ellos votaban antes de que los mataran —explica un manifestante a su pareja. 

Se detienen a ver cada una. Dorián Rondón votó en el Centro Comunitario Luisa Cáceres de Arismendi, parroquia Macarao en Caracas, tenía 22 años; Walter Pérez Lucena votó en el Liceo Bolivariano Ejidio Montesinos en Lara; Eurisjunior Mendoza en el Liceo Bolivariano Simón Bolívar en Carapita, también en Caracas, tenía 24 años.

La gente espontáneamente se acercó a pegar las copias de sus propias actas a un lado. 

—En este momento tengo un miedo grandísimo, pero la verdad va a salir a la luz —dice Carlos, 21 años, estudiante universitario. Sostiene una pancarta donde escribió los nombres de los asesinados en protestas desde 2017. 

Está solo. Aunque sus padres también están en Venezuela, es el hijo que queda en el país. No ve a su hermano desde hace cinco años ni a su hermana desde hace ocho. Su familia está repartida por el continente, en Estados Unidos, México, Chile, Perú, República Dominicana y Ecuador. No conoce a sus sobrinos: tiene siete, contando los hijos de sus primos. Todos nacidos en el extranjero. 

—Atacar todos los problemas de una vez es imposible. Pero tengo esperanzas. Creo que viene un cambio grandísimo para nuestro país. 

Desde el 29 de julio, el Foro Penal ha confirmado 1503 detenciones arbitrarias, las autoridades dicen que son más de dos mil. En casi tres semanas sólo han sido excarceladas 90 personas. Entre las detenciones hay 129 adolescentes. Las organizaciones que defienden derechos humanos, como Provea, han denunciado un patrón sistemático: los detenidos son acusados por varios cargos, entre ellos terrorismo, no les permiten elegir sus abogados y los mantienen incomunicados de sus familias. Se bloqueó el acceso a la red social X. En las redes sociales se han compartido los videos de detenciones, denuncias y allanamientos. Se vio en directo la detención de la dirigente María Oropeza, que transmitió en vivo el momento en que funcionarios encapuchados llegaron a su casa a detenerla.

—Estamos asustados, pero no tenemos miedo —me dice uno de los manifestantes, y me pide que no pregunte ni su nombre. 

Algunos deciden tapar sus caras. Los medios nacionales entrevistan sin tomarles fotos, les piden que declaren de espaldas a la cámara, otros distorsionan la imagen para no identificarlos. Desde que las autoridades promovieron la delación entre vecinos y la denuncia del que protesta, el riesgo se siente cada vez más alto. 

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el fiscal de la Corte Penal Internacional, la Unión Europea y gobiernos de la región y de todas partes del mundo han pedido que pare la represión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo llamó “Terrorismo de Estado”. Esta mañana, el gobierno militarizó las principales zonas populares de Caracas: El Valle, Catia, Coche, Caricuao, La Pastora, Antímano, La Silsa, entre otras, amanecieron con despliegue de policías y guardias nacionales. 

Petare, que está a menos de diez manzanas de la protesta, también tiene su entrada repleta de funcionarios. Nada es igual desde el 28 de julio. En parte, porque por primera vez la oposición tiene pruebas de sus reclamos electorales, y los acompañantes electorales —el Centro Carter y el Panel de Expertos de la ONU— coincidieron en que la gestión del CNE “no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad”.

Fotografía de Helena Carpio

—Hemos establecido un nuevo parámetro de vigilancia y defensa del voto ciudadano para el mundo —dice María Corina desde el camión que sirve también como tarima.

La multitud gritó con fuerza cuando llegaron. Hay menos líderes políticos a bordo. Desde las elecciones, varios dirigentes han sido apresados, entre ellos el exdiputado y precandidato Freddy Superlano. Anoche reportaron la detención de Piero Maroun, secretario de organización de Acción Democrática, también de otros dirigentes regionales. El candidato opositor, Edmundo González Urrutia, está resguardado. La líder opositora María Corina Machado está en la clandestinidad, pero llegó a mitad de la caravana —vestida con un suéter de capucha— para liderar el camino hacia el punto de concentración. 

—La gesta cívica más grande de la historia de Venezuela la hicimos nosotros —dice María Corina y la gente grita y aplaude y empuja para acercarse. 

La líder de la oposición pide silencio. Un grupo de asistentes grita al ver desmayarse bajo el sol intenso al dirigente y exdiputado Juan Pablo Guanipa. Maria Corina asegura que está bien. Entre la multitud lanzan caramelos y jugos para ayudarlo. Pero la líder pide silencio, necesita que la escuchen. Dice que ya se han superado cuatro etapas: reunificar al país y motivarlo, organizar las primarias ciudadanas, lograr la candidatura por consenso de Edmundo González Urrutia y votar y cuidar los votos para demostrar la victoria. La quinta etapa, dijo, es cobrar: que se respete la voluntad de la población. 

Reconoció la represión —“la más horrible, la más cruel de la historia de Venezuela”—. Agregó que han perseguido dirigentes, que se han llevado a testigos electorales de sus casas, que han apresado a inocentes. Pero afirmó que seguirán las movilizaciones. 

—No vamos a dejar las calles. Es nuestro derecho.

En medio de su discurso, María Corina recibió otra media docena de actas electorales entregadas por los manifestantes. La dirigente pidió a la población protegerse, apoyarse y comunicarse. Y sobre los rumores de que el CNE imprimiría nuevas actas electorales falsas, Machado se mostró confiada. 

—Nos darán las pruebas del fraude. 

Fotografía de Helena Carpio.

Con el Himno Nacional cerró la protesta. Rápidamente, la multitud comenzó a dispersarse. En las últimas protestas, la represión ha llegado al terminar la manifestación, se han llevado a los que quedan. Hoy no se ven funcionarios cerca, pero igual todos prefieren prevenir. 

Adriana, 55 años, profesora, camina con un acta encajada en la gorra. La agarra varias veces para mostrar que esa es su prueba, que sí ganó la oposición. Que esta vez fue diferente. Dice que es la mesa 2 de su centro de votación en El Bosque, dice que esto tiene que terminar. 

—Queremos dignidad, tenemos un país maravilloso del cual no queremos salir, queremos que vuelva nuestra gente, queremos honrar a los que han asesinado, a los que están torturados y presos. ¡Cómo es posible que haya niños presos acusados de terrorismo!

Contiene las lágrimas mientras cuenta que su esposo está en Argentina, que regresó en 2017 para firmar un documento y ella le pidió que no volviera. Él es argentino y la acompañó a protestar en Venezuela. Pero en 2017 llegó el hambre: ella pesaba 43 kilos y él, que mide más de un metro ochenta, pesaba 60. 

—Yo le dije que se quedara porque acá iba a morir de inanición —dice y caen las lágrimas. 

Dice que duelen los muertos, las injusticias, los detenidos, las torturas, dice que duele que no se reconozca la verdad. Dice que estamos todos rotos. Que se quedó porque este es su país, porque nadie la va a sacar como si fuera una ladrona, porque cree que hay mucho por construir, porque alguien tiene que quedarse a sostener la casa para los demás. Y señala alrededor y dice que hay mucha gente igual, que quiere trabajar, construir y apostar por el país, que sigue luchando por la verdad.

—Nosotros ya somos libres, lo que falta es que dejen el poder.

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