¿Qué está pasando con los conserjes?

Algunos propietarios aseguraron que no podrían pagar el aumento salarial. La opción: despedir a la señora Gloria. La mayoría permaneció en silencio durante la asamblea. No sabían qué hacer. En la torre, ubicada en Los Palos Grandes, hay 44 familias y cinco locales.

El presidente Nicolás Maduro decretó la medida el viernes 17 de agosto. El salario mínimo pasaría de 3.000.000 de bolívares fuertes (30 bolívares soberanos) a 180.000.000 de bolívares fuertes (1.800 bolívares soberanos). Era el quinto incremento en 2018 y el cuadragésimo sexto desde la llegada del chavismo al poder. Puso a todos a correr porque significaba un aumento de 5.900% en términos nominales.

Es un error creer que la medida no afecta a los conserjes. La Ley Especial para la Dignificación de Trabajadoras y Trabajadores Residenciales establece en el artículo 29 que el salario “no podrá ser inferior al salario mínimo nacional, el cual debe ser pagado en forma quincenal”.

La mitad de los propietarios acudió a la primera asamblea la noche del miércoles 22 de agosto.

—No hay más remedio. Hay que liquidar a la conserje.

—Pero, ¿quién va a sacar la basura? ¿Quién va a limpiar la entrada? ¿Quién va a mantener las áreas comunes?

—Podríamos contratar una empresa de servicios.

—Eso no va a ahorrar gastos. No tiene sentido. Yo prefiero dejar de comprar una salsa de tomate en mi casa para pagarle a la señora Gloria.

—Pero yo no estoy dispuesto a quitarle a mis hijos una salsa de tomate. No me parece justo.

La señora Elsy vive en la torre desde hace 25 años. Para ella la comunidad es un barco y en él viajan todos, incluyendo a la conserje. “No podemos dejar a ningún pasajero botado. Esta tormenta tiene que pasar”, repite la alegoría que usó Elías Santana, director de MiCondominio.com, en una reunión con vecinos y juntas de condominio de Caracas el domingo 2 de septiembre. “En esta tormenta las olas inmensas son la megadevaluación y la hiperinflación (…) Hay unos rayos y centellas, que son el aumento salarial y la incógnita que tenemos sobre el bono de alimentación, que también nos va a afectar”.

Elsy paga un poco más de 200.000 bolívares fuertes (2 bolívares soberanos) de condominio, más 1.000.000 (10 bolívares soberanos) para cubrir gastos que surgen por reparaciones o artículos limpieza. Esto da un total de 1.200.000 (12 bolívares soberanos). Con el nuevo salario, los residentes —sin contar a los dueños de los negocios de la planta baja—, aportarían cerca de 9.000.000 de bolívares fuertes más (90 bolívares soberanos).

“Al decirlo parece mucho dinero que sube de un solo golpe. Pero mañana ya no será nada. Eso se te va en jabón en polvo o en un pote de mantequilla”, dice Elsy.

Gloria trabaja en un edificio en Los Palos Grandes desde hace 7 años. Fotografía de Alfredo Lasry / RMTF

Gloria, la que conoce a todos

Gloria es colombiana. Nació en un pueblito llamado Concepción, en el departamento de Bucaramanga. Pronto cumplirá 56 años. El único espacio que tiene para vivir es la consejería. No tiene pensión. Hace 7 años fue contratada como trabajadora residencial de la torre, pero conoce los rostros de cada vecino desde el año 2000. En aquella época se había separado de su esposo. Gloria necesitaba dinero. Ese año hizo varias suplencias a la señora María en la conserjería del edificio. En una ocasión duró cuatro meses seguidos como reemplazo. También limpió apartamentos hasta 2007. Cada día se encargaba de uno diferente. Llegaba en la mañana y a las tres o cuatro de la tarde estaba lista. Si era posible, iba de lunes a domingo.

Cuando María se fue en 2011, los propietarios le ofrecieron a Gloria el empleo. Se había ganado su confianza. Conocía bien los 11 pisos de la torre, el penthouse, el sótano y la sala de máquinas.Trabajaba en otro edificio en Santa Eduvigis, pero aceptó la oferta. Ganaría exactamente lo mismo: salario mínimo, pero la vivienda era dos veces más grande. Le urgía un cambio de espacio. El mayor de sus hijos ya tenía 22 años, la muchacha 18 y el menor 16. El apartamento tiene una sola habitación, pero caben en ella cómodamente una litera, la mesa para la computadora y una máquina de coser.

—La conserjería tiene muchas ventajas. No tienes que pagar una camioneta para ir al trabajo, tienes una vivienda y un sueldito. De verdad es muy lamentable que en este momento uno esté en esta situación. Hay muchos conserjes pasando por lo mismo. Yo pienso que deberían buscarse alternativas y no tomar medidas drásticas. Hay que respirar un poquito.

—¿Los propietarios te tratan diferente?

—Los vecinos me tratan bien, no he visto ningún cambio. Tienen sus temores, pero no los demuestran contra mí. Entiendo que la gente se estresa, pero los conserjes somos los que estamos en el aire. Yo tengo mis preocupaciones. La junta de condominio alega que algunas personas quizás no puedan pagar su parte. Cuando escucho esto el corazón se me arruga. Pienso: ¿qué quedará para mí entonces?

Hace unos días, Gloria conoció a una conserje que se dirigía a la Inspectoría del Trabajo. Ambas viajaban en el Metro de Caracas y comenzaron a hablar. La mujer llevaba una carta de despido en la mano. Explicaba que la asamblea de propietarios había decidido removerla de su puesto y entregarle su liquidación. El documento estaba fechado el sábado 18 de agosto, pero se podía leer que la reunión se había hecho el lunes 20. Gloria estaba sorprendida. No solo se había quedado sin trabajo, sino que probablemente se tomó la decisión un día después del anuncio del aumento presidencial.

Los abogados especialistas en derecho condominial no recomiendan los despidos. Yelitze Cortez, miembro de la junta directiva de la Cámara de Bienes Raíces, advierte que en Venezuela hay inamovilidad laboral y el trabajador residencial puede ampararse en la Inspectoría del Trabajo. Iniciaría un proceso de reenganche, y la comunidad estaría obligada a contratarlo de nuevo. Esto puede durar un tiempo. Cuando el trabajador residencial retoma su empleo, todo el ingreso que dejó de percibir se le debe cancelar por orden y mandato de la providencia administrativa generada por la Inspectoría.

La inamovilidad laboral en Venezuela es de vieja data. Carlos Andres Pérez la inauguró en 1974. También la decretaron Lusinchi y Caldera. Pero en abril de 2002 el expresidente Hugo Chávez estableció la medida, y desde entonces se han promulgado varios decretos para extenderla en el tiempo. El 28 de diciembre de 2015 se publicó el decreto Nº 2.158 que la impuso por tres años más.

Para Cortez el enemigo de las comunidades es la falta de claridad en las normas. Hay más preguntas que respuestas y se toman decisiones apresuradas. “Lo mejor es asesorarse con especialistas en el tema y actuar apegado a Derecho”.

La Ley Especial para la Dignificación de Trabajadoras y Trabajadores residenciales establece que el salario del conserje no puede ser menor al salario mínimo. Fotografía de Alfredo Lasry / RMTF

Más que patrones, vecinos

Desde que Maduro anunció el incremento salarial, Cortez asesora juntas de condominio angustiadas porque no pueden acatar la medida. Muchos propietarios se fueron del país y descuidaron sus pagos. Solo quedan deudas. Cortez ha atendido desde una comunidad de 200 personas, hasta un edificio de apenas 13 apartamentos. Los condominios más pequeños son las más afectados. “Si de verdad los vecinos no pueden pagarle al trabajador residencial, lo mejor es llegar a acuerdos. Hay muchos que han aceptado renunciar. Sin embargo, los 180 millones de bolívares fuertes pronto se convertirán en sal y agua”.

Gloria no asistió a la primera reunión de vecinos. Tampoco a la segunda. Estaba asustada. Pero Elsy le informó que en cualquier momento sería invitada a una asamblea. La comunidad pide escuchar su opinión. Necesitan a Gloria. Es quien riega las plantas dos veces a la semana. La que espera a que llegue el agua en la mañana para fregar los pisos de la entrada. La que limpia las escaleras. La que saca la basura todas las tardes.

Los que entran y salen del edificio la saludan al pasar. “¿Cómo está señora Gloria?”. “¿Todo bien señora Gloria?”. Todos la conocen. Una muchacha de unos 15 años conversaba con ella en la entrada cuando se acercó una señora de acento español, de cabello blanco. “Gloria, ¿cómo estás? ¿Quién es esta joven?”. La conserje respondió que era la hija de una vecina. La ha visto crecer, como ha visto envejecer a la mujer de 90 años que la saluda con cariño. De regreso a la conserjería se encuentra con un muchacho, fuerte y bien parecido, que saca a pasear a su perra. Le asegura a Gloria que pronto le hará el favor prometido: reparar la moto que era de su hijo mayor. Pasa también una señora asiática. Gloria le pregunta por su esposo. “Todos bien, gracias”.

Hay edificios que decidieron dejar en manos de las empresas administradoras las negociaciones con los conserjes. Cortez advierte que es un error. La Ley Especial para la Dignificación de Trabajadoras y Trabajadores Residenciales establece en su artículo 9 que el trabajador residencial es un empleado de la comunidad de propietarios. “No se considerarán patronos, ni actuarán como tales, las empresas u organizaciones que presten servicios de administración de condominio”, dice la Ley.

—Para mí los propietarios son más que mis patrones. También son mis vecinos. Lo que a ellos les pasa a mí me duele. Aunque haya diferencias, yo tengo la disposición de ayudar en lo que yo pueda. La conserjería es un trabajo de 365 días al año. Estás 24 horas compartiendo con todos de diferentes maneras. A veces ni siquiera es necesario hablar. Aprendes a conocer a la gente y yo soy una persona muy observadora. Si hubiera estudiado psicología sería muy buena profesional.

A Gloria le hubiera gustado ser psicóloga o abogada. Cuando terminó la primaria decidió buscar empleo. No tenía dinero para continuar sus estudios. A los 13 años escapó de su casa por primera vez y trabajó en un almacén de telas. La dueña le enseñó a coser con máquina de pedal, a remendar ropa vieja y a fabricar alpargatas.

A los 16 años cruzó la frontera para vivir en Venezuela. Llegó al país sola. Viajó de Concepción a Cúcuta y de ahí a San Cristóbal. En la capital tachirense cuidó a dos niñas de una familia japonesa. Las llevaba a pasear y las ayudaba con las tareas. “Todos me trataban como parte de la familia”.

Han pasado casi 40 años desde entonces. Gloria conserva sus dos máquinas de coser. Todavía remienda ropa y hace arreglos a quien se lo pide. Así hace dinero extra y la actividad funciona como terapia. “Me relaja, me olvido de los problemas”.

Sus dos varones se fueron a Colombia. Su hija dio a luz en marzo de 2017 y reside con su pareja en Petare. Cuando nació el niño, Gloria pidió que los dejaran vivir con ella porque era la única hija que tenía en el país. A la comunidad no le gustó la idea. La Ley Especial para la Dignificación de los Trabajadores y Trabajadoras Residenciales tampoco especifica qué grado de consanguinidad o afinidad familiar pueden tener los ocupantes de la vivienda. El apartamento es, además, muy pequeño. La comunidad acordó darle más tiempo para que buscaran un sitio para vivir.

—Si la llegan a liquidar, ¿no podría vivir con su hija?

—No, mi amor. La casa de mi hija es muy chiquita. Viven muy apretaditos. La verdad, no quiero ni pensar qué me tocaría hacer. A mí me botan de aquí y me pondré allá afuera con unos cartones.

—¿No ha pensado en regresar a su país?

—Yo soy colombiana. Sé cómo es la vida en Colombia. Allá denigran mucho al pobre. Son muy clasistas. Allá el rico es rico, el clase media es clase media, y el pobre está aparte. En Venezuela he tenido la oportunidad de comer con ricos en su mesa y conversar con ellos. El venezolano es muy dado.

Gloria aprendió a coser en Colombia cuando era una adolescente. Fotografía de Alfredo Lasry / RMTF

Diálogo en el condominio

Gloria no recibe dinero de sus hijos en el exterior. Ella les dice que puede cuidarse sola, que ha sido una mujer independiente desde su adolescencia. “Lo soy hasta el sol de hoy”. Pero el salario mínimo no le alcanza. Hace unos días quiso comprarse una papa rellena y un jugo en la mañana. En total debía pagar 4.000.000 de bolívares fuertes. “¿Cómo me voy a comer un desayuno de cuatro millones si para ese momento ganaba solo tres?”.  

El dinero se le va en comida. El tiempo se le va en las colas. El domingo 2 de septiembre asistiría a una reunión de vecinos y trabajadores residenciales del Centro Comunitario de Caracas y Radio Comunidad, en El Marqués. Pero un conocido le dijo que en un automercado en Chacao había aceite. Salió corriendo con la esperanza de llevar algo a casa.

El encuentro fue coordinado por Elías Santana y la abogada laboral Tibaire Altuve. También estaba allí la abogada Yelitze Cortez. Ese domingo, vecinos de Los Palos Grandes, La Urbina y Chacao compartieron sus preocupaciones. Gloria no fue pero Elsy sí. Participaron 15 personas.

Santana inició la discusión. Aconsejó el diálogo. Evitar el conflicto social. No tomar decisiones aceleradas. “Tenemos dos polos que han actuado reactivamente a las circunstancias. Ambos hablan de confrontación social, de lucha de intereses, de una enorme politización de la relación laboral la comunidad”. Agregó una observación: “Hoy por hoy el número impactante de 180 millones de bolívares fuertes, o 1.800 bolívares soberanos, parece que ha perdido cierto peso”.

Un señor dijo que en su edificio hay solo 16 propietarios y no todos pueden pagar su parte. Quería asesoría legal para llegar a un acuerdo. Había escuchado que algunas juntas de condominio plantearon declararse en quiebra. Cortez aprovechó la oportunidad para aclarar que eso no es posible. “Los condominios no son empresas ni comerciantes. Son comunidades de personas en las que todos los propietarios aportan su cuota para asumir los gastos comunes”. Dos hermanas explicaron que en su edificio, en La Urbina, propusieron comenzar de cero con su trabajador residencial. Cambiar su figura legal. La abogada Cortez advirtió que no se puede liquidar al conserje y comenzar con la misma persona un contrato de servicios. “Lo que se liquide al trabajador se toma como un anticipo y este conserva su antigüedad”.

Gloria siempre ha ganado salario mínimo desde que comenzó a trabajar en conserjerías en 2007. Fotografía de Alfredo Lasry / RMTF

César Correa, el único administrador presente, explicó que los pasivos laborales “crecerían de forma exponencial”. La conserje de su edificio fue contratada hace 20 años. “Hasta el 31 de agosto tenía como prestaciones sociales 770 bolívares soberanos para su liquidación. A partir del 1 de septiembre pasaron a 40.000 bolívares soberanos”.

El condominio de Correa no es el único preocupado por el incremento de los pasivos laborales. Hay quienes ya pensaban en ello antes del aumento salarial. El fondo de reserva se ha hecho polvo. La hiperinflación se comió la capacidad de ahorro. Una vecina relató que salieron de la trabajadora residencial “en la rayita”: hace tres meses le dieron su liquidación porque tenía 35 años con ellos. “La despedimos porque no sabíamos cómo íbamos a pagar sus prestaciones sociales después, al tener mucha antigüedad”. Acordaron que podía quedarse en la vivienda.

La abogada Cortez contó que en su complejo de edificios había cuatro trabajadores. Hablaron con uno de ellos y llegaron a un acuerdo: presentó voluntariamente su renuncia.

El martes 4 de septiembre, Gloria supo que una de sus amigas acababa de perder su trabajo. “La liquidaron y ella aceptó. Yo no podría hacerlo. No tengo para dónde ir”.

En su edificio, los vecinos se reunieron dos veces más. Para la última la convocaron. No quería ir. Le dijo a Elsy que no deseaba sentarse ahí para que algunos le lanzaran “flechazos” o indirectas. No quería escuchar que no podrían pagarle. “Para mí esto ha sido muy traumático y uno tiene que cuidar su parte emocional. Eso es lo que te mantiene con salud. Pero insistieron en que querían escuchar mi opinión”.

Al llegar a la reunión, uno de los vecinos tomó la palabra. Fue directo.  

—Señora Gloria, ¿usted qué piensa hacer?

—¿Hacer de qué?

—Si se tiene que ir.

—Yo no me pienso ir del edificio ni de Venezuela.

La asamblea decidió esperar a que el incremento salarial se publicara en Gaceta Oficial. El lunes 3 de septiembre el decreto vio la luz. Al salario mínimo se sumó el bono de alimentación de 180 bolívares soberanos. El ingreso total quedó en 1.980 bolívares soberanos. Gloria estaba en la puerta del edificio cuando uno de los vecinos se acercó a preguntarle si el presidente de la junta de condominio le había dicho algo nuevo, o si la había citado para una reunión. “Vecino, todavía no sé nada”, contestó.

Han pasado 20 días desde que el Presidente declaró el aumento. Los propietarios no han tomado una decisión. Gloria responde siempre lo mismo: “Estoy esperando saber qué van a hacer conmigo”.