Lala Lovera: las tareas de la integración de los venezolanos en Colombia

Colombia es el país que concentra el mayor número de migrantes venezolanos en el mundo, con casi 2 millones. En febrero de 2021, el gobierno colombiano lanzó el Estatuto de Protección Temporal, una medida diseñada para promover y facilitar la integración de los migrantes venezolanos en Colombia, la cual les brinda la posibilidad de residir, trabajar y estudiar legalmente en el país por un plazo de 10 años. 

Desde su creación en 2017, la Fundación Comparte Por Una Vida Colombia ha trabajado con migrantes y comunidades de acogida en Colombia, a través de diversos programas que buscan atender las necesidades específicas de esta población y facilitar el proceso de integración.

En Prodavinci conversamos con Lala Lovera, directora de la fundación, sobre la trayectoria de esta institución en su trabajo con comunidades migrantes, las barreras que enfrentan estas para la restitución de sus derechos y los retos a futuro que tiene Colombia en materia de migración e integración. 

¿De dónde vienes y cómo fue tu camino profesional antes de crear la Fundación Comparte por una Vida Colombia?

Soy caraqueña de nacimiento, pero me siento como una ciudadana del mundo. De un mundo que debe estar unido. Yo veo el mundo como un ecosistema donde estamos todos. Soy mamá de dos seres humanos maravillosos que son mis grandes maestros y me han enseñado que cuando uno es mamá de un niño, es mamá de todos. Desde ese concepto, desde ese principio, entendí que mi labor en este mundo es servir y mi mejor oficio es ser voluntaria, independientemente de mi profesión. 

Estudié Educación Especial en Caracas, una licenciatura con mención en retardo mental y dificultades de aprendizaje, pero desde muy chiquita tenía claro que mi propósito de vida era servir, y que yo misma tenía que ser parte del cambio. 

Con eso en mente, continué mi formación en gerencia educativa y responsabilidad social. Trabajé principalmente apoyando proyectos de distintas organizaciones que trabajaban con poblaciones vulnerables o atendiendo brechas específicas en temas de educación o alimentación, por ejemplo. 

En 2009 me despido de Caracas, por una decisión familiar de emigrar a Colombia junto a mi esposo y mis dos hijos. En el minuto en el que llegué a Colombia, supe que había venido para quedarme. 

En Bogotá, donde me establecí, me propuse aportar la esencia de lo que somos como venezolanos, sin perder mi identidad, pero abierta a aprender cómo se hacían aquí las cosas. Siempre traté de que mis hijos tomaran la frase que me dijo mi papá el día que se despidió de mí: «Donde fueres haz lo que vieres».

Bogotá fue para mí una ciudad diferente, con otra dinámica, pero en un país que me recibió y me ha permitido trabajar con él, para él y su gente. Entendí que me tocaba a mí integrarme y no sólo esperar a que me integraran. Y en ese proceso comencé a transitar un camino de aprendizaje, buscando entender y conocer a Colombia por medio de sus niños, sus comunidades, sus mujeres. Todo esto en poblaciones vulnerables, marcadas por una gran desigualdad. 

Tuve la suerte de entrar a trabajar como voluntaria en una organización llamada la Casa de la Madre y el Niño, una institución con más de 80 años en Colombia, orientada a la restitución de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Allí trabajé durante nueve años y hoy en día soy miembro de la junta directiva. 

En este tiempo también sentí la necesidad de que mi trabajo no fuera solo una práctica orgánica, sino algo más organizado y especializado. Entonces decidí hacer una maestría en gerencia social en la Universidad Javeriana de Cali, para aprender a liderar procesos que realmente tuvieran impacto. Todo esto fue de alguna manera la antesala para la creación de la Fundación Comparte por una Vida Colombia. 

¿Cómo nace el proyecto de la Fundación Comparte por una Vida Colombia? ¿De dónde surge la idea? 

En 2017 fue cuando sentí por primera vez el llamado a vincular mi trabajo con la migración. En ese entonces hubo una fuerte ola de migración proveniente de Venezuela: fueron los años de mayor movimiento migratorio entre ambos países, y de alguna manera el fenómeno comenzó a resonar más como un golpe, a ser más claramente un reflejo de crisis, de dolor. Allí entendí que había que hacer algo. 

Sentí también una corresponsabilidad. Me pregunté: ¿cómo hago yo para contarle a los colombianos, a Colombia, quiénes somos los que estamos migrando? Y también para contarle a esos venezolanos, quién es Colombia y a dónde están llegando. 

La Fundación Comparte por una Vida ya existía desde 2016 en Venezuela, donde hacíamos el trabajo de atender y apoyar comedores y hospitales. Lo que hicimos fue traer la fundación a Colombia, importando ese mismo modelo de trabajo, pero esta vez enfocándonos en la población migrante y las comunidades de acogida. Sin embargo, la Fundación Comparte por una Vida Colombia se formó como una organización sin ánimo de lucro, totalmente independiente de la operación en Venezuela en términos legales, y con una junta directiva establecida en Colombia. 

Pasamos de ser un proyecto a ser un modelo de integración que día a día vamos validando con diferentes actores, y que busca la estabilización, la integración y la inclusión de la población proveniente de Venezuela. Es un trabajo amplio pero tenemos unas acciones muy contundentes en distintas rutas de atención a los migrantes. Con los años hemos ido creciendo, sumando aliados y consolidando un equipo de trabajo, con la meta de convertirnos en referentes en Colombia en el tema de integración de la población migrante. 

¿Cómo ha sido hasta ahora el camino para atender a esta población migrante a través de la fundación?

Desde el principio, nuestra visión siempre fue buscar la manera de escalar este proyecto, de no ser solamente un programa de atención a migrantes con acciones específicas, sino más bien convertirnos en un modelo de desarrollo integral. Y en Colombia veíamos la oportunidad de hacerlo, porque Colombia tradicionalmente no era un país receptor de migrantes. Entonces se perfilaba una gran necesidad de construir en el país esas rutas de integración de la población migrante que hasta el momento no habían existido, no estaban definidas ni mucho menos desarrolladas. Ese fue el reto que asumimos entonces y lo sigue siendo hoy. 

Con la fundación iniciamos un trabajo de atención individual, enfocado en el ciudadano de a pie, en los migrantes que estaban llegando con necesidades que no estaban cubiertas en Venezuela y que al llegar a Colombia seguían enfrentando dificultades para cubrir esas mismas necesidades. 

Nuestras acciones están basadas en evidencias. No podemos ignorar los reportes de Cecodap, las alarmas de personas como Susana Raffalli, las cifras de ENCOVI. Cuando una familia migra, no deja el hambre en Venezuela, no deja la desnutrición.

Migrar no restituye tus derechos. En su gran mayoría, cuando las familias vulnerables escapan, sus derechos no van a ser restituidos. Al menos no de manera inmediata. Hay una condición de vulnerabilidad que persiste, y eso es precisamente lo que queremos ayudar a mitigar. 

Al inicio comenzamos a generar proyectos pequeños, principalmente atendiendo a niños migrantes en colegios de la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. Trabajamos con el colegio con mayor flujo mixto de Colombia, muy cerca del puente Simón Bolívar. En ese momento, el flujo migratorio desde Venezuela era de entre 45.000 y 50.000 personas al día. Eso tomando en cuenta sólo el movimiento migratorio a través del puente, sin contar a quienes se movilizaban por las trochas.  

Allí empezamos a ver las necesidades que tenía esta población. Por ejemplo, en lo relativo a la alimentación. El plan de alimentación escolar nacional y el regional, sobre todo en el departamento de Norte Santander, no cubría en su totalidad a la matrícula escolar de toda la región. Al comenzar a recibir también a niños migrantes, los colegios no podían cubrir para brindar alimentación a todos los estudiantes y entonces había una brecha importante por atender. 

Otra problemática que identificamos fue la dificultad que enfrentan muchos niños migrantes para permanecer dentro del sistema educativo. Nos preguntamos cómo podíamos ayudar a los colegios a garantizar que el niño se mantuviera mantuviera matriculado, que siguiera asistiendo a clases. De allí nació nuestro primer proyecto, llamado “Quédate en la escuela”, que busca crear un espacio protector dentro de las instituciones educativas para lograr una permanencia escolar y así reducir las cifras de deserción.

Lala Lovera por Ricardo Peña | RMTF.

La fundación busca promover los derechos, el bienestar y la inclusión social de la población migrante venezolana en Colombia. ¿Cuáles son las principales barreras para la integración social de esta población?

Una barrera común, y de las más grandes, son los trámites. La burocracia. Para muchos migrantes venezolanos, saciar el hambre también se ha vuelto un trámite. 

Los procesos legales y sus requisitos se han convertido, en muchos casos, en esa barrera para acceder a los derechos básicos: la salud, la educación, el trabajo. Lo que vemos es que los migrantes se enfrentan a ese obstáculo para poder rehacer sus vidas, pero la barrera administrativa no se los permite. 

Entre otras cosas, la desarticulación de los organismos y la poca capacitación de los prestadores de servicio obstaculizan el proceso. Lo que vemos entonces es que estas barreras constituyen una forma de discriminación hacia los migrantes, porque no están aterrizadas. 

Otras barreras importantes son la inclusión financiera y la inclusión laboral. Ese es uno de los retos más grandes. 

Colombia ha dado pasos importantísimos en cuanto a la acogida de los migrantes venezolanos, como el Estatuto Temporal de Protección, por ejemplo. Pero ese tipo de medidas no pueden ir solas. Deben ir acompañadas de políticas de integración social que permitan a las personas migrantes insertarse dentro del sistema y del Estado. Eso no lo hay. En términos generales, el problema está en el exceso de trámites y burocracia, y en la falta de políticas de integración en distintas áreas. 

Una consideración importante es la distinción entre el proceso de acogida de los migrantes y su posterior integración. Colombia ya ha avanzado en el proceso de acogida. Ahora debemos pasar a la fase de integrar: apropiarnos de la migración proveniente de Venezuela. Y para esto es necesario salir de un enfoque centrado exclusivamente en la atención humanitaria, que no ofrece a los migrantes una oportunidad real de ser parte del sistema, y pasar más bien a una ruta de políticas de integración. 

En esta transición vemos varios retos, vacíos que necesitan acompañamiento. Uno de ellos es la comunicación: ¿cómo se está comunicando el tema de la migración a las comunidades de acogida? Es fundamental explicar a los colombianos la importancia y el beneficio que representa para el país la integración de estos migrantes. Otro reto tiene que ver con la visión que tienen de la migración algunos líderes políticos y la forma como se expresan en torno a este tema. Hay una manera orgánica y no profesional de abordar públicamente los temas de migración e integración, y en muchos casos, estos pronunciamientos no están basados en ningún estudio ni experiencia. Hay un trabajo educativo importante por hacer en este campo. 

Superar estos desafíos necesita de un esfuerzo colectivo. Estamos convencidos de que el trabajo tiene que ser articulado entre la sociedad civil, compuesta por migrantes y comunidad de acogida, la empresa privada, tanto nacional como internacional, y los gobiernos. Si seguimos dependiendo exclusivamente de la cooperación y la ayuda humanitaria, corremos el riesgo de revictimizar a la población migrante en lugar de promover su integración y su pertenencia dentro de las comunidades de acogida. 

¿Cómo puede contribuir la sociedad civil a este proceso de integración de la población migrante?

Lo más importante tiene que ser la apropiación de la migración. Tenemos que dejar de politizar la migración. Personalmente, pienso que ya basta de buscar un culpable. Estamos hablando de un movimiento migratorio muy significativo y está sucediendo, independientemente de quién es el culpable. Tenemos que ser responsables para atenderlo e integrarlo. Como sociedad civil debemos saber que todos, desde nuestros zapatos y nuestras acciones, somos capaces de contribuir al proceso de integración. 

Esta apropiación de la migración pasa por todos los actores de la sociedad civil. Para el ciudadano de a pie, por ejemplo, puede ser conocer cuáles son esas rutas de integración a las que pueden acceder los migrantes, informarse sobre la migración. Para las ONG, fundaciones y otras organizaciones de este tipo es continuar con el trabajo de apoyar a las comunidades en las que ahora habrá beneficiarios migrantes, porque la migración le pertenece a Colombia en toda la pirámide demográfica social del país, en todos los sectores y en todos los espacios.  

Para la empresa privada es el compromiso de adaptar sus rutas y procesos para la integración; de garantizar una concordancia entre la política pública gubernamental y su aplicación en el sector privado. No puedes tener un gobierno nacional que le da a los venezolanos el Estatuto de Protección Temporal y luego cuando estas personas van, por ejemplo, a un banco a abrir una cuenta, les dicen que no es posible por su tipo de documento de identidad. La empresa privada puede hacer la integración mucho más rápidamente que el gobierno, pero debe adquirir ese compromiso.

Y desde la perspectiva de gobierno y política pública, ¿qué medidas son necesarias para facilitar la inclusión social de la población migrante en Colombia? 

Colombia ha recorrido ya un camino importante en lo que se refiere a la migración, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. El tiempo de la acogida y la atención humanitaria ya pasó. Ahora estamos en un tiempo de integrar, incluir y apropiarnos. Un tiempo para fomentar la pertenencia. 

Desde el Estado es importante evaluar lo que se ha venido haciendo hasta ahora, examinar qué cosas han funcionado y cuáles no, y pensar qué nuevas rutas se pudieran implementar. En el mundo hay excelentes prácticas que se pueden replicar y hay expertos para eso. 

Cualquier iniciativa o medida que se implemente debe estar adaptada al contexto y a la población a la que busque beneficiar. Por eso las organizaciones de base como la nuestra son fundamentales, porque estamos en el terreno y podemos tener acciones basadas en evidencia, escuchar a la población, entender. A su vez, el gobierno debe fortalecer su relación con estas organizaciones de base, acompañarlas y ayudarlas a ser más sólidas, porque ellas son el principal punto de contacto con las comunidades, con la población migrante. 

Este nivel de articulación todavía no se ha logrado del todo en Colombia; en algunos casos porque la misma burocracia no lo permite. Creo que en gran medida esa dificultad radica en el hecho de que la migración venezolana no le pertenece a nadie, no tiene un doliente. Vamos en camino a que los tenga y hemos hecho avances importantes, pero es un proceso que toma tiempo. 

También hay que darle continuidad al Estatuto Temporal de Protección y seguir buscando financiación para su implementación y para la política de integración social que debe acompañar a este mecanismo. Al mismo tiempo, el hecho de garantizar el estatuto no debe implicar la invisibilización de la figura del refugio, que es una alternativa que tienen los migrantes como un camino para la restitución de derechos. 

Otra arista es la política para los retornados, que debe fortalecerse y no quedar en el limbo. Es un tema muy amplio y Colombia tiene la oportunidad de liderar un proceso de coordinación de los mecanismos regionales para promover una agenda ordenada y de alcance regional para poder atender la migración venezolana.

¿Cuáles son algunos de los principales logros que destacaría del trabajo que ha venido realizando la Fundación Comparte por una Vida Colombia en los últimos años?

Para comenzar, el hecho de que ya no hablamos de un proyecto sino de un modelo de intervención que consolida un entorno protector por medio de una intervención integral. Esa evolución de proyecto a modelo, el ser reconocidos como un modelo de integración y desarrollo en Colombia, es uno de los logros más grandes.

Otros logros más específicos: hasta diciembre de 2021 habíamos logrado atender a casi 6.000 niños de manera directa, con un resultado positivo en el 93% de los casos, sobre todo en la recuperación de la desnutrición. Hemos entregado más de 60 mil tratamientos para la desnutrición en Colombia, haciendo control y seguimiento. 

Otro de los logros más importantes en este momento es haber sido evaluados positivamente por USAID, a través de su instrumento de medición y análisis de desempeño institucional. En la evaluación más reciente obtuvimos una calificación de casi 90% de desempeño. Para una organización de base como la nuestra, con tan solo cuatro años de existencia, es un logro muy importante porque nos está diciendo que vamos en el camino correcto.

Finalmente, un logro quizá menos tangible pero no por eso menos importante, es la confianza y el reconocimiento que tenemos en estas comunidades como un agente de cambio y transformación para ellos. Ellos saben que caminamos con ellos hasta un punto y que después van a caminar solos. Y ser capaces de brindar esas herramientas es maravilloso. Eso nos trae el reconocimiento de aliados nacionales e internacionales, y nos impulsa a seguir avanzando en ese proceso de transformación e integración. 

¿Qué planes o proyectos tiene la fundación para el futuro? 

Nuestra visión como organización es estar posicionados en 10 años como un referente en asuntos migratorios. Especialmente con reconocimiento nacional e internacional como agentes de cambio en temas de restitución de derechos en contextos de movilidad humana. Con base en eso, lo primero que queremos hacer es escalar el modelo y replicarlo en otras regiones de Colombia. 

Por otro lado, creemos firmemente en la incidencia. Comparte por una Vida Colombia está convencida de que el tema migratorio tiene que estar en la agenda nacional, no solo a nivel de la opinión pública, sino también de la agenda gubernamental. Y para eso queremos tener incidencia en esos espacios, para lograr ser constructores de esas políticas de integración que necesita Colombia. 

Otro eje de nuestra visión a futuro es consolidar alianzas a nivel nacional para facilitar la integración socioeconómica de los migrantes venezolanos. Necesitamos aliados que acompañen al gobierno nacional en la implementación de esta ruta de integración y que ayuden a garantizar la sostenibilidad del modelo y sus resultados, para asegurarnos de que los migrantes que pasen por estos programas no vuelvan a las condiciones de vulnerabilidad que traían en un principio. 

Esos son nuestros planes a futuro: en lo estratégico, tener un lugar en la mesa y llevar el tema de la migración y las políticas de integración social a la agenda presidencial, a las agendas gubernamentales en las regiones, a las instituciones públicas. Y en el marco de nuestras actividades, lograr fortalecer ese brazo con aliados para alcanzar una verdadera inclusión socioeconómica para los migrantes venezolanos en Colombia.