La lucha de Fernando Albán

Conocí a Fernando Albán Salazar en la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela cuando fue mi alumno en Derecho Procesal Civil II. Fue un estudiante aplicado, responsable, valiente, respetuoso, de profundas convicciones religiosas y comprometido con la UCV y con la lucha social. No tenía temperamento de suicida. Al contrario, era una persona que transmitía energía positiva, de esos que tienen ganas de vivir y hacer algo por su país. De rostro bondadoso y palabra amable. Por eso, resulta inverosímil que, sin mediar razón, haya decidido quitarse la vida y lanzarse al vacío desde una ventana.

Este doloroso hecho delata la tragedia por la que atraviesa Venezuela, en la que el odio, la intolerancia y la venganza han sustituido el lugar que debe ocupar la política. La persecución, la tortura y la muerte no corresponde con lo que debe ser un proyecto de país, que permita la disidencia ideológica, por firme que ella pueda ser. Una nación en la que su población pueda desarrollar sus proyectos de vida en libertad y no bajo la amenaza permanente de la muerte y de la agresión.

No es la primera vez que ocurre una muerte en la sede de los organismos de seguridad del Estado. Así ocurrió con Jorge Rodríguez (1976), quien fue asesinado luego de ser torturado. Pero en esa oportunidad, el Fiscal General de la República, el poeta y jurista José Ramón Medina, de manera vigorosa denunció los hechos e inició un proceso judicial imparcial y objetivo. El gobierno reaccionó y apoyó sin vacilar la investigación. El diario El Nacional llevó a cabo una campaña incesante de denuncia. La opinión pública, sin distingos políticos, se sumó en una sola voz al reclamo de justicia. Los responsables fueron enjuiciados y sancionados.

El caso de Fernando Albán se inicia con una declaración que debe ser revisada por parte de las instituciones encargadas de velar por la defensa de los derechos humanos. En efecto, el fiscal Tarek William Saab señaló que Albán se había suicidado sin conocerse si, para ese momento, se había hecho o no la autopsia y demás experticias forenses. De lo que se trata es que se investigue imparcialmente lo ocurrido (como lo hizo el Fiscal José Ramón Medina en 1976) y evitar que sigan sucediendo violaciones a los derechos humanos de los presos políticos. En este sentido debe aplicarse el Protocolo de Minnesota que señala el método que debe seguirse por parte de los forenses y fiscales cuando ocurre la muerte presuntamente imputable a funcionarios del Estado.

Asimismo, llama la atención el trato que se le da a los presos políticos. Detenciones sin órdenes judiciales, la incomunicación, el aislamiento y el trato cruel de los presos políticos están reñidos con los Derechos Humanos, de obligatorio respeto en una sociedad civilizada. A esta cruel práctica hay que ponerle punto final, y toda la sociedad venezolana debe unirse en torno a dicho objetivo.

Pero hay un mandato constitucional que no puede pasar inadvertido. En efecto, la Constitución señala en su artículo 43 que:

“El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma”.

En otras palabras: el Estado debe garantizar la vida e integridad física y moral de las personas sometidas a su custodia. Pero hay otro mandato ineludible que establece que los cuerpos de seguridad del Estado deben respetar “la dignidad y los derechos humanos de todas las personas” (artículo 55, ordinal 2do). Son postulados constitucionales de cumplimiento incondicional.

El caso de Fernando Albán coincidió con la visita del senador norteamericano Bob Corker, quien visitó nuestro país para formarse mejor opinión de la situación política. A esos efectos se reunió con el presiente Nicolás Maduro y con algunos opositores. Luego del anuncio del trágico fallecimiento del concejal venezolano, el senador republicano se hizo eco en su cuenta de Twitter y señaló que el gobierno tiene la responsabilidad de explicar cómo pudo haber ocurrido semejante cosa. Es decir, la visita del senador Corker le permitió ver, prácticamente en directo, el nivel de la represión que hoy impera en nuestro país y el trato cruel que se les da a los presos políticos. Esta coincidencia puede contribuir a que se hagan las investigaciones imparciales que solicitó el comunicado de la Arquidiócesis de Caracas, tal como lo hizo el fiscal José Ramón Medina en 1976.

Hay que exigirle al gobierno que cesen las detenciones arbitrarias, las desapariciones y las persecuciones contra todo el que disienta de su proyecto ideológico. Las políticas de seguridad del Estado no están reñidas con la protección de los derechos humanos, como sucede en las democracias occidentales.

El cuadro trágico descrito reclama la unidad de los venezolanos para defender el derecho a la vida y la dignidad humana, amenazados a diario como lo evidencia el caso de Fernando Albán. Ojalá que hechos como este no se repitan y que su dolorosa muerte le permita a la oposición reflexionar sobre la necesidad de la unidad para poder buscar un país donde vivamos todos en paz, según los valores religiosos y políticos por los cuales luchó el valioso demócrata que ayer se nos fue.