La calidad de la educación universitaria en Venezuela

Prodavinci ha invitado a un grupo de profesores para que reflexionen, con base en su vida académica, sobre la situación de la universidad venezolana y su futuro. Presentamos el texto de Arnoldo José Gabaldón, quien fue docente por más de treinta años en la Universidad Simón Bolívar, institución que le confirió el reconocimiento de Profesor Honorario (2001). Gabaldón es, asimismo, Profesor Honorario por la Universidad Bicentenaria de Aragua (2008) y Doctor honoris causa en Ingeniería por la Universidad Católica Andrés Bello (2017).

Arnoldo José Gabaldón retratado por Daniel Loaiza | RMTF

Para los interesados en la marcha actual de Venezuela no es un descubrimiento expresar que atravesamos una profunda crisis en la educación universitaria. Sus consecuencias tendrán amplia repercusión sobre el progreso humano y el desarrollo productivo del país en el futuro. De aquí la relevancia del tema.

Lo aquí expuesto está basado en mi artículo: «Algunas reflexiones sobre la calidad de la educación universitaria en Venezuela», publicado en la revista Argos de la Universidad Simón Bolívar (vol. 34 nº 66-67, 2017, pp. 133-152). Dichas reflexiones no provienen de un especialista en educación ni son el resultado de un proceso de investigación científicamente instrumentado. Constituyen apreciaciones hechas por un profesor universitario preocupado por el desarrollo de su país que tuvo la suerte de haber cursado estudios de postgrado en reconocidas universidades foráneas y están basadas en el acopio de elementos de juicio y percepciones generales sobre la situación de la calidad de la educación universitaria.

Sobre el concepto de calidad de la educación se ha escrito y filosofado mucho, pero una mayoría de expertos están de acuerdo en términos prácticos, como lo postula Jamil Salmi (The Challenge of Establishing World-Class Universities, Washington, D.C., World Bank, 2009), quien vincula las universidades de alta jerarquía a tres factores relacionados: concentración de talento, financiamiento abundante y gobernanza apropiada. En todo caso, la calidad de la educación significa tratar sobre aspectos muy diversos y complejos, tales como la relevancia, pertinencia, eficiencia, eficacia y equidad del sistema educativo, gobernanza y sistemas de acreditaciones, entre otros factores resaltantes (Toro y Marcano, «Calidad y educación superior venezolana. Saberes Compartidos, 1».

Existen en diferentes países y se les concede mucha importancia entes cuya misión es evaluar la calidad de la educación universitaria pública y privada. Los sistemas de evaluación aplicados por dichas organizaciones comprueban en qué medida una serie de procesos coadyuvantes a mejorar la calidad de la educación son cumplidos por las instituciones universitarias y, a partir del análisis, sacan sus conclusiones y formulan recomendaciones. La Unión Europea, por ejemplo, posee manuales que sirven de guía para que los diferentes países asociados establezcan sus sistemas de aseguramiento de calidad de la educación universitaria («European Network for Quality Assurance in Higher Education», ENQA. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, Helsinki, 3a. ed., 2009).

Consecuencia de este último enfoque es el surgimiento, además, de una serie de clasificaciones que jerarquizan a las instituciones de educación superior, según diversas metodologías y parámetros: «Times Higher Education Supplement», THES, de Gran Bretaña; Universidad Jiao Tong de Shanghái; Clasificación de Universia de España, HEEACT de Taiwán y QS World University, por citar solo algunos ejemplos. Comparados los resultados de diferentes sistemas de clasificación de universidades a los que se hizo referencia, las casas de estudio venezolanas aparecen sumamente rezagadas y las nuevas universidades ni siquiera han sido clasificadas. Esto es una señal preocupante que debe ser atendida por los responsables de la educación superior.

Lamentablemente debemos aceptar, como lo postulan algunos autores (Ruiz Calderón, H. y B. López de Villarroel, «El Programa Andrés Bello. Una propuesta para impulsar la calidad de la Educación Superior». En Universidad y calidad: experiencias y proyectos, Mérida, Ediciones de la Universidad de los Andes, 2007), que la cultura de la evaluación académica tiene sus dificultades en la sociedad venezolana y ello constituye un factor retardatriz a la hora de construir consensos para elevar la calidad del proceso educativo. A eso se suma, como señala Orlando Albornoz («Algunas notas sobre la Educación Superior en Venezuela», México, Revista de la Educación Superior, 27 (2), 1998, 101-152), que existe un déficit importante de información empírica sobre la educación universitaria que permita sacar conclusiones bien fundamentadas al respecto.

Es justo reconocer también que hay en el país encomiables iniciativas para atender, de una forma u otra, el tema de la calidad de la educación universitaria. Por ejemplo, el Programa Andrés Bello (PAB) de estímulo a la calidad del pregrado en la Universidad de los Andes (ULA), establecido en 2006, según lo han estudiado los ya citados Ruiz Calderón y López de Villarroel. El PAB es único en Venezuela y busca elevar la calidad de los estudios de pregrado fundamentando su acción en el criterio de autorregulación del trabajo académico.

Del análisis de los aspectos con base en los cuales se acepta que depende la calidad de la educación universitaria deben surgir acuerdos sobre políticas y acciones que conviene acometer para su mejoramiento. Entre estos aspectos se piensa que merecen revisarse y discutirse primordialmente los que se exponen a continuación:

1. La calidad de los profesores.

2. Los sistemas de admisión de los estudiantes a la educación superior.

3. La prioridad académica y financiera a la investigación básica y aplicada, y a su divulgación.

4. La remuneración y seguridad social del personal académico.

5. Los programas de bienestar estudiantil: asistencia económica, servicios de salud, actividades académicas, culturales, sociales y deportivas.

6. Estrictos sistemas de evaluación académica y establecimiento de códigos de ética estudiantil.

7. La infraestructura educativa: edificios de aulas, laboratorios, hardware y software, bibliotecas y residencias.

8. La gobernanza de las instituciones de educación superior y la libertad de cátedra.

9. Garantía de un financiamiento seguro y apropiado.

10. Acreditaciones y benchmarking entre las instituciones de educación superior.

Un análisis somero de los anteriores aspectos arroja pasivos muy abultados. Ellos se han agravado, obviamente, como consecuencia de la profunda tragedia económica y social que afecta a Venezuela. A esto se agrega la creación –por el gobierno– de las llamadas “universidades territoriales” que permitió incrementar notablemente la matrícula universitaria, pero que no fue precedida de una adecuada fase de planificación, organización y dotación de recursos humanos y materiales, idóneos y suficientes.

Se pasó por alto la importancia de un cuidadoso proceso de selección de docentes e investigadores, reclutándose estos algunas veces más por motivos ideológicos que por sus credenciales académicas. Se ha conformado así un subsistema de educación superior nuevo, que es mucho mayor que el existente antes de 1998 en cuanto número de universidades, docentes y alumnos. Si se considera el sistema universitario público como un todo, esto último debe haber contribuido de manera sustancial en la degradación de su calidad académica.

Otro aspecto clave es el de la calidad del estudiantado admitido a las universidades. En efecto, se sabe por la experiencia internacional y nacional que resulta indispensable aplicar un proceso previo de evaluación que permita diferenciar los estudiantes entre los que pueden ser admitidos inmediatamente al nivel universitario y aquellos susceptibles de recibir una mejor preparación para entrar más adelante a la educación superior o para continuar en carreras técnicas, también indispensables para el desarrollo nacional. Lo anterior adquiere especial relevancia cuando hay elementos cuantificables que demuestran que la educación primaria y secundaria también ha desmejorado durante los últimos años. Esto coloca el tema con prelación al de la misma calidad de la educación universitaria, pues se sabe que esta estará condicionada por la buena preparación del estudiantado que ingrese a ellas.

No existen universidades de reconocida calidad donde no haya un proceso cuidadoso de selección de sus estudiantes. En algunos países avanzados la identificación de los estudiantes con mayor potencialidad académica comienza desde la educación primaria y secundaria. Esto se hace para facilitarles el acceso a las instituciones universitarias más apropiadas; y es así, tanto en las economías de mercado como en los países socialistas. La política de admisión libre a nuestras universidades impuesta como dogma durante los últimos años es absolutamente contraproducente. Esa política no tiene que ver ni con el principio de inclusión ni con el de equidad del sistema educativo, los cuales son prioritarios. Mantener lo contrario solo se justifica desde un enfoque “demagógico” en detrimento del desarrollo del país.

A estos aspectos se agregan varios otros antes citados, tales como: la poca prioridad que se le da a la investigación básica y aplicada dentro de la educación superior; la indigna remuneración del personal académico, situación que ha hecho crisis recientemente; el déficit de infraestructura, pues no se han construido durante las pasadas décadas instalaciones apropiadas; y en general, la situación de gobernanza defectuosa que se observa en el sistema universitario, lo cual deberá conducir a una reforma profunda de la Ley de Universidades de 1958, reformada en 1970.

Acotación final

Las anteriores opiniones han sido expuestas con el propósito de contribuir a un debate nacional pendiente. Es deseable que, en tal oportunidad, ideas de este tenor sean sometidas al análisis de los actores públicos y privados correspondientes, con el propósito de verificar su validez y relevancia para pasar luego a construir consensos sobre las políticas públicas o diversos tipos de iniciativas que conviene promover en la prosecución de una mejora de la calidad de la educación universitaria. Toda sociedad debe estar intelectual y espiritualmente preparada para hacer cambios de rumbo apropiados y, en esa circunstancia, mientras haya mayor claridad de ideas y mejor sepamos lo que debe hacerse, es más probable que se tenga éxito en la empresa propuesta.

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Acá puede leer los otros textos de la serie #PensandoLaUniversidad:

— Universidad Central de Venezuela: el otro exilio; por Ricardo Ramírez Requena

— La UCV “de mis tormentos”; por Tulio Ramírez

— El dilema de Samuel Robinson; por Víctor Rago Albujas

— Recuerdos de un país de universitarios; por Isaac López

— Universidad pública: ¿la quiebra de un modelo?; por Christi Rangel Guerrero

— La universidad: entre la nostalgia y la fe; por Mariano Nava Contreras

— Agonía ucevista; por Luis Marciales