Epílogo para una fecha: a propósito del Día Mundial de la Libertad de Expresión

El periodismo –en Venezuela– necesita con urgencia recuperar la libertad de decir.

Le ha tocado lidiar con un Estado que niega todas las crisis y cuando las reconoce

se la endosa, no pocas veces, a los mismos medios.

(…)

Para sobrevivir al acoso del autoritarismo debe reinventarse,

hacer pactos indeclinables con el ingenio.

Leonardo Padrón

Todos los años, en el mes de mayo se celebra en casi todo el planeta el Día Mundial de la Libertad de Prensa. El 3 de mayo del año 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama la tesis de que se debe reconocer una prensa libre, pluralista e independiente como el componente esencial de toda sociedad democrática y un derecho humano fundamental. Para este año 2022 el lema es «Periodismo bajo asedio digital». El objetivo es que reflexionemos sobre el impacto de la era digital en la libertad de expresión, la seguridad de los periodistas, el acceso a la información y la privacidad. ¿Hay razones para celebrar ese día en nuestra Venezuela?

I

Quisiera que este escrito fuera una especie de epílogo, después de leer todo lo que se ha venido publicando sobre el tema de la libertad de expresión en nuestro país y que ha resultado ser, a mi manera de ver, una especie de prólogo. Si seguimos el DRAE (el Diccionario de la Real Academia Española) leeremos que el término epílogo deriva de las palabras, epi, que significa sobre, y logos, que significa discurso. Por tanto, el epílogo es lo que hay sobre o después del discurso, es una conclusión. Siguiendo otras lecturas acerca del término epílogo se nos dice también “que es la parte final de un discurso o de un ensayo en el que se hace un resumen breve de las ideas expuestas, se sintetizan los argumentos y las conclusiones fundamentales o puntos principales, o en el que se presenta el desenlace de la historia, por ejemplo, en una obra de ficción, como en novelas, series de televisión, videojuegos o películas”.

¿A qué viene esta discusión? Todo lo que hemos leído se puede sintetizar en las siguientes ideas: fuerte intervención estatal, hegemonía en el discurso, exclusión de actores políticos y sociales en los medios gubernamentales porque piensan distinto o son críticos con la acción del Gobierno, legislación que limita gravemente la libertad de expresión, la libertad de comunicación y el derecho a la comuniación/información; eliminación de la disidencia comunicacional, cierre de fuentes informativas, límites al acceso de la información pública, generación de mecanismos de censura y autocensura, intimidación y agresión a medios críticos y periodistas, la expropiación de equipos y de medios, la agresión-amenaza-ataque a los profesionales de la comunicación y detenciones mientras se busca o se cubre la información, la intromisión en la generación de contenidos, trabas administrativas para la obtención de las divisas requeridas para la compra de insumos como el papel periódico y equipos, convertir a Conatel en un apéndice político del Gobierno, cierre y expropiación de medios y de portales digitales de información, judicialización de la censura; y un largo etcétera.

II

El proyecto político que gobierna el país desde hace veintitrés años tiene una idea fija, desde que asumió el poder, sobre el mundo de las comunicaciones: “los medios de comunicación son enemigos de la revolución” (2001), o “la comunicación es demasiado sensible para que haya demasiada autonomía” (2006). De ahí entonces es que se puede explicar que se intente suprimir, por todos los medios posibles, la libertad de comunicar a la que tiene derecho todo ciudadano, la de usurpar espacios importantes de privacidad, la de vigilar(nos) al estilo del Gran Hermano descrito por Orwell, la de controlar y manipular las formas de expresión. La excusa es la tan nombrada seguridad de Estado y/o del pueblo al que hay que proteger, cual ente minusválido. Se cree desde el Gobierno, y de ahí la idea de la percepción o ilusión, que es preferible perder grados importantes de libertad para ganar una supuesta seguridad. No estamos hablando de la seguridad de los ciudadanos, sino la seguridad del poder establecido que no acepta ningún tipo de adversario que haga oposición a sus políticas.

Desde ese planteamiento es que podemos entender todo el conjunto de leyes, decretos, normas, resoluciones y reglamentos que se han venido dictando a lo largo de esta historia, que de acuerdo con la retórica del tiempo es nombrada como chavista, socialista y revolucionaria.

El contexto legislativo en el que se mueven los medios, tanto los tradicionales (prensa, radio y televisión) como los nuevos medios –que dan origen y sentido al actual ecosistema comunicativo donde lo digital se ha impuesto como determinante en la vida del presente–, hace que la libertad de las comunicaciones (libertad de código, de canales y medios, de fuentes, de mensajes y de públicos) sea una tarea de no fácil cumplimiento y concreción. Todo el marco jurídico impuesto para la comunicación e información deprime, en muchos casos anula, la libertad de comunicar que no es más que las posibilidades de expresión y de comunicación de la sociedad, de los ciudadanos. Con razón se dice, en el campo de los derechos humanos, que el derecho a la comunicación es totalizante, que engloba a los demás derechos y es central para la vida democrática de un país. Es decir, que la libertad de expresión y la libertad de comunicar constituyen dos derechos muy particulares, fuera de lo común y de una significación muy especial. Son dos derechos, como expresan los especialistas en derechos humanos, “que condicionan la realización de otros derechos”. Ya lo puntualizaba la Unesco, en 1978 cuando asumía ese principio al afirmar que:

La información es un componente fundamental de la democracia y constituye un derecho del hombre, de carácter primordial en la medida en que el Derecho a la Información valoriza y permite el ejercicio de los demás derechos.

III

Resulta de sobra conocido que la libertad de expresión y que la comunicación son centrales para un rediseño de la vida democrática. Son connaturales a la propia democracia. Es decir, la democracia no puede ser una realidad tangible sin la existencia de medios de comunicación libres e independientes de cualquier forma de poder y especialmente de la autoridad gubernamental. Qué bien lo apuntaba el escritor Mario Vargas Llosa cuando escribió: “Se puede medir la salud democrática de un país evaluando la diversidad de opiniones, la libertad de expresión y el espíritu crítico de sus diversos medios de comunicación”.

Todos los documentos teóricos, investigaciones, declaraciones y los informes que día a día nos ofrecen organizaciones que asumen como su principal objetivo como es el de velar por la libertad de expresión, nos están afirmando y reafirmando, año tras año, la misma idea y los mismos exhortos al Gobierno en funciones de Estado. En tal sentido, nos viene a la memoria aquello que escribiera el escritor español Javier Marías cuando nos decía que la memoria de los lectores es corta y remataba con esta idea que podemos aplicar, casi mecánicamente, al contexto político venezolano del presente: “la realidad es tan repetitiva que a todos nos obliga a serlo, sobre todo cuando se trata de una reiteración siempre a peor”. Nos hemos vuelto monotemáticos con relación a este tema, pero hay que seguir insistiendo para que los ciudadanos nos demos cuenta cuánto de democracia se nos va en cada acto de violación a la libertad de comunicar y a la libertad de información.

IV

(Dónde están los ciudadanos)

El régimen comunicativo que nos era conocido hasta 1999 cambió. A partir de esa fecha empezaba otra historia para las comunicaciones del país. La puerta que se abría era la de un régimen comunicativo autoritario. Se habrían las compuertas de la llamada hegemonía comunicacional. El país ingresaba en un régimen de censura como califica Umberto Eco. Es que el proceso que se inauguraba en ese 1999 le daba mucha importancia a las comunicaciones y es como dice el escritor Alberto Barrera Tyszka: “Este gobierno puede improvisar en todo menos en las comunicaciones”.

Lo que ocurrió con el tiempo, hasta nuestros días, fue una recomposición del mundo de las comunicaciones. Cambió el orden comunicativo de la sociedad. Todos los informes y estudios producidos por diversas instancias, no solo universitarias sino de ONG, tanto nacionales como internacionales, dan cuenta de la sumisión del derecho a la información y de la libertad de expresión a un régimen autoritario cuya comunicación resulta también autoritaria. Pasamos en el tiempo de una modalidad privatizada de medios, con escasa presencia de medios públicos-gubernamentalizados, a un régimen de medios para-estatales-gubernamentales cuya finalidad no es de interés y servicio público en la que teóricamente se inspira la propia concepción democrática de libertad de expresión, sino que obedece a la instauración del control social.

El orden comunicativo de la sociedad se trizó por completo y se fue deshaciendo aceleradamente. Generó ruidos, cortocircuitos, desorden normativo, inseguridad de todas las jerarquías consagradas, pérdida de lealtades democráticas, erosión del espacio público, tendencias agresivas, deslegitimación de las instituciones. De un año para el siguiente la sociedad ya no pudo reconocerse como un todo, por encima de sus divisiones, exclusiones y desigualdades. Los tabúes más ampliamente compartidos, como el del “apoliticismo” de las fuerzas armadas, se hicieron trizas y dieron lugar a una psicología del todo o nada (…) En estas condiciones la comunicación social se asemeja mucho más a un sistema técnico de condicionamientos operantes que a un mundo compartido de normas cuya legitimidad debe ser continuamente negociada (…) La represión condiciona asimismo respuestas y comportamientos sin que se necesite hablar (José Joaquín Brunner).

¿Y qué dicen los ciudadanos de esta sociedad? Realmente poco o muy poco o nada. Las encuestas producidas en el país no valoran el tema o no aparece en sus preguntas. La percepción de la sociedad en general va orientada hacia aquellos problemas que más le afectan en términos materiales y tangibles: seguridad/delincuencia, escasez de alimentos, economía, servicios públicos, salud, empleo, vivienda… Se pudiera entender esta tendencia, pues la libertad de comunicación y su extensión en la libertad de expresión es vista como un “problema de los periodistas”, y no como un tema de la sociedad toda. En resumen: no es apreciada como un valor de la democracia, y por consiguiente resulta ser un valor subalterno.

Lo expresa muy bien el escritor Leonardo Padrón cuando nos dice que “le toca a cada ciudadano de este país reclamar su derecho al libre acceso a la información. Le toca exigir respeto por sus periodistas”.

¿Y las propuestas? Ellas se resumen en el verbo insistir. Seguir haciendo lo que hacemos bien los periodistas; seguir evaluando el clima de la libertad de comunicación y la libertad de expresión, seguir haciendo exhortos al Estado para que cumpla con lo que reza la Constitución en sus artículos 57 y 58, seguir creyendo que las comunicaciones libres y plurales son fundamentales para la existencia de un sistema democrático, entender lo que significa el hacer del periodista para sostener el tejido social, no claudicar del principio de buscar la verdad, empezar a decirle a la ciudadanía que la libertad de comunicación y la libertad de expresión son valores cívicos tan o más importantes a la solución de sus problemas más acuciantes.

Hoy, el verbo que debemos de conjugar, tal como lo dijo Leonardo Padrón, es el de insistir.