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Diez claves sobre los 16 niños venezolanos deportados en Trinidad y Tobago

Captura de pantalla. Video difundido por David Smolansky (@dsmolansky)

24/11/2020

Un grupo de venezolanos fue deportado en Trinidad y Tobago el domingo 22 de noviembre. Las autoridades migratorias de la isla enviaron al menos a 25 personas de regreso a Venezuela en dos embarcaciones tipo “piragua”. En ellas viajaban 16 niños, entre los que se incluyen uno de 4 meses, un bebé de 2 años, otro de 6 y un niño de 8. Los medios trinitarios informaron que había entre 9 y 13 adultos. El caso llegó a la Corte Suprema de Trinidad y Tobago. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó a la nación insular a garantizar el ingreso de los venezolanos que buscan protección internacional por razones humanitarias. 

El grupo fue reportado como desaparecido hasta que la abogada de las familias informó la tarde del lunes 23 de noviembre que se encontraba en una de las pequeñas islas del delta del Orinoco, en territorio venezolano.  

1. ¿Cuándo llegaron los migrantes venezolanos a Trinidad y Tobago?

La abogada Nafeesa Mohammed, que representa a las familias del grupo, dijo al medio local Newsday que los migrantes venezolanos fueron detenidos tras su entrada al país el martes 17 de noviembre de 2020. Se encontraban en la comisaría de la ciudad de Erin, a unos 98 kilómetros de la capital (Puerto España). Mohammed pidió a las autoridades migratorias que los niños fueran entregados a sus padres, pero el sábado 21 de noviembre fueron trasladados a la comisaría de Cedros. Esta estación policial se encuentra en el extremo suroeste de la isla de Trinidad, en uno de los puntos más cercanos a Venezuela.

2. ¿Cómo llega el caso a la Corte Suprema de Trinidad y Tobago?

La abogada Mohammed supo que el grupo saldría de la estación policial el domingo y presentó un recurso de habeas corpus dirigido a la jueza Avason Quinlan-Williams, de la Corte Suprema de Trinidad y Tobago. Pero las autoridades migratorias ya habían enviado a los venezolanos al mar.

“Un recurso de habeas corpus es un asunto serio en la ley. Estábamos preguntando por las bases bajo las cuales los niños habían sido detenidos. Me molesta que los funcionarios estatales hubieran hecho esto a escondidas y hubieran intentado sacarlos de nuestras aguas territoriales en lugar de presentarse ante los tribunales y rendir cuentas por su detención”, dijo Mohammed a un medio local. 

El domingo por la noche, la jueza Quinlan-Williams ordenó al Jefe del Estado Mayor de la Defensa —máximo cargo militar en Trinidad y Tobago— presentar a los inmigrantes venezolanos inmediatamente ante ella el lunes 23 de noviembre. Al mismo tiempo, la abogada de las familias pidió una audiencia. Cuando el procedimiento se reanudó el lunes, el comandante de la Guardia Costera informó que los venezolanos ya habían sido escoltados hasta el límite marítimo entre Venezuela y Trinidad y Tobago. La defensa del Estado alegó que, en tales circunstancias, la jueza ya no tenía jurisdicción en el asunto.

3. ¿Cómo fueron deportados?

Mohammed relata que antes de las 12:30 del mediodía del domingo recibió fotografías de los niños embarcando las dos piraguas. “Los familiares no pudieron ver ningún nombre registrado en los barcos que salieron del puerto de Cedros. ¿Quién tiene el control de ese barco? Los niños estaban bajo la custodia de la policía y surge la pregunta de quién fue el responsable de sacarlos sabiendo que se estaban llevando a cabo los procedimientos judiciales”, dijo Mohammed a Newsday.

Reginald Armour, quien defendió al Estado en la audiencia del grupo venezolano deportado, señaló que a partir de las 9:25 de la mañana el domingo el grupo de migrantes quedó bajo la custodia de la Guardia Costera. Fueron escoltados hasta la frontera marítima entre Trinidad y Tobago y Venezuela, y a las 11:20 de la mañana ya estaban fuera de vista y «no estaban bajo la custodia de la Fuerza de Defensa desde ese momento». 

Titular de un diario local en Trinidad y Tobago. Fotografías de @Naky y de @Beadrian

4. ¿Cuáles son las condiciones de los niños y sus familias y por qué es determinante para el caso? 

David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, divulgó en Twitter que una niña de 9 años tiene problemas cardíacos y lleva una válvula en su corazón, y un niño de 5 años presenta un soplo en el corazón. 

La abogada de las familias señaló que los padres de algunos niños viven en Trinidad y Tobago. No detalló cuántos, pero algunos están registrados en la isla y otros son titulares de la tarjeta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Uno de ellos vive desde hace dos años en Trinidad y Tobago, según el testimonio recogido por la agencia AFP. Enviaba dinero a Venezuela para ayudar a su esposa y a sus cuatro hijos. “Cada día es más crítico y difícil para ellos sobrevivir, así que le dije a mi esposa que viniera aquí con nuestra hija mayor”.

La abogada Nafeesa Mohammed ha pedido en varias ocasiones a las autoridades de Trinidad y Tobago que adopten un enfoque humanitario, y no solo la perspectiva de las leyes locales. El día que se reportó la deportación, Mohammed dijo a la prensa que “se trata de una situación que involucra a niños en la que deberían aplicarse consideraciones especiales”. 

El Informe especial de peligros y vulneraciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en contextos de movilidad humana (2019), de la ONG venezolana Cecodap, explica que un niño migrante “presenta una doble vulnerabilidad. La combinación entre la edad y su condición migratoria obliga a una protección específica y adecuada de sus derechos por parte de los Estados involucrados en la ruta migratoria, ya sea origen, tránsito y destino”.

Esta “doble vulnerabilidad” está contemplada en la Observación General Conjunta realizada en 2017 por el Comité sobre los Derechos del Niño y el Comité de Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familias. Este documento explica el principio de interés superior del niño, el principio de igualdad, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, y los principios de protección de la familia y reunificación familiar.

El coordinador general de la ONG venezolana Cecodap, Carlos Trapani, señaló que Trinidad y Tobago ratificó el 5 de diciembre de 1991 la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que lo obliga a “proteger a los niños sin discriminación alguna. El estatus migratorio no excluye la protección a los niños”.

5. ¿Cuál es la situación de los migrantes venezolanos en Trinidad y Tobago?

La última actualización de Acnur, del 5 de noviembre de 2020, reporta que 5.448.441 venezolanos han salido del país. Entre estos se cuentan refugiados y solicitantes de asilo. La mayoría se concentra en Colombia, Perú y Chile. En Trinidad y Tobago hay aproximadamente 24.169. Un reporte de Refugees International de 2019 indica que “el número total de llegadas de venezolanos a Trinidad y Tobago es mucho menor que en muchos países de América Latina, sin embargo, en relación al porcentaje de su población, ha recibido más venezolanos que casi cualquier otro país”. El informe se puede encontrar entre los recursos y publicaciones que ofrece la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. 

Refugees International advierte en este reporte que preocupa las manifestaciones de xenofobia contra los venezolanos en la isla, pero que “quizás el mayor desafío al que se enfrentan los venezolanos que buscan refugio es que Trinidad y Tobago no tiene una política de migración efectiva o legislación sobre refugiados. Como resultado, la mayoría de los migrantes venezolanos, solicitantes de asilo y los refugiados se ven obligados a entrar en situaciones ilegales”.

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados dijo a Newsday que antes del caso de los 16 niños deportados, “tenían conocimiento de al menos 39 niños que habían sido devueltos desde principios de año”. 

Durante la audiencia virtual del lunes, Mohammed dijo que de acuerdo a sus fuentes el barco que transportaba a los niños quedó varado en algún momento del domingo, y se encontraba en aguas territoriales de Trinidad y Tobago, aproximadamente a 20 minutos de la costa de Trinidad.

David Smolansky informó el martes al mediodía que los padres de los niños denunciaron que el motor del peñero se dañó media hora después de salir del puerto. Un trabajador de migración de Trinidad y Tobago reveló a Radio Fe y Alegría Noticias que al momento de embarcar “los motores fuera de borda presentaron averías, lo que demoró el zarpe”.  

6. ¿Dónde fueron localizados el lunes 23 de noviembre?

La abogada Nafeesa Mohammed dijo en la Corte que cerca de la una de la tarde del lunes supo que el grupo de migrantes se encontraba en La Barra, en aguas costeras venezolanas, “en un embarcadero protegido solo por una choza de paja”.

Radio Fe y Alegría Noticias precisó el martes que los niños deportados se encontraban junto a los adultos en una de las barras de Delta Amacuro, llamada Mariusa. Las barras son pequeñas islas inundables formadas en el delta del río Orinoco. Son zonas boscosas, de morichales y manglares, rodeadas de comunidades indígenas que quedan a dos horas de navegación por el río. 

En el mapa se ubica el puerto de Cedros y la barra Mariusa. Hemos añadido la capital de Delta Amacuro, Tucupita, a la que solo podrían llegar por agua desde la pequeña isla. Se calcula que el viaje dura 4 horas. Captura de Google Earth.

7. ¿Qué dijo la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos?

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la deportación de los migrantes venezolanos, incluyendo a los niños y adolescentes del grupo. En un hilo de Twitter, publicado la noche del lunes 23 de noviembre, la CIDH exhortó a Trinidad y Tobago “a garantizar el ingreso al territorio de personas venezolanas que buscan protección internacional por razones humanitarias urgentes, así como a respetar el principio de no devolución”. 

Además, instó al país a “observar estrictamente el deber de protección especial de los niños, niñas, y adolescentes migrantes y a considerar su interés superior en todas las decisiones que les afecten”.

La CIDH reiteró las acciones en el marco de la responsabilidad compartida contempladas en la Resolución 2/18 sobre la migración forzada de personas venezolanas, la Resolución 4/19 sobre los Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de Todas las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y las Víctimas de la Trata de Personas, y la Resolución 1/20 sobre Pandemia y Derechos Humanos en las Américas.

En esta última, exhortan a los Estados a “evitar el empleo de estrategias de detención migratoria y otras medidas que aumenten los riesgos de contaminación y propagación de la enfermedad generada por el COVID-19 y la vulnerabilidad de las personas en situación de movilidad humana como deportaciones o expulsiones colectivas, o cualquier forma de devolución que sea ejecutada sin la debida coordinación y verificación de las condiciones sanitarias correspondientes”. También señalan que el retorno a los países de origen debe hacerse “garantizando el principio de respeto a la unidad familiar”. 

8. ¿Qué es el principio de no devolución?

Carlos Trapani, abogado y coordinador general de Cecodap, explicó a Prodavinci que el principio de no devolución prohíbe a los Estados expulsar de su jurisdicción a las personas, con independencia de su nacionalidad o cualquier otra condición. “Si la vida de un niño corre riesgo o puede sufrir un daño no puede haber devolución”. Agrega que es necesario integrar los derechos de los niños con los derechos de los migrantes, lo que implica “interpretar el derecho de no devolución a la luz del interés superior del niño”.

El principio de no devolución incluye la prohibición del rechazo en las fronteras, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que constituye “la piedra angular de la protección internacional de las personas refugiadas y de las personas solicitantes de asilo”. 

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 fue el primer instrumento internacional en codificar, en su artículo 33.1, el principio de no devolución “como una medida efectiva para garantizar el ejercicio del derecho a buscar y recibir asilo”. La Convención señala que “ningún Estado contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas”.

Este principio también está contemplado en la Declaración de Cartagena sobre Refugiados (1984) y en la Opinión Consultiva Oc-21/14 sobre los derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional, emitida por la CIDH en 2014.

9. ¿Qué dijo el gobierno de Trinidad y Tobago?

El ministro de Seguridad Nacional trinitense, Stuart R. Young, dijo en una rueda de prensa el martes 24 de noviembre que las fronteras están cerradas desde el 22 de marzo como parte de las medidas de contención contra la covid-19 y que cualquier emigrante venezolano que intente entrar debe tener una visa. “Si un migrante entra a la isla de manera ilegal, se convierte en una persona indeseable en el instante en el que pisa el territorio y deberá afrontar consecuencias judiciales”.  

Young desconoció la deportación de los 16 niños:  

“He visto el ‘supuesto’ reporte sobre los 16 niños, pero ahora pregunto ¿alguien ha visto a esos individuos? ¿Quiénes son? Muestren certificados de nacimiento para verificar que son menores de edad (…). Yo no puse a ninguna persona en ningún bote. Conozco mis responsabilidades, y no cubren eso. No sé si son 10, 12, o 16 niños. Vi lo que dijo Juan Guaidó, pero no sabemos de qué hablan».

Agregó que si descubren a venezolanos que residen legalmente en Trinidad y Tobago ayudando a connacionales indocumentados a llegar a la isla, “su permiso será revocado y también será deportado”.

Mientras Young hablaba a la prensa, los migrantes venezolanos se aproximaban de nuevo a territorio trinatario. Videos tomados dentro de los botes circularon en redes sociales. Cuando los periodistas preguntaron sobre el retorno de los venezolanos, el ministro dijo que no tenía conocimiento al respecto. 

Agregó que Nicolás Maduro no se ha comunicado con el gobierno de Trinidad y Tobago. 

El primer ministro Keith Rowley se pronunció en Twitter el miércoles 25 de noviembre. Dijo que la Organización de los Estados Americanos ha sido responsable «de desencadenar y alimentar la actual situación venezolana». Afirmó que la isla se encuentra bajo un «asalto» para obligarlos a mantener sus fronteras abiertas a Venezuela:

«Trinidad y Tobago se encuentra actualmente bajo el último asalto, utilizando personas anónimas y sin rostro armadas con niños inocentes, para tratar de obligarnos a aceptar su comprensión del ‘estatuto de refugiado y el tratado internacional’, donde se espera que una pequeña nación insular de 1,3 millones de personas mantenga las fronteras abiertas a un vecino de 34 millones de personas, incluso durante una pandemia […] Actualmente hemos cerrado nuestras fronteras, incluso a nuestros propios ciudadanos, en esta pandemia, y resistiremos a todos los esfuerzos de otros que están empeñados en forzar la apertura de nuestras fronteras a través de la inmigración ilegal».

10. ¿A dónde llegaron después de pasar tres días en los botes?

El martes 24 de noviembre, se divulgó en redes un video en el que aparece el grupo de hombres, mujeres y niños hacinados en una embarcación, sin chaleco salvavidas. Una de las mujeres lleva sobre su pecho a un bebé envuelto en una cobija. Una voz masculina señala que ya están cerca de las playas trinitarias.

Cerca de las 2:00 de la tarde del martes, el grupo de venezolanos deportados llegaron en dos piraguas a la playa Los Iros, al sur de Trinidad y Tobago. En un video, una migrante dijo que nunca llegaron a tierra firme venezolana. Otros señalaron que algunos niños tienen fiebre, que no pudieron dormir, y que al llegar de nuevo a la isla el capitán de la embarcación se fue y los dejó allí. 

El Coordinador Legal Internacional de la ONG venezolana Foro Penal, Julio Henríquez, afirmó en un video publicado en Twitter que «lo que está sucediendo ahora mismo es que las autoridades migratorias los tienen de nuevo bajo custodia». Eran las 6:37 de la tarde del martes. Aseguró que Foro Penal «intenta una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos bajo el marco de los estándares interamericanos de cómo tratar a los migrantes y de las resoluciones recientes que tiene la Comisión Interamericana sobre cómo debe tratarse, no solamente a los migrantes, sino también a los niños y adolescentes».

Nafeesa Mohammed, junto a los abogados Gerald Ramdeen, Umesh Maharaj y Dayadai Harripaul, continúa como representante de los venezolanos en este caso ante el tribunal trinitario. Los juristas presentaron procedimientos legales en la Corte Suprema de Trinidad y Tobago para evitar que las autoridades de la isla los deporten de nuevo. También pidieron órdenes provisionales para que los niños y niñas estén bajo la custodia de sus padres y solicitaron una orden para que el Estado «determine la condición de refugiados de los venezolanos y se decida si tienen derecho a protección bajo el principio de unidad familiar, así como bajo las protecciones otorgadas por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, la política nacional para abordar los asuntos de refugiados y asilo, y las leyes de Trinidad y Tobago», reportó el medio Newsday.

Actualización. Jueves 26 de noviembre de 2020, 6:00 pm.

La administración de Nicolás Maduro se pronunció sobre el caso cuatro días después de la deportación de los venezolanos. La tarde del miércoles 25 de noviembre, el canciller Jorge Arreaza escribió en Twitter que el gobierno venezolano convocaba «una necesaria reunión de trabajo para revisar temas de seguridad, movilidad humana, lucha contra la delincuencia y narcotráfico». Afirmó que este sería el segundo encuentro con Trinidad y Tobago en los últimos 4 meses.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) expresó su preocupación por el caso en un comunicado público ese miércoles. Pidió a las autoridades de Trinidad y Tobago «que salvaguarden los derechos humanos de los niños refugiados y migrantes independientemente de su condición, incluso garantizando el acceso al debido proceso y las garantías procesales, de conformidad con el principio de no devolución». En concordancia con llamamientos anteriores, la Acnudh y la Red de las Naciones Unidas sobre Migración también instaron a los gobiernos «a suspender todos los retornos forzosos en medio de la pandemia de COVID-19», y a «proporcionar vías seguras y legales para los migrantes».

La Acnudh señaló que los Estados tienen un «deber especial de cuidado» con los niños y niñas migrantes o refugiados. En este sentido, el comunicado explica:

«El interés superior del niño debe ser una consideración primordial en todas las decisiones que los afectan. (…) Los niños nunca deben ser deportados por la fuerza debido a su situación migratoria o la de sus padres. La condición previa para cualquier regreso que involucre a un niño es que se haya tomado una decisión independiente e imparcial, involucrando a los funcionarios de protección del niño, y que el regreso sea una solución sostenible que garantice los derechos, el bienestar y el interés superior del niño. Los Estados partes de la Convención sobre los Derechos del Niño deben salvaguardar los derechos de todos los niños en su territorio, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria».

Fotografía tomada del Twitter oficial de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (@UNHumanRights)

La noche del 25 de noviembre se realizó una audiencia virtual con la jueza Avason Quinlan-Williams para determinar el estatus legal de los 26 venezolanos en la isla (cifra que hasta entonces variaba en las noticias). El grupo no podrá ser deportado hasta que los hechos se investiguen a fondo y el tribunal tome una decisión final sobre su estado actual en la nación caribeña y legalidad de su deportación.

Los 26 venezolanos fue trasladados a una instalación de cuarentena del Estado, en el helipuerto de Chaguaramas. Deben permanecer allí por 14 días. Newsday reportó que la jueza Quinlan-Williams «preguntó por qué no se podía poner en cuarentena a todos los niños en casa con sus padres. Para la mayoría de ellos, al menos uno de sus padres es titular de una tarjeta de solicitante de asilo del ACNUR o está registrado en el programa de amnistía del gobierno». El niño de 4 años que tiene una enfermedad cardíaca, su hermana y su madre «podrán quedarse con su padre en Marabella después de la cuarentena».


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