Entre 2004 y 2014 Venezuela disfrutó del boom petrolero más prolongado de su historia y el Estado recibió la fortuna de 700 mil millones de dólares, pero la administración del expresidente Hugo Chávez disparó el gasto con tal intensidad que la montaña de petrodólares quedó pequeña y el país se endeudó velozmente.

Tras no crear un fondo de ahorro, destinar buena parte del dinero a proyectos que no son capaces de exportar y sufrir una drástica caída en la producción petrolera —el producto que provee 96 de cada 100 dólares que ingresan a la nación— la magnitud de la deuda luce gigantesca para la economía venezolana.

Los bonos, emitidos por el Estado a través del Ministerio de Finanzas o empresas como PDVSA y La Electricidad de Caracas, se cuadruplicó y suma 68.728 millones de dólares y la perspectiva es que, con la producción actual de la industria petrolera (50% menos que en 2013) y un precio del barril por debajo de 60 dólares, hasta 2028 Venezuela tendría que destinar al menos el 40% del ingreso petrolero de cada año para cancelar capital e intereses.

Pero la situación es más difícil. Aparte de los bonos, Venezuela debe por otros conceptos como créditos de otros países —principalmente China y Rusia— productos comprados a empresas extranjeras y pagos pendientes por expropiaciones. Según estimaciones de la firma estadounidense Millstein & CO y de Miguel Ángel Santos, investigador del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, al considerar todos los ítems, la deuda en divisas suma 184.500 millones de dólares, una magnitud descomunal para el ingreso actual del país.

El informe de coyuntura del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, elaborado por los economistas Luis Zambrano Sequín, Demetrio Marotta y Santiago Sosa, explica que el monto de la deuda respecto al ingreso proveniente de las exportaciones “es un indicador con el que se suele medir la vulnerabilidad macroeconómica de una economía” y al cierre de 2018 se ubicó en un 773%, lo que convierte a Venezuela en “el país con la situación más crítica en el mundo, en cuanto al manejo de la deuda del sector público”.

En este entorno tan adverso, la administración de Nicolás Maduro ha caído en default, es decir, está atrasado en el pago de capital e intereses de la deuda en bonos y el monto en mora asciende a 9.600 millones de dólares de acuerdo con las cifras que maneja la firma Síntesis Financiera.

El atraso en los pagos amenaza con disparar una ola de demandas en tribunales internacionales. Tras el incumplimiento, comienzan a correr treinta días de gracia y, expirado este plazo, acreedores que en sus portafolios tengan al menos 25% del monto total del bono pueden exigir la cláusula de aceleración, es decir, reclamar que Venezuela pague de inmediato todo lo que les debe, no sólo los giros atrasados.

Otra cláusula a tomar en cuenta es la de “incumplimiento cruzado” (cross-default). Las condiciones en que Venezuela emitió los bonos contemplan que el incumplimiento en el pago de uno de los títulos puede equipararse al incumplimiento en el pago de otros títulos, con lo que puede originarse una cascada de reclamos en las cortes de Nueva York o Londres.

Lo que ocurre actualmente con el bono de la nación que expira en 2034 es ilustrativo. Tras vencerse los treinta días de gracia, inversionistas que en conjunto tienen en sus portafolios títulos por más del 25% del total del bono (1.500 millones de dólares) notificaron al Bank of New York Mellon, la entidad financiera que actúa como banco custodio, el atraso en el depósito de 140 millones de dólares correspondientes a los intereses de 2018.

Estos inversionistas reclaman la cláusula de aceleración y exigen que no sólo se les paguen los intereses atrasados, sino la totalidad de la deuda. Si Venezuela no cancela, el grupo de inversionistas podrá demandar al país en cortes de Nueva York o Londres para obligarla a desembolsar el dinero.

Además, por efecto de la cláusula de “incumplimiento cruzado”, los inversionistas que tienen en sus portafolios otros bonos de la Nación podrían declarar el incumplimiento de los mismos.

De obtener decisiones favorables, lo más probable es que los inversionistas, a fin de hacer valer el fallo de los jueces, intenten expropiar activos de Venezuela en el exterior o embargar envíos de petróleo o el pago que realizan otros países por el crudo que les envía PDVSA.

La reestructuración

Cuando los países no están en capacidad de pagar la deuda, éstos inician un proceso de negociación con los acreedores que tiene como meta una reestructuración de largo alcance que suele incluir una rebaja en el monto adeudado, plazos más largos, nuevo financiamiento, un período de gracia en el que no hay que realizar amortizaciones y tasas de interés más favorables.

En julio de 2017, el departamento de análisis de Deutsche Bank difundió a sus clientes un reporte especial sobre la deuda venezolana señalando que el país necesita una reestructuración que contemple un alivio en términos de liquidez y una rebaja en el monto de la deuda que, desde su punto de vista, es insostenible.

“Cualquier reestructuración efectiva para los bonos emitidos por el Gobierno venezolano y PDVSA probablemente requerirá una rebaja sustancial del monto de la deuda combinado con la reducción de la tasa de interés y mejores condiciones de plazo para el pago del capital e intereses. Un simple reperfilamiento en el que se extiende el plazo de vencimiento de las obligaciones es poco probable que funcione”, dijo Deutsche Bank.

Ucrania podría servir de ejemplo. Tras endeudarse hasta niveles insostenibles, el 27 de agosto de 2015 obtuvo un balón de oxígeno mediante una reestructuración que rebajó en un 20% el monto de la deuda, le otorgó un periodo de gracia de cuatro años en los que sólo canceló intereses y una inyección de recursos por parte de la Unión Europea por el orden de 3.410 millones de euros, adicionales al programa firmado con el Fondo Monetario Internacional en 2014 por un monto de 17.000 millones de dólares.

El intento del Gobierno

El 2 de noviembre de 2017, el presidente de la república, Nicolás Maduro, dejó en claro la intención de reestructurar la deuda afirmando en cadena de radio y televisión que “he ordenado que a primera hora de mañana se inicie el pago del Bono PDVSA 2017, pero luego de este pago, a partir de hoy, decreto un refinanciamiento y una reestructuración de la deuda externa y de todos los pagos de Venezuela”.

Maduro nombró una comisión especial dirigida por el vicepresidente, Tareck El Aissami, para iniciar este proceso y solicitó que se convocara cuanto antes a “todos los bancos, a todos los tenedores de bonos de la República, de bonos de PDVSA, a todos los que están involucrados en la deuda externa”.

Dos semanas más tarde, el Gobierno emitió un comunicado oficial en el que señaló: “El Gobierno de La República Bolivariana de Venezuela quiere informar al mundo que hoy, en el Palacio de Gobierno de Miraflores, se inició con rotundo éxito el proceso de refinanciamiento de la deuda externa de Venezuela, como estrategia para cumplir cabalmente con nuestras obligaciones”.

“Calificamos esta reunión, en la que participaron tenedores de deuda venezolana provenientes de Venezuela, Estados Unidos, Panamá, Reino Unido, Portugal, Colombia, Chile, Argentina, Japón y Alemania, como altamente positiva y muy auspiciosa. Sirva este inicio del refinanciamiento de nuestra deuda para ratificar nuestra plena intención de proceder a cumplir, como siempre hemos hecho, con todos nuestros compromisos”, agregó el comunicado.

Pero no hubo más información sobre el proceso y en 2018 el país cayó en default.

Un aspecto a tomar en cuenta es que, cuatro meses antes de que el Gobierno intentara reestructurar la deuda, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que impuso sanciones financieras a la administración de Nicolás Maduro por “la decisión del régimen de crear una Asamblea Constituyente ilegítima”.

La Casa Blanca prohibió al sistema financiero estadounidense participar en negociaciones que provean nuevos fondos al Gobierno venezolano o a PDVSA. Además, el primero de febrero de 2019, Estados Unidos aumentó las sanciones por no reconocer como legítimas las elecciones del 20 de mayo de 2018, en las que Nicolás Maduro resultó reelecto como presidente de la República, prohibiendo a los estadounidenses comprar bonos emitidos por PDVSA o el Gobierno venezolano.

En estas circunstancias, la posibilidad de una reestructuración exitosa sin acuerdos previos en el terreno político luce muy lejana.

La Academia y el Plan País

La Academia Nacional de Ciencias Económicas ha insistido en la necesidad de que Venezuela acuda a los organismos multilaterales para obtener financiamiento y el aval necesario que le permita reestructurar la deuda.

En un comunicado oficial donde aborda este tema, señala que “es necesario iniciar negociaciones cuanto antes con organismos financieros internacionales para concertar un importante financiamiento externo” y agrega que “un generoso crédito externo permitirá, a su vez, refinanciar la deuda externa, con lo que podrá aliviarse el pago por este concepto durante los próximos años”.

En enero de 2018, un grupo de cien economistas, entre los que se encuentran Pedro Palma, Sary Levy, Leonardo Vera y Tamara Herrera, publicaron una “carta abierta al presidente Nicolás Maduro”, afirmando que “la negociación de un financiamiento externo con organismos internacionales es imperativo. El financiamiento multilateral ofrece términos ventajosos de plazo y tasas de interés, y posibilita, además, una reestructuración provechosa de la deuda”.

Economistas de distintas tendencias han participado en la redacción del Plan País, una iniciativa que propone medidas para sacar al país de la crisis en caso de que se produzca un cambio político. El documento, hecho público el 19 de diciembre de este año, también contempla la necesidad de obtener financiamiento externo y reestructurar la deuda.

El plan incluye “la asistencia masiva de organismos financieros multilaterales y países interesados en la restitución de la democracia y el desarrollo en Venezuela” y precisa que “una reestructuración profunda de la deuda pública externa ayudará a abrir espacio fiscal para garantizar una trayectoria sostenible de las finanzas públicas”.