Perspectivas

Un presidente sin mandato

por Michael Penfold

Fotografía de Juan Barreto / AFP

22/05/2018

Venezuela entró en una etapa política que pareciera no tener retorno. El resultado de las elecciones del domingo se puede resumir en una sola frase: un presidente sin un claro mandato constitucional.

Tanto la comunidad internacional, como los actores políticos nacionales relevantes, incluyendo a quien decidió participar como el principal contrincante del gobierno, han desconocido los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral, resultados que tal como fueron presentados guardan para el análisis una referencia cualitativa más que cuantitativa.

La profunda crisis de gobernabilidad que enfrenta Venezuela se ha terminado de acelerar de una forma definitiva con unos resultados que carecen de legalidad, sobre todo a partir de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente y la usurpación de los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional. La pregunta ya no es si existen las condiciones objetivas que pudiesen derivar en un potencial quiebre de la coalición oficialista, sino cuál puede ser la contingencia sobrevenida que dé inicio a un cambio político para Venezuela.

Es el comienzo del fin del madurismo.

Es indudable que el gobierno deseaba utilizar el 20 de mayo (o 20M) para materializar múltiples objetivos, pero ninguno de ellos pudo concretarse. Primero, ante la presión internacional, el gobierno quería compensar su falta de  reconocimiento externo a través de un acto de votación que lo legitimara domésticamente. Segundo, deseaba desplazar a una oposición que le resultaba cada vez más incómoda por otra hecha a su medida. Tercero, el gobierno buscaba sustituir las estructuras chavistas tradicionales para terminar de personalizar el poder exclusivamente en la figura presidencial. Finalmente, quería aprovechar los resultados del 20 de mayo para abrir un nuevo proceso de negociación que estuviese centrado exclusivamente en los temas económicos y sociales sin tener que poner sobre la mesa el tema electoral e institucional.

Todos estos objetivos se evaporaron. El deslave abstencionista hizo ver la debilidad de la figura de Nicolás Maduro frente a una maquinaria chavista que decidió sublevarse sigilosamente. La hiperinflación pulverizó el carnet de la patria y los puntos rojos. Maduro redujo su votación en prácticamente 2 millones de votos, comparado con su cuestionado triunfo en 2013 y un nivel de participación que ha sido el más bajo comparado con cualquiera de las contiendas presidenciales de las últimas décadas. Si el objetivo era, frente a la presión internacional, ganar legitimidad en el plano nacional producto de una votación masiva, esta posibilidad quedó totalmente abortada frente a los resultados de las votaciones. La idea de una oposición leal también fue pulverizada ante la decisión correcta de Henri Falcón de desconocer los escrutinios, como consecuencia de la violación flagrante de los acuerdos electorales a los que había llegado con el gobierno. Con ello, la esperanza oficialista de una oposición dividida con la que se pudiese negociar fue definitivamente derrotada.

El chavismo también se sublevó frente a la posibilidad de personalizar el poder completamente en la Presidencia. Somos Venezuela, la plataforma electoral alternativa que Maduro diseñó para ese propósito, no obtuvo ni 5% del total de la votación del chavismo. La dependencia de Maduro de la estructura partidista del PSUV sigue siendo una realidad política, así como también lo es su mayor dependencia del sector castrense. Esta es quizás una de las mayores frustraciones para el madurismo derivada del 20M: va a tener que seguir compartiendo el poder, sin estar en una posición claramente dominante. Y una potencial negociación, con Zapatero nuevamente como un mediador poco confiable, centrada en la reconstrucción económica y social, quedó en el tintero ante el agravamiento de la crisis político-institucional y la ausencia de un interlocutor más light para el gobierno en el mundo opositor.  Esa negociación, tal como ha insistido la comunidad internacional, tendrá ahora que pasar inevitablemente por un nuevo proceso electoral con garantías políticas, así como por el restablecimiento del Estado de Derecho.

En teoría, el chavismo tiene siete meses antes de la culminación del mandato constitucional de Maduro en enero de 2019 para barajar sus opciones: negociar un cambio o radicalizarse. Es imposible descartar que Maduro logre permanecer en el poder más allá de esa fecha, pero si esto ocurre, incluso para los mismos actores que lo rodean, será más una situación de facto que de jure. Es evidente que el chavismo también tiene ese periodo de tiempo para ver cómo aborda la realidad política ante la profundización de una crisis, tanto nacional como internacional, de un presidente que no posee un claro mandato para su reelección y que mientras permanezca en el poder será un obstáculo para enfrentar la hiperinflación, el colapso de la producción petrolera, la remoción de las sanciones internacionales, la emergencia social y la reactivación productiva. Las contradicciones que esta situación va a generar, y los riesgos de implosión, no son menores. Aunque es muy difícil predecir el futuro venezolano, es un hecho cierto que hemos entrado en un periodo de alta incertidumbre e inestabilidad.


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