Rebecca Hanson: “Regresamos a la vieja cultura de la militarización policial”

Rebecca Hanson retratada por David Smilde

Se ha publicado en inglés el libro The paradox of violence in Venezuela, cuyos autores examinan la elipsis que ha descrito la política de seguridad ciudadana durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Es una radiografía en la que no quisiera verse el expresidente Chávez.

La cultura de la represión, la política de mano dura, la militarización de las policías en Venezuela viene de muy lejos. “Eso es lo que se quería cambiar con la reforma policial en 2006”, dice Hanson. No se pudo y el giro hacia las viejas prácticas se inauguró en 2014, bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Las tasas de letalidad en la actuación policial en los barrios, en los sectores populares, es elevadísima; hasta el punto en que el gobierno admitió que, en 2018, el 33 por ciento de las muertes violentas corresponde a los diversos cuerpos policiales.

La paradoja, a la que alude el título del libro, viene dada por una característica muy inusual en América Latina. Mientras las políticas del gobierno de Hugo Chávez reducían la pobreza y la desigualdad, aumentaban la violencia y los homicidios. Son varios los factores que explican este fenómeno y Hanson se ha tomado la licencia de explicarlos.

No vamos por buen camino. La política de mano dura goza de buena salud. Si no que lo diga el presidente de El Salvador Nayib Bukele, cuya popularidad crece como la espuma a causa de un baño de sangre que no tiene nada que envidiarle a la guerra civil que azotó a ese desventurado país.

No podemos hablar de la violencia en Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, sin antes hacer una reflexión sobre la frustrada reforma policial. ¿Qué aproximación haría usted?

La reforma policial fue una propuesta que empezó a materializarse en 2006. Se aprobaron varias leyes y estatutos para crear un nuevo marco institucional y regulatorio de los cuerpos policiales. En lo personal, estuve vinculada a ese proceso, entre 2008 y 2013, especialmente en la UNES, la Universidad de la Seguridad. Al principio fue algo impresionante, entre otras cosas, porque las personas que dirigían la reforma venían de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos. Pero con la muerte de Chávez (en 2013), murió la reforma. No hubo continuidad ni apoyo dentro del gobierno. Realmente, la reforma dependía de la voluntad de Chávez.

El título del libro: “La paradoja de la violencia en Venezuela” es muy sugerente. ¿Podría explicar de qué se trata?

La paradoja que planteamos en el libro se refiere al incremento de la violencia y la inseguridad, al mismo tiempo que los programas sociales del gobierno del expresidente Chávez disminuían los índices de pobreza y desigualdad en Venezuela. No estamos diciendo que la pobreza genera la violencia. Lo que analizamos en el libro es una relación inversa. Decimos que es una paradoja, porque durante décadas, la hipótesis predominante entre sociólogos y criminólogos era que, efectivamente, existe una relación entre la violencia, la desigualdad y la delincuencia. Y la pregunta que nos hicimos, luego de nuestras investigaciones y trabajo de campo es por qué no vemos esta relación en Venezuela. Diría que Venezuela es un caso opuesto a lo que hemos visto en otras partes del mundo. La paradoja aplica para los gobiernos del expresidente Chávez, ya que la situación de Venezuela es muy diferente bajo el gobierno de Nicolás Maduro, cuyas características principales son una profunda crisis económica y una crisis humanitaria compleja.

¿Cuáles son los factores que explican esa paradoja? 

Son cuatro procesos interrelacionados. Uno. La bonanza petrolera. Los ingresos extraordinarios percibidos por el gobierno de Chávez reforzaron lo que ya era un Estado hipertrofiado. Hay una relación entre el ingreso petrolero, las instituciones débiles y la impunidad. Dos. Un estilo de gobernanza revolucionaria. El Estado como campo de batalla. No sólo aumentaron los conflictos entre el gobierno y la oposición, sino entre las propias fuerzas del chavismo. Esto fractura cualquier política que busca reducir la violencia. A raíz del golpe de abril de 2002, las armas cortas proliferan en el país y actores claves tratan de intervenir en áreas como la seguridad ciudadana. Tres. La desventaja concentrada. No se modificaron los factores estructurales que producen la desigualdad y la pobreza. Asuntos que tiene que ver con el desempleo o una juventud desprotegida, sin oportunidades. Aquí es donde vemos la relación directa entre pobreza y violencia. La remilitarización policial. La fallida reforma y la ultramilitarización de las fuerzas policiales, cuyos operativos ejecutados en los barrios y las comunidades pobres llegan a niveles nunca antes vistos, así como los niveles de letalidad de las fuerzas policiales.

La política de mano dura ha gozado de apoyo en América Latina. Venezuela no es la excepción. Tenemos el caso de El Salvador bajo el gobierno de Bukele. Ahí también hay una paradoja. Si la política de mano dura ha traído más violencia y ha cambiado la naturaleza de las bandas. Quizás haya una explicación. Si llegamos al extremo de El Salvador, tal vez veamos la reducción de la violencia.

Hay varios temas ahí. Lo primero que quiero destacar es que la remilitarización de la policía, con Maduro, no es un nuevo modelo. Los militares tienen una larga injerencia en el control de la policía. Hablar de este tema es problemático, porque en Venezuela no existe una policía, sino, alrededor de 124 cuerpos policiales o que cumplen funciones de policía, como mínimo. Me voy a referir entonces a la Policía Nacional Bolivariana. La ley de vagos y maleantes (década de 1930) abrió la puerta a los operativos militarizados desde hace décadas. Es una lógica que no comenzó con el chavismo. Viene de mucho más atrás. Pero está lógica se ha reforzado mucho más con el gobierno de Maduro. Lo que hemos visto es un giro que empezó en 2015, con la OLP (Operación de Liberación del Pueblo) y el giro se da porque la meta ya no es solo detener, arrestar o encarcelar, sino de ejecutar una matanza sistemática. En nuestro trabajo de campo, los policías entrevistados hablaban de la muerte como daño colateral, antes de 2015. Pero luego de ese año, la política y las órdenes de arriba es matar. Por eso hemos visto tanta violencia, tanta letalidad, en los cuerpos policiales. Ese giro se resume en estas palabras: del punitivismo carcelario a la matanza sistemática. Es algo que marca al gobierno de Maduro como el inicio de una etapa nueva.

En todos los países las instituciones se defienden, obedecen a sus propias dinámicas. Si la militarización data de los años 30, no debería sorprender lo que estamos viviendo. Desde el principio, había ciertas condiciones que negaban la reforma policial.

Claro. Y esa cultura es la que la reforma buscaba cambiar. No se pudo, porque como lo dije antes, después de la muerte de Chávez no había respaldo suficiente en el gobierno. Pero la reforma tuvo un impacto positivo, aunque modesto. Si revisas los informes de Provea, por ejemplo, encuentras que sí hubo una reducción del uso de la fuerza durante las protestas. Seis años no pueden cambiar una cultura que viene de mucho antes. Esto no lo hemos visto sólo en Venezuela, también lo vimos en Brasil, Colombia o Guatemala, países que implementaron reformas policiales que, al cabo de cinco o seis años, quedaban sin efecto, porque los gobiernos regresaban a las viejas prácticas.

¿Cómo calificaría la situación actual frente al año 2006, año en que se puso en marcha la reforma policial? ¿Estamos mucho peor que en 2006?

Sí. La reforma nunca fue la lógica dominante en el país, en cuanto a las políticas de seguridad ciudadana. Mientras Chávez apoyaba la reforma y la creación de la Policía Nacional Bolivariana, basada en el respeto a los Derechos Humanos y desplegada en 2009, ese mismo año, por ejemplo, se creó el Dibise, que es un programa de seguridad dirigido por la Guardia Nacional. Entonces, la reforma nunca logró superar la lógica militarizada que ha existido en el país durante mucho tiempo.

Quisiera insistir en este punto. ¿Estamos mucho peor que en 2006?

La situación es mucho peor. Sólo tenemos que ver las estadísticas, la elevada letalidad de los cuerpos policiales. Después de 2015, es una estadística horrenda. En 2018, el gobierno admitió que la policía fue responsable del 33 por ciento de las muertess violentas que se cometieron en Venezuela. No es una cifra comparable con los registros que había antes de 2006, año en que se inicia la reforma policial. Hoy la policía es mucho más violenta que hace algunos años, al igual que las organizaciones delictivas que hoy controlan territorios y tienen mucho poder. Es un aumento de la violencia por parte de todos los actores armados. Además, actualmente los cuerpos policiales están más fragmentados y hay, a lo interno, muchos más conflictos entre ellos. Lo que los vuelve más ineficientes y más violentos.

A la gente, por puro azar, le siembran drogas, los extorsionan, les piden cinco mil dólares para no presentarlos ante la Fiscalía. De manera que no enfrenten un proceso penal. ¿Eso es nuevo o ya era una práctica común?

No. Son prácticas muy anteriores, señaladas, además en el informe de la Conarepol (Comisión Nacional para la Reforma Policial). Allí se plasma un estudio muy riguroso sobre la cultura policial. Ya existía una cultura de corrupción, de extorsión. Diría que la diferencia es que hoy hay menos control sobre la policía. El otro factor es la crisis económica. Hay que reconocer que el salario de los policías es una miseria. El aumento de la corrupción tiene mucho que ver con ese factor. Allí hay un incentivo para chantajear, para extorsionar a la gente. Se ha vuelto una práctica común. Otro factor de corrupción viene dado por el papel que cumple la policía en el transporte y la distribución de los alimentos a través de los CLAP. Hay otras vías, otras puertas abiertas a la corrupción, que no existían antes de la crisis económica.

¿No sería el momento actual una oportunidad para evaluar lo que se hizo, lo que se dejó de hacer, los procedimientos, los instructivos de la Policía Nacional Bolivariana? ¿Cuáles son los grandes asuntos que la sociedad venezolana debería asumir con relación a la seguridad ciudadana?

¡Uffff! ¡Ay! Es una pregunta difícil de contestar, por algo que usted mencionó: el apoyo de muchos sectores de la población a la política de mano dura. Si no hay respaldo por parte de la sociedad civil es casi imposible mantener una reforma policial. El presidente Bukele de El Salvador es el más popular en la región, justamente por las políticas de militarización y mano dura que ha implementado. Habría que desvincular las políticas de la seguridad ciudadana de la militarización y volver a los principios y a las recomendaciones que hizo la Conarepol: prohibir el uso de armas de guerra, enfatizar la formación en Derechos Humanos y la herramienta del diálogo antes que la represión. Veo muy difícil que la sociedad civil juegue un papel importante en la seguridad ciudadana dentro de un contexto autoritario. Si no hay un diálogo entre la Sociedad y el Estado, no hay forma de introducir o presionar a favor de los cambios.

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*Doctora en Sociología por la Universidad de Georgia. Es coordinadora de la especialización “Delito, ley y gobernabilidad en las Américas”, en el programa de Maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de la Florida.