Fotografía de @PrensaFANB | Twitter

En días pasados, en el diario El País, el periodista Marc Bassets entrevistó al sociólogo francés Alain Touraine. En una de las preguntas iniciales le inquiría su opinión sobre la metáfora de la guerra que han usado gobernantes como Macron, Trump o Sánchez al referirse a la maquinaria estatal para contrarrestar la amenaza que representa el coronavirus en sus países. El sociólogo respondió que, en su opinión, la metáfora no era precisamente la más adecuada, pues en esta lucha no hay ejércitos enfrentados, jefes de otros gobiernos o combatientes que perseguir: “Aquí, en cambio, lo que vemos es lo humano contra lo no humano”.

Parecen pertinentes estas ideas ante la presencia militar, protagónica y reiterada, en las imágenes del gobierno, en su representación teatral de la gestión de la urgencia sanitaria desatada por el COVID-19. Una urgencia que se suma a la emergencia humanitaria que le preexistía en el país.

En la imagen arriba, es notable la mayoría masculina y militar. La presencia del ministro de la Defensa en contrapunteo con la notable ausencia del ministro de Salud, de mujeres, y de una mayoría médica. Dice mucho el puño arriba, la pose bélica, las armas como parte del atuendo —como si al virus se le pudiese disparar— y, en fin, la acumulación de signos que revelan la hegemonía militar, el exceso de hombres, y la coerción como método para enfrentar la epidemia a nivel local.

Si hay algo evidente en esta coyuntura de pandemia global, es que no se trata de hacer una guerra, donde se va a matar, sino todo lo contrario: salvar vidas. En esta lucha con un adversario no humano, como nos ilustra el sociólogo francés, el saber epidemiológico especializado es el que resulta estratégico, así como la infraestructura sanitaria y la capacidad de coordinarnos los humanos. En ello, sin duda, el Estado tiene un protagonismo fundamental en tanto entidad responsable de garantizar la adecuación de la red de infraestructura sanitaria y la circulación de personas, objetos y sustancias para resguardar las vidas humanas.

En el debate mundial se pondera hoy la eficiencia en la gestión de la pandemia entre las democracias liberales de Europa y América del norte, versus los sistemas autoritarios de Asia. En este debate se advierte precisamente que, en los sistemas autoritarios asiáticos, los objetos tecnológicos y las tecnologías de información adquieren un rol protagónico en la coyuntura actual de la pandemia, al posibilitar un control casi total de la población. Constituyen en la práctica la prolongación del Ojo estatal (el panóptico), permitiendo intervenir rápida y directamente para confinar los sospechosos de contagio y así prevenir una mayor propagación.

Venezuela y algunos países latinoamericanos están fuera del debate sobre el uso de las tecnologías para el control de la enfermedad, pues en las ciudades del interior y regiones rurales a duras penas se tiene acceso a la electricidad, al agua corriente, ni qué decir al Internet, mascarillas o gel antibacterial. El control es más crudo y focalizado en los cuerpos: en la gestión de la pandemia ha sido protagónica la coerción militar como estrategia de restricción de la movilidad poblacional en territorios seleccionados para imponer la cuarentena. Este control se experimenta como sofocante y oportunista —en un contexto de escasez de gasolina y de aparición del “bachaqueo” del combustible, con el asociado aumento de precio desregulado— cuando también se sabe busca confinar la población para evitar el estallido social, siempre con el espectro del Caracazo rondando.

En el país actual, con un sistema de salud devastado por años de negligencia estatal; en un contexto de intenso declive de los precios del petróleo y apaleado todavía más por unas sanciones internacionales que terminan por afectar más a la población civil que a la élite cívico-militar gobernante, el acceso a los recursos para contrarrestar el virus y la emergencia humanitaria depende de una básica concertación de los actores políticos para destrabar las ayudas internacionales necesarias.

Pero suponiendo que los venezolanos finalmente logren un acuerdo humanitario y se obtengan los recursos para la gestión de la pandemia, hasta las voces más críticas al protagonismo militar afirman que en este escenario, ellos tendrían un rol fundamental en la logística de la distribución de los apoyos. Sin embargo, el rol de los militares y las fuerzas policiales en los últimos años, en su relación con la población civil, nos resulta a todas luces problemático. Eventos de mucha conflictividad, como las protestas masivas en sectores de la clase media en el año 2017, han sido cruentamente reprimidos por fuerzas militares y policiales, y decenas de muertes se produjeron en estas confrontaciones. Si bien en dichas protestas se expresaron grupos violentos de varones que se identificaban con la oposición, también es significativo señalar que la proporción de civiles muertos por policías muertos fue muy desigual.

La militarización de la seguridad ciudadana y la lucha “contra la criminalidad” en los barrios pobres ha originado el despliegue de operativos militarizados de invasión masiva, como la denominada Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), seguido de la creación de las Fuerzas de Acciones Especiales de la policía (FAES) que han triplicado el número de muertes perpetradas por la policía entre la población masculina joven de sectores populares. Si el COVID-19 ha causado 10 fallecidos hasta el 29 de abril de este año; en marzo de 2017 la Fiscal General de la República reveló que al menos 4.667 personas murieron a manos de las distintas fuerzas del orden durante el año 2016. Y a partir de ese año, anualmente, en las declaraciones del ministro del poder popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, se han contabilizado cada año al menos 4.000 casos de Resistencia a la Autoridad, de los cuales la gran mayoría constituyen muertes perpetradas por agentes de las fuerzas del orden contra varones pobres en sectores populares.

Y luce evidente que hoy la hegemonía militar y la coerción se hacen necesarias, no para controlar al virus, sino para controlar la desesperación de una población que no puede más por el hambre, la carencia y la indignación por la negación de sus derechos y su dignidad. Una población que reta el poder militar saliendo a la calle a protestar, desafiando el confinamiento.

De modo que la relación de buena parte de la población venezolana –en el amplio espectro que va desde sectores de la clase media hasta los sectores de las clases populares—, con las fuerzas policiales y militares, ha estado definida en el período reciente, por situaciones colectivas traumáticas, de mucho duelo, derivado de la intensa represión, abuso de la fuerza y violación masiva de derechos humanos.

Así, es evidente que para salvar vidas y contar con la confianza y colaboración de la población, la fuerza policial y militar y sus altos mandos deberían pedir disculpas. Disculpas como asunción de responsabilidad en las muertes de la población civil venezolana. Disculpas que abran paso a procesos de búsqueda de verdad y reparación para garantizar la vida futura en convivencia. Disculpas como expresión de un hondo arrepentimiento por las vidas sesgadas y el sufrimiento masivo ocasionado a los conciudadanos venezolanos.

Y más allá de la intervención del sector militar en labores de apoyo logístico de la pandemia, lo que revela esta coyuntura es que los nuevos desafíos sociales implican la inversión masiva en conocimiento científico —no control militar— salud y condiciones de vida de la población –alimentos, medicinas, no armas de fuego— así como mucha pedagogía democrática para aprender los nuevos hábitos postpandemia, cuya prolongación en el tiempo será necesaria, configurando nuevos estilos de vida.

En Venezuela tenemos una historia de éxito llevada a cabo por científicos y civiles en la lucha contra un adversario no humano —el mosquito— en una de las epidemias más graves que azotó la vida de los venezolanos el siglo pasado: la malaria. Una de las características más resaltantes de esa campaña fue que estuvo liderada por el saber científico; en particular por el médico sanitarista Arnoldo Gabaldón. Estuvo constituida por cuadrillas de civiles: hombres y mujeres formados y disciplinados a punta de pedagogía técnica y democrática. Por último, implicó una extensa red de conexiones y coordinaciones para que circularan las sustancias estratégicas en esta lucha, hasta las más recónditas casas del llano venezolano: primero la quinina, posteriormente el DDT y su rociamiento casa por casa, que finalmente dio la estocada contra el mosquito. En 1960 se erradicó la enfermedad en el país y Venezuela fue reconocida por las Naciones Unidas como modelo de lucha contra la malaria.

Reconstituir el tejido social tomará tiempo. La tentación militar ronda y se expande en América Latina. Se observa en El Salvador, México y Brasil, países que en teoría están en las antípodas políticas, pero que son afines en el proyecto de militarización. Si avanzamos en una transición, cada vez menos perceptible, será un desafío fundamental recivilizar el Estado venezolano; priorizar la inversión en la mejoría de las condiciones de vida; en la reconstrucción de las instituciones científicas y universidades; entre tantas otras. Es una encrucijada existencial para los venezolanos: la coerción militar o la pedagogía democrática como forma de relación con un actor determinante como lo es el Estado.

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Verónica Zubillaga es profesora de la Universidad Simón Bolívar y parte de la Red de Activismo en Investigación por la Convivencia REACIN.