Pedro Sánchez: ¿rehén de sus aliados?

La Ley de Amnistía llegó al pleno del Congreso de los Diputados de España el 30 de enero para su votación. Primero se votaron las enmiendas previamente pactadas entre el poder ejecutivo a cargo de Pedro Sánchez y el partido independentista catalán Junts per Catalunya. Las enmiendas a la ley de amnistía proponían suprimir de la lista de delitos no amnistiables el terrorismo y la traición. Pese a haber pactado con los partidos independentistas catalanes, los diputados del PSOE votaron junto a PP y Vox en contra de las enmiendas a la Ley de Amnistía de Junts.

Desestimando a las demás formaciones aliadas al Gobierno, que les instaron a «no desaprovechar la oportunidad», los congresistas de Junts votaron en contra de la Ley de Amnistía, por considerarla insuficiente al no contar con las enmiendas que demandaban. 

«Una amnistía selectiva y en diferido no es lo que acordamos», dijo Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, durante el intenso debate en el hemiciclo, dejando claro que su partido no estaba de acuerdo con el texto actual.

Al tratarse de una propuesta de ley orgánica, la Ley de Amnistía requería de una mayoría absoluta para ser aprobada y seguir adelante con los plazos para su promulgación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Por lo tanto, el gobierno de coalición necesitaba el apoyo de Junts y de todos los otros partidos que votaron a favor de la investidura de Pedro Sánchez para que la ley avanzara según lo previsto.

Siguiendo el procedimiento legislativo, el proyecto de ley orgánica volverá a la Comisión de Justicia, donde el PSOE y el partido independentista tendrán un mes para reconsiderar los detalles del texto antes de volver a someterlo a votación en el pleno del Congreso.

El Partido Popular, bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, planea impugnar la ley de amnistía ante los tribunales utilizando “todos los medios legales” a su alcance, buscando adicionalmente el amparo en la Unión Europea. 

«Rescataremos democráticamente a nuestro país de la miseria moral a la que está siendo condenado», declaró el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al concluir su intervención durante el debate de la ley de amnistía. 

“Esta ley de amnistía es un pago. El único fin es que el señor Pedro Sánchez siga como presidente del gobierno de España. No sabemos todavía si van a lograr la estabilidad parlamentaria. Cada día, cada votación es un calvario. Sánchez ha decidido ser rehén, pero el rescate no vamos a pagarlo todos los españoles”. 

Protestas de calle en contra de la Ley de Amnistía

Cerca de 70.000 personas, de acuerdo con números del Partido Popular, acudieron a la protesta del pasado domingo 28 de enero a la plaza España de Madrid, para pronunciarse en contra de la inclusión de los delitos de terrorismo “leve” en la Ley de Amnistía. 

La expresión de rechazo se produjo luego de que el Gobierno acordara hacer otro ajuste a la Ley de Amnistía, cediendo nuevamente a las peticiones de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), quienes buscan dar la máxima protección a los activistas y líderes políticos que abogan por la independencia catalana, como el expresidente Carles Puigdemont, blindándoles de los cargos de terrorismo que enfrentan. 

El texto aprobado este martes por la Comisión de Justicia del Congreso, que fue rechazado durante el Pleno del Congreso el 30 de enero, estipulaba que los acusados de terrorismo serían absueltos siempre que no tuvieran «intención directa» de causar «graves violaciones de los derechos humanos».

Las enmiendas propuestas por los partidos independentistas catalanes buscan aplicar la amnistía incluso a los condenados en sentencias firmes, una posibilidad inicialmente excluida en el primer borrador de la ley. Sin embargo, el PSOE y Sumar acordaron finalmente retirar esta disposición en favor de su alianza política con los partidos secesionistas. 

Durante la manifestación del domingo, que contó con la presencia de los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, así como de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ganó las elecciones generales hace seis meses con una mayoría insuficiente para gobernar, se expresó en un discurso en contra de la absolución de aquellos implicados en el procés. 

“El Gobierno no tiene memoria, pero España sí. No hay terrorismo bueno o malo, lo que sí hay es un Gobierno nefasto que no tiene vergüenza. Este Gobierno es la peor versión de la política y la peor perversión de la justicia en nuestro país”, dijo Feijóo ante la multitud. “Todos los españoles tenemos derecho a decidir que no nos gobiernen las minorías y que no haya españoles de primera y de segunda. Todos los españoles tenemos derecho a decidir nuestro futuro, no a que los independentistas decidan por nosotros” 

El Partido Popular continúa demostrando su poder de convocatoria con la séptima manifestación organizada desde el verano para expresar su rechazo a las concesiones del gobierno a los partidos independentistas. Este último acto, llevado a cabo el domingo, se convierte en el segundo más concurrido hasta la fecha.

“Vamos a rescatar democráticamente este país y a restituir la igualdad real entre todos los ciudadanos. Pedro Sánchez será el pasado. Es su obsesión megalómana la que nos ha llevado a la decadencia. Este Gobierno no tiene principios, pero sí tendrá un final más pronto que tarde”, sentenció Feijóo. 

El expresidente del Gobierno, Felipe González, importante referente histórico del PSOE reiteró su postura contra la Ley de Amnistía. Durante la la II Conferencia sobre Incendios Forestales y Riesgos Naturales en Sevilla, respondió a periodistas sosteniendo que es “la misma posición que tenía”.

También organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo 500.000 firmas contra la ley de amnistía, declarando su oposición a la “impunidad” impulsada por las disposiciones que incluyen a la corrupción y al terrorismo dentro de la Ley de Amnistía, para dirigentes separatistas implicados. 

La agenda legislativa de Sánchez avanza a cambio de más concesiones a partidos separatistas

El gobierno de Pedro Sánchez logró la aprobación de dos de los tres decretos propuestos, el pasado miércoles 17 de enero, en lo que fue la primera avanzada legislativa desde su investidura el 16 de noviembre de 2023. La victoria legislativa del PSOE se produce a cambio de una larga lista de concesiones demandadas por Junts, las cuales se suman a las demandas que el gobierno de Sánchez aceptó a cambio de los votos que le permiten permanecer en el poder.  

En la primera victoria legislativa del PSOE, luego de lograr la investidura como presidente del gobierno, ha quedado de manifiesto que la alianza legislativa que le permitió continuar en la presidencia no sólo es frágil, sino que Junts sacará el mayor provecho posible por cada uno de los siete votos que dan la mayoría a la coalición de gobierno. 

La lista de concesiones que el ejecutivo ha tenido que dar al partido separatista catalán no es corta. Entre ellas se encuentra la devolución a Cataluña del control total de las políticas de inmigración, la supresión del artículo que permite la posible suspensión de la amnistía en Europa, la publicación inmediata de las balanzas fiscales, la reversión el decreto que favoreció la marcha de empresas de Cataluña, y la fijación del 0% de IVA al aceite de oliva, haciéndolo un alimento esencial. 

La portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, subió a la tribuna de oradores en el debate del tercer decreto del Gobierno, para recordarle a Sánchez que «la estabilidad de la legislatura depende del cumplimiento de los acuerdos». Dejando en claro que la dinámica legislativa que le permite la gobernabilidad, seguirá sólo si Junts logra avanzar en sus intereses.  

«Nuestros votos están al servicio de los ciudadanos de Cataluña y de nuestro país, no al suyo ni al del reino», dijo Nogueras. “Nosotros no tenemos el compromiso de la estabilidad del gobierno español”. 

Además, Junts logró que el Gobierno central siguiera costeando la subvención de transporte público en Cataluña, el reconocimiento de los “derechos históricos” del régimen local catalán, con el fin de remodelar la relación fiscal con el estado español, sentando las bases de un nuevo acuerdo fiscal, e incentivar el retorno de las empresas a Cataluña que se marcharon por el llamado Procés. 

A cambio, el PSOE de Pedro Sánchez sólo logró la aprobación del decreto anticrisis, que prorroga las reducciones del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en los alimentos de primera necesidad y los descuentos en el transporte. 

También logró la aprobación del decreto ómnibus, una iniciativa legislativa que permite modificaciones simultáneas en justicia, servicio público, mecenazgo y utilización de fondos europeos. Si bien Junts se abstuvo en las tres propuestas, la reforma de subsidio de desempleo, planteada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no ha salido adelante por el voto en contra de Unidas Podemos.

Control de la migración a la Generalitat de Catalunya

El partido liderado por Carles Puigdemont, indispensable para asegurar las mayorías del ejecutivo dentro del Congreso, logró acordar con el PSOE la delegación de competencias a la Generalitat en materia de inmigración mediante la derogación de una ley orgánica. 

Junts busca la potestad del gobierno autonómico para determinar la expulsión de inmigrantes irregulares que hayan incurrido en actividades delictivas. Esta demanda ha sido formulada por varios alcaldes de Cataluña en los últimos meses, en medio de un creciente rechazo a los inmigrantes que alcanza el 21% de los habitantes de esa comunidad autónoma.

Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, subrayó la importancia que tendría la lengua catalana en las políticas migratorias que establecería la Generalitat de Catalunya, de ser transferidas las competencias migratorias.

Si bien el artículo 1502 de la Constitución Española permite la transferencia de competencias al exponer que es posible “transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación”, el artículo 149.1.2 sostiene que la inmigración es “competencia exclusiva” del Estado español. 

Constitucionalistas españoles han expresado que existen competencias que no son transferibles ni delegables a las provincias autónomas de España, entre ellas la inmigración, las relaciones internacionales, y las fuerzas armadas, razón por la cual algunos catedráticos de derecho constitucional consideran el acuerdo entre el PSOE y Junts improcedentes al proponer acciones inconstitucionales.   

Además, la transferencia de competencias migratorias a la Generalitat de Catalunya limita la jurisdicción de los ministerios del interior, juventud e infancia, asuntos exteriores, y del ministerio de inclusión, seguridad social y migraciones, que pertenecen al poder ejecutivo y por lo tanto cuentan con un mandato democrático. 

Legisladores aliados del gobierno de Sumar y Unidas Podemos se han expresado en contra del pacto entre el PSOE y Junts por el control migratorio de la región, y determinaron que votarán en contra en el Congreso a cualquier acuerdo que restrinja los derechos de las personas migrantes.  

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, emitió el viernes una declaración cautelar sobre la delegación de competencias de inmigración a la Generalitat catalana, recordando que sea quien sea la autoridad que gestione la política migratoria, es la Unión Europea quien dicta la política a sus países miembros. 

«La política migratoria es una política europea», dijo Bolaños. «Las orientaciones vienen de Europa». 

Por su parte, el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha expresado oposición a las negociaciones entre el PSOE y Junts, diciendo que el presidente Sánchez se verá obligado a «humillarse todos los días y ceder en todo», tras el acuerdo sobre la delegación de las competencias de inmigración. 

Este domingo en la clausura de la XXVI Interparlamentaria del Partido Popular, celebrada en Orense, Núñez Feijóo advirtió que el independentismo está arremetiendo con “enorme soberbia” para imponer su agenda política. “La Convención del PSOE ha estado centrada en «subastas privadas patrocinadas por el Gobierno de España» para poder seguir en el poder”, dijo. “Todo absolutamente en España está en venta”. 

Condonación de la deuda a Cataluña

Para alcanzar la investidura el 16 de noviembre de 2023, el PSOE y el partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), alcanzaron una alianza articulada en un texto de 14 páginas, en el cual se contempla la condonación de 15.000 millones de euros de la deuda de Cataluña con el Estado mediante el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), 20% de los 71.000 millones de euros que la comunidad le debe al Estado.

Los partidos políticos separatistas de Cataluña abogaron inicialmente no sólo por la condonación de la deuda de la región con el Estado español, sino también porque España saldara una supuesta «deuda histórica». 

Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, líderes de los partidos catalanes Junts y ERC respectivamente, argumentaron que el gobierno español debería condonar más de 73.000 millones de euros adeudados por las transferencias del FLA como parte de una serie de «medidas reparadoras» para hacer frente a esta «deuda histórica». 

Junts y ERC estimaron la «deuda histórica del Estado con Cataluña» en la cifra de 456.000 millones de euros, que según ellos incluye déficits en infraestructuras, gastos sociales y pensiones entre 1982 y 2022.

La línea de crédito planteada en el FLA fue establecida en julio de 2012, durante la crisis económica, por el Gobierno español liderado por Mariano Rajoy, para que las comunidades autónomas no tuvieran que buscar financiamiento en los mercados y así aliviar la presión financiera de las regiones dentro del país.

Tras el pacto con Esquerra, el PSOE también aceptó las exigencias del Bloque Nacionalista Gallego, que a cambio del voto del único diputado del partido, Néstor Rego, demandó que Galicia recibiera una «compensación similar» a cualquier condonación total o parcial de deuda que se conceda a Cataluña o a otras comunidades autónomas adscritas al Fondo de Líquidez Autonómica. 

El resto de las comunidades autonómicas recibieron el acuerdo que beneficia a Cataluña con desagrado, al conocer que el Gobierno no les garantizará la misma condonación, que en el caso de Cataluña es del 20% del total de la deuda, que ha pactado con el partido ERC. El porcentaje de deuda condonada al resto de las comunidades será decidido caso a caso. 

La Comunidad Valenciana, que es la segunda comunidad autónoma que más dinero adeuda al Estado, con 57.000 millones de euros y el 83% es con el Fondo de Liquidez Autonómica, demandó igualdad de condiciones frente al acuerdo con Esquerra, de la voz de su presidente, Carloz Mazón.

“Si se condona un céntimo de deuda, la Comunidad Valenciana debe ser la primera», dijo el presidente valenciano, Carlos Mazón del Partido Popular, quien en línea con el Partido Popular, rechazó la condonación de deuda por parte del Estado. 

También el Presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, expresó su rechazo por el trato entre el PSOE y ERC, en una publicación de la red social X.

“Sánchez le perdona al independentismo 15.000 millones de euros de deuda más 1.300 millones de euros de intereses”, escribió Moreno. “Andalucía está bien gestionada y no necesita que se le perdonen deudas. Por tanto, reclama 17.800 millones de euros equivalente por población a la cesión de Sánchez ante ERC y Junts (…) Exigimos igualdad entre los españoles”. 

La capacidad de Pedro Sánchez para gobernar España depende únicamente de la coalición que ha decidido forjar para sostenerse en el poder. Esta alianza no será sólo para una legislatura, sino que de no recuperar la popularidad perdida en los últimos comicios, probablemente deberá seguir cediendo ante sus aliados por el resto de su mandato, si desea cumplirlo a cabalidad. 

Su discurso desde que pactó la investidura como presidente del gobierno español ha suprimido las posibilidades de liderar un gobierno de centro; por el contrario ha apostado por una costosa alianza, en la cual la dinámica parece indicar que cada legislación propuesta por el Gobierno, deberá venir acompañada de más y más concesiones a partidos independentistas con una representación que de insignificante adquiere el tono de mayoritaria en el Congreso.