Lo que dijo Bachelet: un balance preliminar de su visita a Venezuela

Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, visitó Venezuela entre el 19 y el 21 de junio para constatar la situación del país ―que se encuentra en emergencia humanitaria― y proponer mecanismos para la protección de los derechos de los venezolanos. Es la primera vez que un representante de esta oficina de la ONU visita el país. Antes de partir, Bachelet dio declaraciones a la prensa a las 9:30 p.m. del viernes 21 de junio, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Estos son los 7 puntos que resaltó en su discurso:

1. Asignó dos representantes de la Oficina del Alto Comisionado para Venezuela:

“Hemos alcanzado un acuerdo con el gobierno para que un pequeño equipo de dos oficiales de derechos humanos permanezca aquí, con el mandato de proveer asistencia y asesoría técnica, pero también, muy importante, continuar monitoreando la situación de derechos humanos en Venezuela”.

Sin embargo, esto no significa la creación de una oficina local del Alto Comisionado. Sobre la labor de los oficiales designados, señaló:

“Vamos a venir trabajando como lo hemos hecho antes. La diferencia es que antes el trabajo lo hacíamos desde afuera. Desde Panamá, desde Ginebra (…) pero ahora vamos a tener gente aquí, que va poder interactuar con todo lo que sea necesario, que va a poder recibir la información que exista, que va a poder mirar cómo evoluciona la situación de derechos humanos en Venezuela, y por lo tanto también tener interlocuciones con las partes para ver si hay situaciones que hay que mejorar, situaciones que hay que corregir o situaciones que hay que denunciar”.

2. Pidió priorizar violaciones del derecho a la salud:

“He hecho un llamado al Gobierno también para que le de una prioridad a los temas de salud y comparta los datos relacionados con la situación sanitaria y otros derechos socioeconómicos, que nos permita evaluar la situación y apoyar en la mejor manera que Naciones Unidas pueda”.

Manifestación frente a la sede del PNUD en Caracas, el viernes 21 de junio. Fotografía de Alfredo Lasry | RMTF

3. Acordó la evaluación de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura:

“Tenemos el compromiso expreso del gobierno para llevar a cabo una evaluación de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura, así como también para evaluar cuáles son los principales obstáculos en el acceso a la justicia en el país”.

4. Acordó el acceso pleno de su equipo a los centros de detención:

“El gobierno también ha aceptado que mi equipo tenga acceso pleno a los centros de detención para poder monitorear las condiciones de detención y hablar también confidencialmente con los privados de libertad. El Ejecutivo también se ha comprometido a trabajar para permitir un acceso más amplio a los distintos mecanismo de derechos humanos, incluido a los expertos independientes de Naciones Unidas conocidos como relatores especiales”.

5. Exigió la liberación de presos políticos:

“Celebro la liberación del parlamentario opositor Gilberto Caro (Gilber Caro), que se encontraba en custodia del servicio de inteligencia Sebin, y así mismo recibo con beneplácito la liberación de Melvin Farías y Julio Rojas; aunque hago un llamado a las autoridades a liberar a todos los que estén detenidos o privados de libertad por ejercer sus derechos civiles y políticos de forma pacífica”.

6. Mostró preocupación por el impacto de las sanciones:

“Me preocupa que las sanciones impuestas este año sobre las importaciones de petróleo y el comercio de oro están exacerbando y agravando la preexistente crisis económica”.

7. Abogó por las negociaciones para resolver la crisis:

“He apelado a todos líderes políticos a que participen constructivamente con el diálogo facilitado por Noruega y con cualquier otro intento de esfuerzo para parar y enfrentar la actual situación política en Venezuela. El destino de más de 30 millones de venezolanos reside en la voluntad y la habilidad de sus líderes para colocar los derechos humanos de la gente por encima de cualquier ambición personal, política o ideológica”.

“Creo que ha sido una buena visita”, dijo Nicolás Maduro al salir de la última reunión con Bachelet en el Palacio de Miraflores, ese viernes 21 de junio en la noche. “Le he dicho que puede contar conmigo como Presidente de la República (…) para tomar con toda la seriedad sus sugerencias, sus recomendaciones, para que en Venezuela prive un sistema de derechos humanos cada vez más profundo”. Horas antes, Bachelet conversó en privado con Juan Guaidó. Después del encuentro, el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela ―reconocido por más de 50 países―, aseguró que la discusión se enfocó en «aproximar soluciones» a la «catástrofe humanitaria» que vive Venezuela.

Carlos Ayala Corao, vicepresidente de la Comisión Internacional de Juristas, explicó que consignar dos representantes de la Oficina del Alto Comisionado “es un paso importante pero inicial, porque debe evolucionar en el corto plazo hacia una oficina permanente con un estatus de acuerdo a los protocolos de Naciones Unidas, para la cooperación técnica y para la promoción y protección de los derechos humanos en Venezuela. De tal manera que, si bien el gesto inicial es importante, es solamente eso. Es un gesto inicial”.

Ayala, quien fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1997-1998) y asesor en derechos humanos en varios organismos internacionales, señaló que la oficina local tendría más personal con capacidad de acción “y una serie de inmunidades relativas a las oficinas de las Naciones Unidas”, así como “diversidad de mecanismos de protección”. Hay oficinas locales en Colombia, México y Guatemala, entre otros países de la región.

Líderes y voceros de ONG y la sociedad civil participaron en manifestaciones frente al PNUD para exigir a Bachelet una respuesta contundente ante la violación sistemática de derechos humanos. Fotografía de Alfredo Lasry | RMTF

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos monitorea las violaciones a los derechos humanos en Venezuela desde 2014. El organismo publicó dos informes sobre las violaciones en 2017 y 2018, y Bachelet hizo un reporte oral este año sobre la situación venezolana. Entre el 11 y 22 de marzo de 2019, un equipo de la Oficina del Alto Comisionado visitó Venezuela para evaluar la situación del país. La visita de Bachelet es la última fase para completar uno de sus primeros mandatos como alta comisionada: presentar un informe detallado sobre el caso de Venezuela, que deberá entregar el 5 de julio ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Ayala señaló que el informe no solo será valioso por la documentación de las violaciones generalizadas y sistemáticas. Serán igual de importantes “las recomendaciones que se formulen al Estado venezolano, a quienes detentan el poder y el control del aparato del Estado, y cómo el Consejo de Derechos Humanos lo recibirá y qué medidas va a seguir”.

Ayala espera que tenga impacto en los órganos políticos de Naciones Unidas y dentro de los organismos de derechos humanos. “Los llamados procedimientos especiales llevan más de diez años pidiendo visitas a Venezuela. Por ejemplo, la relatoría contra la tortura, el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias y la relatoría sobre independencia de jueces y abogados. A estos mandatos no se les ha permitido entrar a Venezuela. Debería hacerse una invitación abierta”.

La agenda de Bachelet

1. Reuniones con altos cargos y actores políticos

La máxima responsable de derechos humanos de la ONU llegó al país el miércoles 19 de junio, pasadas las 6:30 p.m. Fue recibida por el coordinador residente del sistema de las Naciones Unidas, Peter Grohmann. Ese día se reunió con el canciller Jorge Arreaza, quien dijo haber analizado con Bachelet “el impacto del bloqueo ilegal (…) del gobierno de los Estados Unidos”.

El jueves 20 de junio, la expresidenta chilena se reunió con el fiscal general de la administración de Maduro, Tarek William Saab, y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno. Conversó en privado con el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol; y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Asistió a este encuentro el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, Remigio Ceballos, y representantes de otras carteras ministeriales. Se realizó en la Casa Amarilla en Caracas, sede de la Cancillería.

El viernes 21 de junio, Bachelet dialogó con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello.

En la concentración del viernes 21 de junio participaron líderes de ONG que afirmaban estar satisfechos con los resultados de la reunión que sostuvieron con Bachelet el día anterior, jueves 20 de junio. Fotografía de Alfredo Lasry | RMTF

2. Encuentro con la sociedad civil y las ONG

El jueves en la tarde, Bachelet se reunió en la Universidad Metropolitana con víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares. También escuchó a los representantes de la sociedad civil, líderes de diferentes organizaciones no gubernamentales, delegados de sindicatos, religiosos y autoridades universitarias. Los defensores de derechos humanos concordaron en que la alta comisionada escuchó con atención los casos expuestos y fue empática con quienes relataron sus historias. Durante la reunión, anunció que dos representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas se quedarían en el país, punto que confirmó el viernes en la noche antes de partir.

La nutricionista Susana Raffalli, especializada en gestión de la seguridad alimentaria, emergencias humanitarias y riesgo de desastres, explicó que los dos oficiales que quedan en Venezuela en representación de la alta comisionada no son caras nuevas y conocen la metodología de trabajo de las ONG en el país. “Trabajamos con ellos desde hace 4 años, pero ahora tienen un nombre, es decir, son una representación de la Alta”.

Raffalli partició en una manifestación frente a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en la avenida Francisco de Miranda de Caracas. En la concentración se reunieron líderes y voceros de ONG venezolanas, sociedad civil, y personas afectadas por la crisis de salud y la inseguridad alimentaria. “Señora Bachelet, Maduro es Pinochet”, gritaban. Nioska Ponce, de 35 años, sostenía un coche de bebé con el cartel “S.O.S”. Tiene dos hijos, uno de 7 y otro de 11, y mantiene su hogar limpiando casas. “Hace años que no sé lo que es comer completo. Lo último que compré hace unos días en el mercado fueron lentejas y yuca. No tenía para más”. A unos diez pasos, en las escaleras del edificio, un grupo de docentes exigía mejoras salariales y recursos para las escuelas.

Nioska Ponce, de 35 años, participó en una protesta frente a la sede del PNUD, donde se encontraba Bachelet. Dijo que estaba allí «por la salud y la vida de todos los niños del país». Fotografía de Alfredo Lasry | RMTF

Josefa Merino, tía de Neomar Lander, exigía justicia para su sobrino, quien murió en las protestas de 2017. “Víctimas, familiares, defensores… todos reclamamos una oficina o una representación que pudiera atendernos y escucharnos sin esperar tanto tiempo, queríamos algo más inmediato. Para nosotros esta es una buena noticia”, dijo. Contó que durante la reunión “Bachelet explicó que ella vivió lo que nosotros estamos viviendo, cuando fue una exiliada política en la época de Pinochet. Hacían cosas que hacemos nosotros ahora, como consolarse los unos a los otros”.

Daisy Galaviz, reportera de sucesos en el medio digital El Pitazo, escribía en una planilla los correos y teléfonos de los asistentes a la protesta. Estos se suman a una base de datos y así el medio crea un contacto directo para enviar información y ofrecer talleres de formación para info-ciudadanos, una fórmula que les ha funcionado como alternativa a los bloqueos web reportados desde 2017. “Decidimos que queremos hacer algo de voz a voz porque ya nos han bloqueado tres dominios”. El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) confirmó la aplicación de bloqueos contra los medios de comunicación digitales El Pitazo y Efecto Cocuyo en la víspera de la llegada de Bachelet.

La Conferencia Episcopal expresó en un comunicado que espera “que el informe refleje el rostro real de lo que pasa en Venezuela, que permita señalar mecanismos para solucionar los problemas de fondo de lo que ocurre con nuestro pueblo”.

Los arzobispos y obispos venezolanos pidieron a Bachelet que “intervenga en la restitución de los derechos electorales, políticos y económicos de la población, (…) que se busque la solución de fondo a la crisis de gobernabilidad a través de elecciones libres y transparentes, con un nuevo CNE y una nueva revisión de la data del Registro Electoral”. Resaltaron que “Venezuela antes de estas sanciones ya estaba en una situación económica deprimente”.

Carlos Ayala Corao consideró que a partir de ahora queda el seguimiento de la implementación de las recomendaciones de la alta comisionada por parte del Estado. Recordó que “la experiencia en el pasado con las recomendaciones del Examen Periódico Universal y las de los órganos de tratados en sus exámenes periódicos ha sido la no implementación de esas recomendaciones. Ahí va a estar el centro de los futuros pasos, saber si la visita fue tomada en serio, o solo fue una visita protocolar”.