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Las implicaciones de la reunión entre autoridades financieras de 16 países sobre Venezuela

por Mariano de Alba

Fotografía de Paul J. Richards / AFP

20/04/2018

El 19 de abril de 2018, altos representantes de las autoridades financieras de 16 países (Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Italia, Japón, México, Panamá, Paraguay, Perú y el Reino Unido) se congregaron en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para discutir la situación de Venezuela.

El resultado de la reunión se conoció a través de una declaración de Steve Mnuchin, Secretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, quien sostuvo que el tema de discusión había sido la “catástrofe humanitaria y económica”. Mnuchin resaltó que “las políticas del régimen del presidente Maduro tienen consecuencias más allá de las fronteras de Venezuela y representan una amenaza para la estabilidad regional y la seguridad nacional” de Estados Unidos.

Las conclusiones del encuentro

La declaración del Secretario del Tesoro estadounidense hay que examinarla con cautela porque no es un comunicado oficial de los 16 países presentes en el encuentro. Es una declaración que combina la descripción de la posición del gobierno de Estados Unidos y, al mismo tiempo, detalla puntos de encuentro entre los presentes. Es relevante porque permite prever la dirección que podría tomar la atención y presión internacional en los próximos meses.

Crisis humanitaria

En primer lugar, hubo acuerdo entre los 16 países en que “la destrucción de la economía por el régimen de Maduro ha creado una crisis humanitaria que está impulsando un éxodo importante de ciudadanos venezolanos”. Sobre este punto, los funcionarios “revisaron el flujo migratorio de venezolanos a otros países del mundo”, identificando una “fuerte aceleración en la salida de venezolanos huyendo por la falta de seguridad y oportunidades económicas”. Ante ello, tomaron “nota del llamado de la Agencia de la ONU para los Refugiados para asistir a los países en la región que están absorbiendo a migrantes venezolanos”.

Control social y corrupción

El Secretario del Tesoro destacó que “el presidente Maduro continúa rechazando las ofertas de asistencia humanitaria internacional para lidiar con los problemas de salud y bienestar de la cada vez más empobrecida población venezolana”. Ante esto, destacó que el régimen venezolano es responsable de la disminución de la “importación de alimentos a través de una red de distribución administrada por el gobierno”.

Los funcionarios de los 16 países participantes, “revisaron cómo el control del gobierno sobre la distribución de alimentos es un mecanismo de control social, y recibieron un informe —basado en inteligencia financiera compartida— sobre las personas corruptas que están robando a través de este programa”. Este informe fue presentado conjuntamente por las autoridades financieras de Colombia y Estados Unidos, y detalla una red que opera desde Hong Kong e involucra a 30 compañías fantasmas en cuatro continentes.

Para el gobierno de Estados Unidos, “se requieren acciones concretas para restringir la capacidad de los funcionarios venezolanos corruptos y de sus redes de apoyo, quienes están abusando del sistema financiero internacional”. En ese sentido, los 16 países acordaron “fortalecer la cooperación internacional y continuar compartiendo a través de los canales apropiados, información sobre los activos de tales individuos y redes”.

Asistencia internacional

Los representantes de las autoridades financieras “reconocieron que un gobierno de Venezuela que autorice el apoyo de la región y esté dispuesto a aplicar políticas económicas para recuperar el bienestar de los venezolanos, recibiría el apoyo de la comunidad financiera internacional”.

El gobierno de Estados Unidos recordó que “los acreedores, bien sean públicos o privados, que proporcionen nuevas fuentes de financiamiento al régimen de Maduro están prestando a un gobierno que carece de legitimidad para pedir prestado en nombre de Venezuela”.

Finalmente, los países participantes, “notando el declive de la producción petrolera de Venezuela y el incumplimiento de las obligaciones externas”, coincidieron en que “la recuperación llevará tiempo y requerirá un apoyo externo significativo”. Para ello, acordaron “permanecer en coordinación, de modo que las herramientas de la comunidad internacional estén preparadas para un rápido despliegue cuando las circunstancias lo permitan”.

Las implicaciones de la reunión

Las conclusiones del encuentro confirman que el aumento de la migración venezolana es de suma preocupación, tomando en cuenta los efectos que está causando en varios países. Estados Unidos ya ha comprometido cerca de 20 millones de dólares para dotara la Agencia de la ONU para los Refugiados y asistir a los países afectados. Pero según las propias estimaciones del organismo de Naciones Unidas, harán falta muchos más recursos. Los efectos de esta tragedia son un arma de doble filo, ya que obligan a los países a centrar su atención en los efectos externos de la crisis, lo que podría disminuir la presión para buscar una resolución de la situación interna.

En segundo lugar, comienza a concretarse un esfuerzo concertado para localizar y decomisar activos en el extranjero que estén vinculados a hechos de corrupción en Venezuela. Diversos países de América Latina han tenido inconvenientes para replicar las sanciones impuestas por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y otros países. Primero, porque no es la práctica diplomática histórica en la región y segundo, porque su legislación interna inicialmente no lo permite.

No obstante, conforme a la Convención Interamericana contra la Corrupción, la mayoría de los países de la región tienen la posibilidad de confiscar y decomisar bienes obtenidos o derivados de la comisión de hechos de corrupción trasnacional. Además, la confiscación de estos fondos, a los ojos de distintos gobiernos,permitirá recolectar dinero que será necesario para asistir a Venezuela en su reconstrucción. Estos esfuerzos de presión internacional financiera continuarán, y ya está prevista una reunión para el próximo 14 de mayo, la cual tendría lugar en México.

Esto es crucial si se tiene en cuenta que a pesar que buena parte de los países del hemisferio occidental han declarado que no reconocerán los resultados del evento del próximo 20 de mayo, al mismo tiempo no parece haber disposición de llegar a un cese de relaciones diplomáticas o comerciales. Así lo evidencia, por ejemplo, la decisión de España de normalizar sus relaciones con Venezuela y la declaración de Panamá sobre su interés para “que se den las condiciones para reactivar las relaciones comerciales y reforzar los lazos diplomáticos”.

Finalmente, por primera vez un grupo considerable de países deja clara la intención de desplegar ayuda financiera internacional para la reconstrucción de Venezuela. Una condición clave a tal efecto para este grupo de países es elregreso de la democracia al país, iniciándose con el reconocimiento de las facultades de la Asamblea Nacional.

En definitiva, la reunión entre altos representantes de estos 16 países, confirma que está en su directo interés que se concrete una resolución a la situación que vive Venezuela. Sólo así podrá iniciar así la recuperación económica del país y disminuirá la migración venezolana, la cual amenaza la estabilidad de varios países de la región.


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