La inconstitucional elección anticipada de la Asamblea Nacional: el golpe final

El 20 de febrero de 2018 el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela propuso realizar elecciones anticipadas de la Asamblea Nacional para el 22 de abril, día en el cual se realizarán las fraudulentas elecciones presidenciales. Al día siguiente, el Gobierno reiteró la propuesta, que sería implementada por la ilegítima asamblea nacional constituyente.

En realidad, este anuncio lo que esconde es la intención de disolver a la Asamblea Nacional, en violación no solo de la Constitución sino de diversos tratados internacionales.

El golpe de Estado permanente en contra de la Asamblea Nacional

Cabe recordar que desde su elección el 5 de diciembre de 2015, la Asamblea Nacional, bajo el control de la oposición democrática venezolana, comenzó a sufrir un asedio por parte del Tribunal Supremo de Justicia y la Presidencia de la República.

Así, la Sala Electoral, en claro abuso de poder, suspendió la proclamación de cuatro diputados del estado Amazonas por un supuesto fraude electoral, en un juicio que más de dos años después no ha sido sentenciado. Poco después, la Sala Constitucional dictó más de cincuenta sentencias a través de las cuales impidió a la Asamblea Nacional ejercer sus funciones legislativas, usurpando además el ejercicio de esas funciones, por ejemplo, al “autorizar” el presupuesto del ejercicio 2017.

Al mismo tiempo, desde la Presidencia de la República se inició, en enero de 2016, un régimen de estado de excepción que ha continuado hasta el día de hoy, gracias a que la Sala Constitucional impidió a la Asamblea Nacional ejercer sus funciones de control.

Todas estas actuaciones configuraron un golpe de Estado permanente en contra de la Asamblea Nacional que avanzó en agosto, luego de que la ilegítima y fraudulenta asamblea nacional constituyente decidiera asumir poderes supra-constitucionales e ilimitados, y por ello, dictatoriales. En ejercicio de tales poderes, la asamblea constituyente ha usurpado funciones de la Asamblea Nacional, dictando “Leyes” y ejerciendo el control sobre el Gobierno, como sucedió con la “autorización” del presupuesto 2018.

El inconstitucional adelanto de elecciones

La solicitud a la asamblea constituyente para que adelante la elección de la Asamblea Nacional sería el golpe final en este proceso, ante el intento de sustituir a la legítima Asamblea Nacional por una ilegítima Asamblea Nacional electa fraudulentamente.

Lo primero que hay que señalar es que los diputados de la Asamblea Nacional fueron electos por cinco años, contados a partir de enero de 2016 (artículo 192 de la Constitución). Dejando a salvo casos como la renuncia o muerte, ese mandato solo puede ser extinguido a través del referendo revocatorio (artículo 72 constitucional), pues los mandatos otorgados electoralmente solo se extinguen electoralmente.

De hecho, este fue el argumento con el cual la Sala Constitucional concluyó que la Asamblea Nacional no podía enmendar la Constitución para recortar el mandato presidencial. Lo que proponía la Asamblea Nacional era, en realidad, una enmienda constitucional de aplicación inmediata, pero lo cierto es que la Sala Constitucional concluyó que los mandatos electorales no pueden terminarse por mecanismos no electorales.

Precisamente, lo que ahora se pretende es que la ilegítima asamblea nacional constituyente revoque el mandato a todos los diputados –principales y suplentes– de la Asamblea Nacional para proceder a una nueva elección.

El fraudulento adelanto de elecciones

Además de inconstitucional, esta propuesta es un fraude, pues se promueve una nueva elección de diputados de la Asamblea Nacional a través de un sistema electoral que carece de las condiciones básicas de integridad electoral.

Esto no solo evidencia que en Venezuela no es posible una salida electoral a nuestra crisis. Además, esto comprueba que las elecciones son empleadas para destruir la democracia constitucional.

La ruptura definitiva del orden constitucional

La inconstitucional y fraudulenta elección de la Asamblea Nacional, al implicar la disolución del Poder Legislativo legítimamente electo en diciembre de 2015, consolidará el golpe de Estado permanente en Venezuela. Esto implicará la ruptura definitiva del orden constitucional en los términos del artículo 19 de la Carta Democrática Interamericana.

¿Por qué hablo de consolidación? Hasta ahora se había respetado la existencia formal de la Asamblea Nacional, aun cuando ésta fue vaciada de competencias a través del golpe de Estado permanente. Ahora, lo que se propone es eliminar el último vestigio de esa Asamblea al acordar inconstitucionalmente la disolución de la Asamblea Nacional.

La responsabilidad internacional

La disolución de la Asamblea Nacional para elegir fraudulentamente un nuevo Poder Legislativo, no solo viola la Carta Democrática Interamericana, sino además, los diversos tratados internacionales que reconocen y protegen los derechos políticos, como es el caso de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Así, disolver a la Asamblea Nacional en contra de la Constitución viola el derecho al sufragio, tanto de aquellos que votaron por los diputados de esa Asamblea, como de los propios diputados que resultaron electos.

Como recuerda el artículo 25 constitucional, la violación de estos derechos humanos compromete la responsabilidad personal de todos aquellos que contribuyan a la disolución de la Asamblea Nacional.

Además hay que recordar que no se trata de una violación aislada de derechos humanos. La disolución de la Asamblea Nacional formará parte de un plan de sistemática violación de los derechos humanos de los electores y de los diputados ante el desconocimiento de la elección de diciembre de 2015.

Que estemos ante un caso de sistemática violación de derechos humanos es particularmente importante, pues la disolución de la Asamblea Nacional será un hecho que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional podrá investigar, a los fines de determinar si tal disolución forma parte de un caso de persecución por razones políticas; en este caso, de persecución en contra de electores y diputados de la Asamblea Nacional.

Todo ello permite anticipar que con la disolución de la Asamblea Nacional, pueden incrementarse las medidas adoptadas desde la comunidad internacional para presionar el rescate de la democracia en Venezuela.