Hacia el #10Enero: una competencia por el equilibrio, en tres memos estratégicos

La semana pasada un grupo de analistas fuimos convocados por la profesora Egleé González Lobato a conversar sobre las implicaciones de la fecha del 10 de enero 2019. Allí, bajo la batuta de Mibelis Acevedo, y con un buen número de interesados, estuvimos dando nuestros pareceres en la Sala E de la UCV. Tan solo la convocatoria, y el interés que despertó en redes sociales ya parece sugerir que el 10 de enero de 2019 es, en efecto, una fecha relevante.

El #10E, fecha en que de acuerdo con la Constitución Nacional debe asumir funciones el presidente electo, sí representa entonces un hito importante. Pero no solo es un hito por las implicaciones constitucionales, mucho menos porque Maduro vaya a sufrir de un súbito arranque de rectificación democrática, sino porque esa fecha llega en el momento oportuno con la magnificación de la crisis venezolana extrafronteras. Representa el 10 de enero esa gota que derrama el vaso de la hecatombe nacional.

El éxodo venezolano ha vuelto a poner al país en los reflectores globales. Y las alertas de ese éxodo sobre los países receptores imprimen un sentido de urgencia a una acción de presión colectiva desde el exterior. Curiosamente fue un aliado coyuntural del gobierno de Maduro quien puso acento en la fecha de marras. “Maduro hasta el 10 de enero tiene la legitimidad de unas elecciones que nosotros reconocemos, pero el 10 de enero se le acaba ese mandato, y empieza uno en base a unas elecciones que no reconocemos”, dijo hace escasos días Josep Borrell, el canciller español del gobierno del socialista Pedro Sánchez. Defender el régimen de Maduro más allá del 10 de enero de 2019 es muy cuesta arriba, hasta para sus aliados, puesto que la “elección” que le reeligió no ha sido reconocida por ningún país occidental.

Venezuela llegará al 2019 con los niveles de producción petrolera que tenía en 1946, una merma de más de las dos terceras partes de la producción de hace una década, y con cerca de un millón de enfermos de malaria para el cierre de este año, similar a la cantidad de enfermos palúdicos que tenía en 1936. Casi un siglo de retraso esbozan ambos indicadores. Pero además estrenará el año con una inflación interanual próxima al millón por ciento. Aún sin mayor elaboración ni más análisis socioeconómicos sólo estas tres cifras nos explican que la tragedia venezolana cobre hoy millones de víctimas de una expatriación forzada. De acuerdo a estimaciones realizadas con base en la data de Facebook, entre 3,3 y 5,2 millones de venezolanos que se han visto forzados al exilio en los últimos años.

El equilibrio es la meta

La situación es insostenible, y no solo en Venezuela. Viene causando un severo desequilibrio hemisférico y llevando las fronteras de la tragedia venezolana a varios países latinoamericanos, con duras implicaciones en la saturación de los sistemas sociosanitarios de países hermanos como Colombia, Perú y Ecuador, así como brotes xenofóbicos. La migración forzosa en Venezuela puede superar la de la crisis siria, que alcanza a 6 millones de personas para una década de conflicto bélico. Puede hacerlo, además, de una manera mucho más acelerada y con menos capacidad paliativa.

Pero además cerca de un 38% adicional de la población venezolana tiene planes de emigrar, según una encuesta reciente de C21. Esto significa que otros diez millones de venezolanos podrían hacerse parte del éxodo en el mediano plazo y convertir a la región en un verdadero polvorín. Muchos actores estiman que al fenómeno hay que atajarlo antes de que ocurra, y es ante esto que el 10 de enero de 2019 luce como un oportuno e inequívoco “deadline”.

Así las cosas, hay que partir de una premisa: el objetivo último de toda acción internacional respecto a Venezuela va a ser lograr restaurar el equilibrio perdido. Pero esto no es necesariamente sinónimo de restablecer la democracia. Si la democracia contribuye al equilibrio, bienvenida de sea, de lo contrario la comunidad internacional podría hacer ciertas concesiones. Por eso el régimen de Maduro y sus actores claves se empeñan en hacer creer que pueden lograr una mínima estabilidad. Se equivocan quienes creen que recuperar el necesario equilibrio hemisférico significa automáticamente deponer a Maduro.

Primer memorándum:

Lo que recomendaría un asesor a Maduro: la competencia es por el equilibrio. Demuestre que tiene el control

“La receta es simple, presidente: controle la hiperinflación, controle la emigración, elimine la bicefalia en su gobierno, divida a la oposición y convenza a la comunidad internacional de que Ud. puede”, le debe haber dicho ya a Nicolás Maduro un asesor cubano, o del célebre grupo CEPS, think-tank del español Podemos. Por esto el gobierno hace esfuerzos por demostrar que puede controlar el país, con las promesas de disciplina fiscal, con el plan Vuelta a la Patria, y con la destitución de González López a cargo del aparato represivo del Estado. Otro elemento de trabajo del equilibrio por parte del gobierno es la “policía de fronteras” que viene anunciando el ministro Padrino.

Hace poco más de un año el responsable del Departamento de Estado Michael Fitzpatrick afirmó que «En Venezuela hay una dictadura, pero el Gobierno de Maduro es legítimo». Como en aquel imperecedero consejo de Sun-Tzu en su célebre Manual de la Guerra, el Departamento de Estado dejaba una puerta abierta por donde pudieran salir los enemigos. Si esa puerta no existiera, una fiera herida peleará con fiereza hasta morir, y un adversario acorralado se tirará al conflicto como única salida. Pues bien, esa puerta entreabierta se cierra el 10 de enero. Hasta entonces, hay oportunidades de negociar.

Los esfuerzos del Grupo de Boston y la incorporación del negociador Tull van encaminados a cruzar esa puerta entreabierta. Tendrían por objeto bajar los costos de salida y convencer a los interlocutores de que el gobierno puede mejorar. Ese espacio de encuentro y de diálogo transversal, que permitiría crear canales mínimos de comunicación con Washington, incluye a Maduro, como pieza central de una eventual negociación. Pero también incorpora piezas de recambio, como los gobernadores de Carabobo o Miranda, ante una no descartable posibilidad de “refrescamiento” de imagen del gobierno. Hay que entender, sin embargo, que allí la oposición que está lo hace en carácter de acompañante de Maduro, no como actor protagónico. Ese es un espacio de encuentro gobierno-gobierno, en la que la oposición solo está como un importante actor secundario; tanto como puede serlo un padrino de boda.

Sin embargo, hay otro actor secundario, que no está invitado a la boda, y es más peligroso, mucho más parecido a un exnovio matón. En la revolución hay al menos dos grupos claros en un juego suma cero, donde la ganancia de un grupo es la pérdida del otro. Se percibe que el Grupo de Boston sería claramente un factor de apoyo a Maduro, quien es miembro del mismo desde sus orígenes a principios del año 2000.

Con frecuencia se analizan sólo dos actores de la crisis venezolana: gobierno y oposición. Suelen hacerse referencia a los conflictos de la oposición por ser más visibles, pero el chavismo tampoco es monolítico. Muerto Chávez quedó un archipiélago de poderes con puentes que se interrelacionan, donde cada islote mantiene sus intereses particulares. Hacer creíble la promesa del equilibrio geopolítico también implica para Maduro eliminar ese archipiélago de poderes. Tal como lo hizo ya con Rafael Ramírez y PDVSA, y lo acaba de hacer con González López, pieza clave del aparato represivo de la dictadura, y de Diosdado Cabello.

El peor enemigo de esa oferta de equilibrio desde el gobierno es, desde luego, el propio Maduro. El presidente Maduro posee una pulsión al caos, que le mueve a “huir hacia adelante” ante las crisis políticas serias. En cada punto de inflexión vivido desde 2013, cuando el agua le llegaba al cuello, Maduro decidió crearse un problema mayor a futuro, buscando sobrevivir el presente. Un día a la vez. Tras la derrota en las parlamentarias de diciembre 2015 se estrangulaban las irresponsables finanzas maduristas, y el 28 de marzo mediante dos sentencias del máximo tribunal bajo su control, intentó concentrar todo el poder y expropiar a la Asamblea Nacional de esa facultad. Fue ese el preludio de las vigorosas protestas nacionales. De las protestas por el referéndum revocatorio, Maduro dio un salto adelante hacia la constituyente. De las negociaciones en República Dominicana de diciembre de 2017, huyó al adelanto de las presidenciales en 2018.

Conocido ese patrón de conducta, no puede desestimarse que la presión por la fecha del 10 enero pueda llevar a Maduro a otra acción desesperada, como un referéndum constitucional o una convocatoria a elecciones presidenciales, tomando en cuenta la desarticulación opositora.

Segundo memorándum:

Lo que le recomendaría un asesor a la oposición: La competencia es por el equilibrio. Evidencien que pueden tener el control, a una única voz

“La receta es simple de enunciar, aunque difícil de llevar a cabo: manténgase en unidad de propósito y de acción, respeten la institucionalidad, no tengan miedo de medirse, demuestren que sabrían gobernar una transición y convenzan a la comunidad internacional de que quieren tomar el poder”, diría el memorándum de otro hipotético consultor, asesorando a la oposición.

He escuchado frecuentemente la queja entre actores políticos internacionales de que en la oposición venezolana no se sabe con quién se debe hablar. La oposición democrática es dispersa, fragmentada y variopinta, y esto, que podría ser un activo, se percibe como signo claro de desorganización. Mientras la oposición no sea unitaria, o no sea claramente dominante una de sus posturas, no será una opción de poder. Si esto no ocurre, la comunidad internacional podría pasar del apoyar a la oposición para que sea alternativa, a un indeseable ayudar al gobierno para que mejore su gobernabilidad. Puede sonar duro, pero es real politik.

Podemos agrupar hoy las posturas opositoras en dos tendencias divergentes: los electoralistas y los intervencionistas. Además, tal como el resto de la población venezolana, muchos se encuentran fuera del país. Así, la clasificación del espectro opositor puede simplificarse como una matriz 2×2: afuera y adentro, electoralistas e intervencionistas. Casi todos los actores opositores pueden inscribirse en uno de los siguientes cuatro cuadrantes.

Los llamados “electoralistas” que suelen argumentar que la oposición ha ganado elecciones cuando ha sido mayoría, y remiten con frecuencia al caso 2015 y la Asamblea Nacional. Tratan al sistema político como una constante K ignorando que tras cada proceso electoral el régimen le dio una vuelta de tuerca al sistema, llevando lo que constituía una “cancha inclinada” cada vez más a una pared vertical.

A partir de las regionales de 2017 se obstaculizaron las salidas electorales. La actitud de Henri Falcón y otros actores claves como Francisco Rodríguez tras la elección del 20 de mayo de 18 reforzó esa tesis. Hay problemas serios en una sociedad cuando buena parte del electorado se convence de que no hay salidas por la vía electoral, porque es entonces cuando verdaderamente se legitiman las salidas «por fuera» del sistema, por eso cualquier sistema político sensato busca ser incluyente con los factores políticos disidentes. (Léase con cuidado: sensato)

En el corto plazo, la salida electoral pareciera no viable, argumentan los intervencionistas. Abogan por una más vigorosa intervención internacional, en lo comercial, lo diplomático, lo financiero, e incluso lo militar. Para ellos, todas las opciones deben estar sobre el tapete, puesto que para que en Venezuela sean posibles las elecciones nuevamente, como opción para dirimir conflictos, deben darse antes cambios fundamentales.

¿En verdad son tan distintas e irreconciliables las opciones? Las salidas por fuera se verán cada vez más como válidas, conforme el tiempo avanza sin soluciones concretas. El rechazo a las elecciones es solo coyuntural, y habría consenso de aplicarse algunos cambios básicos con mediación internacional. Sería posible que un nuevo proceso de negociación, presionado por la amenaza realista de la intervención, condujera a una nueva constitución del CNE o incluso a un arbitraje electoral internacional, salida que fuera propuesta por el expresidente Santos hace algunos meses.

Demostrar que la oposición es capaz de lograr el equilibrio implica varias cosas: en primer lugar, la existencia de una unidad que sume dentro/fuera, electoralistas/intervencionistas, o al menos una dominancia muy clara de una de las facciones sobre las otras. En segundo lugar, el reconocimiento de las instituciones, y allí es la Asamblea Nacional el principal resquicio institucional del que pudiera asirse una transición a la democracia.

Tanto la comunidad internacional como los electores necesitan percibir jerarquías y muestras de liderazgo; no hay que temerle a la conducción de primarias abiertas. Existe una enorme necesidad de articular unicidad del mensaje político, coincidente en un mínimo de una decena de elementos claves, en los que se comprometan los actores fundamentales. Tener media docena de actores fundamentales recorriendo el país con una unidad de mensaje en lo fundamental, y otros tantos en el exterior, puede ser una gran fortaleza si se sabe articular. Lo ideal es preservar las diferencias y que ellas fortalezcan. Los partidos que armaron la Unidad son muchas veces complementarios, más que competitivos. Esa complementariedad geográfica hay que aprovecharla desde el todo, y explotar las ventajas competitivas de cada quien, las cuales han quedado explícitas en varios procesos electorales. Puede hacerse. El Frente Amplio ofrece hoy una plataforma que ha logrado enormes avances en acuerdos políticos y sociales, en un marco generoso y amplio que puede cobijar esa diversidad.

Tercer memorándum:

Lo que le recomendaría un asesor a la comunidad internacional: la competencia es por el equilibrio. Hay que buscar alianzas con quien mejor lo garantice

“La receta es simple: crea alianzas con quien prometa el equilibro de manera verosímil. Y juega a dos, tres, o cuatro bandas de ser necesario”, poco más o menos diría el memorándum de un hipotético asesor de la Unión Europea y el Departamento de Estado.

El Banco Mundial publicó recientemente una gráfica muy elocuente que muestra cómo la hiperinflación venezolana corre a la misma vertiginosa velocidad del éxodo masivo. La hiperinflación se correlaciona de manera casi perfecta con la hiperemigración. Sin embargo correlación no implica causalidad, es una de las primeras cosas que nos enseñan a los científicos sociales. Y la causa de fondo del éxodo forzado es un gobierno que ha fallado sistemáticamente en proveer los mínimos que proveería cualquier otro gobierno.

Y no. Maduro no puede resolver el problema de la hiperinflación. No sólo por la falta de disciplina fiscal que las finanzas públicas exhiben desde que asumió el poder, ni siquiera por el fuerte dogmatismo que rodea al círculo de poder. La razón fundamental es la profunda desconfianza que Maduro inspira en los mercados y en la población venezolana. Siendo la economía la más “blanda” de las ciencias “duras”, la confianza es un elemento fundamental para cualquier plan de ajuste destinado a controlar la hiperinflación que diezma a la población venezolana e impulsa a su éxodo.

Así las cosas, el cambio político es imprescindible para desatar el nudo gordiano que tiene en vilo a toda la región latinoamericana. Debemos saber que aquí no hay ningún manual explícito. La dictadura de Maduro es un proceso inédito en el mundo, derivado de lo que muchos han calificado como entramado de corrupción y delito. Dictaduras han habido muchas, pero la de Maduro combina dos elementos singulares:

1. Es la conclusión de un proceso de tiranización de una sociedad democrática (han sido mucho más frecuentes los procesos de democratización de las sociedades, decenas de ellos en el siglo 20, que el inverso: de tiranización, solo el de Maduro y acaso alguno más, menos consumado).

2. El de Maduro constituye un régimen que para muchos analistas combina lo que se ha caracterizado como Estado fallido (incapaz de proveer los estándares mínimos admisibles a la sociedad) con el Estado forajido (se le acusa de inclumplir convenios internacionales, de tener vínculos con el mundo del crimen y de irrespetar los derechos humanos).

Si a ello agregamos que está sentado sobre las reservas energéticas más grandes del mundo, se puede concluir que es ciertamente imposible encontrar aquí un «manual» de democratización. Sin embargo, es claro que el caso venezolano tiene interés global, tanto por ser un «antimodelo» que atenta contra los valores democráticos y de DDHH del mundo occidental, como en términos de seguridad global. Ambas cosas conducen a la acción internacional, tanto preventiva como defensiva.

Hay por tanto una convicción: una situación sin precedentes probablemente requiera para resolverse de una solución también sin precedentes. Y esa solución posiblemente derive de la convergencia entre las posturas del espectro electoralista y el intervencionista de la oposición venezolana. Esa solución no convencional, como respuesta a un problema hasta ahora poco conocido en la geopolítica mundial, podría llevar a una elección forzada por presión internacional de toda índole, con unas reglas explícitas de transición democrática.