El día que el PSUV no llegó a la Asamblea Nacional

Juan Guaidó llegó al Palacio Federal Legislativo a las diez de la mañana del martes 17 de septiembre de 2019. La prensa formó un círculo a su alrededor. Preguntaba sobre un acuerdo firmado el día anterior por cuatro partidos minoritarios y el gobierno de Nicolás Maduro. Un acuerdo ajeno a las negociaciones con el Reino de Noruega como mediador, mecanismo respaldado por la mayoría del Parlamento. “El único poder legítimo reconocido por el mundo es la Asamblea Nacional”, afirmó sin dejar de caminar hacia su oficina. 

Periodistas y fotógrafos volvieron a la formación que habían dispuesto en la entrada del palacio. Esperaban grabar la llegada de los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El primer punto del acuerdo paralelo debía cumplirse el mismo martes: el regreso “inmediato” de la representación del PSUV a la Asamblea Nacional.

Nadie sabía quién iría por el chavismo. El PSUV obtuvo 55 curules en las elecciones del 2015, cuatro de ellos están ocupados por diputados que abandonaron las filas del chavismo: Arkiely Perfecto, Eustoquio Contreras, Lucila Pacheco y Fernando Orozco. El puesto de Germán Ferrer quedó vacante, porque está exiliado y su suplente ocupa un cargo en la Superintendencia de Criptoactivos. Los demás diputados abandonaron el Parlamento en 2017, muchos de ellos para ocupar nuevos cargos públicos. De acuerdo con el artículo 191 de la Constitución, esos parlamentarios perdieron su investidura. 

Mientras esperaban el inicio de la sesión, periodistas y diputados comentaban los vacíos del acuerdo paralelo: ¿Cómo se implementaría un programa de Petróleo por Alimentos sin el apoyo de Estados Unidos, que solo reconoce a Guaidó? ¿Cómo se evitaría que se repita el caso Irak y el programa se corrompa? ¿Cuáles diputados del PSUV regresarían a un Parlamento presidido por Guaidó, a quien desconocen? ¿Qué pasaría con la Asamblea Nacional Constituyente, que sigue siendo un organismo paralelo y ha ejercido funciones parlamentarias? Si la Asamblea Nacional reúne a los diputados, ¿significa que el chavismo la reconoce? Si es así, ¿el TSJ levantará el desacato que declaró al Parlamento de 2015? ¿Qué pasa con las más de 100 sentencias aprobadas desde el Poder Judicial que limitan o despojan de sus funciones al Legislativo? El estado Amazonas y la representación indígena del sur lleva cuatro años sin parlamentarios reconocidos por los demás poderes públicos. ¿Harán nuevas elecciones o los diputados de ese estado podrán asumir sus curules? ¿Qué ocurrirá con las medidas aprobadas desde los demás poderes públicos contra la Asamblea Nacional en cuatro años? ¿Implica el regreso del PSUV la reincorporación de los diputados encarcelados, refugiados, exiliados y sin inmunidad parlamentaria de la oposición? 

Guaidó llegó del receso parlamentario acompañado por el primer vicepresidente, Stalin González, y otros diputados. A principios de año solía llegar con sus colaboradores más cercanos: los diputados Miguel Pizarro y Juan Andrés Mejía, coordinadores de la ayuda humanitaria y el Plan País; Roberto Marrero, jefe de despacho de la presidencia interina, y Edgar Zambrano, primer vicepresidente del Parlamento. En seis meses, Pizarro y Mejía debieron partir al exilio, mientras que Marrero y Zambrano fueron encarcelados. 

El diputado Henry Ramos Allup llegó rodeado por los asambleístas de Acción Democrática que aún quedan libres. Era su primera asistencia al Parlamento desde el 7 de mayo, cuando el TSJ emitió una sentencia que lo acusaba de traición a la patria y otros delitos. Por esos mismos cargos fueron acusados otros 17 diputados. De todos los parlamentarios opositores, hay veinte en el exilio, cuatro refugiados en embajadas, y dos estaban encarcelados. Ramos Allup estuvo en la clandestinidad. 

Antes de entrar al hemiciclo, Ramos Allup se detuvo a conversar con los diputados Omar González y José Luis Pirela, de la fracción 16 de julio. Sus bancadas suelen oponerse en los debates, pero están en situaciones similares. 16 de julio también ha perdido diputados. Richard Blanco, el jefe de fracción en 2018, también dejó de acudir a la Asamblea Nacional el mismo día que Ramos Allup. El TSJ lo acusó por los mismos cargos, en la misma sentencia. Ahora está exiliado en Colombia. “Hay que cuidar las curules vacantes”, advirtió Ramos Allup.

La persecución ha dejado algunos puestos vacíos y otros en riesgo. Por ejemplo, el diputado Freddy Guevara está refugiado en la embajada de Chile desde 2017 y su suplente, Juan Andrés Mejía, está en el exilio. El diputado Rafael Guzmán está exiliado y su suplente, Gilber Caro, tiene un procedimiento abierto y ha sido encarcelado dos veces. Ramos Allup ha estado en la clandestinidad y su suplente, Ramón López, se fue de Venezuela.

Casi una hora después de la convocatoria, a las 10:45 de la mañana, comenzó la sesión. La bancada donde solía sentarse el chavismo seguía vacía. 

La ayuda humanitaria

La diputada Manuela Bolívar propuso iniciar el debate con una discusión sobre la situación de los programas de ayuda humanitaria en Venezuela. Es una de las pocas parlamentarias de la generación de líderes estudiantiles de 2007 que sigue libre. Recordó que la Asamblea Nacional ha declarado crisis y emergencia humanitaria en el país siete veces desde 2016. La alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, registró las violaciones a los derechos humanos en un informe especial sobre Venezuela.

Los diputados aprobaron un acuerdo parlamentario que insta a las organizaciones internacionales a impedir que la ayuda sea distribuida por instituciones del gobierno de Maduro y pide que se garantice la neutralidad e independencia operativa para la distribución de ayuda. 

Mientras debatían, por algunas ventanas se colaba el ruido de cornetas y gritos. Una marcha de maestros había llegado al Palacio Federal Legislativo y la Guardia Nacional Bolivariana les impedía el paso. Era el segundo día de clases y también el segundo de protestas de los maestros, quienes pararon sus actividades para exigir mejoras en sus sueldos. El día anterior protestaron frente al Ministerio de Educación y en las afueras de la Vicepresidencia, a pocas cuadras de la sede de Cancillería, donde se firmaba el acuerdo de los partidos minoritarios. La policía les impedía avanzar y fueron amenazados por civiles armados que dispararon para dispersarlos. La segunda protesta de los maestros había logrado llegar al Parlamento después de superar cuatro piquetes policiales. 

Los maestros querían ser escuchados por los diputados. Después de negociar un rato con la Guardia Nacional, los uniformados permitieron la entrada a un solo representante: René Zapata, secretario ejecutivo de la Federación Venezolana de Maestros. El docente leyó un comunicado pidiendo a la Asamblea Nacional nombrar una comisión para atender la situación, que se salden deudas legislativas con el gremio y se debatiera el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación y la Ley del Ejercicio Docente. Pidió que la Asamblea Nacional impulse la dolarización de sus salarios, también que otorguen a los maestros ayuda humanitaria. Al salir del Palacio, los maestros fueron golpeados por integrantes del colectivo Resistencia y Rebelión, que tiene un toldo en esa esquina.

La fracción minoritaria

—En el día de ayer se instaló una mesa para el diálogo, una mesa para la paz… —dijo el diputado José Antonio España desde el podio de oradores. Lo abuchearon.

—¡Chavista! —gritaron desde las curules. 

Los diputados pitaban como reclamo. España es uno de los seis diputados del partido Cambiemos. Había entrado tarde a la sesión. Fue el único que intervino para defender el acuerdo paralelo. 

—En los parlamentos usualmente se respeta la opinión de cara a los oradores…

—¡Dale la boina roja!

—Sepan ustedes que la instalación de esa mesa de paz, de diálogo y de acuerdo, es un hecho muy importante para Venezuela.

Las interrupciones siguieron durante toda la intervención, en la que España no respondió a los vacíos del acuerdo. Bajó del podio y se sentó en la primera fila de la bancada izquierda. Las curules del PSUV seguían vacías. El primer punto del acuerdo paralelo fue incumplido en las primeras 24 horas. Pasados unos minutos, él y sus compañeros de fracción abandonaron la sesión.

Respaldo a Guaidó

Hubo 11 intervenciones en el último debate. De forma unánime, los diputados que se quedaron en el Parlamento aprobaron el acuerdo final: respaldaron la presidencia interina de Guaidó, ratificaron la declaración de usurpación de funciones al gobierno de Maduro y apoyaron la propuesta que la delegación parlamentaria presentó en la negociación mediada por Noruega. 

En su discurso de cierre, Guaidó dijo que sigue siendo el líder de la oposición reconocido por más de 50 países. Estados Unidos acusó a Maduro por el fracaso de las conversaciones del mecanismo de Noruega y respaldó a Guaidó como líder legítimo de Venezuela. La Unión Europea ratificó su apoyo a la Asamblea Nacional en un comunicado: “Para tener éxito y ser confiable, es importante que cualquier proceso de negociación tenga la representatividad política necesaria, el respaldo de la Asamblea Nacional, así como el claro objetivo político de llevar al país a elecciones presidenciales creíbles”. 

El presidente de la Asamblea Nacional salió del Palacio Federal Legislativo rodeado por escoltas. Desde el toldo del colectivo oficialista de la esquina La Ceiba gritaban insultos. Más de 50 funcionarios de la Guardia Nacional estaban recostados de los muros en el pasillo que los separaba. Guaidó salió a la acera para montarse en su vehículo y los colectivos se acercaron. Los escoltas cerraron filas. El puño de un colectivo alcanzó a un integrante del equipo de Guaidó. Siguieron empujones. Casi golpearon a los fotógrafos. Desde el toldo, unos colectivos lanzaron objetos contra las camionetas mientras otros intentaban parar la pelea. Los escoltas cerraron la puerta del vehículo. La camioneta arrancó y Guaidó se fue. Los colectivos siguieron insultando. Los guardias nacionales no se movieron. 

La lista de secretaría marcó la asistencia de 90 diputados a la sesión. Ninguno era del chavismo. Tampoco estaba Timoteo Zambrano. 

Negociación agotada

Cuatro meses antes, el 17 de mayo, el Reino de Noruega anunció que había realizado “contactos preliminares” con dirigentes políticos de Venezuela para iniciar un proceso de negociación. Noruega ha participado en los procesos de paz entre Israel y Palestina, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Estado colombiano, y en el conflicto de Sri Lanka, entre otros. El proceso venezolano se concretó con dos encuentros formales: uno en Oslo y otro en Barbados. La delegación de la Asamblea Nacional estuvo integrada por Stalin González, Fernando Martínez Mottola, Gerardo Blyde y Vicente Díaz como asesor técnico. El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, encabezó la delegación del gobierno de Maduro, también integrada por Jorge Arreaza, Larry Devoe y Héctor Rodríguez. 

Las negociaciones no fueron fluidas: Guaidó suspendió la participación de sus delegados en la mesa en junio, después del asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien estaba detenido. Maduro suspendió las conversaciones en agosto, después de que Estados Unidos aprobara nuevas sanciones y congelara los activos de Venezuela en el extranjero. Un mes después, el gobierno se levantó de la mesa y dijo que no volvería si Guaidó no tomaba una posición sobre la defensa del territorio Esequibo, ubicado al suroriente del país, cuya soberanía reclaman Venezuela y Guyana. Después de pasar 40 días sin reuniones y sin obtener respuesta sobre el planteamiento de su delegación, el domingo 15 de septiembre Guaidó declaró agotado el proceso de mediación.

La Asamblea Nacional propuso en Barbados crear un Consejo de Gobierno de Transición con participación de representantes militares, que gobernaría Venezuela hasta realizar elecciones libres con un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y sin dirigentes presos o inhabilitados. Esta propuesta implicaba que Guaidó y Maduro se separarían de sus cargos. La delegación de Maduro no respondió, dijo Guaidó en una rueda de prensa el lunes 16 de septiembre.

Acuerdo paralelo

Ese mismo lunes, mientras Guaidó declaraba, se firmó el acuerdo paralelo en la Casa Amarilla, sede protocolar de la Cancillería. Fue un acto cerrado y sin prensa independiente. Los canales oficialistas transmitieron el encuentro. Los ministros Jorge Rodríguez, Jorge Arreaza, Aristóbulo Istúriz y la vicepresidenta Delcy Rodríguez compartían mesón con Luis Romero, secretario del partido Avanzada Progresista (AP), Felipe Mujica por el partido Movimiento al Socialismo (MAS), Claudio Fermín por el partido Soluciones para el cambio y Timoteo Zambrano por el partido Cambiemos. El MAS no tiene representación parlamentaria, los últimos dos partidos nunca han participado en eventos electorales y de esos cuatro representantes solo uno tiene un cargo de elección popular: el diputado Timoteo Zambrano, que no asiste a la Asamblea Nacional desde su instalación el 5 de enero de 2019 y no participa en una sesión ordinaria desde el 23 de febrero de 2017. Después de los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), los exiliados, refugiados y encarcelados, Timoteo Zambrano es el diputado con más inasistencias.

El documento contemplaba la liberación de presos por motivos políticos, exigir el levantamiento de sanciones económicas y la implementación de un programa de petróleo por alimentos. También la designación de un nuevo CNE “en un breve plazo”, sin precisar los términos de la renovación.

La elección de un nuevo CNE ha sido una de las principales exigencias de la dirigencia opositora. Los partidos no confían en el Poder Electoral presidido por Tibisay Lucena Ramírez. El organismo ha organizado comicios con dirigentes opositores apresados, no ha permitido la participación de observadores internacionales independientes y ha aprobado la ilegalización de casi todos los partidos políticos. Estos reclamos aumentaron después de la elección presidencial del 20 de mayo de 2018, en la que Maduro fue reelecto como presidente, y que no fue reconocida por la oposición ni por casi 50 países. 

Henri Falcón y Javier Bertucci, quienes se enfrentaron a Maduro en esa elección, denunciaron violaciones al acuerdo electoral firmado ese año con PSUV y desconocieron los resultados. “Para nosotros no hubo elecciones”, declaró ese día Falcón, candidato y dirigente de Avanzada Progresista, uno de los firmantes del acuerdo paralelo. 

El artículo 296 de la Constitución establece que los representantes del Poder Electoral son elegidos por las dos terceras partes de la Asamblea Nacional. Dos de las rectoras actuales, Socorro Hernández y Tania D’Amelio, y cuatro suplentes del CNE, fueron ratificados en sus cargos en diciembre de 2016 por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). 

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Maduro afirmó que estaba dispuesto a volver al mecanismo de negociación con mediación de Noruega. El reino ha reiterado su disposición para seguir como mediador. Gerardo Blyde, delegado opositor, afirmó a la agencia Reuters que el acuerdo paralelo no logrará soluciones y la mediación de Noruega tendrá que retomarse. “Volverá pero en las peores condiciones para los venezolanos y con menos tiempo, y quizás con más presión internacional e interna”. 

A las tres de la tarde del martes, menos de una hora después de la sesión, el fiscal designado por la ANC y presidente de la Comisión para la Verdad, Tarek William Saab, anunció la aprobación de una “medida sustitutiva de libertad” para el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, quien estaba encarcelado en una prisión dentro de la instalación militar Fuerte Tiuna. 

Cinco horas después, Timoteo Zambrano, acompañado del ministro Francisco Torrealba, anunciaba la “liberación” del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Edgar Zambrano regresó a su casa después de 135 días encarcelado. Tiene prohibido salir del país y debe presentarse ante tribunales cada 30 días. El caso judicial en su contra sigue abierto.