El debate sobre las garantías electorales

El “Acuerdo de Garantías Electorales” para la megaelección de mayo suscrito entre los representantes de los partidos Copei, MAS y Avanzada Progresista en nombre del candidato Henri Falcón con los representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y las rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE) presenta 11 concesiones electorales.

Entre las garantías ofrecidas por el gobierno de Nicolás Maduro y el CNE se mezclan disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Procesos Electorales con algunas de las propuestas presentadas por el ex Jefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero en República Dominicana. La mayoría de las propuestas presentadas por Zapatero fueron en su momento rechazadas por los representantes de la oposición venezolana por lo que no hubo acuerdo en Dominicana.

Por otra parte, las 11 garantías aceptadas por Falcón y sus representantes electorales están muy alejadas de las propuestas de condiciones electorales que los cancilleres de Chile, México, Bolivia, Nicaragua y San Vicente y Las Granadinas

presentaron el 2 diciembre de 2017 en República Dominicana. La mayoría de aquellas propuestas fueron rechazadas por los negociadores del gobierno de Nicolás Maduro.

¿Cuáles son las 11 garantías ofrecidas por el CNE para el 20 de mayo?

En el documento discutido y firmado en el CNE entre el 1 y 2 de marzo se indica que  “gobierno y oposición coinciden en la necesidad de llegar a acuerdos que generen avances en la situación actual de Venezuela”. Hay que notar que, aunque en el documento se hable de “gobierno y oposición”, ni la Mesa de la Unidad Democrática, ni los partidos Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, entre otros, que son organizaciones opositoras claves, suscriben el escrito. El texto, como se sabe, fue refrendado por por Avanzada Progresista, Copei y el MAS.

En el documento se especifica que los objetivos del acuerdo son “la afirmación de la soberanía nacional, la estabilidad democrática, la gobernabilidad, el pleno respeto de los derechos humanos, las garantías en los procesos electorales, la cooperación ante las coyunturas económico-sociales existentes, afirmar el estado derecho constitucional, el desarrollo pleno de los derechos políticos y el compromiso por el respeto democrático, el rechazo absoluto a la violencia como instrumento político y una política de reconciliación, como fundamento para la convivencia democrática nacional”.

En materia electoral el documento incluye 11 puntos o garantías. A continuación el documento citado textualmente:

1. Gobierno y Oposición acuerdan proponer al Secretario General de Naciones Unidas se conforme una delegación de acompañamiento y observación electoral amplia y calificada para todas las fases del proceso electoral, así como de otras instancias y organizaciones internacionales mutuamente acordadas. En este sentido, de manera inmediata, se designará una comisión paritaria de las partes que se reunirán con el secretario general de Naciones Unidas a los efectos de la organización de la citada Misión de Acompañamiento y Observación Electoral.

2. Se asegurará y favorecerá equidad en el acceso a los medios públicos y privados, y redes sociales nacionales e internacionales en el desarrollo de la campaña electoral. Las partes se comprometen a respetar de manera estricta el equilibrio en el acceso a los medios de comunicación públicos y privados.

3. A la fecha de la convocatoria de las elecciones los centros nacionales de votación serán reinstaurados a sus lugares originales y deberá procederse a la mayor difusión pública posible para conocimiento de los electores.

4. Se realizarán todas las auditorías técnicas con los estándares establecidos, no inferiores a los utilizados en las elecciones del 7 de octubre de 2012 y del 6 de diciembre de 2015. En particular, las citadas auditorías afectarán a todos los componentes del sistema, con protocolos establecidos y presencia de la observación internacional.

5. Se realizará el oportuno sorteo de miembros de mesa con la adecuada notificación a los mismos, y la debida supervisión del Poder Electoral.

6. Los puntos de apoyo de los factores políticos en las elecciones del mes de mayo se situarán a una distancia no menor de 200 metros del Centro de Votación.

7. Las partes acuerdan solicitar al Consejo Nacional Electoral un nuevo plazo de apertura del Registro Electoral en Venezuela y el exterior para los efectos de la Elección Presidencial de mayo de 2018.

8. En el tiempo en que dure la campaña electoral el Gobierno Nacional evitará emitir transmisiones conjuntas de radio y televisión.

9. Los candidatos debidamente inscritos y los factores políticos que los apoyan realizarán, cada uno por separado, reuniones de coordinación con los mandos del Plan República comisionados para tal fin, con el objeto de dar garantías de seguridad y de libre tránsito para los candidatos, los partidos y los equipos que los acompañan.

10. Se constituirá un grupo de alto nivel que atenderá los asuntos que se presenten y atenderá el buen desarrollo del proceso electoral. Esta comisión estará integrada por un representante de cada uno de los candidatos y de los partidos que lo acompañan.

11. Se establecerá, en conjunto con el Consejo Nacional Electoral, el cronograma, con lapsos prudenciales, para los comicios de consejo legislativo estadal y concejos municipales.

¿Las garantías que concederá el CNE son elementos novedosos o se encuentran reflejados en la legislación vigente?

Cinco de los 11 puntos del “Acuerdo de Garantías” se refieren a elementos presentes en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) y en el Reglamento General que desarrolla el contenido de la Ley.

En concreto el Título VI Capítulo I de la Lopre, en el que desarrolla lo relacionado a  la campaña electoral, garantiza la equidad en el acceso a los medios públicos y la prohibición de usar recursos públicos para la difusión de propaganda (razón básica esgrimida en el pasado para solicitar la prohibición de transmitir cadenas de radio y televisión con contenido de propaganda durante la campaña electoral). Entre los artículo 71 y  84 de la Lopre están desarrollados los puntos 2, 6 y 8 del acuerdo de garantías electorales firmado.

En el caso de la garantía relacionada con el sorteo y notificación de los miembros de mesa sorteados (punto 5 del Acuerdo de garantías) el documento suscrito no incluye algunos de los elementos que se encuentran en la Lopre.

En concreto el Título VII de la referida Ley se establece la obligatoriedad del sorteo y notificación de todos los integrantes de los Organismos Subalternos de la Junta Nacional Electoral. Estos organismos son:

1. Las Juntas Regionales Electorales.
2. Las Juntas Metropolitanas Electorales.
3. Las Juntas Municipales Electorales.
4. Las Juntas Parroquiales Electorales.
5. Las Mesas Electorales.

No obstante, en el “Acuerdo de Garantías” el CNE solo se compromete al sorteo y notificación de los miembros de mesa. Este es un punto básico en la transparencia del proceso. Por citar solo un ejemplo: las denuncias de fraude electoral en el estado Bolívar durante las elecciones regionales de 2017 demuestran que la manipulación de los resultados estuvo asociada a la incorrecta conformación de los juntas regionales y municipales. La obligatoriedad del sorteo de quienes deben integrar estas instancias se define en los artículo 97 y 98 de la Lopre.

En el caso de las auditorías prometidas por el CNE, los conceptos generales de este proceso de revisión se desarrollan en el Título XI de la Lopre, concretamente entre los artículos 156 al 163. En estos aspectos, el CNE solo se está comprometiendo a cumplir con lo establecido en la Ley y en el Reglamento.

¿Cuáles elementos de la propuesta Zapatero se incluyen en el acuerdo de garantías firmado en el CNE?

El último documento presentado por Zapatero en República Dominicana establecía que la partes (a través de una comisión paritaria) solicitarían al Secretario General de las Naciones Unidas conformar “una delegación de acompañamiento y observación electoral”.

Por otra parte, Zapatero recomendaba que se acordara “reinstaurar los centros de votación cerrados en 2017, sortear a los miembros de mesa, y fijar un período mínimo de actualización del RE entre el 8 y 15 de febrero”.

Esta propuesta de  acuerdo comprometía al CNE a realizar “las auditorías ejecutadas para los comicios presidenciales de 2012 y la elección parlamentaria de 2015”.

Estos elementos de la propuesta de Zapatero en República Dominicana se incluyen en los puntos 1, 3, 4 y parcialmente el punto 7 del Acuerdo de Garantías firmado en el CNE.

El único punto de la propuesta Zapatero que no se incluyó en el acuerdo firmado por Falcón está referido a la composición del CNE. Sobre este tema el ex jefe del Gobierno español sugirió que  debían designarse dos rectoras para sustituir a Tania D’ Amelio y Socorro Hernández. El método de selección sería el acuerdo entre las partes. 

¿El Acuerdo de Garantías firmado en el CNE desarrolla alguna de las propuestas de equilibrio electoral sugeridas por los cancilleres presentes en República Dominicana?

Superficialmente se retoman algunas de las propuestas del mes de diciembre de 2017, sin entrar en detalles equivalentes a lo propuesto por los cancilleres en Dominicana. Una de las principales omisiones es la ausencia de garantes internacionales que hagan seguimiento al cumplimiento de los acuerdos suscritos.

En concreto, en diciembre de 2017 los cancilleres de Chile, México, Bolivia y Nicaragua y San Vicente y Las Granadinas propusieron:

1. Realizar los comicios presidenciales durante el segundo semestre del año 2018.

2. Designar un nuevo CNE con cinco rectores, dos nombrados por el gobierno, dos por la oposición y uno de común acuerdo. Este nuevo organismo comicial convocaría las elecciones con al menos seis meses de anticipación.

3. Antes de las elecciones los centros de votación debían ser reinstaurados en sus lugares de origen. Con al menos 15 días de antelación se debía difundir la información sobre su ubicación.

4. La invitación a las misiones de observación electoral independientes con apoyo de la ONU deberá ser incluida en la convocatoria oficial del proceso. Se garantizará pleno acceso a todas las fases del proceso.

5. Antes de las elecciones se revocarán las inhabilitaciones, a fin de permitir la plena participación de todos aquellos postulantes.

6. Garantizar el voto de los venezolanos en el exterior y a flexibilizar los procesos de inscripción en el Registro Electoral (RE), para permitir que los ciudadanos se inscribieran con solo presentar su cédula de identidad, aunque estuviese vencida.

7. Evitar que el Plan República interfiriera con el trabajo en las mesas de votación, limitando su trabajo al resguardo de las instalaciones, equipos  y material electoral.

Fotgrafía de AFP PHOTO / FEDERICO PARRA

¿El acuerdo firmado en el CNE recoge algún punto de los propuestos en República Dominicana por los cancilleres?

En sentido estricto el acuerdo sólo incorpora sin mayores modificaciones la exigencia de revertir los centros de votación que fueron cambiados de lugar en 2017. Por otra parte el acuerdo firmado en el CNE incorpora la novedad de permitir reuniones por separado de los candidatos con el Alto Mando Militar y responsables del Plan República. Adicionalmente el acuerdo firmado en el CNE no se refiere exclusivamente a un proceso de observación electoral, sino que lo califica de proceso de “acompañamiento y observación”.

¿Cuáles son las garantías que han solicitado los partidos que integran a la Mesa de la Unidad Democrática?

Para avalar y participar en la elección presidencial de 2018 los partidos y organizaciones que integran a la Mesa de la Unidad Democrática han presentado cuatro exigencias generales y seis específicas sobre una elección presidencial (la oposición no ha presentado aún exigencias para los comicios de concejales y asambleas legislativas estadales que incluyen elementos aún más complejos como la definición de las circunscripciones de votación)

Entre las cuatro exigencias generales que presentó la oposición se incluye:

1. Fecha. Para la oposición el momento de realización de la elección debe “dar el margen suficiente para: (i) garantizar, construir y difundir adecuadamente las ofertas electorales; (ii) permitir la conformación de una adecuada misión de observación internacional que verifique todo el proceso, dirigida por la ONU y (iii) garantizar una adecuada actualización y auditoría del registro electoral, tanto para los venezolanos residentes en el país, como para aquellos que se han establecido de manera permanente en el extranjero”. En el caso de la observación electoral de la ONU la oposición exige que el cronograma electoral comience a correr “con la instalación de la Observación Internacional. Esta misión de observación debe participar en todas las etapas e instancias del proceso electoral”.

2. CNE. La oposición insiste en “reequilibrar” el organismo comicial. Por tal motivo exige “una designación expedita y acordada de dos rectores nuevos, que sustituya a los designados en fecha 13 de diciembre de 2016 por la Sala Constitucional del TSJ. Los rectores a designar deberán ser fruto del consenso entre gobierno y oposición. Adicionalmente y para alcanzar ese equilibrio deseado, deben tomarse las siguientes decisiones: (i) Incorporar a ambas partes en cada comisión de trabajo del CNE, como lo son la COPAFI, la Junta Nacional Electoral y la Comisión de RE; (ii) Designación equilibrada de directores principales y adjuntos en cada ORE del CNE; y (iii) designación equilibrada de coordinadores de centro de votación, en cada centro de votación del país.

3. Acceso a medios. En este punto la MUD ha insistido en la necesidad de “garantizar el acceso equilibrado tanto en los medios privados como en los públicos. Sobre los primeros se ejerce coacción y los segundos han devenido en aparatos de propaganda de su partido. Los espacios de publicidad han de ser gratuitos para Gobierno y Oposición, de manera diaria y continua durante todo el proceso electoral, en los medios radioeléctricos públicos y privados de Venezuela, y por un mínimo de 5 minutos diarios por canal. Finalmente, el Gobierno debe comprometerse a la suspensión de las cadenas de radio y TV durante toda la campaña electoral.

4. Habilitaciones de Partidos Políticos. Para los partidos políticos es necesario que se “reviertan las ilegales e inconstitucionales decisiones que llevaron a la inhabilitación de organizaciones con fines políticos tales como MUD (Mesa de la Unidad Democrática); Movimiento Primero Justicia y Voluntad Popular, solo por citar algunos”.

5. Garantías Electorales Generales. Por otra parte, desde la oposición se exige que cualquier acuerdo de garantías electorales incluya:

I. Restauración de las garantías y condiciones tecnológicas procesales; así como las auditorías técnicas a la plataforma tecnológica y a los cuadernos de votación, con los estándares establecidos, no inferiores a los utilizados en las elecciones del 7 de octubre de 2012 y del seis (06) de diciembre de dos mil quince (2015).

II. A la fecha de la convocatoria de las elecciones los centros nacionales de votación serán reinstaurados a sus lugares originales y deberá procederse a la mayor difusión pública posible para conocimiento de los electores.

III. Los ciudadanos llamados a prestar su servicio el día de la elección, no pueden ser elegidos únicamente de las filas de sus partidos políticos. Como ha sido tradición, debe hacerse un sorteo de los miembros de mesa que prestarán servicio electoral en la elección presidencial, además de la adecuada notificación a los mismos, entrenamiento y acreditación a través del Poder Electoral.

IV. Debemos ir a la brevedad a un proceso de apertura y actualización del Registro Electoral, tanto dentro como fuera del país, de manera de garantizar el ejercicio del derecho del voto a todos los venezolanos. Por ejemplo, en el interior del país debe existir un despliegue de al menos 1500 puntos de actualización, distribuidos en todas las parroquias. En el extranjero debe garantizarse el funcionamiento de los puntos de actualización electoral en cada sede consular, en caso de que ésta no fuere suficiente, se deben ubicar puntos de actualización adicionales, ya sea por indisponibilidad de la sede consular o por elevada densidad en la presencia de venezolanos en determinada localidad.

V. Debe prohibirse el proselitismo político y los llamados Puntos Rojos alrededor de los centros de votación el día de la elección, así como la utilización de medios de identificación y votación distintos a los establecidos en la ley. Ha sido tradición electoral en Venezuela el uso de la tinta indeleble y debemos volver a su uso, como herramienta que ofrezca garantía y confianza al elector. Además de establecer un protocolo para la auditoría de la huella dactilar con supervisión internacional.

¿Cómo se comparan las garantías de la elección de 2015 a las ofrecidas por el gobierno para la elección de mayo de 2018?

Henri Falcón aseguró que las condiciones propuestas por el CNE son mejores a las que se tuvieron para la elección de 2015; sin embargo, no ha desarrollado detalladamente por qué considera que las condiciones técnicas de 2015 eran peores a las actuales. La ausencia de Smartmatic como proveedor de tecnología, la denuncia de manipulación de los resultados de participación en la votación para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y la alteración manual de los resultados de la votación en el estado Bolívar ponen el debate sobre el funcionamiento del sistema automatizado en un nivel muy distinto al que se tenía para la elección presidencial del año 2012 y los comicios parlamentarias de 2015.

En este momento, la realización de las auditorías celebradas en 2012 y 2015 no garantiza que los resultados no sean manipulados como ocurrió en Bolívar o que se permitirá a los candidatos tener testigos en las salas de totalización (CNT1 Y CNT2) el día de la votación para poder comprobar que los resultados anunciados por Lucena se corresponden con las actas que emite el sistema. Smartmatic denunció que Lucena había manipulado los resultados al leer datos distintos a los contenidos en el sistema. Antes de leerse el boletín de resultados los técnicos de la empresa que monitorean las salas de totalización fueron retirados de la sede del organismo.

Para resumir: en el caso de la elección presidencial del año 2012, el CNE anunció el momento de su celebración con 390 días de antelación, lo que permitió desarrollar 12 auditorías al sistema de votación en 55 días. Para los comicios previstos para mayo (donde se incluye la elección presidencial y la votación para escoger 2.436 concejales y 233 integrantes de las asambleas legislativas regionales) el CNE aspira a realizar 14 auditorias (dos adicionales a las ejecutadas en 2012 y 2015), en solo 31 días.