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Derechos humanos para atender la pandemia de COVID-19

por Mariengracia Chirinos

Fotografía de Andrés Kerese | RMTF

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25/03/2020

Ante la pandemia de COVID-19, los gobiernos deben proteger la vida de los ciudadanos con planes e intervenciones fundamentadas en el respeto a los derechos humanos y las garantías digitales. Es la recomendación en la que insisten oficinas de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y Access Now.

Estas instancias han mostrado su preocupación por el control de las libertades en los decretos de emergencia, las medidas de censura, la penalización de las opiniones en internet y la desinformación que se ha esparcido en entornos digitales y comunitarios a la par del nuevo coronavirus.

La prioridad, según los expertos, es la salvaguarda del derecho a la salud, el acceso al servicio de agua corriente, el amparo de los migrantes, el respeto a las libertades informativas, la protección de datos personales y los derechos digitales.

Prodavinci presenta una recopilación de estas recomendaciones para atender el COVID-19 en armonía con los derechos humanos.

Libertades básicas

Michele Bachelet, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, declaró durante el Consejo celebrado en Ginebra, que “los confinamientos, las cuarentenas y otras medidas de esa índole orientadas a combatir la expansión del COVID-19 deben aplicarse siempre en la más estricta observación de las normas de derechos humanos y de manera proporcional”. El nuevo coronavirus “pone a prueba a nuestras sociedades y todos aprendemos y nos adaptamos a medida que respondemos al virus. Pero es preciso que la dignidad y los derechos humanos sean los pilares fundamentales de ese esfuerzo y no una consideración accesoria”.

Derecho a la salud

Bachelet considera que para “combatir eficazmente la epidemia, es preciso velar por que todos tengan acceso al tratamiento y que no se niegue a nadie la atención sanitaria por motivos económicos o a causa de la estigmatización”. La CIDH también recomienda que los Estados garanticen el derecho a la salud “a fin de que prevalezca el debido y oportuno cuidado a la población”. El organismo aconseja establecer planes para atender la salud mental. Para ello es importante implementar “medidas especiales para la protección y entrenamiento del personal sanitario”.

Bachelet, en otra intervención, ha dicho que los gobiernos deben dar “especial importancia a la protección de la salud de los propios trabajadores sanitarios”. “Las autoridades nunca deberían sancionar a los profesionales de la medicina porque estos señalen las deficiencias de que adolece la respuesta a la crisis”.

Acceso al agua

Diversos expertos de la ONU expresan que ante la propagación del COVID-19 “los gobiernos de todo el mundo deben proporcionar acceso continuo a suficiente agua a las poblaciones que viven en las condiciones más vulnerables”. Enfatizan que “la lucha mundial contra la pandemia tiene pocas posibilidades de éxito si la higiene personal, la principal medida para prevenir el contagio, no está al alcance de los 2.200 millones de personas que no tienen acceso a servicios de agua potable”. Advierten, además, que el “acceso limitado al agua las hace más propensas a infectarse”.

Derechos de los migrantes

La Red de las Naciones Unidas sobre Migración sugiere a los Estados proteger a los migrantes. De acuerdo con los expertos, las restricciones de movilidad durante las cuarentenas y las restricciones de desplazamientos no deben afectar “indebidamente” los derechos humanos de los migrantes y la posibilidad que tiene de “solicitar asilo”. “Las medidas deben incluir prevención, pruebas y tratamiento adecuados, acceso continuo y aumentado a refugios de emergencia para personas sin hogar sin barreras relacionadas con el estado migratorio; y suspensiones de desalojos”. Insisten en que “es particularmente importante que las autoridades hagan todo lo posible para enfrentar la xenofobia, incluso cuando los migrantes y otras personas están sujetas a discriminación o violencia relacionada con el origen y la propagación de la pandemia”. “El COVID-19 no discrimina, y tampoco debería nuestra respuesta, si queremos tener éxito”.

Acceso a la información

El acceso a la información pública también debe ser prioridad en este contexto de pandemia. “La franqueza y la transparencia son cualidades fundamentales para empoderar a la gente y alentarla a participar en las medidas orientadas a proteger la salud de cada uno y de la población en general, especialmente cuando la confianza en las autoridades ha sufrido menoscabo. Esos factores también ayudan a contrarrestar las informaciones falsas o tendenciosas que tanto daño pueden causar, al azuzar el miedo y los prejuicios”, ha declarado Bachelet.

También recomiendan a los funcionarios públicos garantizar la difusión de “información oportuna y transparente, técnicamente correcta y basada en evidencias”. “El público tiene derecho a la información que puede afectar su salud” y la de sus allegados, establece la Organizaicón Mundial de la Salud. La Organización Panamericana de la Salud, además, considera indispensable “proporcionar información epidemiológica para realizar una evaluación de riesgos a nivel nacional, regional y global”.

Naciones Unidas, la CIDH y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa manifiestan en una declaración conjunta que “los gobiernos de todo el mundo están obligados, en virtud de las normas de los derechos humanos, a proporcionar información fidedigna en formatos accesibles a todos”. Advierten que “cualquier intento de penalizar la información relativa a la pandemia puede crear desconfianza en la información institucional, retrasar el acceso a información fiable y tener un efecto silenciador en la libertad de expresión”.

Estas instituciones internacionales defienden la labor informativa para combatir la pandemia. “Los gobiernos deben hacer esfuerzos excepcionales para proteger el trabajo de los periodistas. El periodismo cumple una función crucial en un momento de emergencia de salud pública, en particular cuando tiene por objeto informar al público sobre información crítica y monitorear las acciones del gobierno”.

También alertan sobre el riesgo que suponen las medidas de censura, porque las restricciones informativas “no solo violan el derecho de las personas a la libertad de expresión y acceso a la información”, sino que limitan la capacidad de los ciudadanos de protegerse frente a la enfermedad.

Garantías digitales

Los Estados deben garantizar el acceso a internet y abstenerse de establecer medidas de bloqueo, según la ONU, la CIDH y la institución de cooperación europea. Explican que “la reducción de contenidos y la censura, puede dar lugar a la limitación del acceso a información importante para la salud pública y solo debe realizarse cuando se cumplan las normas de necesidad y proporcionalidad”.

Protección de datos personales

Proteger la identidad de las personas afectadas por nuevo coronavirus es otro de los consejos. La Organización Panamericana de la Salud, en un manual para comunicación durante el COVID-19, exhorta a las autoridades a proteger “la privacidad” de los pacientes.

Access Now, una organización social que investiga los asuntos de derechos digitales a escala global, también refiere que “los datos de salud son información particularmente sensible, porque con ellos se pone en riesgo los detalles personales de la vida privada de los afectados por el virus”. Esta ONG recomienda evaluar la eficiencia que tiene para las autoridades recopilar los datos personales para dar una respuesta de manera rápida en caso de contagio, pero que también se ponderen los riesgos que puede suponer la recopilación de la información personal de los enfermos.

Uso adecuado de la tecnología

La vigilancia digital, el reconocimiento facial y el uso indiscriminado de los datos biométricos se basan en las potencialidades que ofrece la tecnología para rastrear grandes volúmenes de datos en poco tiempo, pero también suponen un riesgo para los derechos humanos. Access Now advierte que en varios países han utilizado sistemas automatizados digitales para para hacer seguimiento, monitoreo y control de los movimientos de las personas en el brote de COVID-19. Por eso, Naciones Unidas llama al uso adecuado de las herramientas tecnológicas y “se protejan rigurosamente los derechos individuales a la privacidad y la no discriminación” de los ciudadanos.

Contrarrestar la desinformación

Los relatores de Naciones Unidas, la comisión interamericana y la comisión europea alertan sobre el riesgo creciente de la desinformación. “La información falsa sobre la pandemia podría provocar preocupaciones en materia de salud, pánico y desorden. En este sentido, es esencial que los gobiernos y las empresas de internet aborden la desinformación por sí mismos en primer lugar proporcionando información fiable”.

Access Now explica que la desinformación, las informaciones imprecisas y erróneas sobre el coronavirus “se están extendiendo rápidamente”. Los contenidos falsos sobre supuestos “tratamientos, teorías de conspiración y engaños” ha proliferado en diversas plataformas.

Libertades en estados de emergencia

Expertos de la ONU también consideran que las restricciones a las libertades ciudadanas deben ser consideradas transitorias, y que deben ser aplicadas solo en el contexto de la pandemia. Esta instancia le recuerda a los Estados que “cualquier respuesta de emergencia al coronavirus debe ser proporcionada, necesaria y no discriminatoria”. “Las declaraciones de emergencia basadas en el brote de COVID-19 no deben usarse como base para atacar a grupos particulares, minorías o individuos. No debe funcionar como una excusa para la acción represiva bajo pretexto de proteger la salud, ni debe usarse para silenciar el trabajo de los defensores de los derechos humanos”.

En la ONU preocupa, además, que los gobiernos y las “instituciones de seguridad pueden encontrar atractivo el uso de poderes de emergencia porque ofrece atajos”. Recomiendan que “en los países donde el virus está disminuyendo, las autoridades deben tratar de devolver la vida a la normalidad y deben evitar el uso excesivo de poderes de emergencia para regular indefinidamente la vida cotidiana”.

Las instituciones de derechos humanos continúan marcándole el paso a la propagación del nuevo coronavirus por el mundo. Llaman a la cooperación, al trabajo colaborativo y solidario, para frenar la propagación de la COVID-19.

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¿Cómo prevenir el contagio?
La recomendaciones principales de la Organización Mundial de la Salud son:

Lavar las manos con agua y jabón con frecuencia, o usar gel desinfectante con una base de alcohol de al menos 60%.
Evitar tocarse la cara con las manos.
Cubrirse al toser o estornudar con la parte interna del brazo.
Evitar el contacto con personas infectadas.
Mantenerse al menos a un metro de distancia de otras personas en lugares públicos.
Desinfectar las superficies con las que se tiene contacto frecuentemente.

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Si usted ha viajado o ha tenido contacto con personas que hayan estado en países afectados, o presenta síntomas similares a los de la enfermedad, consulte a su médico.

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