Monitor Civicus 2023: se cierra el espacio cívico

El aumento de los ataques a defensores de derechos humanos, las nuevas restricciones legales y propuestas normativas contra las organizaciones civiles, el cierre de emisoras de radio y periódicos, la migración forzada de activistas sociales ante las presiones gubernamentales y las decisiones de autocensura por temor a represalias que han ocurrido durante 2023 han hecho que Venezuela aparezca en el radar internacional por la reducción de las libertades en el espacio cívico.

Civicus —una organización mundial que vela por las garantías para el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil— destaca que Venezuela se encuentra entre los 28 países que tienen un espacio cívico cerrado por el “impacto acumulativo de medidas represivas y ofensivas sistémicas contra los defensores de derechos humanos y las voces disidentes”, lo que ha provocado que la sociedad civil ejerza sus labores en un “estado precario de vulnerabilidad”. Así lo reflejó el informe del Monitor Civicus 2023, publicado el 6 de diciembre de 2023. 

El reporte señala que la sociedad civil a escala global “se enfrenta a un entorno cada vez más hostil: 118 de 198 países y territorios analizados tienen graves restricciones en las libertades fundamentales”. 

¿Cómo evalúan a Venezuela?

Venezuela pasó de tener un espacio cívico represivo  —entre 2018 y 2022— a estar en la categoría cerrada por el aumento de riesgos, amenazas y el contexto de impunidad para la sociedad civil durante 2023. Esta última es la clasificación más baja de este monitor global de las libertades cívicas, que observa las condiciones en 198 países y territorios desde 2018 y contempla condiciones de espacios cívicos abiertos, estrechos, obstruidos, represivos y cerrados. 

El espacio cívico cerrado, en el caso de Venezuela, significa que han observado un “deterioro sostenido y constante de las libertades cívicas, como el derecho de asociación, de reunión pacífica y de expresión. Esto refleja una falta de libertad y pluralismo que socava el ejercicio de los derechos”, explicó a Prodavinci Mariana Belalba, líder del Monitor Civicus, abogada venezolana egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, con un máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos.

Este observador global utiliza una escala del 1 al 100 y valora de la más baja a la más alta amplitud de las libertades cívicas. Venezuela obtuvo 20 puntos por las restricciones que obstaculizan el ejercicio de los derechos ciudadanos. El Monitor de Civicus ejemplificó el entorno cerrado del país con ocho situaciones de riesgo para los ciudadanos en Venezuela: 

1. El cierre masivo de emisoras de radio en Venezuela en 2022 y 2023 por las restricciones regulatorias.
2. La suspensión de circulación de periódicos impresos por los controles gubernamentales y las restricciones económicas. 
3. La censura de medios nacionales y extranjeros en Venezuela. 
4. Las amenazas de proyectos legislativos que buscan controlar, restringir y poner en riesgo a las organizaciones de la sociedad civil y la gestión de fondos de la cooperación internacional. 
5. Las negativas estatales para permitir el registro legal de las organizaciones de la sociedad civil. 
6. Las restricciones financieras, procesos judiciales y el discurso oficial estigmatizante en contra de las organizaciones humanitarias y de derechos humanos.
7. Citaciones policiales para interrogatorios, detenciones arbitrarias, amenazas de detención y persecución y hostigamiento de periodistas y defensores de derechos humanos, principalmente. 
8. Las campañas se encuentran entre las tácticas utilizadas para intimidar a periodistas y defensores de derechos humanos.

Estas violaciones también han sido denunciadas por la Misión internacional de determinación de los hechos sobre Venezuela, avalada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En su informe de octubre de 2023 documentaron que “estos mecanismos de represión conllevan graves violaciones de las libertades de expresión, asociación, reunión pacífica y del derecho a participar en los asuntos públicos. Estas violaciones no solo afectan a las víctimas directas, también tienen impacto en la sociedad en general, particularmente en términos del acceso a la información, la protección de los derechos humanos y el pluralismo, con la consiguiente reducción del espacio cívico y democrático”.

Para Mariana Belalba, estos hechos tienen implicaciones directas para los ciudadanos porque se les “impide ejercer sus derechos fundamentales” y limita “la posibilidad de alzar la voz en protesta en un contexto de emergencia humanitaria compleja”. 

¿Cuáles son las recomendaciones para Venezuela?

Mariana Belalba sostuvo que “en Venezuela se necesitan reformas estructurales que permitan el ejercicio de las libertades cívicas en un contexto democrático. En ese sentido, el Estado debe adoptar medidas que eliminen las restricciones a la libertad de asociación y la criminalización de la defensa de los derechos humanos, así como medidas dirigidas a la reparación integral de personas defensoras que han sido perseguidas en el ejercicio de su trabajo”. 

Naciones Unidas insiste en que el Estado venezolano debe dirigir sus acciones a prevenir, combatir eficazmente e investigar con celeridad e imparcialidad hechos que afectan el ejercicio de libertades en el espacio cívico, como las circunstancias de “acoso, intimidación y violencia contra periodistas, trabajadores de los medios de comunicación, defensores de los derechos humanos”, y otros actores de la sociedad civil, de los grupos políticos y voces disidentes a la acción gubernamental. Este exhorto se deriva de otro informe de la ONU publicado en noviembre de 2023, que corresponde a las observaciones finales a propósito del cumplimiento del Estado venezolano de sus compromisos y obligaciones que se derivan del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

¿Cuál es el panorama global?

El informe del Monitor Civicus reseñó que alrededor de “un tercio de la humanidad, es decir el 30,6% de la población mundial, vive ahora en sociedades cerradas”, lo que indica la disminución de las condiciones para el ejercicio de las libertades ciudadanas desde 2018, cuando esta organización internacional comenzó con este radar. Los contextos de mayores restricciones son los de Afganistán, Rusia, Azerbaiyán, Bahrein, Bangladesh, Bielorusia, China, Egipto, Arabia Saudita y Vietnam. 

Esta es la mirada global en el Monitor de Civicus 2023: 

• Las Américas: Nicaragua, Cuba y Venezuela son los países con mayores preocupaciones por el contexto cerrado. Para 2023, Civicus considera que 13 de los 35 países de esta región tienen espacios cívicos reducidos, seis obstruidos, cinco reprimidos, tres cerrados y solo ocho viven en espacios abiertos donde se respetan las libertades cívicas.
• Europa: De 54 países observados, Europa tiene 19 con condiciones abiertas para el ejercicio de las libertades en el espacio cívico, 19  tienen condiciones reducidas, siete obstruidas, tres reprimidas y 6 cerradas. Este continente estuvo marcado por las “consecuencias políticas y económicas de la guerra de Rusia contra Ucrania”, señala el informe. Hubo protestas generalizadas en respuesta al aumento de los precios y costos de la energía en varios países de la Unión Europea, y hubo medidas represivas por la denuncia de problemas ambientales. Destaca el deterioro de las condiciones cívicas de Alemania, que pasó de tener un espacio cívico abierto a un la categoría de estrecho, por “las medidas represivas implementadas por las autoridades ejecutaron medidas represivas durante protestas cívicas de grupos ambientales. 
• África: De los 50 países evaluados, 45 están considerados como espacios cívicos obstruidos, reprimidos o cerrados. “Esto significa que la gran mayoría de la población de África al sur del Sahara se enfrenta a importantes restricciones en el ejercicio de las libertades”, reporta Civicus. 
• Asia: Ocho países de este continente están en la categoría cerrada, entre ellos Afganistán, China, Hong Kong, Laos, Myanmar, Corea del Norte, Vietnam y este año se suma Bangladesh. Otros ocho países están clasificados como reprimidos, cinco están obstruidos. Solo a Taiwán lo consideran un espacio cívico abierto.

¿Cómo se levanta el Monitor de Civicus?

Este es un estudio de Civicus, una alianza global de organizaciones de la sociedad civil que cuenta con cuatro mil miembros de 175 países. Entre 2018 y 2023 han publicado seis ediciones de Monitor Civicus que evalúa las condiciones del espacio cívico a escala global. Para determinar la situación de cada país se basan en evidencias que levantan durante cada año con 20 representantes de la sociedad civil e investigadores regionales y también toman como referencias otros índices internacionales de derechos humanos. Entre las temáticas que analizan están las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión y el deber del Estado de proteger las libertades fundamentales. 

El reporte que publican en 2023 tuvo un periodo de investigación de noviembre de 2022 a octubre de este año. En ese lapso se reportaron más de 1.800 violaciones contra las libertades del espacio cívico en todo el mundo, por hechos de intimidación, disolución de protestas, detenciones de manifestantes, medidas de censura, acoso, detenciones y ataques contra periodistas y defensores de DDHH, así como incidentes por el uso excesivo de la fuerza por actores estatales. 

El informe completo está disponible aquí.