¿Cómo afecta la emergencia humanitaria a las personas con VIH en Venezuela?

La mañana del viernes 15 de febrero, agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) irrumpieron en la sede de la Fundación Manos Amigas por la Vida (Fundación Mavid), en el estado Carabobo. Varias ONG defensoras de derechos humanos denunciaron el decomiso de donaciones de medicamentos antirretrovirales (ARV) para personas portadoras del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), así como de fórmulas lácteas para bebés de madres que viven con el virus. Tres miembros de la Fundación Mavid y de la Red Venezolana de Gente Positiva (RVG+) permanecieron detenidos durante cinco horas. El director del CICPC, Douglas Rico, aseguró que las autoridades actuaron apegados a la ley, atendiendo a un procedimiento de flagrancia, porque la organización “servía como depósito de medicinas vencidas”.

ONG, redes de activistas y asociaciones civiles nacionales e internacionales rechazaron la acción del cuerpo policial, defendiendo la labor de la fundación. La oficina regional de ONU Sida para América Latina y el Caribe, destacó en un comunicado que dentro del Plan Maestro de Respuesta al VIH “se incluye el importante rol que tienen las ONG y las personas que viven con VIH en los procesos de adquisición, distribución, monitoreo y entrega de medicamentos ARV”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también expresó su preocupación y pidió al Estado “no criminalizar la labor humanitaria, garantizando su ejercicio sin intimidación”.

La crisis de los antirretrovirales

Venezuela enfrenta una emergencia humanitaria compleja, advertida por las ONG defensoras de los derechos humanos desde hace cuatro años. En este contexto, las personas con VIH y Sida no tienen acceso regular a los medicamentos antirretrovirales (ARV), los cuales impiden la replicación del virus en el organismo para una vida más larga y sana. El tratamiento antirretrovírico estándar combina al menos tres ARV para suprimir al máximo el VIH. Venezuela distribuye las ARV de forma gratuita desde 1999.

En noviembre de 2017, las organizaciones de la sociedad civil alertaron que de los 27 tipos de ARV prescritos por médicos especialistas, “sólo cinco estaban disponibles para los adultos con VIH en los depósitos del Sumed Sefar del Ministerio de Salud”. Además, el número de muertes relacionadas con el Sida aumentó casi 75% desde 2011. Las ONG advirtieron que las personas fallecían “por la ausencia del 85% de las medicinas básicas y la debida atención médica de las complicaciones causadas por padecer el Sida junto con otras enfermedades crónicas”.

El reporte nacional sobre la emergencia humanitaria, publicado en 2018 y elaborado por más de veinte ONG, destaca que “más de 79.000 personas con VIH dejaron de recibir antirretrovirales desde 2017 y el número de defunciones aumentó de 1.800 en 2014 a posiblemente más de 5.000 en los últimos años”.

El desabastecimiento de medicamentos ARV es una falla constante desde hace una década. En 2017 el problema se agudizó y un año después el Plan Maestro de Respuesta al VIH, la Tuberculosis y la Malaria dio nuevas pautas para la cooperación técnica internacional con los actores venezolanos. El Plan Maestro es el resultado de una misión técnica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Caracas, realizada entre el 18 y el 22 de junio de 2018. El documento fue suscrito entre el Ministerio para la Salud, la OPS y ONU Sida.

El Plan Maestro también señala la ruta para la prevención y el diagnóstico. En ese sentido, advierte que faltan reactivos para los análisis de detección temprana del virus en la sangre y para la prueba de carga viral.

¿Por qué hay desabastecimiento de ARV en Venezuela?

Las ONG venezolanas denunciaron los primeros episodios de desabastecimiento en 2009. Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI) informó en aquel momento que el sistema público de salud dejó de suministrar 7 de los 21 tipos de medicamentos antirretrovirales que se distribuían en Venezuela. Un año después, en diciembre de 2010, el Ministerio para la Salud firmó un convenio con el Fondo Estratégico de la OPS para adquirir los tratamientos. Sin embargo, no fue una solución definitiva al desabastecimiento.

En 2012, Venezuela se encontraba entre los países con una cobertura de medicamentos antirretrovirales inferior a la media regional, según un análisis realizado por la OPS. En abril 2014, Pasqualina Curcio, entonces viceministra de Redes Colectivas, admitió en una reunión con las ONG y representantes del sistema de Naciones Unidas que no tenían suficientes camiones disponibles para trasladar las medicinas desde Caracas hacia otros estados y que “varias farmacias inspeccionadas identificaron debilidades para controlar la entrega de los antirretrovirales”. Las ONG añadieron que el Gobierno tenía deudas con algunas compañías farmacéuticas, lo que constituía un obstáculo para las licitaciones y la adquisición de ARV.

En 2016, el Ministerio para la Salud interrumpió las compras de antirretrovirales al Fondo Estratégico de la OPS. Aumentaron las hospitalizaciones y cada día fallecían hasta 20 y 30 personas con VIH y Sida, “en su mayoría debido a la interrupción del tratamiento antirretroviral y escasez de medicamentos para el tratamiento de infecciones oportunistas”, se lee en el Plan Maestro.

El 14 de enero de 2019, las autoridades sanitarias recibieron el primer cargamento de ARV del año. La viceministra de Salud de Redes Colectivas, Marisela Bermúdez, declaró que en 15 días serían entregados a las personas con VIH y Sida. Sin embargo, los activistas venezolanos denunciaron que dos semanas después las pastillas seguían en el almacén Jipana, en las instalaciones militares del Fuerte Guaicaipuro, en Miranda.

Los venezolanos con VIH y Sida migran para obtener su tratamiento en otro país. Feliciano Reyna, fundador y presidente de Acción Solidaria, estima que al menos 10.000 han salido de Venezuela hacia destinos con acceso rápido al sistema de salud pública, como Chile, Argentina, Perú y Brasil. La agencia de la ONU para los refugiados, Acnur, explica que no hay una respuesta regional en América Latina que garantice a los migrantes con VIH el acceso a los antirretrovirales porque cada país tiene una política distinta.