Trabajadores judiciales y ciudadanos se oponen a la reforma de AMLO

Cientos de personas salieron este domingo a las calles de Ciudad de México para protestar contra una polémica reforma constitucional impulsada por el partido oficialista, en la cual se establece que los jueces y magistrados sean elegidos por votación popular.

La protesta que tuvo eco en varios estados de México, en la capital reunió a cientos de manifestantes, entre ellos ciudadanos, opositores, organizaciones de la sociedad civil y trabajadores del poder judicial de México, en una marcha que se inició en el Monumento a la Revolución y terminó en el Zócalo, la plaza pública central de la capital, frente al Palacio Nacional.

El lunes 19 de agosto, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), incluyendo personal administrativo, secretarios y actuarios, decidieron llamar a un paro indefinido del poder judicial, cerrando con cadenas y candados las puertas de varios juzgados.

A la protesta se unieron jueces y magistrados, lo que llevó a una huelga de al menos 1,200 jueces en todo el país, según la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito.

Aunque el Consejo de la Judicatura Federal, órgano administrativo del PJF, avaló el paro, se comprometió a mantener servicios mínimos para casos urgentes. Sin embargo, el gobierno mexicano amenazó con despedir y recortar los salarios de quienes no regresen a trabajar, mientras los huelguistas exigen una negociación real sobre la reforma judicial que se debate en el Congreso.

¿En qué consiste la reforma judicial de México?

La reforma del sistema judicial es parte de un conjunto de 20 modificaciones propuestas en febrero por el presidente Manuel López Obrador, quien dejará la presidencia el 1 de octubre. 

La iniciativa busca cambiar varios aspectos de la Constitución, incluyendo la reducción del número de ministros en la Suprema Corte, la sustitución del organismo que supervisa a los jueces, la implementación de nuevas reglas procesales, y la elección directa de magistrados y jueces del poder judicial. 

La reforma propone modificar el Artículo 95 de la Constitución para permitir que dichos funcionarios sean elegidos mediante voto directo y secreto por un periodo de 12 años, en lugar de los actuales 15 años. 

De ser aprobada, se realizaría una elección extraordinaria en 2025 para renovar las posiciones de ministros, magistrados y jueces.

La propuesta de reforma también incluye una reestructuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reduciendo el número de ministros de 11 a 9 y acortando su mandato de 15 a 12 años. 

Además, se eliminarían las dos salas actuales del Tribunal, estableciendo que las sesiones se realicen únicamente en pleno, con debates obligatoriamente públicos y transparentes para garantizar el acceso de todos a los temas discutidos.

¿Por qué es protestada la reforma judicial de López Obrador?

El presidente López Obrador defiende la reforma al sistema judicial, afirmando que lograría configurar un sistema más independiente y libre de intereses privados, el cual, según sus propias palabras sería capaz de “lograr que en el país haya un auténtico Estado de Derecho, que no esté el gobierno al servicio de un grupo, que el gobierno represente a todos los mexicanos, ricos y pobres”.  

La propuesta ha sido ampliamente criticada: sus detractores la califican como un ataque directo a la división de poderes, señalando que podría comprometer la independencia judicial y concentrar más poder en manos del Ejecutivo.

Además, cientos de trabajadores del ámbito judicial, incluidos jueces y magistrados, han manifestado su oposición a dicha reforma argumentando que elimina el sistema de carrera judicial. Según ellos, los ascensos basados en méritos serían reemplazados por elecciones para los cargos de juez federal. 

El Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford y la Barra Mexicana de Abogados alertaron que las propuestas representan una amenaza directa a la independencia judicial, incumplen con los estándares internacionales y debilitan la democracia en México.

Guadalupe Salmorán, Doctora en teoría política de la Universidad de Turín e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, sostiene que elegir a los jueces por votación popular comprometería su imparcialidad e independencia, debido a que se verían influidos por la opinión pública y otras fuerzas capaces de ejercer presión electoral.

“Vincular a los jueces con el electorado compromete su imparcialidad e independencia”, dijo Salmorán. “La idea de que la elección popular resolverá los problemas del poder judicial no tiene ningún soporte empírico”.

En algunos países se escogen a algunos jueces: en Estados Unidos se eligen jueces y fiscales en algunos estados, pero no a nivel federal. Otro caso es el de Suiza, donde se seleccionan jueces en el nivel cantonal, el nivel de organización política más local. 

Según Luis Pásara, abogado y doctor en Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, el caso de Bolivia ilustra claramente los riesgos de implementar la elección popular de jueces. 

En Bolivia, en el año 2011, durante el gobierno de Evo Morales, se permitió la elección de jueces de las altas cortes por voto popular. Sin embargo, el proceso resultó problemático porque la comisión encargada de formular las boletas electorales estaba dominada por la Asamblea Legislativa, en la cual el partido de Morales tenía mayoría. 

Esto llevó a la inclusión de candidatos leales al partido de gobierno, lo cual comprometió la independencia judicial vulnerando la separación de poderes. 

En México, las reformas constitucionales necesitan el voto de dos terceras partes de la Cámara de Diputados y del Senado, además de contar con la aprobación de la mayoría de los congresos estatales. 

Si la propuesta no se aprueba en septiembre con la legislatura actual en la que el presidente no cuenta con una mayoría, es probable que sí sea aprobada en octubre, cuando Claudia Sheinbaum, la sucesora política de Manuel López Obrador y presidenta electa de México, asuma el cargo. 

Tras unas elecciones que otorgaron a Morena, el partido en el poder, una mayoría calificada en el Congreso, el oficialismo tendrá la capacidad de aprobar reformas constitucionales sin necesidad de negociar con otros sectores del país.