Todo pasa por Dominicana

Son varios los tableros en los que juegan el gobierno y la oposición tanto en el plano internacional como nacional. La confusión es total. Ante tanta incertidumbre, lo fundamental es hacerse algunas preguntas que eleven la comprensión (más que la explicación) de lo que está ocurriendo en Venezuela. Es por ello que comparto las preguntas que me parecen más relevantes y que quizás puedan ayudar a resolver el acertijo. Las respuestas a estas mismas preguntas son seguramente imprecisas; anotaciones o intuiciones que deban ser reescritas con los eventos que vayan sucediendo. Las preguntas, sin embargo, quizás sean mucho más relevantes, y estoy convencido de que son las guías a muchos de los comportamientos erráticos y contradictorios que hemos presenciado por parte del gobierno y la oposición en estas últimas semanas.

¿Por qué el gobierno trata de extender las negociaciones en República Dominicana a pesar de que la Asamblea Nacional Constituyente adelantó las elecciones presidenciales para antes de finales de abril de 2018?

Es curioso que pocas horas después de que la Asamblea Nacional Constituyente aprobara el adelanto de las elecciones presidenciales, el mismo gobierno estuviese solicitando repentinamente -con el apoyo del presidente de República Dominicana, Danilo Medina-, reanudar las negociaciones con la oposición el 29 de enero. Resulta igualmente sorpresivo que el mismo gobierno solicitó extender las negociaciones por 36 horas adicionales. Y es también muy relevante observar que el mismo gobierno pidió documentar en un acta de avances el contenido de las discusiones.

En un ambiente hiperinflacionario cada vez más agresivo, evidentemente el gobierno pierde con el paso del tiempo y prefiere acelerar los tiempos electorales. ¿Pero por qué tanto afán en seguir con unas negociaciones si en teoría están dispuestos a ir a unas elecciones sin acuerdo previo? ¿A quién necesitan convencer de que la negociación viene “avanzando” inexorablemente?

Minutos después de que el gobierno anunciara a través de su jefe de delegación que existe un “pre-acuerdo”, que en realidad no fue otra cosa que un “acta de la reunión”, las Fuerzas Armadas hacen pública a través de las redes sociales, por primera vez en mucho tiempo, su posición institucional orientada a apoyar una potencial negociación en República Dominicana. Un anuncio que por alguna razón escapa de la atención de la opinión pública, que continúa sumergida en un duelo fútil entre si hubo o no un “pre-acuerdo” y si la oposición es o no verdaderamente “moral”.

Es cada vez más evidente que desde la mesa de negociación en Dominicana el gobierno le habla a cierto grupo dentro de la coalición oficialista, fundamentalmente vinculado con la institución castrense; y también pareciera que desde la Asamblea Nacional Constituyente el gobierno se comunica con otro sector político más radical relacionado con el PSUV. En esta ronda de negociación se hizo muy diáfano el esfuerzo de Nicolás Maduro de conciliar dos posiciones que son potencialmente conflictivas, especialmente en caso de que la oposición no ceda en su posición de fijar una fecha que garantice tanto mejoras en las condiciones electorales como la materialización efectiva de la observación internacional. Para la oposición, ceder en el tema de la fecha es algo que limita la implementación de las garantías electorales. Para el gobierno, solo si la oposición cede en la fecha y acepta que sea antes de abril de 2018, es viable conciliar ambas posiciones dentro de la coalición oficialista y evitar un potencial conflicto interno.

En el argot beisbolístico: en esta ronda de negociaciones se le vieron las costuras al oficialismo. El presidente Maduro desea continuar con las negociaciones internacionales por dos tipos de presiones que están vinculadas pero que son de naturaleza diferente. La primera es la posibilidad de que las sanciones internacionales escalen y se aceleren ante unas elecciones que muy probablemente sean desconocidas por la mayor parte de la comunidad internacional. Y en segundo lugar porque existen grupos importantes dentro de la coalición oficialista, que si bien podrían aceptar una potencial reelección presidencial, tan solo lo harían en el contexto de un acuerdo que garantice que estas sanciones no se aceleren y que la situación económica y social pueda ser atendida.

En caso de que se adelanten las elecciones presidenciales sin ningún tipo de acuerdo en República Dominicana, ¿que tan rápido se pueden acelerar las sanciones internacionales?

La amenaza del gobierno de adelantar las elecciones antes de abril de 2018, sin un acuerdo internacional que garantice un cambio en las condiciones electorales, es una acción totalmente creíble. Si el chavismo estima que debe hacerlo, adelantarán los comicios, tal como lo hicieron con las elecciones regionales y municipales a finales del año pasado. El gobierno también calcula que el hecho de que existan grupos políticos dentro de la coalición opositora que están dispuestos a participar aún sin un cambio de condiciones electorales, podría legitimar internacionalmente este proceso. Esta posibilidad hace más creíble su amenaza e incluso mucho más tentadora. Si la negociación se lleva a Caracas para su fase final, sin la presencia de los cancilleres, es probable que algunas facciones dentro de la oposición acepten firmar el “pre-acuerdo” (que no existe sino en unas minutas de avances parciales) mientras que otros partidos rechacen su contenido. Esta posibilidad sería una repetición del reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente por parte de alguno de los gobernadores opositores electos después de los comicios regionales. La división sería inevitable.

Sin embargo, la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos y Europa, parecieran estar pensando de una forma diferente. Ya han dicho, a través de distintos voceros, que no reconocerán unas elecciones adelantadas, convocadas sin un cambio de condiciones, independientemente de quienes decidan participar en ellas.  Es posible que la comunidad internacional no vaya a esperar la realización de estos comicios, sino que más bien aguarde a la simple convocatoria por parte del CNE para acelerar las sanciones económicas, esta vez de carácter comercial, por parte de los Estados Unidos; así como la ampliación de las sanciones individuales por parte de Europa. Esto quiere decir que la comunidad internacional estaría dispuesta a actuar “preventivamente” (para hacer su amenaza igualmente creíble a la del gobierno), más allá de que se celebren unos comicios adelantados y de la potencial participación de una facción de la oposición. Es por ello que las sanciones pueden escalar mucho más rápido de lo que tanto el gobierno como una parte de la oposición estiman, es decir, mucho antes de abril, siempre que se materialice el adelanto de las elecciones sin un acuerdo internacional que modifique las condiciones electorales.

La decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de enviar a Rex Tillerson a realizar una gira por toda la región, con un foco muy especial puesto sobre el caso venezolano, hace ver que ya se está preparando el apoyo internacional a esta decisión por parte de los Estados Unidos y Europa. El anuncio de Brasil de considerar el cierre de la frontera terrestre con Venezuela, así como el anuncio de Colombia de buscar medidas que frenen las presiones migratorias, hacen ver que la mayoría de los países latinoamericanos anticipan el efecto de esta nueva ronda de sanciones adicionales sobre la situación del país. El anuncio del retiro de México de las negociaciones y la potencial formalización de la salida de Chile también apuntan en esta misma dirección.

¿Realmente existe la posibilidad de que la oposición gane las elecciones presidenciales si el gobierno cumple su amenaza de adelantarlas?

En América Latina, bajo condiciones electorales relativamente «normales», los presidentes que aspiran a la reelección suelen ganar cómodamente este tipo de comicios. La alternabilidad en América Latina opera no tanto porque los presidentes pierdan elecciones sino debido a que no pueden repetir por limitaciones constitucionales a la reelección presidencial. En el caso venezolano estas restricciones son inexistentes. En Argentina, Mauricio Macri llegó a la presidencia porque Cristina Kirchner no pudo presentarse a una segunda reelección  Lo mismo ocurrió con Lenín Moreno en Ecuador cuando Rafael Correa no pudo reelegirse. Y Juan Manuel Santos en Colombia ganó la presidencia porque Álvaro Uribe no pudo constitucionalmente extender la reelección. Los únicos casos en los que los presidentes han perdido elecciones fueron Daniel Ortega contra Violeta Chamorro en Nicaragua (en medio de una hiperinflación y los estragos de una guerra civil) y el caso de Hipólito Mejía en República Dominicana (en medio de una crisis financiera muy profunda).

Las comparaciones entre el caso de Nicaragua y Venezuela son muy interesantes. Sin embargo, en el caso de Nicaragua hubo un acuerdo político promovido por la comunidad internacional -entre ellos por el Grupo Contadora en el que participaba activamente Venezuela-, construido alrededor de la independencia del ente electoral y la presencia de la observación internacional. Esto permitió que el descontento económico se manifestara democráticamente de una forma efectiva. Violeta Chamorro no solo ganó porque había hiperinflación y hubo unidad opositora, sino porque se aprobaron acuerdos políticos que transformaron las condiciones electorales y establecieron claras garantías para los sandinistas, entre ellas, su control posterior sobre las Fuerzas Armadas. La economía sin duda importa pero también las condiciones electorales.

En el caso venezolano, además del control político del chavismo sobre el Consejo Nacional Electoral, el condicionamiento social del voto a través del Carnet de la Patria es cada vez más relevante. El condicionamiento social es tan potente que permite tres cosas elementales: cohesiona el voto oficialista, inhibe la mobilización opositora e incluso en algunos casos logra convertir el voto opositor hacia el gobierno. El asunto es tan importante que el 95 por ciento de los electores que se autodefinen como chavistas y poseen el carnet electrónico participan y votan por el gobierno. Entre aquellos votantes que se autodefinen como opositores y que dicen tener acceso al carnet electrónico, el 31 por ciento de las personas que salen efectivamente a votar, lo hacen por el chavismo (probablemente porque perciben que están siendo observados y coercionados). El Carnet de la Patria es un instrumento de cohesión muy efectivo sobre la base chavista (aun entre quienes muestran descontento por la hiperinflación); y por si fuera poco también tiene la capacidad de voltear una parte significativa de la votación opositora.

De modo que cualquier candidato opositor que decida participar en unas elecciones adelantadas, para poder ganar, debe ser capaz de movilizar a toda la base social descontenta y también debe ser capaz de revertir el voto opositor que ha sido convertido por el gobierno a través del mecanismo del Carnet de la Patria. Ante la debilidad institucional de los partidos opositores, es obvio que esto solo lo puede lograr un candidato tremendamente carismático y con el apoyo de una coalición opositora articulada. Cualquier estrategia de participación debe estar fundamentada no tanto en atraer el voto chavista sino en movilizar emocionalmente el descontento social de la población sin importar su vinculación partidista a través de una fórmula perfectamente unitaria. En Venezuela son contados los candidatos opositores, que en un tiempo tan corto, pueden lograr este tipo de efecto sobre el electorado. La oposición es mayoría y esa mayoría expresa una clara voluntad de cambio, por lo que no es imposible ganar unas elecciones adelantadas, pero requiere satisfacer una serie de condiciones que son fundamentales para poder competir.

¿Por qué la oposición actúa con mayores niveles de coordinación en República Dominicana que los bajos niveles de articulación que muestra en Caracas? 

La oposición es heterogénea y pareciera estar más unida en Dominicana que en Caracas. La razón es que el equipo de negociación está mejor coordinado, hay equipos técnicos que respaldan sus decisiones y hay una mejor integración con el apoyo internacional. En Caracas, la capacidad de coordinación política de la MUD fue desmantelada al eliminar su Secretaría Ejecutiva y al reducir los espacios de intercambio con las fuerzas sociales y con los partidos políticos más pequeños. Esto ha dificultado que comunicacionalmente la oposición desde Dominicana logre hablarle a su base electoral, que se encuentra en estos momentos dispersa y sobre todo confundida, independientemente de su actuación en el proceso de negociación. Desde Caracas la oposición tampoco logra movilizar a la ciudadanía tanto política como electoralmente en las calles. Si Caracas no converge con Dominicana entonces es poco probable que la oposición logre ser verdaderamente efectiva.

¿Puede el chavismo con una reelección de Maduro estabilizar la economía y rescatar la industria petrolera de su colapso productivo sin un acuerdo en Dominicana?

Es imposible que Venezuela pueda implementar un programa de estabilización macroeconómica, atender la emergencia social y reconstruir la industria petrolera sin un programa que tenga garantizado amplio financiamiento internacional. Ante la negativa del gobierno de acudir a los organismos multilaterales, e introducir un cambio en la política económica, el gobierno piensa que Rusia o China pueden venir a su rescate. Hasta ahora China ha mostrado estar muy poco dispuesta a jugar ese papel, algo que el gobierno no quiere reconocer, pues la potencia asiática no estaría dispuesta a financiar indefinidamente la continuidad de un modelo de controles y tampoco parece estar convencida de financiar un cambio sin un acuerdo político que permita restaurar un mínimo de seguridad jurídica en el país. China en estos últimos años más bien ha disminuido agresivamente la exposición de riesgo de su deuda tanto comercial como financiera con Venezuela. Rusia, por su parte, no tiene la capacidad económica para apoyar un programa de esta naturaleza y su comportamiento es más bien oportunista y guiado por consideraciones geopolíticas. Y finalmente las sanciones económicas de los Estados Unidos han clausurado el financiamiento de largo plazo tanto para Venezuela como PDVSA en los mercados de capitales. Tan sólo un acuerdo en Dominicana y un programa económico y social que sea tanto política como técnicamente creíble, y que cuente con amplio apoyo popular, y con un rápido acceso a los organismos multilaterales, puede reflotar la economía del país.

¿El chavismo está bien cohesionado o enfrenta fisuras internas que pueden profundizarse?

El chavismo en estos momentos pareciera estar mucho mejor cohesionado electoralmente que la oposición. La razón fundamental es que el Carnet de la Patria se ha convertido en el mejor sustituto del PSUV. No obstante, políticamente la situación del chavismo es potencialmente mucho más compleja, sobre todo sin un acuerdo en Dominicana. Estos últimos días han mostrado que existen grupos que internamente desean un acuerdo. Si el gobierno decide adelantar las elecciones y las sanciones rápidamente se aceleran, entonces esas fisuras internas se van a profundizar, pues aun ganado las elecciones presidenciales, la crisis de gobernabilidad en el país va a profundizarse.