Fiscalía abrirá investigación penal a Rafael Ramírez

El martes 12 de diciembre de 2017, el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público investigará a Rafael Ramírez, expresidente de Petróleos de Venezuela y exministro de Petróleo y Minería, por “operaciones de intermediación de compra-venta de petróleo”.

“Hemos decidido abrir una investigación penal, un código de investigación, al ciudadano Rafael Ramírez, exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA. (…) En uno de esos documentos que hemos conseguido, el ciudadano Diego Salazar, quien es primo hermano de Rafael Ramírez, lo señala directamente, lo incrimina directamente, como su socio directo en operaciones de intermediación de compra-venta de petróleo”.

Según Saab, la declaración de Salazar apareció en un auto del juzgado de primera instancia de Andorra el 30 de noviembre de 2012. Este documento fue recuperado en un allanamiento a una de las propiedades de Salazar.

A finales de noviembre de 2017, Ramírez fue removido del cargo de embajador de Venezuela en Naciones Unidas, días después de que el Ministerio Público imputara a 6 directivos de Citgo por presunta corrupción.

Panama Papers

Saab dijo que la Fiscalía está retomando los hallazgos de las filtraciones de los “Panama Papers” e investiga “el desvío de recursos públicos provenientes de comisiones que generan nuevas modalidades delictivas”. Los investigados son:

1. Víctor Cruz Weffer, exjefe del Plan Bolívar 2000 y Fondur.
2. Adrián Velázquez, exjefe del Departamento de Seguridad del Palacio Presidencial de Miraflores.
3. Claudia Patricia Díaz extesorera nacional, esposa de Adrián Velázquez.
4. Eudomario Carruyo, ex vicepresidente de Finanzas y directivo de PDVSA.

Investigarán a Juan Carlos Guanipa

Saab informó que Juan Carlos Guanipa, gobernador electo en el estado Zulia (y destituido luego por no presentarse a la juramentación de la Asamblea Nacional Constituyente), será investigado por llamar a la violencia en las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro entre abril y julio de 2017:

“Realizó varios llamados a la violencia, al odio, a la intolerancia, al desconocimiento de las instituciones del Estado, y a partir de ahí ocurrieron una serie de hechos graves, entre ellos pérdidas de vidas humanas, saqueos de establecimientos comerciales, incendio de instituciones públicas, obstaculización de vías principales, entre otras”.