Víctor Rago: “Es importante que la universidad le proponga al gobierno nuevas visiones del ejercicio democrático”

Nuevo diálogo y redefinición del papel que juega la universidad en la política nacional. Un proyecto académico mucho más claro, como línea de defensa de la autonomía universitaria. Rendición de cuentas y transparencia en la gestión de los recursos. Información en línea para que la sociedad venezolana entienda el funcionamiento de la institución. Reactivación de los planes urbanísticos de la zona rental para generar ingresos. Esta es la agenda de Víctor Rago, rector recién electo en la Universidad Central de Venezuela. ¿Encontrarán estos asuntos oídos receptivos en los organismos gubernamentales más concernidos con la vida universitaria? 

El debate sobre la democracia universitaria es otro asunto impostergable dentro de la institución. Sin pretensiones ni ánimo aleccionador, Rago cree conveniente que la universidad le proponga al gobierno nuevas visiones, nuevas prácticas, democráticas. Quizás por ahí van los tiros para que se logren acuerdos, consensos, resquebrajados hace más de 20 años. 

El gobierno del señor Nicolás Maduro designó a su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, para discutir diversos asuntos con las autoridades recién electas de la Universidad Central de Venezuela, cuyo rector es usted, Víctor Rago. Son varios temas: la autonomía, el presupuesto, la actualización de la oferta académica universitaria, entre otros. ¿Cómo se propone abordar esos asuntos?

Yo diría, por un lado, que hay que redefinir las relaciones con el gobierno. Redefinirlas significa colocarlas en el plano donde deben estar. El gobierno y las universidades tienen la necesidad y deberían tener el común interés de conversar, de dialogar, para ponerse de acuerdo en asuntos específicos que conciernen al interés nacional. Ese diálogo tiene que apoyarse sobre nuevas bases. ¿Cuáles son? En primer lugar, el reconocimiento explícito, mutuo, de los interlocutores. La universidad reconoce que el gobierno tiene una existencia concreta y está ahí. El gobierno, además, gestiona al Estado, y es el que proporciona los recursos que las universidades requieren. Esos dos interlocutores son de naturaleza distinta. El gobierno es un actor político por definición. Y las universidades, igualmente por definición, son actores académicos. Esos dos interlocutores, de naturaleza diferente, deben dialogar y ponerse de acuerdo. 

Quizás esta es una pregunta ingenua o pendeja, ¿Usted cree que se puede poner de acuerdo con Delcy Rodríguez?

Yo creo que en algunas cosas es posible conseguir acuerdos con la vicepresidenta Ejecutiva, con el presidente de la República, o con los representantes de los órganos gubernamentales más directamente concernidos con la vida universitaria, la ministra de Educación Superior o la ministra de Ciencia y Tecnología, por ejemplo. La apuesta que tenemos entre manos es la de presentarle al gobierno una alternativa que, sin mengua del principio de autonomía y sin contemporizaciones acomodaticias, le ofrezcan al gobierno la posibilidad de persuadirse, gracias a su propia capacidad de comprensión, de que con las universidades es conveniente tener una relación armoniosa, porque las universidades, en la medida en que están al servicio de los diferentes sectores que componen la sociedad venezolana son instituciones útiles para el desarrollo nacional. 

En sus respuestas ha insistido en la necesidad de alcanzar una relación distinta con el gobierno. Supongo que se refiere a la confrontación que caracterizó, por diversos motivos, la gestión de Cecilia García Arocha al frente de la UCV. Sin embargo, más allá de las críticas que pudieran hacerse, a ella hay que reconocerle su defensa frontal de la autonomía universitaria. ¿Cuáles serían los factores que contribuirían a construir esa relación diferente? 

Yo estoy en total desacuerdo con lo que ha dicho el presidente. No es verdad que la rectora se haya mantenido en el cargo como “una suerte de dictadora” durante 15 años de ejercicio continuo de sus funciones. La rectora, como el resto de las autoridades universitarias —incluidos los decanos de las distintas facultades, así como los representantes profesorales a los órganos de cogobierno—, se vieron en la obligación forzosa de permanecer en sus cargos por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. No fue, entonces, una decisión voluntaria. Reconociendo ese hecho, y como es propio de la universidad, uno pudiera tener un juicio crítico acerca de la propia gestión. Sin duda, le tocaron tiempos muy difíciles a las autoridades salientes. Pero faltó, creo yo, a lo largo de esos años, un proyecto académico más claro, que afirmara el perfil de la universidad frente al gobierno. Esa reafirmación es la forma que tiene la universidad de defenderse de cualquier política anti universitaria. No creo que la conversión de la universidad en un instrumento de la lucha política sea la salida, la opción para las universidades. Todos estamos de acuerdo con que la solución a los problemas universitarios, que son muchos y grandes, dependen, en una medida considerable, de la solución de los problemas del país. Eso está fuera de discusión. 

El gobierno, y más allá el chavismo, ha demostrado una vocación autoritaria, unos valores —disciplina, obediencia— que chocan con los valores universitarios —creatividad, crítica, debate—. Eso podría generar dificultades inmediatas. ¿Ha reflexionado sobre esos opuestos?

Sí. Es verdad. El gobierno ha dado demostraciones inequívocas de que entiende la democracia de una forma particular y que esa idea, difícilmente, concuerda con la idea habitual de lo que debe ser la democracia y, sobre todo, la forma en que la democracia se debe adoptar en una institución como la universidad. Yo creo que es importante que la universidad le proponga al gobierno nuevas visiones y nuevas prácticas de ejercicio democrático. En la universidad está pendiente un debate sobre la democracia, en términos generales, sobre la democracia como contencioso, y sobre la democracia universitaria en particular. Ese debate, cuyo inicio está previsto una vez que transcurran 15 días de la toma de posesión de las nuevas autoridades, guarda una relación estrecha con el reglamento electoral que habrá de redactarse una vez que expire la vigencia del actual. Entonces, ¿Se trata de regresar al reglamento del 2007 o de dar un debate, largamente postergado, sobre la democracia en la universidad? Yo creo que redactar ese reglamento, en ausencia del debate, va a ser un ejercicio completamente inútil y pudiera avivar conflictos, cuya intensidad pudiera mitigarse si ese debate se efectuara.  

¿Qué temas están en discusión?

La participación democrática de los diversos sectores que forman parte de la institución universitaria. Pero para eso es necesario entender cuál es la característica propia de una colectividad como la universidad. Y lo que ha solido hacerse, lo que está en la base de Ley Orgánica de Educación (art. 34), es que la paridad del voto descansa en la premisa, equivocada, de que esos derechos —de participación y elección— son inherentes y por igual para todo el mundo. Lo que equipara a la universidad a una sociedad a secas en miniatura. Y no es así. La universidad es una colectividad con características muy particulares, que no permiten calcar la democracia política, propia de la sociedad, e instaurarlas en la universidad como tal, entre otras cosas, porque los sectores que la componen no son clases sociales, cuyos intereses necesariamente se contraponen. Son sectores diferentes, ciertamente, pero que se definen por la naturaleza de su relación con la institución. 

¿También se definen por la propia naturaleza de la academia?

Claro. Los profesores y los estudiantes están vinculados con la fibra fundamental, esencial, de la institución. Esa vinculación es diferente a la que tienen los sectores administrativos y obreros. A veces, la gente piensa que se trata de una discriminación, de una postergación. No es así. En lo absoluto. Esos sectores son fundamentales para la vida universitaria. Pero no son de naturaleza académica. Pero entre uno y otros sectores hay una frontera porosa, porque la institución le ofrece la oportunidad —tanto al personal administrativo como obrero— de ingresar al ámbito académico, como estudiantes y luego como profesionales. ¿Cuántos empleados no ha habido que se incorporan al cuerpo profesoral? De modo que todas esas cosas son importantes discutirlas a la hora de considerar la democracia en las universidades. 

Recientemente, se publicó el ranking de las universidades y la UCAB ocupa el primer lugar en Venezuela. Esa información es buena y es mala. Es buena para la UCAB, pero es una mala noticia para la educación pública y, particularmente, para la UCV. ¿Qué pensó cuando leyó esa noticia?

Por un lado, me alegré y por el otro me entristecí. Hay que tomar precauciones cuando se juzgan esas clasificaciones, porque los criterios varían. Pero demos por hecho que los indicadores que se toman en cuenta son los apropiados. Lo que eso demuestra es el retroceso de las universidades del sistema público nacional, que ha visto retraerse, contraerse, el ámbito de su participación en el escenario del debate público nacional. Eso es lo que ha ocurrido con nuestras universidades públicas. En parte, porque se han visto afligidas, en una medida muchísimo mayor, por las políticas restrictivas del gobierno y en particular por la política presupuestaria. Las universidades privadas se han servido de algunos medios propios (el aumento de la matricula entre otros) para enfrentar y paliar el severo impacto de la crisis económica, mientras las universidades públicas, acostumbradas históricamente a su dependencia de recursos de origen fiscal, se han visto en una situación mucho más difícil.

Hay una opción para aumentar los ingresos de la UCV: reactivar los planes de desarrollo de la zona rental que, según el arquitecto y urbanista, Marco Negrón, tiene enorme importancia. Todos los inversionistas privados se retiraron cuando el expresidente Hugo Chávez compró el contrato del hipermercado que se construyó en esos terrenos. ¿Usted ha pensado que van a hacer con la zona rental?

Probablemente, la persona que más sabe de ese tema es Marco Negrón. Yo he conversado con Marco, al menos en dos oportunidades, y tenemos varias conversaciones pendientes sobre lo que me planteas. Esa experiencia constituyó una gran frustración, porque el proyecto en cuestión prometía una recaudación de recursos muy importante. Además, era un proyecto muy interesante desde el punto de vista urbanístico, no sólo para Caracas sino para América Latina. No se trataba, únicamente, de un plan para resolver los problemas financieros de una institución académica. Como parte del nuevo diálogo con el gobierno, pensamos que el desarrollo de la zona rental, en los términos en que fue concebido originalmente, o con los ajustes a que haya lugar por el paso del tiempo, podría representar una ventaja para Caracas y también para la universidad. En las aproximaciones que hemos hecho con el gobierno creo que hay sectores que están convencidos de que las universidades son importantes y que esos espacios hay que preservarlos. 

Poco o nada se puede hacer cuando el gobierno ha respondido a las solicitudes presupuestarias hechas por la universidad, con el uno por ciento de los recursos solicitados. 

El gobierno aduce que el incremento presupuestario es muy difícil en las condiciones en que se encuentra el país. Invoca las causas que ya conocemos: el bloqueo, las sanciones, entre otras. Pero hay que recordar que las restricciones presupuestarias son anteriores a esa situación, júzgueselas como se las juzgue. Creo que para el gobierno debería ser de interés que las universidades fueran instituciones sólidas, académicas fundamentalmente, cuya participación en la política fuera diferente, porque las universidades deben participar en la política, en la medida en que están comprometidas con la vida nacional. Pero el modo en que ellas toman parte en los asuntos nacionales es a través de la presencia activa de la institución en el debate público, pero también abriendo sus puertas para que el debate con los actores gubernamentales se realice al interior de las instituciones académicas. 

¿Cuál debería ser el papel del rector en la discusión pública? 

Aquí hay que hacer una distinción muy importante: es a través de sus voces múltiples, y no de una sola voz, como la universidad debe participar en el debate nacional. En ningún caso debe ser la voz exclusiva del rector. Sí, puede tener sus propias ideas, pero cuando el rector habla a título personal no puede pretender que eso represente a la institución. En todo caso, cuando se sitúa en el lugar de enunciación, que es el rectorado, sus intervenciones deben recoger el sentimiento mayoritario de la institución. Esa discusión se está dando. 

La diáspora del profesorado es dramática. Más de 3.000 docentes universitarios se han ido del país. Otro asunto, no menos importante, es la reducción de la matrícula universitaria. La UCV pasó de 60.000 plazas a 20.000. Es una patología grave. 

Es verdad. La universidad se ha despoblado. Habría que distinguir dos cosas, no solamente los estudiantes que cursaban estudios y se han ido sino también la contracción de la demanda de ingresos. Actualmente, hay menos gente que quiere entrar a la universidad. La situación no es uniforme, no afecta de la misma manera a las diferentes facultades. La Facultad de Medicina, por ejemplo, no se ha visto tan afectada como la Facultad de Humanidades, cuya demanda se ha reducido de una forma tan dramática que causa asombro. 

Tomando en cuenta el panorama que ha descrito, ¿No resulta contradictorio, o más bien ilusorio, que la universidad se proponga una actualización que se corresponda con la sociedad de la información y del conocimiento?

No es contradictorio, es difícil, porque la universidad ha ido acumulando años de atraso, en su relación con el mundo contemporáneo. Para que la universidad se modernice, tiene que incorporar a su agenda los grandes problemas de la humanidad. Hace 50 años, el problema del cambio climático, así como el de las energías fósiles o la sustentabilidad ambiental, hubiera parecido una excentricidad. Actualmente, todas las carreras que la universidad ofrece tienen que incorporar esas temáticas de algún modo, de manera transversa y en espacios específicos. La modernización de la universidad pasa por la asunción de los problemas planetarios. 

Una de sus promesas fue la transparencia en la gestión universitarias. ¿A cuál instancia le rinde cuentas la universidad?

La información sobre la administración de los recursos, pocos o muchos, no sólo los de origen presupuestarios, sino los que la propia universidad produce debería ser de dominio público. No a través de códigos o números incomprensibles, sino la información básica. Los recursos se han destinado a tales y cuales fines y han producido tales y cuales resultados. Así de sencillo. 

¿Veremos esa información en línea?

Sí, esa información estará disponible. Esto forma parta del compromiso que tenemos con la comunidad, con la sociedad venezolana, para que vea cómo funciona la institución. Las decisiones importantes que se tomen, lo esencial, tanto en las sesiones del Consejo Universitario como en los Consejos de Facultad deben ser de conocimiento público. No puede ser que para que te enteres de esas decisiones, tengas que hablar con alguien que participe en esas instancias para que te eche el cuento. Eso no debe ser así.

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*Rector de la Universidad Central de Venezuela. Antropólogo por esa casa de Estudios. Doctor en lingüística por la Universidad de la Sorbonne-París IV. Profesor de la Escuela de Antropología (de la cual fue director) y del doctorado en Ciencias Sociales de la UCV. Exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCV.