Sary Levy: “¿Desapareció el ahorro o lo mataron?”

El Gobierno le puso fecha a la tercera reconversión monetaria (1 de octubre de 2021), pero esta vez ha evitado llamarla como tal. Otro episodio de la neolengua para disfrazar el deseo y las intenciones como parte de la realidad. A partir de la fecha señalada, la conoceremos como la «nueva expresión monetaria». Dice el refrán: «el mismo musiú con diferente cachimbo». Tampoco en Cuba quieren hablar del «período especial», a pesar de que el apagón de este año desbordó las calles en una protesta inédita.

De la hiperinflación, que crece a velocidades astronómicas, versa esta entrevista con Sary Levy*. En su fase inicial, el consumo y las importaciones dinamizaron la economía que, no obstante, empezó a decrecer años tras años hasta caer 75 por ciento en apenas un lustro. Lo que veremos en esta segunda fase -una vez que se imponga de manera autoritaria y arbitraria el Estado comunal- será la ausencia de estado de derecho. No habrá estímulo a la inversión privada. Autoritarismo y eficiencia no van de la mano. No tenemos que mirar a la Unión Soviética. Basta con vernos en el espejo. Negociar con la espada de Damocles al cuello no tiene mucho sentido.

En los años 90, Ruth de Krivoy, expresidenta del Banco Central de Venezuela, advirtió sobre los riesgos que se corrían si no éramos capaces de luchar contra la inflación. A estas alturas, ese señalamiento es una realidad incuestionable. El chavismo superó lo que ya era un fenómeno inquietante y la hiperinflación llegó para quedarse. ¿Nos acostumbramos a vivir así?

Las dinámicas inflacionarias -y, a partir de 2017, hiperinflacionarias-, nos acompañan de forma constante. Y está afectando, profundamente, el nivel de vida de la población. Ese año se dispararon las alarmas, pero el malestar de los ciudadanos no encuentra eco en las políticas públicas. En el caso venezolano, la inflación se ha convertido en un fenómeno estructural. Las expectativas de inflación, una y otra vez, retroalimentan ese proceso. Algo que muy pocas veces se señala es ¿cómo se afecta el derecho de propiedad del trabajador? Quienes devengan un ingreso fijo (el grueso de la población) resultan los más afectados. ¿Por qué? Porque las dinámicas comerciales permiten ajustar los precios, pero en ningún caso los salarios se ajustan a esa misma velocidad. Si bien la inflación es una variable que podemos cuantificar en términos macroeconómicos, rara vez la vemos desde el punto de vista de los derechos de propiedad.

Sí, incluso desde el punto de vista social.

La espiral inflacionaria no impacta de igual forma a quien tiene un activo que al que no lo tiene. O al que tiene un ingreso variable que al que tiene un ingreso fijo. Se genera entonces una disparidad -una brecha social- porque no todos resultan afectados por igual. La masa laboral, por ejemplo, no recibe bonificaciones por el aumento de precios de un producto, pero un vendedor sí puede ver un aumento de sus ingresos producto de sus comisiones.

El Gobierno anunció una nueva reconversión monetaria, la tercera en 20 años. ¿Qué efecto tiene esto en las cuentas nacionales? ¿Se maquillan los resultados del ejercicio fiscal?

Se suele decir: «Si usted quiere sustentar algo, ponga un número, y si quiere negarlo, ponga el mismo número». No cabe duda de que un número muy abultado oculta el valor nominal del mismo, puesto que el valor en economía crece por cantidad. Usted puede producir la misma cantidad o menos a un mayor precio y el valor final es más abultado. Pero existen mecanismos para llegar a la realidad, para eso se hacen los ajustes por precios, para eso se deflactan las cosas. Vamos para una tercera reconversión, pero la población está sumamente clara en el impacto y en el daño que esto tiene para sus ingresos. En esto tiene una gran responsabilidad el Banco Central de Venezuela, porque ha obviado sus objetivos primarios. Uno de ellos es defender el valor interno y externo de nuestra moneda. El valor interno se golpea a través de la inflación y el valor externo a través de la depreciación monetaria. Actualmente, ambos corren a unas velocidades incalculables.

Lo increíble es que, en medio de la hiperinflación, el ahorro desapareció. ¿Cómo puede sobrevivir una sociedad sin el ahorro?

La pregunta es: ¿desapareció el ahorro o lo mataron? En realidad, lo mataron. Tú no puedes pretender que un ciudadano ahorre en bolívares, cuando sabe que cada bolívar guardado tiene menos valor al día siguiente. Por lo tanto, sería una acción incoherente, incorrecta, ahorrar en Venezuela. O por lo menos ahorrar en moneda nacional. ¿Qué significa la muerte del ahorro? Significa que cada vez se cuenta menos con recursos propios de la sociedad para apalancar la inversión. Ahí está la contraparte, tan profunda y negativa. No tienes fondos para una inversión o para dinamizar una economía, porque ahorro e inversión son dos caras de una misma moneda. Quiero señalar una cosa muy importante. A comienzos de este siglo empezamos a notar que (de las variables más importante de la economía) se le dio más énfasis al consumo que a la inversión. La inversión tiene un componente muy importante, porque extiende el horizonte temporal de la sociedad: si vas a ser inversionista, dejas de ser cortoplacista. Tienes que tener visión de largo plazo. Esa es la característica de la inversión. Su respuesta favorable la vemos en el mediano y largo plazo. Ayuda a ponderar los pro y los contra de una forma mucho más sosegada.

El boom del consumo nos llevó a la desinversión, incluso en la industria petrolera. Ahora vemos a un país con las reservas de crudo más grandes del planeta, pero que apenas produce 500.000 barriles de petróleo al día. El chavismo mató a PDVSA, la gallinita de los huevos de oro.

Absolutamente. Pero quisiera matizar ese comentario. Desde fines del siglo XX, la economía mundial apuntaba a un cambio en el patrón energético. Lo que no imaginamos es que Venezuela llegaría (en la segunda década de este siglo) a tener una industria petrolera quebrada y a importar gasolina. Sabíamos, y lo discutimos muchas veces, que PDVSA debería dejar de ser una empresa petrolera para convertirse en una empresa energética y así posicionarse en el cambio tecnológico y energético que se avizoraba. Pero nunca pensamos que fuera a partir de su muerte o de su colapso. Entonces, tanto PDVSA como muchas otras empresas del país fueron desmanteladas. En esa política de destrucción y extractivista a la que se entró muy rápidamente a partir de ese modelo que es el socialismo del siglo XXI. PDVSA es solo un ejemplo de lo que ocurre cuando un país, una organización, no mira a largo plazo y no sabe invertir. Y pone de manifiesto el cortoplacismo, la falta de inversión, de mantenimiento, de evaluación del entorno y de proyección en el tiempo. Todo eso la mató.

Más que poner énfasis en las políticas que hacen falta para remediar la inflación, lo que despierta la curiosidad es ¿por qué han transcurrido cinco años y no se ha hecho nada? ¿Quién es el gran beneficiario de la hiperinflación y de su efecto político?

Sí, la inflación es una enfermedad cuyo tratamiento se conoce. Y el tratamiento, por doloroso que sea, lo han aplicado en muchos países. En una visión integral tenemos que decir que la inflación, en su fase inicial, pudiera beneficiar a los gobiernos, porque ellos son los que emiten la moneda y pagan con ella, mientras que el ciudadano se ve obligado a aceptar ese pago, aunque valga menos. Entonces, inicialmente, los procesos inflacionarios pueden beneficiar las cuentas públicas. Pero cuando la inflación se vuelve recurrente, las expectativas de una economía en franco deterioro superan los beneficios que pudieran recibir los gobiernos. Y cuando la espiral se vuelve hiperinflacionaria, a nadie beneficia. Llega un momento en que ese activo poderosísimo con la que cuentan los gobiernos (la moneda), que en buena medida permite gestionar el contrato social, también lo pierde. A tal punto (y este es el caso de Venezuela) que la población sustituye el bolívar por la divisa estadounidense. La economía reclama su cauce y lleva a los actores a sustituir una moneda inservible por otra que refleje el valor de una transacción, sea comercial o financiera. Pero dada la destrucción que hemos vivido (el tamaño de la economía es el 15 por ciento de lo que era hace cinco años), nos obliga a hacernos una pregunta: ¿qué país queremos? ¿Qué visión de futuro vamos a tener?

Quisiera insistir en la segunda parte de la pregunta. ¿A quién beneficia la inflación?

Más que hablar de a quién beneficia, creo que lo más importante es tener un Gobierno que escuche y respete la voz de los ciudadanos, que exigimos miradas liberales con respecto a los derechos consagrados en la Constitución y en la promoción de oportunidades. Y no la imposición de medidas a través de la planificación centralizada. Hemos planteado una mirada de la sociedad muy distinta. De forma tal que esa visión del Gobierno no se repita. Esto nos obliga a ver las cosas de forma muy distinta y a preguntarnos ¿qué tipo de Estado -no ya de gobierno- queremos los ciudadanos para que las dinámicas económicas me permitan satisfacer mis necesidades?

El petróleo encapsuló el conflicto que (en todos los países) hay entre el Estado y la sociedad. Quizás, en este momento, ese conflicto se vuelve más virulento, más visible. La contradicción entre distintas visiones, digamos, entre priorizar el consumo o la inversión, por ejemplo, o sobre la necesidad de llegar a un acuerdo, como lo ha manifestado el sector privado. ¿Esos debates no deberían llevarse a la esfera pública? ¿A la plaza y luego a la Asamblea Nacional? De lo contrario, como sucedió en Cuba, será un dictador quien le garantice la tasa de retorno a un inversionista que arriesgue en Venezuela. 

Me gustaría hacer unas precisiones, porque a veces las olvidamos. Hablamos del Estado e invocamos al Gobierno o hablamos del Gobierno e invocamos al Estado. Pero son dos cosas diferentes. Una es el Estado, en el que estamos incluidos todos los venezolanos y otra es el Gobierno, cuyo mandato temporal es administrar y aplicar políticas, desde el Estado, para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. Lamentablemente, la autonomía que brindó el petróleo al Estado venezolano le permitió a los gobiernos actuar muy por encima de las voces de los ciudadanos. Entonces, era el ciudadano el que servía al Gobierno y no al revés. Esa distorsión profunda, que se fue generando a lo largo del tiempo, creó lo que hemos dado en llamar «el petro Estado». Siempre digo que el peor daño que hizo fue el clientelismo y pervertir la convivencia. Pero además de eso, hay que separar la acción de la ideología de un gobierno. En el modelo del socialismo del siglo XXI, podemos ver cómo, en los años del boom (2004-2009), Venezuela seguía creciendo, pero cada vez menos. ¿Por qué? Porque aumentaron los niveles de incertidumbre y, por tanto, la inversión se retraía (en este período también podemos ver cómo los números engañan). Todo esto estaba oculto bajo el impacto del boom petrolero. Obviamente fue así. Ahí el consumo movilizaba la economía, pero la inversión no se concretaba. El país cae en una fase profunda de decrecimiento a partir de 2013. Yo digo esto porque ese modelo del socialismo del siglo XXI ahora está teniendo un giro muy particular, que es el Estado comunal.

¿Un giro que nos llevaría a dónde?

Se va a imponer una organización político-territorial totalmente distinta, que, además, plantea una toma de decisiones muy diferente a la que hemos conocido durante todo el siglo XX, e inclusive en estas dos últimas décadas. Mi preocupación apunta al hecho de que vamos a una negociación -que yo impulsaría siempre-, pero que no toma en cuenta la amenaza que supone esta espada de Damocles. Vamos a un proceso electoral y, a su vez, a un Estado comunal que dejará vaciados de poder a quienes resulten electos. Se va a negociaciones desde el sector privado, sin entender el impacto que tendrá el Estado comunal sobre el estado de derecho, que es indispensable para reducir la incertidumbre y promover la inversión. En este momento, el país presenta un conjunto de fuerzas ortogonales (cuyo efecto es nulo) y, por lo tanto, tú vas por un lado en el discurso y por el otro estableces políticas contrarias a lo que has dicho. Yo creo que los procesos de negociación y de diálogo son perfectamente válidos, pero con todas las cartas sobre la mesa. El Estado comunal está como escondido bajo la alfombra y es determinante, porque es lo que le quiere imponer el régimen a la sociedad.

No solo entramos en una nueva fase del modelo del socialismo del siglo XXI, sino en una profundización del control autoritario.

Lo que plantea el Estado comunal es determinante. No considerarlo es, simplemente, actuar de espaldas a la realidad. Es más, yo podría decir que el Estado comunal es un Estado comunista, al que le cambiaron el nombre en el siglo XXI.

El Gobierno podría mirarse en el espejo del modelo chino. Un régimen autoritario con una economía de mercado. Un híbrido que funcionó en el Chile de Pinochet y en los llamados tigres asiáticos.

A mí me preocupa el señalamiento que haces en pareja. ¿Solo los gobiernos autoritarios pueden obtener buenos resultados? Puedes tener un gobierno autoritario eficiente y otro no, así como puedes tener una democracia eficiente y otra no. Los buenos resultados (en esos países) no se debieron a que fueran gobiernos autoritarios, sino a que favorecieron (en economía) al libre mercado o a que entendieron claramente lo que significaba el proceso educativo (caso Singapur), por solo señalar dos elementos. Entonces, no mezclemos autoritarismo con buenos resultados. Si a ver vamos, ahí tienes el caso de la Unión Soviética, un modelo autoritario ineficiente hasta el punto que quebró. No es el autoritarismo el que le da valor a un país, al contrario, eso le resta.

*Economista. Doctorado en Estudios de Desarrollo. Maestría en Economía Internacional. Presidenta de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela. Profesora titular de la UCV. Exdecana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Becaria Fullbright en la Universidad de Boston. Profesora visitante en la Universidad de Massachusetts. Responsable del Cálculo y Análisis del Índice Internacional de Derechos de Propiedad (PRA, Washington, DC).