¿Qué son las medidas de retorsión y por qué el gobierno de Panamá las está aplicando?

El 10 de abril de 2018, el gobierno de Panamá aprobó “medidas de retorsión” contra Venezuela, invocando una ley aprobada por ese país el 26 de octubre de 2016, así como el principio de reciprocidad en las relaciones internacionales. En este caso, la medida en cuestión ordena la suspensión -por noventa días y a partir del 25 de abril de 2018- de todas las actividades de transporte aéreo, de pasajeros y de carga de las líneas aéreas venezolanas que operan en Panamá.

El pasado 27 de marzo de 2018, el gobierno de Panamá incluyó a 55 funcionarios del gobierno venezolano y a 16 empresas con operaciones en ese país y relacionadas con funcionarios del régimen de Nicolás Maduro en una lista de personas y entidades “consideradas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”. En respuesta, el 5 de abril de 2018, el gobierno venezolano decidió suspender por noventa días la “relación comercial, económica y financiera” con 22 personas vinculadas al gobierno de Panamá y 46 empresas panameñas con operaciones en Venezuela, entre las cuales destaca la aerolínea Copa Airlines.

Esta adopción sucesiva de medidas por parte de los gobiernos de Panamá y Venezuela permite explicar qué es una medida de retorsión y algunas implicaciones de este deterioro sostenido en las relaciones entre ambos países.

¿Qué son las medidas de retorsión?

Las medidas de retorsión son decisiones adoptadas por un Estado (en este caso, Panamá) en contra de otro (en este caso, Venezuela) aplicando la misma restricción que éste aplicó en perjuicio de aquél. En pocas palabras, Panamá adoptó una medida de retorsión contra ciertas empresas venezolanas que operan en ese país, tal y como lo había hecho Venezuela con 46 compañías panameñas.

Una medida de retorsión constituye un acto inamistoso, pero que no es violatorio del derecho internacional. Ésta es la característica primordial que la diferencia de las represalias, actos que, en principio, son ilegales conforme al derecho internacional, pero que están permitidos excepcionalmente como respuesta ante la violación de un derecho por parte de otro Estado.

Visto que las medidas de retorsión buscan inducir al otro Estado a cesar su acto ilegal o inamistoso, también pueden entenderse como sanciones. Adicionalmente, este tipo de medidas son manifestaciones del principio de reciprocidad en sentido negativo y suponen un riesgo de posible agravamiento de un conflicto entre dos o más países.

Las formas más comunes de medidas de retorsión son conocidas porque han surgido frecuentemente durante los últimos años de la crisis venezolana. Por ejemplo, la cancelación de visitas de Estado, la llamada a consulta de embajadores (incluyendo por tiempo indefinido), la declaración de un funcionario diplomático o consular como persona non grata, la degradación de intercambios diplomáticos, la limitación de las relaciones, la imposición de sanciones unilaterales, la suspensión o terminación de un tratado, la falta de reconocimiento internacional de eventos internos o el retiro de una organización internacional como forma de protesta.

¿Cuáles son las implicaciones de esta pugna?

Con las medidas adoptadas durante los últimos días, Panamá y Venezuela se acercan a un escenario de ruptura total de sus relaciones diplomáticas y comerciales. Bajo este escenario, el gobierno panameño no podría impedir el tránsito internacional de naves venezolanas a través del Canal de Panamá. Esto por disposición expresa de un tratado internacional suscrito entre Panamá y Estados Unidos en el año 1977, donde se garantiza la neutralidad del Canal “tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra”. Por demás, Venezuela se adhirió al Protocolo de este instrumento en 1982.

Dicho eso, hay que destacar que el establecimiento del 25 de abril como la fecha de entrada en vigencia de las últimas medidas adoptadas por el gobierno panameño pareciera tener la intención de abrir la puerta a una negociación que lleve al levantamiento de las medidas comerciales adoptadas por ambos países.

Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro ha respondido de forma agresiva porque está consciente de que existen otros países de América Latina que están evaluando tomar medidas semejantes a las adoptadas inicialmente por Panamá. Por tanto, la reacción del gobierno venezolano busca enviar un mensaje de que hay disposición de responder si continúa siendo presionado, incluso aunque esto afecte a los venezolanos. Éste no había sido el caso con las medidas impuestas por otros países contra funcionarios del gobierno venezolano, como, por ejemplo, la Unión Europea.

Parece muy poco probable que esta reacción del gobierno de Nicolás Maduro vaya a conseguir que distintos países disminuyan la presión internacional que están ejerciendo y aumentando para promover una resolución política de la crisis venezolana. Más bien, reafirman la naturaleza autoritaria del régimen venezolano, la cual adopta medidas contra empresas de otros países sin que el derecho interno lo permita y, además, muestra su disposición a incrementar el aislamiento internacional en perjuicio de los venezolanos.

El ambiente internacional, especialmente en las horas previas a la Cumbre de las Américas en Lima, es uno de profunda preocupación. Pero también hay una asimilación de que los esfuerzos diplomáticos regulares de promoción del diálogo y negociación que se han intentado durante los últimos años han sido infructuosos. Por ende, muchos consideran que no queda otra alternativa que imponer medidas concretas que generen consecuencias al gobierno venezolano. Tratar de minimizar el impacto que tienen esas decisiones en la vida de los ciudadanos venezolanos es el gran reto de la comunidad internacional.