¿Qué está pasando en la frontera de Venezuela con Colombia?

En la frontera colombo-venezolana, el 2022 comenzó con el recrudecimiento de la violencia entre grupos armados que se disputan el control de la zona, en un conflicto que se ha venido agravando en los últimos años, luego de la desmovilización de gran parte de los combatientes de las FARC, como resultado del Proceso de Paz en Colombia.

El pasado 2 de enero, choques entre grupos armados que operan en la zona fronteriza entre el estado Apure y el departamento colombiano de Arauca, dejaron un saldo de 27 personas asesinadas, incluyendo 2 mujeres, 2 menores de edad y 4 ciudadanos venezolanos, según informó la Fiscalía General de Colombia. La escalada de violencia ocurrió en los municipios fronterizos de Tame, Saravena, Fortul y Arauquita, del lado colombiano de la frontera, durante una jornada que el Personero de Tame, Juan Carlos Villate, calificó como uno de los días “más violentos de los últimos 10 años” en la región.

Aunque las primeras versiones sobre lo sucedido apuntaban a que las muertes se habían producido como resultado de enfrentamientos armados entre miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos disidentes de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC), investigaciones posteriores de la Fiscalía General de Colombia revelaron que las víctimas habían sido asesinadas con disparos a corta distancia, en modalidad de sicariato.

Según lo reportó el diario colombiano El Espectador, el Fiscal General de Colombia, Francisco Barbosa, informó en días posteriores que al menos 8 de las víctimas estaban vinculadas a actividades ilegales, incluyendo cuatro que figuraban en investigaciones como presuntos integrantes del grupo disidente de las FARC conocido como el Frente Décimo.

Barbosa explicó que en la zona operan varias estructuras criminales, incluyendo el ELN, a quien responsabilizó por la masacre del 2 de enero, y las disidencias de las FARC, que mantienen una disputa por el control del territorio, así como también grupos vinculados al narcotráfico.

La crisis en la frontera ha tenido un impacto importante en la población civil de la región. En su tercer informe de 2022 sobre la situación humanitaria en Arauca, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) reportó que 428 familias, incluyendo 21 familias venezolanas, habían sido desplazadas por la creciente violencia en los municipios fronterizos del departamento en el mes de enero. Un total de 1.531 personas con necesidades de protección internacional, seguridad alimentaria y atención psicosocial, entre otras.

Los desplazamientos por la violencia no se han producido solo del lado colombiano de la frontera. Human Rights Watch calcula que más de 500 venezolanos han llegado recientemente al departamento colombiano de Vichada, vecino de Arauca que también limita con el estado Apure. Así lo informó Juan Pappier, Investigador senior de la División para las Américas de Human Rights Watch, el 17 de enero a través de su cuenta de twitter, y añadió que la mayoría de los desplazados son indígenas Sikuani y Amorúa.

Heny Gutiérrez, gobernadora indígena de Puerto Carreño, la capital del departamento de Vichada, advirtió que el número de desplazados podría ascender hasta unos 800, aunque todavía no hay una cifra oficial consolidada.

Ante la llegada de cientos de desplazados venezolanos a Vichada, Pappier sostiene que es necesaria la asistencia por parte del gobierno nacional de Colombia, así como también el traslado de insumos y personal humanitario a las zonas afectadas, ya que el gobierno local por sí solo no tiene capacidad para atender a la población.

La población local no es la única que se ha visto amenazada por la reciente escalada de violencia en la zona fronteriza.

En la primera semana de 2022, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) denunció en redes sociales que al menos 7 periodistas de Arauca habían sido presionados por el ELN y las disidencias de las FARC para publicar información que los grupos armados hacen circular a través de WhatsApp.

A lo largo de 2021, la FLIP documentó un total de 24 ataques contra la prensa en Arauca, incluyendo casos de amenazas, agresiones físicas contra periodistas, hostigamiento e intimidación. En agosto del año pasado, la organización ya había advertido sobre el incremento de la violencia contra la prensa en Arauca y la “desprotección estatal” que obliga a los periodistas de la zona a “optar por la autocensura como mecanismo de autoprotección”.

¿Cómo han respondido los gobiernos de Venezuela y Colombia ante la crisis de seguridad en la frontera?

Tras los sucesos del 2 de enero, el presidente de Colombia, Iván Duque, ordenó la movilización de dos batallones del ejército colombiano a la zona fronteriza, para asistir en el control territorial y la protección de la población civil. En un consejo de seguridad realizado el 3 de enero en la ciudad de Cartagena, Duque confirmó que se trataba de enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y las milicias del ELN, y acusó al gobierno venezolano de brindar “anuencia y protección” a los grupos armados ilegales que según el mandatario “han estado operando a sus anchas en territorio venezolano”.

El Ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, respondió a las acusaciones a través de sus redes sociales, e informó que la FANB había elevado su nivel de alerta en la zona fronteriza “para responder contundentemente ante cualquier agresión a nuestra soberanía”.

El 5 de enero llegó al departamento de Arauca un total de 625 soldados colombianos, que junto a las fuerzas militares ya presentes en la región sumarían un total de 6.800 hombres desplegados en el departamento fronterizo, según informó el Ejército colombiano.

Por su parte, el gobierno venezolano también reforzó la presencia militar en el estado Apure. El 16 de enero, el Comandante Estratégico Operacional de las FANB, Domingo Hernández Lárez, informó a través de redes sociales sobre un despliegue de efectivos militares, materiales y equipos para apoyar en la lucha “contra los grupos TANCOL”, un término que utiliza el gobierno para designar a “terroristas armados narcotraficantes colombianos”.

El mismo día que se anunciaba la presencia de más tropas en el estado Apure, en Arauca el presidente de Colombia, Iván Duque, presidió un consejo de seguridad con las autoridades locales del departamento. Allí, insistió en los señalamientos al gobierno venezolano de “patrocinar” a los grupos criminales “que desde el otro lado de la frontera planean actos de terrorismo”.

Durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, celebrada el pasado 20 de enero, el representante de Rusia, Dmitry Polyanskiy, manifestó su preocupación por la escalada de violencia en la zona fronteriza, e hizo un llamado al gobierno de Colombia a restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela para hacer frente a la crisis de seguridad en la zona.

Colombia y Venezuela no mantienen relaciones bilaterales desde febrero de 2019, cuando el presidente Nicolás Maduro anunció el rompimiento de las relaciones diplomáticas con el país vecino en medio de la crisis fronteriza que se generó por la entrada de camiones con ayuda humanitaria desde la ciudad de Cúcuta hacia territorio venezolano. Para entonces, las relaciones entre los dos países ya acumulaban años de tensión: el último embajador de Colombia en Venezuela, Ricardo Lozano, abandonó el cargo en enero de 2018 y el gobierno colombiano nunca designó un nuevo representante en Caracas.

A comienzos de 2019, el gobierno de Colombia dio su respaldo a Juan Guaidó, a quien reconoció oficialmente como presidente encargado de Venezuela, desconociendo así al gobierno de Nicolás Maduro.

¿Cuáles grupos armados se disputan actualmente el control de la frontera?

La década de los años 60 vio en Colombia el surgimiento de grupos guerrilleros inspirados en la ideología marxista y los ideales de la Revolución Cubana, que buscaban hacerse con el poder a través de la lucha armada. Estos grupos fueron Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), y la guerrilla del M19, cuyo nacimiento es posterior, y data de 1973.

Aunque el M19 y el EPL dejaron de existir a comienzos de los años 90, esta fue precisamente la década de mayor agudización del conflicto armado colombiano, con el recrudecimiento de la violencia propiciado por el auge del narcotráfico y la aparición de grupos paramilitares enfrentados con las guerrillas. En el año 2000, las FARC alcanzaron su mayor capacidad militar, contando cerca de 20.000 hombres en armas en sus filas.

Por su parte, el ELN tuvo su mayor auge a mediados de la década de los 90, con un ejército de cerca de 5.000 soldados y simpatizantes en sectores políticos, sindicales y estudiantiles en todo el país. En el año 2000, esta guerrilla fue responsable del secuestro de aproximadamente 300 personas, entre los que figuraban alcaldes, funcionarios judiciales, trabajadores humanitarios, periodistas y ciudadanos extranjeros, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Después de varios intentos fallidos de negociaciones entre el Estado colombiano y ambas guerrillas, en 2012, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos finalmente inició negociaciones formales en La Habana con dirigentes de las FARC. Dichas negociaciones culminaron en 2016 con la firma del “Acuerdo de Paz”, que significó la desmovilización de gran parte de los integrantes de las FARC y su inserción en la vida política del país.

Sin embargo, no todos los combatientes de la guerrilla entregaron las armas cuando se firmó el Acuerdo de Paz. Algunos cabecillas importantes de las FARC abandonaron el proceso de paz en medio de las negociaciones con el gobierno colombiano y retornaron a las actividades ilegales. Así surgieron varios grupos disidentes que hoy se conocen como las “disidencias de las FARC” y que siguen activos en la lucha por el control de los territorios anteriormente ocupados por la guerrilla, así como también de las actividades ilegales, principalmente en zonas rurales de Colombia.

Fotografía de VANESSA JIMENEZ | AFP

Disidencias de las FARC: Frente Décimo y la Segunda Marquetalia

Según la BBC, se estima en cerca de 30 los grupos disidentes de las FARC que surgieron durante y después del proceso de paz. Entre los más importantes, que han ganado espacios territoriales y mayor fuerza en años recientes, destacan el Frente Primero, liderado por Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte”; el Frente Séptimo, a cargo de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”; y el Frente Décimo, al mando de Jorge Eliécer Jiménez, alias “Arturo”.

Este último grupo es uno de los que actualmente tiene mayor presencia en la zona fronteriza entre Arauca y Apure, donde mantiene operaciones con cerca de 120 combatientes, según informes de inteligencia del gobierno colombiano citados por el diario El Tiempo.

Otro grupo importante de las disidencias es la llamada “Segunda Marquetalia”, que surgió en agosto de 2019 luego de que Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, uno de los altos mandos de las antiguas FARC, abandonara la curul que se le había otorgado en el Senado de Colombia como resultado del proceso de paz, para unirse nuevamente a la lucha armada.

Junto a otros comandantes ex-guerrilleros, entre ellos Seuxis Pausías Hernández, alias “Jesús Santrich” y Hernán Darío Velásquez, alias “El Paisa”, Iván Márquez fundó la Segunda Marquetalia, que desde entonces se ha ido consolidando como otro de los grupos disidentes que buscan controlar la zona de frontera.

A la disputa por el control territorial y económico entre estos grupos se suma también la lucha por el liderazgo de las disidencias. De acuerdo con reportes del medio InSight Crime, el líder del Frente Primero, Gentil Duarte, ha encabezado desde 2017 un esfuerzo por unificar a los 2.500 combatientes que integran los diversos grupos disidentes en una sola nueva fuerza de combate centralizada, a imagen de lo que era las FARC antes de su disolución tras el proceso de paz.

En este proceso, Duarte ha logrado alianzas con diversos grupos disidentes de las antiguas FARC, incluyendo los notorios Frentes Primero y Décimo, y actualmente se perfila como uno de los cabecillas con más influencia y poder dentro de las disidencias. Por su parte, la Segunda Marquetalia de Iván Márquez, que desde su creación se presentó como la heredera del legado originario de las FARC, también tenía como objetivo unificar a las disidencias, un esfuerzo que fracasó y terminó por enfrentar a este grupo con la alianza de los frentes de Gentil Duarte e Iván Mordisco.

La rivalidad entre estos dos grupos disidentes se ha materializado en constantes enfrentamientos y choques armados en la frontera entre Arauca y Apure. El 2021 fue un año de fuertes bajas para la Segunda Marquetalia, con la muerte de tres de sus principales comandantes.

Primero, en mayo de 2021, fue abatido Jesús Santrich. Las versiones de la Segunda Marquetalia y el gobierno colombiano sobre su muerte difieren. El grupo disidente de las FARC sostuvo que Santrich había sido asesinado en Venezuela, en una emboscada ejecutada por comandos del Ejército de Colombia. Por su parte, el ministro de defensa de Colombia, Diego Molano, señaló que según informes de inteligencia, el líder guerrillero habría muerto en enfrentamientos entre bandas criminales en territorio venezolano.

A comienzos de diciembre del mismo año, los jefes guerrilleros El Paisa y Romaña, resultaron muertos en hechos ocurridos también en Venezuela, como consecuencia de “disputas por rentas criminales”, según declaró el Ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, a Noticias RCN. Según informó Blu Radio el pasado 24 de enero de 2022, la Segunda Marquetalia confirmó la muerte de Romaña en un comunicado divulgado en la zona de Arauca, en el que además señaló como responsable al Frente Décimo de las FARC y aseguró que esta disidencia trabaja en coordinación con el Ejército colombiano, la Policía Nacional de Colombia y la DEA.

La muerte de estos tres comandantes guerrilleros representó un golpe fuerte para la Segunda Marquetalia. Solo días después de la noticia sobre las muertes de El Paisa y Romaña, el gobierno colombiano informó que estaba tratando de confirmar información sobre una posible huida del jefe de la Segunda Marquetalia, Iván Márquez, hacia Cuba.

Sin embargo, los sucesos del pasado 2 de enero parecen indicar que la disidencia de Iván Márquez no está del todo derrotada. Según información del Ministerio de Defensa de Colombia, los sucesos recientes en la zona fronteriza son el resultado de una nueva alianza entre la Segunda Marquetalia y el ELN, que también mantiene operaciones en la región, para enfrentarse al Frente Décimo y otras disidencias unidas bajo el liderazgo de Gentil Duarte.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN)

El ELN no formó parte de las negociaciones que culminaron con el Acuerdo de Paz de 2016, un proceso que se dio exclusivamente con la guerrilla de las FARC.

No obstante, en el marco del proceso de paz, el gobierno de Juan Manuel Santos había mantenido conversaciones preliminares con la guerrilla del ELN desde 2014, como una fase exploratoria para una eventual negociación formal. Finalmente, en febrero de 2017, se instaló en la ciudad de Quito, Ecuador, la mesa de negociación entre el gobierno colombiano y el ELN, y se dio inicio formalmente a las conversaciones de paz entre ambas partes.

Estas negociaciones se interrumpieron abruptamente en enero de 2019, tras un atentado con un carro bomba perpetrado por el ELN contra la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional General Santander en Bogotá, que dejó un saldo de 22 muertos y 89 heridos, según reportó el diario El País. En respuesta, el gobierno colombiano, ya en manos del actual presidente Iván Duque, anunció la ruptura definitiva de las negociaciones y ordenó la reactivación de las órdenes de captura en contra de los miembros del Comando Central del ELN, que conformaban la delegación del grupo armado en la mesa de negociación.

Desde entonces no ha habido nuevos intentos de negociaciones entre el Estado colombiano y el ELN, que hasta ahora permanece activo en la lucha armada, con alrededor de 3.000 combatientes desplegados en 9 de los 32 departamentos de Colombia, según InSight Crime. Sus principales bastiones se encuentran en los departamentos de Norte Santander y Arauca, ambos fronterizos con Venezuela, donde han consolidado su presencia gracias al vacío dejado por la desmovilización de las FARC, y donde ahora controlan áreas de territorio importantes, así como también actividades ilícitas como tráfico de drogas, minería ilegal y paso irregular de trochas.

¿Qué proponen la sociedad civil y los defensores de derechos humanos para solventar la crisis en la frontera?

La mayoría de los activistas y expertos de organizaciones defensoras de derechos humanos coinciden en que la respuesta militar no es suficiente para poner fin a la compleja situación humanitaria y de seguridad que se vive en la frontera entre Colombia y Venezuela.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia (Indepaz) publicó recientemente un informe sobre la situación en la frontera, en el que se compila una serie de propuestas de diversas organizaciones de la sociedad civil para encontrar soluciones duraderas al conflicto armado en la región.

Entre las medidas propuestas destacan: brindar atención humanitaria con carácter de urgencia a las víctimas y desplazados; crear corredores humanitarios en zonas bloqueadas por la presencia de grupos armados, facilitar la presencia de organismos nacionales e internacionales que puedan acompañar a la población en el monitoreo de seguridad y atención humanitaria, y garantizar inversiones efectivas por parte del Estado en las comunidades afectadas

Las ONG de la región también hicieron énfasis en la necesidad de desmilitarizar la frontera y priorizar propuestas de soluciones diplomáticas entre los gobiernos de Colombia y Venezuela.

Por su parte, Human Rights Watch afirma que “es improbable que la situación en Arauca mejore si el gobierno colombiano sigue enfocando su estrategia en enviar militares, sin al mismo tiempo fortalecer el poder judicial, reforzar la protección de la población y adoptar medidas para asegurar un acceso adecuado a oportunidades económicas y educativas y a servicios públicos”, y ayuden así a contrarrestar el poder que ostentan los grupos armados en la zona.

En un informe divulgado el pasado 22 de enero, la organización explicó que aunque documenta violaciones a los derechos humanos tanto en Colombia como en Venezuela, sus investigaciones en terreno en el territorio venezolano son limitadas, principalmente por motivos de seguridad. De igual forma, señalaron que la falta de información y datos confiables sobre delitos y seguridad en Venezuela hacen difícil poder analizar a profundidad el impacto de esta crisis al interior del país y proponer posibles soluciones.

No obstante, la organización hizo énfasis en la necesidad de mantener la presión internacional sobre el gobierno de Venezuela e hizo un llamado a la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas, creada en septiembre de 2021 para investigar violaciones de derechos humanos en Venezuela, a que examine “los abusos perpetrados por grupos armados” en el país.

Por el momento, los esfuerzos se abocan a lograr una respuesta humanitaria de mayor envergadura por parte de las instituciones del Estado colombiano, con el apoyo de la comunidad internacional; un objetivo que, de lograrse, beneficiaría no solo a la población colombiana, sino también a los venezolanos desplazados en la zona de frontera.