Leonardo Palacios: “El Gobierno crea los incentivos para que el empresario se meta en la penumbra”

Después de 20 años de planificación centralizada y de ideología marxista, la realidad ha quedado al descubierto. El PIB ha caído en picada en un lapso asombrosamente corto. Hemos retrocedido 80 años. Y si nos ubicamos en el gráfico, podríamos trazar una línea que se detiene en el año 1935. 

En la década de 1930, Venezuela atravesaba por un período de transición a la democracia. Desde las élites se acuñó una frase: «el nuevo amanecer». El escenario era más que promisorio. El petróleo, motor de la economía mundial, fluía como el mar interior que es el Lago de Maracaibo. Se creó una institución importantísima: el Banco Central de Venezuela (1940). Surgieron los partidos políticos. Caracas dejó de ser la capital taciturna de un país agrario y analfabeta. El ejército se dejó de montoneras y vistió uniforme profesional. 

No podemos decir nada similar de la década que comienza en 2020. Que no sea el gráfico de marras y las aterradoras cifras de la última encuesta Encovi. Lo que sigue es la visión del empresariado, en boca de Leonardo Palacios*, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, de las causas que nos llevaron al abismo. Vivimos el drama de la destrucción y los escombros del que fuera el país más rico de América Latina. Toda la institucionalidad, arriba señalada, la cambiamos por el modelo totalitario que ejerce el control social. 

Uno de los sectores más golpeados por la crisis ha sido el tejido empresarial de Venezuela. ¿Cómo se puede reinstitucionalizar el gremio en medio de la destrucción y los escombros?

Lo importante es entender que la forma en que se ha manejado la economía no obedece simplemente a la improvisación, sino a una concepción donde era necesario ir eliminando todas y cada una de las instituciones gremiales por excelencia. Recordará que en su momento era indispensable la presencia de Fedecámaras, Conindustria y Consecomercio en las políticas que se estuviesen trazando. Las grandes decisiones de política económica eran anunciadas por el presidente de la República en las asambleas de cada uno de los gremios. Lo hicieron Betancourt, Leoni, Caldera y Carlos Andrés Pérez. Más recientemente, bajo el gobierno de Hugo Chávez, lo que hubo fue un proceso de desinstitucionalización. Ahora hay que recomponer, volver a institucionalizar. Quiero aclarar que no ha sido la crisis la que ha golpeado al sector empresarial, sino la planificación centralizada, en la que el Estado controla absolutamente todo, tal como ocurre en Corea del Norte y en Cuba, países que siguieron el modelo de la extinta Unión Soviética. Se abandonó la llamada planificación indicativa, en la cual el Estado genera las condiciones para que los empresarios asuman riesgos y generen actividad económica que contribuya al crecimiento económico. Lo que ha habido en Venezuela son controles y restricciones de toda índole. No podemos olvidar lo que dijo el exministro Jorge Giordani: «¿Para qué sector privado, si el 90% de los ingresos los genera el aporte petrolero?». Esa forma de concebir el Estado es lo que nos ha llevado a esta situación de colapso. 

Hay un método que podríamos resumir en una palabra: «exprópiese», pero también hay una concepción ideológica que estigmatiza al empresario que produce riqueza. Si no se entiende cómo se organiza la economía, cómo se produce riqueza o cuáles son, para utilizar un término marxista, «las fuerzas productivas de la sociedad», es muy difícil que superemos el colapso. ¿Qué reflexiones haría alrededor de este planteamiento?

Se ha demostrado, a lo largo del siglo pasado, e incluso en lo que va de siglo, que ese tipo de planificación —y la ideología que la sustenta— no se corresponde con la realidad. En Venezuela se ha demostrado que el único que puede generar riqueza sustentable, por supuesto, dentro de un sistema de protección a la propiedad, a través del ordenamiento legal y de registro que organiza y administra el Estado, es el sector privado. Así lo han entendido los países europeos. El empresario se concibe como un socio del Estado. Pero bajo esta ideología, el empresario es visto como el verdugo que declaró y lleva adelanta la llamada «guerra económica». Esa concepción parte de las propuestas de Haiman El Troudi, con el Plan Simón Bolívar, para establecer un sistema ideologizado, cuya puesta en práctica se hizo a través de diversos tipos de propiedad. Se creó el concepto del poder comunal para contraponerlo al poder público, previsto en la Constitución. Se promulgaron las cinco leyes apocalípticas de la economía —las leyes del poder popular, el sistema económico comunal, la ley de comunas—, para expropiar o intervenir las empresas, aduciendo supuestas causas de interés público. El caso más evidente son las bombas de gasolina. 

De acuerdo al modelo chavista, al empresario lo motiva «la ambición y la codicia». Sería, a través de «la propiedad comunal de los medios de producción» que llegaríamos al «mar de la felicidad». Sin embargo, lo que hemos visto es la quiebra, la destrucción. El PIB de 2020 es similar al de 1935. Antes de la pandemia ¿qué grado de destrucción podía constatarse en Venezuela?

La pandemia es la etapa terminal de la enfermedad. En Venezuela empieza la destrucción sistemática de la producción a partir de los 42 decretos de la Ley Habilitante. Eso fue lo que motivó y originó los sucesos del año 2002. Fue el inicio del desmantelamiento de las libertades económicas. Eso se profundizó en 2007 cuando el Gobierno tomó venganza por no haberse aprobado la reforma constitucional y se concreta, de forma dramática, en 2010. Lo que hemos visto es la progresiva destrucción de las empresas. Se toma el control no sólo a través de las expropiaciones, sino llevándolas a la quiebra. Lo que se quiere, en definitiva, es tener el control de la producción y el consumo y con ello el control de la sociedad. La pandemia vino a acelerar el proceso de destrucción de la planta industrial. Nos ufanamos de ser un país petrolero, pero en los últimos meses no hubo un solo taladro activo, ni uno solo. 

¿Qué dicen las estadísticas alrededor de los puestos de trabajo que se van a perder o de los establecimientos que van a cerrar, producto, precisamente, de la fase terminal a la que nos llevó la pandemia?

Cuando hablamos de fase terminal, lo que queremos decir es que el Gobierno ha vendido la idea según la cual, si el empresario propone instrumentos de políticas públicas, es para autoexcluirse de los planes del Gobierno. Eso es absolutamente falso. A los empresarios nos interesa la formalidad. Queremos pagar impuestos. Pero en materia tributaria hay que poner las reglas claras. Vamos a ponerles límites a los municipios para que no hagan lo que les dé la gana, copiándose indebidamente de las medidas —claramente inconstitucionales— del poder nacional. Que funcionen los tribunales de justicia, que funcione el respeto. Eso es lo que queremos nosotros, porque la informalidad es lo peor que le puede pasar a una economía. Una empresa tiene que declarar semanalmente el IVA y con base en esa declaración pagar el IVA diario, el impuesto sobre la renta diario, pagar el aumento a las grandes transacciones del 2%, pagar a los municipios y a las entidades económicas de la misma forma. ¿Qué está haciendo el Estado? Agrediéndonos con toda esta serie de anticipos y creando los incentivos para que un empresario prefiera salir del flujo normal de información y registro y se meta en la penumbra, de tal modo que no se considere que incurre en evasión fiscal. Eso ni lo queremos nosotros ni el sector informal, cuya aspiración es formalizarse. ¿Para qué? Para tener acceso al crédito, a las líneas de financiamiento, para poder, finalmente, construir un historial empresarial. 

Leonardo Palacios retratado por Andrés Kerese | RMTF

¿Cómo se puede medir la actividad económica si no hay data, no hay estadísticas, no hay información? ¿Cómo se pueden diseñar políticas públicas que apunten al crecimiento de la economía venezolana? ¿Cómo se pueden incentivar la creación de riqueza, en medio de la informalidad?

La informalidad es una de las causas de que en Venezuela no se tenga un conocimiento y un seguimiento de la actividad económica, ya sea en términos de crecimiento o de estancamiento. Y lo sorprendente es que Venezuela se ha convertido en un Estado registral. Aquí todo y para todo es un registro. Se ha pervertido el registro. En lugar de servir para disponer de información y conocer mejor la situación de cada sector específico, a los fines del diseño de las políticas públicas, el registro se ha convertido en otro mecanismo adicional de control. El que está en el registro tiene existencia, el que no está es inexistente.  El que está en el registro siempre tiene el riesgo de exponerse a todas las sanciones de esta planificación centralizada. En consecuencia, la tendencia es a informalizarse. En segundo lugar, el organismo que mide el crecimiento económico, la liquidez monetaria, el flujo del dinero, la fluctuación de las tasas de interés, entre otras variables macroeconómicas, es el Banco Central de Venezuela, pero una vez que se le quitó su autonomía, lo que hemos visto es la opacidad en las cuentas fiscales del país. Entonces, si no hay forma de contrastar la información del sector privado con la data oficial, tampoco hay forma de obtener mediciones verificables y confiables. 

No quisiera dejar por fuera la mención que hizo a las estaciones de servicio. Sin duda, se envía una señal muy clara, muy negativa. ¿Qué evaluación hicieron ustedes? ¿Por qué se produce esa medida?

Identificar la motivación de esa medida es muy difícil. Da para todo y mucho en qué pensar. No puedo imaginar de dónde viene. Es evidente que el estado de derecho sólo sirve para fortalecer al Estado… el extinto estado de derecho. Estamos ante un caso sintomático de lo que hemos venido hablando. PDVSA, sin ningún tipo de procedimiento o de respeto al derecho a la defensa, interrumpe —invocando la exacerbada figura del interés público—  un contrato de concesión. Ciertamente, es una actividad reservada a PDVSA, que la dio en concesión a unos señores que dispusieron de su patrimonio, en lapsos que van de 35 o 60 años, para invertir en una actividad económica bajo el concepto de libertad de empresa. Y de la noche a la mañana… «Señor, simple y llanamente, entrégueme la estación de servicio». Lo que creo es que la emergencia humanitaria no implica el desconocimiento de los derechos de los ciudadanos o de los empresarios. Lo importante es entender que para lograr tres cosas fundamentales que tiene la política económica —recuperación, crecimiento y estabilidad— lo fundamental es cambiar la concepción que se tiene de la economía. No se puede recuperar lo que se empecina en destruir, no se puede hacer crecer lo que yo no permito que crezca, no puede haber estabilidad cuando hago todo lo posible para que haya inestabilidad. 

¿A qué nos enfrentamos en materia económica en tiempos de pandemia?

Si no nos mata el virus, nos mata el hambre y la gran pregunta es cuántas empresas van a poder sobrevivir a la pandemia si no se toman las medidas en materia impositiva, en materia de regulación del comercio y en materia de flexibilización laboral, lo que se va a generar es una situación cada vez peor. El problema es por cuánto tiempo vamos a poder pagar sueldos y salarios, incluidos los tributos de la nómina. A los empleados les das seguridad, bono de transporte, bono de alimentación. Además de una serie de nuevos gastos: Internet, computadores, seguros que cada vez son más costosos. Esos costos son importantes. ¿Cuánto más puede aguantar el sector empresarial?

¿No será que la meta del Gobierno es permitir que los empresarios crezcan, pero sólo hasta que sean pequeños, como ocurre en Cuba?

En Cuba existe libertad económica pero sólo para los sectores estratégicos donde hay inversión extranjera, particularmente en el turismo y en las actividades vinculadas al turismo. Nada más. Y después de 60 años, el gran logro es una peluquería o los chiringuitos, como dicen los españoles, o las taguaritas, como decimos nosotros. El pueblo cubano se muere de mengua, no tiene salud. Ésos son quimeras y espejitos que la intelectualidad venezolana, así como la de otras partes del mundo, compró. Muchos han abandonado esa posición.

Actualmente, el sector empresarial es mucho más débil que hace 20 años y el Estado, a pesar de toda la evidencia empírica, no ha dado muestras de que quiera deshacerse de la ideología que lo lleva a la planificación centralizada. ¿Cómo podría el empresariado reconfigurar su papel frente al Estado?

El papel de la institucionalidad, que recientemente ha ido recobrando importancia, es que nos hemos convertido en veedores de los derechos de nuestros afiliados, en veedores de la libertad económica y, aunque suene principista o a lo mejor pueda parecer la visión misión de una empresa, la verdad es que paulatinamente hemos ido saliendo de ese marasmo que creó el Gobierno con respecto a las instituciones empresariales. Ante la ausencia del poder constituido existe el poder de las organizaciones sociales: la veeduría. Nosotros, eso hay que entenderlo, somos un grupo de interés, un grupo de presión, reconocidos constitucionalmente aquí y en cualquier parte del mundo, porque representamos, entre otras cosas, intereses específicos amparados por la Constitución. En segundo lugar, aquí no puede haber empresarialidad si el Estado aplica un modelo asfixiante y no respeta al empresariado. Lo importante es desregularizar la economía, desmontar todos esos aparatos que constituyen, prácticamente, una cámara de tortura medieval. Aquí el Estado tiene que ser empático con el empresario, tal como ha ocurrido en países europeos de inclinación liberal o conservadora. Saber que, ante la amenaza de la pandemia, el sector empresarial ha tomado con responsabilidad social y ciudadana, el compromiso de proteger a sus empleados. 

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*Abogado por la UCAB, con especialidad en derecho tributario por la UCV. Docente. Coordinador Legal de la Reforma Tributaria de 1993, miembro del equipo fundador del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).