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Tras la celebración de las elecciones generales celebradas el pasado 23 de julio, los votantes en España ahora se enfrentan a una realidad política diferente a lo que las encuestas y los expertos habían pronosticado: se esperaba que la jornada electoral resultara en una derrota incuestionable para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y que la victoria del Partido Popular, de centro-derecha, le permitiera formar un nuevo gobierno. Al final, no fue así de simple.
Los resultados de las elecciones generales dejaron a los dos grandes partidos sin la capacidad de poder gobernar en solitario, ya que se necesitan 176 escaños para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, número que ninguno de los dos logró conquistar.
Si bien el PP se convirtió en la primera fuerza política de España, al lograr 137 escaños en el Congreso, con un total de 8.091.840 votos, versus los 121 del PSOE, su triunfo electoral no fue lo suficientemente holgado para abrir la posibilidad inmediata de conformar un nuevo gobierno, ni en solitario ni tampoco en coalición con el partido de derecha Vox.
Sin mayoría: el debate de la investidura y la perspectiva de una repetición de las elecciones
Siguiendo la tradición política española, cuando no existe una mayoría clara como resultado de las elecciones, el rey, en este caso Felipe VI, debe hablar con los líderes de los dos partidos que obtuvieron la mayor cantidad de votos para indagar sobre las posibilidades que tiene cada uno de formar un gobierno a través de alianzas y coaliciones políticas con otros partidos minoritarios.
El problema es que hasta el momento no hay claridad sobre qué coalición sería posible para formar gobierno y ninguno de los dos partidos tradicionales, el PP y el PSOE, ha logrado materializar una alianza política definitiva que le permita acceder al poder.
En estas circunstancias, el procedimiento político indica que el rey debe entonces proponer a un candidato de su preferencia para el cargo de presidente del Gobierno, aunque se trata de una elección más bien simbólica, ya que es en realidad el Congreso de los Diputados el que toma la decisión final, durante una sesión extraordinaria denominada “debate de investidura”. Este año, el debate de investidura se celebrará el próximo 17 agosto, y allí, los diputados votarán para escoger al próximo presidente de España.
Si el primer debate y la votación fracasan y no se logra elegir a un nuevo presidente, se abrirá un segundo período de dos meses para que los partidos intenten nuevamente encontrar una alternativa viable para formar gobierno. De agotarse el plazo sin una solución política concreta, España estaría ante la posibilidad de una repetición de las elecciones generales a finales de año.
Las circunstancias actuales configuran una situación inédita en la que los líderes políticos, tanto del PP como del PSOE, se consideran con derecho a ser escogidos como candidatos para la investidura: Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, porque ha ganado las elecciones. Pedro Sánchez, actual presidente del gobierno y líder del Partido Socialista Obrero Español, porque cree que puede reunir los apoyos necesarios para sostenerse en el poder. Hasta ahora, ambos se mantienen firmes en su intención de convertirse en el candidato propuesto por el rey para presentarse ante el Congreso de los Diputados el 17 de agosto.
El Rey Felipe VI deberá decidir si escoge a Alberto Núñez Feijóo, ganador de las elecciones, o a Pedro Sánchez, líder del segundo partido con más votos, si muestra más opciones de obtener una mayoría. Es esperable que el rey, como Jefe del Estado, se decida por el candidato con más apoyos. Pero serán los mismos líderes del PP y el PSOE quienes deberán presentar información convincente sobre las posibles alianzas políticas que pueden lograr, pues algunos de los grupos independentistas que podrían ser parte de estas coaliciones, como ERC, Bildu, BNG, JxCAT y CUP, los cuales no reconocen la autoridad del rey (como lo muestra este video de hace tres años) y podrían negarse a reunirse con él.
El artículo 99 de la constitución española establece que el rey debe proponer un candidato, pero no especifica a quién, dejando margen para interpretación. Para que el candidato puesto a consideración pueda acceder al poder, debe obtener una mayoría absoluta en la primera votación durante el debate de investidura, o una mayoría simple 48 horas después.
Pocas posibilidades de lograr una coalición de gobierno
El pasado domingo 30 de julio, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, declinó una reunión inmediata con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. En lugar de eso, ha dicho que planea esperar hasta que el rey designe a su candidato para la sesión de investidura en el Congreso y asegura que pretende recabar los apoyos necesarios para formar gobierno antes de entablar conversaciones con el líder del PP.
Con esto, Sánchez deja claro que busca reforzar su posición antes de iniciar cualquier negociación con su rival de derecha, mientras que la petición inicial de Núñez Feijóo pone de manifiesto su disposición a buscar una alternativa viable para solventar el actual bloqueo político que amenaza con prolongarse más allá del 17 de agosto.
En la carta enviada a Sánchez solicitándole reunirse para negociar, Núñez Feijóo reconoce las profundas diferencias que separan al PP y el PSOE, pero apela al sentido de Estado y a una perspectiva más amplia para abordar la compleja situación política que atraviesa España, haciendo un llamado a encontrar una resolución que evite que el país se vea obligado a recurrir a posturas y coaliciones que podrían polarizar a la sociedad, dañar gravemente la cohesión territorial y llevar al límite al sistema constitucional.
La petición de Núñez Feijóo responde en gran medida a la posibilidad de una alianza entre el PSOE y partidos independentistas como ERC, Bildu y Junts, que representan una alternativa riesgosa para la estabilidad política nacional. No obstante, la negociación entre Sánchez y Junts no sólo no será fácil, sino que podría plantearle al partido de izquierda un costo bastante alto.
Hasta ahora, el partido Junts Per Catalunya, en cabeza del expresidente catalán Carles Puigdemont, se rehúsa a avalar al líder socialista Pedro Sánchez como jefe del Gobierno, y sostiene que los votos de Junts para la investidura de Sánchez sólo serán posibles si se llega a un acuerdo sobre el «conflicto catalán» y no basado en términos personales.
Algunas voces internas del partido instan a Puigdemont a entablar negociaciones con el PSOE bajo ciertas condiciones, para lograr acuerdos que permitan formar un gobierno de izquierdas frente a la alternativa de un bloque de derecha conformado por el PP y Vox.
Por otra parte, “Acció per la República”, una organización de independientes miembros del partido, sostienen que es necesario mantenerse firmes en sus principales reivindicaciones, entre ellas la autodeterminación y la amnistía, así como también en otras medidas como el apoyo al uso de los idiomas catalán, euskera y gallego en las cámaras legislativas, a cambio del voto para la investidura y ratificación de Pedro Sánchez.
«Si la coalición PSOE-Sumar no quiere abordar la solución del conflicto catalán, deberá entender que la negociación con los partidos independentistas no será fácil», declaró el coordinador nacional de Esquerra Republicana de Catalunya y presidente de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonès.
Incluso en el seno de Junts han descartado tajantemente ofrecer un cheque en blanco a Sánchez. «No haremos presidente a Pedro Sánchez a cambio de nada», enfatizó la candidata del partido, Míriam Nogueras, durante el balance electoral del 23 de julio. Más tarde, el secretario general de Junts, Jordi Turull, fijó la primera línea roja, declarando que el apoyo del partido a una eventual investidura de Sánchez «no es una opción», salvo que el pacto incluya «amnistía y autodeterminación».
Del otro lado, el camino postelectoral de Alberto Núñez Feijóo tampoco ha resultado fácil. El PP sigue esforzándose por reunir los apoyos necesarios para formar gobierno, intentando a toda costa sacar provecho de su ventaja de haber sido el partido más votado en las elecciones del 23 de julio, y mantener viva la pretensión de poner fin a cuatro años de gobierno socialista de Pedro Sánchez.
«Trabajaremos para la investidura de Feijóo y para conseguir esos avales», aseguró este martes 1 de agosto, Elías Bendodo, coordinador general del PP. Por ahora, el partido se niega a conceder la batalla y sostiene que el rey debe elegir como candidato a Núñez Feijóo, ya que la tradición histórica española suele favorecer al candidato más votado en las elecciones.
En contraposición, el PSOE argumenta que “el artículo 99 de la constitución es claro: si hay mayoría parlamentaria, se puede proceder a una investidura.» Estas interpretaciones divergentes añaden complejidad al panorama político.
Tras conocerse los resultados electorales, el líder del partido de derecha, Alberto Núñez Feijóo, reivindicó su derecho a formar gobierno, al ser el PP el partido más votado en las elecciones, y añadió que se sentía «orgulloso» de lo que supone la primera victoria de su partido en unas elecciones nacionales desde el año 2016.
«Hemos ganado las elecciones. Nos corresponde formar gobierno, como siempre ha ocurrido en la democracia española», dijo el líder del PP dirigiéndose a una multitud de seguidores.
El rechazo a los extremos: Vox dejó a la derecha sin un camino a la Moncloa
El partido Vox, que en un principio se pensó que podría haber sido parte de una coalición de derechas para acceder al gobierno, no alcanzó los escaños suficientes para ofrecer al PP un camino al palacio presidencial de la Moncloa. La organización presidida por Santiago Abascal experimentó un descenso de un par de puntos porcentuales, pasando de alrededor del 15% en las elecciones pasadas, a cerca del 12% en la jornada del 23 de julio, alcanzando apenas 33 escaños, con 3.033.744 votos.
Santiago Abascal, líder de Vox, aseguró luego de conocer los resultados que había sido un día de “preocupación” y predijo que ante la imposibilidad de formar un gobierno, pronto tendrían otra oportunidad porque probablemente se celebrarían nuevas elecciones.
Antes de las elecciones, algunos expertos consideraban posible que Vox tuviera un lugar importante como parte de un potencial gobierno de derecha. La derecha llegó recientemente al poder en Italia, mientras que en otros países de Europa ha apoyado o participado en gobiernos como los de Finlandia y Suecia, lo que sugiere que esta ideología podría estarse convirtiendo en una tendencia regional.
Muchas personas del centro y de la izquierda temían que Vox pudiera llegar al gobierno: España no ha tenido un gobierno con participación de la derecha radical desde el fin de la dictadura de Francisco Franco, tras su fallecimiento en 1975.
Con sus ideales conservadores, y su férrea oposición a medidas progresistas como la legalización del aborto y la eutanasia, Vox representa mayoritariamente a un electorado que ve con desconfianza los cambios acelerados en su forma de vida y en lo que consideran la cultura tradicional española.
Sin embargo, los resultados de las elecciones del 23 de julio fueron un retroceso importante para Vox y su ideología de extrema derecha, demostrando que España se está moviendo de nuevo hacia el centro, con los dos grandes partidos centristas concentrando la mayor parte del apoyo del electorado, y cada uno mostrando sus mejores resultados en mucho tiempo.
Pedro Sánchez continuará ejerciendo sus funciones como presidente del Gobierno hasta que pueda dirimirse, de una u otra forma, la crítica situación política que actualmente atraviesa el país. Por ahora, todos los ojos están puestos en el debate de investidura del próximo 17 de agosto, cuando finalmente saldrán a la luz los apoyos y alianzas políticas que podrían darle forma al nuevo gobierno, o por el contrario, bloquear cualquier camino a la gobernabilidad en los meses por venir. Sin duda será una jornada decisiva para el futuro de España.
Flaviana Sandoval
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